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Víctor Cisterna

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Los fiscales de la Unidad Anticorrupción Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz imputaron hasta el momento a 25 exfuncionarios y empresarios de la construcción por los presuntos retornos de la obra pública. Del total, seis están en la cárcel, tres con prisión domiciliaria y 16 en libertad.

En las diversas exposiciones que hicieron los fiscales, el circuito de las coimas habría empezado con el exjefe de Gabinete, Víctor Cisterna. El manejo duró hasta noviembre de 2016, fecha en la que renunció por diferencias con Mario Das Neves por su metodología de trabajo.

Diversos empresarios como Carlos Papaiani de Inverfin y Esteban Torraca de Edisud, reconocieron que Cisterna era el que fijaba las condiciones y los porcentajes.

Tras la renuncia de Cisterna, el que heredó y continuó con el mecanismo del cobro de las coimas de la obra pública fue Diego Correa. A diferencia del exjefe de Gabinete, los fiscales aseguraron que el entonces subsecretario de Unidad Gobernador «hacía ir a los empresarios a Fontana 50».

El empresario Federico Piccione de Nitens, era un asiduo visitante según relató Diego Luthers en su declaración que duró más de ocho horas.

Circuito de las coimas

Los Ministerios de Economía e Infraestructura, junto al Instituto Provincial de la Vivienda enviaban planillas con el listado de las empresas a las que el Estado provincial les adeudaba certificados de obra. El destino de esa documentación recaía sobre Correa, que según Luthers, las marcaba con resaltador con la finalidad de hacer una preselección de las compañías a las que le cobrarían la coima para liberar el pago de certificados.

De la declaración de Luthers, surgió con precisión que el encargado de los presuntos cobros de las coimas estaba «zonificado».

«Correa se encargaba de Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Piccione se encargaba de la recaudación en Comodoro Rivadavia, y en Esquel eran dos personas, una era Castillo», delineó Luthers en su testimonio.

Todo el dinero que ingresaba era plasmado por Luthers en las «famosas planillas Excel» y se utilizaba para abonar «sobresueldos» de funcionarios provinciales y gastos diarios.

La recaudación mensual era aproximadamente de 12 millones de pesos, de los cuales según se desprende de las planillas, Correa y Gonzalo Carpintero se quedarían con 1 millón cada uno.

Cámaras de Construcción

Cisterna primero y Correa después, ponían en conocimiento a los presidentes de las Cámaras de Construcción de la provincia del Chubut sobre la exigencia de pagar retornos con el objetivo de que estos «bajen el mensaje» al resto de las empresas nucleadas en la entidad.

En este escenario, el rol de Patricio Musante, Esteban Torraca y Piccione «fue determinante», según argumentaron los fiscales en algunas de las audiencias y en conferencias de prensa.

Bajo este esquema, las Cámaras ponían en conocimiento a los empresarios que si querían cobrar certificados de obra que el gobierno adeudaba, debían abonar entre un 3% y un 5%, dependiendo si la obra era de la gestión anterior o de la actual. Los montos también diferían de acuerdo a si era en efectivo o en cheque.

Nuevas imputaciones

La semana del 17 de septiembre, Nápoli e Iturrioz presentarían siete nuevas imputaciones a empresarios de la construcción.
Al igual que la última -en donde se sumaron 10 nuevos empresarios al proceso- los titulares de las administraciones serán imputados, pero afrontarán la investigación en libertad.

Oca declararía en 10 días

El abogado Fabían Gabalachis, que tiene la defensa del exministro de Economía,  avisó que Pablo Oca ya está en condiciones de declarar en la causa «Revelación».

Luego de entrevistas y de analizar en profundidad las pruebas de los fiscales, Gabalachis aseguró que el exfuncionario declararía entre la semana del 17 y 21 de septiembre.

Los retornos de la obra pública

DETENIDOS

VICTOR CISTERNA: Estaría a cargo del cobro de coimas hasta noviembre de 2016.
(Jefe de Gabinete).

DIEGO CORREA: Continuó con el cobro de los retornos hasta noviembre de 2017
(Secretario Privado).

PABLO OCA: Liberaba los pagos a los empresarios para que entreguen el retorno
(Ministro de Economía).

DIEGO LUTHERS: Confeccionó la contabilidad de los retornos en un Excel
(Secretario de Correa).

GONZALO CARPINTERO: Aparece en las planillas cobrando $ 1 millón por mes
(Secretario Privado).

