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Los integrantes del directorio de la agroexportadora Vicentin SAIC presentarán las renuncias a sus cargos el próximo lunes a la vez que entregarán al juez del concurso de acreedores el demorado balance 2019, informaron hoy voceros de la empresa.

La presentación de los estados financieros de Vicentin había sido solicitada por el juez Civil y Comercial de la 2da nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, en julio pasado, tras el incumplimiento de la compañía de presentarlo en tiempo y forma.

Fuentes de la empresa dijeron hoy a Télam que la presentación de la empresa se realizará de manera digital.

El estado financiero, patrimonial y económico de Vicentin durante el año pasado es un instrumento central para determinar cómo la empresa pasó de una situación de expansión y crecimiento a la cesación de pago en pocos meses.

A raíz de denuncias de acreedores extranjeros, la Justicia investiga si la agroexportadora incurrió en vaciamiento de la empresa antes de pedir su propio concurso preventivo de acreedores, que se abrió en marzo pasado.

También investiga si los directivos distrajeron recurso de la compañía a cuentas off shore otras sociedades o de personas individuales.

A principios de septiembre, la consultora internacional KPMG -que fue la auditora externa de Vicentin en los últimos años-, le comunicó al juez del concurso que no mantiene relación con la firma.

Según trascendió, el balance 2019 reclamado por el juez y los acreedores habría quedado a cargo de un estudio contable de la ciudad santafesina de Reconquista.

Las renuncias

A la vez, los actuales directivos de Vicentin presentarán el próximo lunes la renuncia a sus cargos en la conducción de la empresa concursada.

Así, “se cumple con lo que se había prometido a varios de los acreedores que habían planteado inquietudes en relación al actual directorio”, dijo a esta agencia un vocero de Vicentin.

La misma fuente confió que, con esa acción, la empresa busca “aflojar tensiones” con los bancos y otros acreedores.

La renuncia del actual directorio, encabezado por Daniel Buyatti, no se producirá de inmediato, puesto que debe ser tratada y aprobada por la asamblea de accionistas de Vicentin.

Voceros de la compañía informaron que la asamblea extraordinaria está prevista para la segunda de octubre, fecha hasta la cual continuará al frente de la conducción los actuales directores.

Dicha asamblea deberá, en la misma reunión, designar a las nuevas autoridades encargadas del directorio de Vicentin SAIC, quienes estarán al frente del seguimiento del concurso.

Intervención de la cerealera

Paralelamente, el juez Lorenzini debe resolver el planteo realizado oportunamente por la provincia de Santa Fe para la intervención de la dirección de la empresa.

El gobierno de Omar Perotti planeaba, con el aval de la Casa Rosada, la creación de un fideicomiso para rescatar a la empresa, una de las más importantes de capitales nacional en el mercado de exportación de granos y subproductos.

Sin embargo, las negociaciones con los accionistas fracasaron y la iniciativa perdió vigencia, dijeron a Télam desde el gobierno santafesino.

La compañía agroexportadora Vicentin sufrió un proceso de vaciamiento corporativo, financiero y comercial que la llevó al default declarado en diciembre de 2019 por más de US$ 100.000 millones y que en medio de su concurso de acreedores vendió una parte de sus empresas, advirtió un informe elaborado por el Banco Nación.

En un trabajo realizado por los especialistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti a pedido de la entidad oficial, enfatizaron que el «vaciamiento» de Vicentin incluyó la creación de empresas en el exterior y cambios en su estructura corporativa, que determinaron un «desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial».

A partir de eso se crearon empresas holding en Uruguay como Vicentin Family Group (VFG) que adquirieron participaciones en firmas del grupo, especialmente, entre 2014 y 2017 que les permitió a los accionistas «vender las participaciones de algunas de las principales empresas del grupo -como Renova o Friar – luego de que Vicentin SAIC entrara en concurso de acreedores».

«Lo ocurrido con Friar es un ejemplo de esta trayectoria: Vicentin compró la firma en 2004, y años después vendió el 99% a los holdings uruguayos Nacadie y VFG Inversiones y Actividades Especiales, conservando apenas el 0,4%, lo cual le permitió a sus propietarios transferir casi la totalidad de la firma en agosto de 2020 a pesar de las restricciones impuestas por la causa judicial», puntualizó el informe.