FEDERICO PICCIONE: Estaba a cargo de la recaudación en Comodoro Rivadavia
(Dueño de Nitens S.R.L).

PRISION DOMICILIARIA

ALEJANDRO PAGANI: Enviaba planillas a Correa con listas de las empresas
(Min. de Infraestructura).

ANDRES NININ: Periodista comodorense
(Canal 9).

DANIEL RUSSO:  (War Construcciones S.R.L.).

EN LIBERTAD

PATRICIO MUSANTE: Presidente de la Cámara de la Construcción de Trelew
(Dueño de Sudelco S.A.)

ESTEBAN TORRACA: Presidente de la Cámara de la Construcción de Comodoro
(Edisud S.A.).

OSCAR PEÑA: Empresario de Esquel
(Peña Construcciones S.R.L.).

JUAN SALABERRY:  Empresario de Trelew
(Arteco S.A.).

MARTIN BORTAGARAY: Enviaba planillas con las empresas
(Titular del IPV).

CARLOS VILLEGAS:
(Villegas Construcciones S.R.L.).

LUIS IGARZABAL: Empresario de Rawson
(OCP Ingeniería y Construcciones S.R.L.)

MAURICIO CAPANDEGUY: Empresario de Esquel
(Capman S.R.L.).

JOSE ROSSI: Empresario de Quilmes, provincia de Buenos Aires
(Depofer S.A.)

PATRICIO MANZANEL: Empresario de Esquel
(Capman S.R.L.).

CARLOS CASTRO BLANCO: Empresario de Trelew
(Apicons Elaborados S.A.).

OSCAR SANDIN: Empresario de Trelew
(Sandin Construcciones S.R.L.)

GUSTAVO MORETTA:
(Libra Construcciones S.A.)

FERNANDO QUISTANI: Empresario de
Comodoro Rivadavia
(Habitar S.R.L.)

JORGE BARRIONUEVO: Empresario de Trelew
(IPE S.R.L.)

JUAN RIQUELME: Empresario de Trelew
(R-V Lonas S.H.).

 

 

El Chubut

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños “Lava Jato” que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como “emergencia climática”, “el embrujo” y “revelaciones”, que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. “Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa”, aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa “Revelaciones” junto a Héctor Iturrióz.

“Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves”, reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado “cuadernos de las coimas

Uno de los empresarios que declaró como “arrepentido” frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de “retornos” por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: “Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'”.

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

“La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa”, destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

“Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones”, agregó el funcionario judicial, y amplió: “Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico”, agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: “La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado”.

Parodi, por su lado, amplió: “Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas”.

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae

Oscar Peña, imputado en la causa “Revelación” por los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pidió declarar ayer ante los fiscales de la causa y lo hizo acompañado por su abogado, Javier Kadomoto.

El empresario de Esquel brindó una versión de los hechos muy parecida a la que describió en su momento quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción en el Valle, Patricio Musante, al sostener que la situación de su empresa en la etapa en que acontecieron los hechos investigados “era catastrófica”, lo que lo llevó a tener un pasivo de casi 80 millones de pesos, producto de los pagos que se veía presionado a realizar.

Sostuvo el empresario que entró en “una bicicleta con certificados, pagos y adelantos que le hacía el Banco”, llegando a la situación de despedir a 200 empleados de Peña Construcciones.

Das Neves lo mandó a hablar con Cisterna

Según la declaración de Peña, en el verano de 2016 le planteó al gobernador Mario Das Neves la situación de ahogo financiero que padecía su empresa, y el mandatario lo mandó a hablar con el entonces ministro Coordinador, Víctor Cisterna (actualmente cumpliendo prisión preventiva por ésta misma causa).

Cisterna le habría dicho que tenía que pagar una coima del 5% de las nuevas obras, 3% por obras viejas o el 1,5% para destrabar los certificados. Y agregó Peña ante los fiscales que el entonces ministro lo derivó a hablar con Pablo Bastida, quien en la actualidad también cumple prisión preventiva domiciliaria sospechado de ser el «valijero».

Dando continuidad en su relato, Peña contó de aquel encuentro con Bastida que éste le indicó que debería mostrar voluntad de pago y empezar a aporar, en principio, 150 mil pesos. Reconoció Peña que empezó a pagar a la caja negra de la política con cheques, a falta de dinero en efectivo, y así logró destrabar los certificados.