Otro punto que profundizó el vaciamiento fue la compra-venta de empresas y operaciones intra-grupo, operaciones que «se caracterizaron por la opacidad de la información consignada en los balances», al mismo tiempo que el grupo tampoco «informó en sus balances transferencias de acciones muy relevantes a nivel patrimonial», como es el caso Terminal Puerto de Rosario (TPR), de la cual compró el 30% en 2012 y vendió el 20% en 2017.

También compró y vendió participaciones de empresas con pocos días de diferencia, como es el caso de Playa Puerto, además de que, a pesar de que Vicentin SAIC haya quedado con participaciones minoritarias en diversas empresas, oficiaba como garante en sus préstamos.

El vaciamiento financiero se dio en el marco de una «performance (económica) sobresaliente en los últimos años», pero en simultáneo con «un creciente endeudamiento de las distintas empresas del grupo concentrado en pocos acreedores» y, que en el caso de Vicentin SAIC, «se llevó adelante de forma desfasada a la generación de fondos propios».

Otro punto que destaca es la realización de préstamos financieros intra-firma que tuvieron como protagonistas a las cáscaras en Uruguay, las cuales «movilizaron fondos al extranjero que permitirían pensar a estos como una forma de salidas de capitales».

Entre finales de 2019 y principios de 2020 «el vaciamiento se aceleró» y el patrimonio neto de Vicentin SAIC cayó «drásticamente».

De esta manera, «las diversas cuentas bancarias de Vicentin SAIC comenzaron a poseer saldos negativos debido a que los retiros superaron a los depósitos».

Por último, Vicentin se vio imposibilitada de vender al exterior su producción, pero diversas empresas relacionadas adquirieron producción de Vicentin que luego fueron exportadas a través de la Sucursal, «es decir, estamos hablando de un “pasamanos” ya que en última instancia los bienes fueron adquiridos por la misma empresa que los vendió.

La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de 110 millones de pesos, informó hoy el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de 100.000 millones de pesos, fue denunciada por la AFIP «por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales» ante el Juzgado Federal de Reconquista.

«La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019», explicó este sábado el organismo en un comunicado.

Agregó que «la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores».

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

A partir de eso, el organismo dijo que «pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería».

Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros «eran falsos, en tanto no denotaban actividad real», y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron «incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos».

«Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados», concluyó el ente recaudador.

Ayer, la Cámara Federal porteña había confirmado el envío a la Justicia santafesina de parte de la investigación sobre la empresa Vicentin, en lo relativo a posibles delitos impositivos y venta de acciones.

El Tribunal de Apelaciones avaló así la decisión tomada por el juez federal porteño Julián Ercolini, quien declaró su incompetencia parcial para investigar parte de los delitos en el marco de la causa por defraudación que se sigue a la firma y a exdirectivos del Banco Nación en la administración de Mauricio Macri por multimillonarios préstamos otorgados, según el fallo al que accedió Télam.

El camarista Pablo Bertuzzi confirmó por «ajustada a derecho» esa decisión firmada por Ercolini el 20 de julio último.

Y, recordó que en ese «legajo se investiga la posible defraudación que Vicentin SAIC habría realizado en perjuicio del Estado Nacional, como consecuencia de la posible connivencia de funcionarios estatales para el otorgamiento irregular de créditos tomados ante el Banco de la Nación Argentina».

En la pesquisa a cargo de la justicia federal porteña «se indaga respecto del destino dado a dichos fondos, que podría involucrar a empresas radicadas en el extranjero, mecanismos ilegales de fuga de divisas y operaciones en cuentas off-shore», añadió el fallo.

Además se investigan, en el tramo en el que el magistrado declaró su incompetencia, maniobras «que fueron cometidas en principio por otros actores, en otra jurisdicción y que escapan a la competencia de este fuero», resolvió el camarista.

Mientras cumple con la cuarentena en Francia, y antes de las reuniones de las que participará la semana que viene como presidente de la Fundación FIFA, el expresidente Mauricio Macri quiso estar presente en el último adiós a Sergio Nardelli, CEO de la empresa Vicentin, que falleció anoche, a los 59 años.