El llamado de Correa

Coincidente con el relato de otros empresarios que también buscan el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, Peña relató además que, una vez que Cisterna dejó el Ministerio de Coordinación de Gabinete, recibió el llamado telefónico del subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

Eso acontenció -según la declaración del empresario- en febrero de 2017, momento en que Correa le habría informado que el modus operandi se mantenía pese a la salida de Cisterna.

Con su declaración, Peña también se presentó como «víctima» de presiones de los funcionarios imputados, accediendo al pago de coimas para poder trabajar con su empresa constructora.

Logró así acceder a la audiencia que se realizará hoy en Rawson (lo hará por videoconferencia desde Esquel), donde se debería definir el pedido de «probation» de los empresarios Musante, Torraca y Salaberry.

 

 

El Chubut

El informe del cuerpo médico forense integrado por Juan Juárez y Diego Rodríguez Jacob es contundente. Describe que el ex jefe de Gabinete, Víctor Cisterna, está en condiciones de permanecer detenido en el establecimiento carcelario. Por estos motivos, la audiencia prevista semanas atrás quedó desactivada.

Los profesionales detallaron en el informe médico que Cisterna posee antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, hemorroides, hipertrofia de próstata y estado depresivo. Para atenuar estas patologías, Cisterna estaba medicado con «Exforge», «Filtren», «Rosuvastalina» y «Acido Acetil Salicílico». «Refiere que se encuentra deprimido con temores inespecíficos por su salud, falta de voluntad para hacer su vida cotidiana, pero tratando de sobrellevarla», precisa el informe del cuerpo médico forense.

Consultado por los médicos, Cisterna afirmó que «no necesita ningún tratamiento específico». El ex funcionario que se encuentra con prisión preventiva en el Centro de Detención de Trelew, aclaró que los alimentos de la dieta que debe seguir por sus patologías «se la acerca su familia».

«Atento al estado actual de salud, consideramos que se encuentra en condiciones para continuar en el lugar actual de detención», indica el informe que lleva la firma de los médicos forenses Rodríguez Jacob y Juárez. Este escrito fue girado al juez de Garantías, Sergio Piñeda, y la contundencia del informe dejó trunca la audiencia que estaba prevista para determinar si Cisterna debía continuar detenido o bien quedar con prisión domiciliaria ante una eventual situación delicada de salud.

 

 

El Chubut

Cisterna por buena salud sigue preso, los demás con domiciliaria y están sanos.

Médicos afirman que Cisterna está en buenas condiciones de salud para seguir detenido, mientras que varios de los imputados recibieron el beneficio de la prisión domicilia estando en perfecto estado de salud, como el caso de Patricio Musante.

Walter “Toco” García Moreno – Patricio Musante

Muchos rumorean en la sociedad de Chubut que la justicia teme “El vuelto” de los amigos de Patricio Musante por eso recibió la beneficios que otros no reciben. Los amigos de Musante son:  Walter “El Toco” García Moreno dueño del Diario Jornada junto a Jorge Aidar Bestene, ambos investigados por lavado de dinero en Mendoza, también investigados por las coimas PAE, Curro Verde y varios negocios grandes en Chubut, con un poder inigualable, un imperio que se forjó bajo las alas de Mario Das Neves y que nadie parece ponerle punto final.

Musante – Jorge Aidar Bestene, alías “El Turco”.

Lo integrantes del cuerpo médico forense determinaro

n que el ex ministro coordinador, Víctor Cisterna, se encuentra en buen estado de salud para permanecer con prisión preventiva en el centro de detención donde se encuentra alojado actualmente.

Los fiscales pedirán que no se le otorgue el beneficio de la

 

prisión domiciliaria, es el único caso y llama mucho la atención como Patricio Musante logró tener prisión domiciliaria estando en perfecto estado de salud y sabiéndose que cumplía el rol de recaudador o valijero juntando el dinero de los retornos de la obra pública en la Cámara Argentina de la Construcción del Valle. Parece que en la causa “El Embrujo” y “Revelación” hay hijos y entenados ya que no se mide con la misma vara. Aún la Justicia debe explicar como faltando 800 millones de pesos dicho por ellos mismos pueden darle prisión domiciliaria a varios de los imputados. Llama mucho la atención.

Los profesionales médicos cumplieron con los estudios que ordenó la Justicia ante el pedido de la defensa de Cisterna para que se le otorgue la prisión domiciliaria. Sin embargo y atento a la conclusión de los médicos, los fiscales insistirán con la prisión preventiva para el ex ministro involucrado en la causa «Revelación».