«Querido Sergio: permíteme que te diga ‘querido’ por más que no fueron muchas las veces que nos encontramos. Pero en esas veces, y viéndote actuar, fui desarrollando afecto y respeto por tu persona. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo para que eso se transformara en una amistad profunda. Quiero despedir a un apasionado por el hacer, por emprender, por generar oportunidades para su familia, su pueblo y la linda comunidad de Avellaneda y Reconquista; capaz de conquistar el mundo sin miedo a innovar y a desarrollar nuevas actividades», afirmó Macri a través de una carta, que la hija de Nardelli leyó durante el velatorio.

«Tu familia, tu gente, te va a extrañar. Nuestro país necesita de muchos con tu espíritu emprendedor para poder salir adelante. Sé de la tristeza que te embargó frente a tantos obstáculos y especialmente tanta agresión. Desde el dolor que tengo quiero prometerte que los argentinos vamos a superar este momento de confrontación y división y vamos a hacerte sentir orgulloso desde donde nos estés observando. Un abrazo grande y un cariño enorme a toda tu familia», culmina la carta de despedida, firmada por el exmandatario.

Nardelli y Macri se conocieron durante una recorrida a Reconquista del entonces jefe de gobierno porteño. Antes de las últimas elecciones, Nardelli coqueteó con la idea de ser candidato a gobernador de Santa Fe por Cambiemos, impulsado entre otros por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El presidente Alberto Fernández, en cambio, fue muy crítico de la conducción de la cerealera, antes y después de ordenar la intervención de la empresa. «Uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan en el Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas», dijo el Presidente a finales de junio, en referencia a los créditos otorgados a Vicentin durante la gestión de Javier González Fraga en el banco oficial.

Sergio Nardelli falleció este miércoles a raíz de un ataque cardíaco. La noticia fue confirmada en A24. El hombre era CEO de Vicentin y nieto del fundador de la empresa.

El empresario falleció esta noche en su casa de Reconquista en Santa Fe. Algunos de sus allegados aseguran que fue visto durante la tarde en buena forma, incluso estuvo reunido con amigos horas antes.

Tras varias semanas de polémicas y marchas en contra de la decisión del Gobierno, Alberto Fernández derogó el decreto de la intervención y la expropiación de la empresa Vicentin.

”Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, expresó en su cuenta de Twitter luego de la decisión tomada.

El Presidente de la Nación compartió el escrito completo del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Fernández criticó el accionar del juez interviniente en el concurso y sostuvo que “no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el estado pasivo real de la compañía”.

La comisión bicameral validó el DNU que derogó la intervención de Vicentin. La comisión bicameral de Trámite Legislativo, que preside el diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos), avanzó hoy en el proceso de ratificación de la derogación del decreto que en junio último había dispuesto la intervención de la cerealera Vicentin y validó el nuevo DNU que deja sin efecto la medida.

Al iniciar la reunión, Cleri defendió la validez del decreto 636 del Poder Ejecutivo, que deroga el que había dispuesto la intervención, y sostuvo que, con aquella medida, «se buscaba la continuidad de la empresa para salvaguardar los derechos de los acreedores».

«Se buscó poder llevar tranquilidad y certeza» a quienes Vicentin les adeuda compromisos de pagos, insistió Cleri.

De todos modos, el diputado del Frente de Todos por Santa Fe precisó que la oposición tendrá tiempo hasta mañana para presentar dictámenes de minoría, ya que si bien avalaron la derogación del DNU, criticaron los fundamentos incluidos en la medida.

Tras detallar el irregular manejo de la empresa por parte de sus directivos, Cleri precisó que la cerealera «tiene 27 mil trabajadores, 2700 acreedores y una deuda total de 1.500 millones de dolares» y recordó que desde que se dispuso la intervención «hubo muchas medidas de obstrucción por parte de accionistas y del juez».

En ese sentido, el legislador destacó la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto la intervención «y seguir avanzando en las causas para recuperar las acreencias del Poder Ejecutivo».

«Hay juicios en la justicia federal y provincial de Reconquista sobre las garantías inmobiliarias que el grupo Vicentín tenía y que el Estado está tratando de recuperar», graficó Cleri.

Desde Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli dijo que si bien ese bloque opositor está «de acuerdo con la validez» del decreto 636, sostuvo que el presidente Alberto Fenández «debería tener presente, con todos los problemas del país, que el fin no justifica los medios».

«Admitiendo que hayan sido nobles los objetivos que el Presidente persiguió, el método elegido fue una gran equivocación y una gran ilegalidad, porque el fin no justifica los medios», aseveró el diputado nacional del PRO.

Para Tonelli, «el presidente hizo bien en derogar el decreto, pero no con los fundamentos adecuados» y cuestionó que el mandatario «se haya referido a la obstrucción de la justicia» por considerar que «el juez sólo hizo ejercer la competencia que la ley de quiebras le atribuye».

Más adelante, se produjo un contrapunto entre Tonelli y Cleri, en el cual intervino la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien pidió terminar con ese debate y planteó que «no se trataba de una charla personal», tras lo cual el diputado del PRO recomendó a la senadora mendocina que guardara silencio.

«Que se calle», pidió Tonelli y luego se negó a pedirle disculpas a Fernández Sagasti cuando se le reclamó que se retractara en su actitud.

El legislador de Juntos por el Cambio remarcó que «no pediría disculpas a nadie».

En ese contexto, diputados de la oposición cuestionaron el funcionamiento de la comisión y criticaron que se haya convocado a la reunión sin las 48 horas hábiles de anticipación reglamentarias, aunque coincidieron con que era atinada la derogación del DNU de intervención de Vicentin.

El radical Luis Petri cuestionó a Cleri «por haber opinado sobre el tema» y sostuvo que «desde la presidencia, usted debe ordenar el debate».

«Está en todo su derecho a opinar, pero ceda la presidencia al vicepresidente porque genera un clima enrarecido respecto del funcionamiento de la comisión. Usted tiene que ser ecuánime», expresó.

Cleri aclaró que expuso su opinión sobre Vicentín por ser oriundo de la provincia de Santa Fe y con el fin de «aportar datos importantes» sobre la situación de la empresa.

Al finalizar la reunión, Fernández Sagasti -quien participó en junio pasado del anuncio de la intervención y expropiación de la cereralera- puso de relieve que «el único fin que tenia el Estado para disponer la intervención era asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo de productores que entregaron sus granos y fueron totalmente estafados».

Tras sostener que la intervención de Vicentin fue «absolutamente constitucional y republicana», coincidió con el Presidente en sostener que hubo una «actitud obstruccionista» por parte de la Justicia de Santa Fe y marcó el «escandaloso proceso de vaciamiento de la empresa que se produjo durante este mes y medio, con ayuda política de la oposición».

A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció el vienes pasado que dejaba sin efecto el DNU 522/2020 ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

 

Aunque días atrás el Presidente Alberto Fernández había ratificado su postura respecto a la intervención de la agroexportadora Vicentin, este viernes sobre las 18:20 publicó en su cuenta de Twitter la derogación de dicho decreto. Argumenta que el juez interviniente no permitió el acceso a la información sobre los pasivos de la empresa, y que en esas condiciones no se puede avanzar con la expropiación. Por esto, ordenó que se inicien todas las acciones legales que permitan al Estado recuperar los créditos reclamados en el concurso preventivo de la empresa. En este sentido, cabe recordar que es el Estado Nacional el principal acreedor de la fina.

«Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días», escribió Fernández en la publicación que acompaña el proyecto.

En el mismo hilo, el presidente indica que «el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía».

«Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», continuó.

Así, sostuvo que «el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo».

«Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo», sostuvo, y remarcó que «pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».

«La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial. En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores», remarcó el presidente.

«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», finaliza el hilo publicado por Fernández en Twitter.

El presidente había anunciado el pasado 8 de junio la intervención y expropiación de la empresa Vicentin.

En esa oportunidad, el mandatario nacional nombró como interventor a Gabriel Delgado y había anunciado que enviaría al Congreso un proyecto de ley de expropiación de la firma. La empresa tiene una deuda de $100.000 millones, y el Estado Nacional es su principal acreedor

Sin avances en la negociación con Vicentin se realiza una nueva reunión de conciliación.La negociación entre los Gobiernos nacional y de Santa Fe con los directivos de Vicentin para conformar un fideicomiso que permita el salvataje de la empresa “no tuvo avances” en las horas previas al segundo encuentro de conciliación que mañana mantendrán la partes en el juzgado de Reconquista, donde se tramita el concurso de acreedores.

Así lo confirmaron a Télam fuentes relacionadas con el tema, quienes indicaron que “no hay mayores avances” por la “falta de voluntad” de la empresa de retirar a sus directivos de la conducción de la compañía agroexportadora y ceder las acciones a un fondo fiduciario.

“Hay dos cosas que no vamos a dejar de hacer: ni vamos a dejar de negociar ni de batallar judicialmente”, dijo a Télam un negociador de la provincia de Santa Fe, quien explicó que de no arribarse a un acuerdo durante la conciliación, será el juez del concurso, Fabián Lorenzini, quien deba resolver el planteo de intervención de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ).

La misma fuente agregó que las negociaciones entre los representantes de los Gobiernos y los de la empresa agroexportadora se trabó ante el planteo de los directivos de Vicentin de no dejar la dirección de la empresa ni ceder las acciones al fideicomiso que se constituiría para continuar con la operación de la firma.

Voceros de Vicentin, por su parte, dijeron a Télam que no realizarán declaraciones hasta luego de la reunión de mañana en el juzgado de la localidad de Reconquista.

En el primer encuentro, el 15 de julio, las partes habían convenido avanzar en la constitución de un fondo fiduciario mixto con participación de acreedores, tanto comerciales como financieros, el Estado a través del Banco Nación y posibles interesado en el negocio agroindustrial.

El accionista de Vicentin, Máximo Padoan, que estuvo presente en la reunión, dijo que “con este fideicomiso deberían tranquilizarse un poco la situación y poder trabajar en el marco del concurso”.

“Arrancamos un camino que espero que nos lleve a un buen resultado, tenemos que analizar varias alternativas, pero fue muy interesante”, agregó, para asegurar que la vía del fideicomiso “le va a dar una garantía mayor a los acreedores”.

Sin embargo, según voceros santafesinos de la negociación, la posibilidad de avanzar en un acuerdo estaría empantanada por estas horas.

“Para rescatar a la empresa es imprescindible que los directivos que la llevaron a esta situación se retiren”, dijo la fuente, para quien “mal podríamos aceptar su continuidad si judicialmente pedimos que se intervenga”.

La misma posición asumieron los bancos extranjeros acreedores de Vicentin, que reclaman U$S500 millones, y el resto que pidió verificar créditos en el concurso.

La constitución del fideicomiso aparecía en el horizonte como una salida posible, puesto que supone que sea el fiduciario quien designe al órgano directivo de la empresa, por lo que los actuales gerenciadores -las familias Buyatti, Vicentin y Padoan- quedarán corridos de la operación.

Y, a la vez, con una participación minoritaria del paquete accionario.

Pero para eso, los 120 socios que posee Vicentin deben ceder sus acciones al fideicomiso, lo cual no estaría garantizado por estas horas.

“Las dos condiciones que exigimos para avanzar son el apartamiento de los directivos de la empresa y que pongan las acciones”, insistió el vocero consultado por Télam, y agregó que aún no están garantizadas.

El presidente Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, acordaron este martes «seguir adelante con la estrategia común» de ambas administraciones en relación a la continuidad de la operación de la agroexportadora Vicentin mediante la constitución de un fideicomiso que relance la compañía concursada, informaron fuentes oficiales.

Tras la videoconferencia, Perotti  y Fernández explicó que «el objetivo central del Presidente es el salvataje de la empresa» que entró en cesación de pagos en diciembre pasado y afronta un pasivo del orden de los 100 mil millones de pesos en un concurso preventivo de acreedores.

En esa línea, el mandatario provincial agregó que «por ello su preocupación en conocer cada uno de los detalles del proceso y su evolución».

Durante la charla, de la que también participaron funcionarios nacionales y provinciales, Perotti informó al presidente Fernández sobre los detalles de la negociación que Santa Fe mantiene con los accionistas de Vicentin y otros actores de la cadena agroexportadora para darle continuidad a la empresa originaria del norte santafesino.

«Mantuvimos un extenso encuentro, por más de una hora y media, en el que se analizó el proceso y la evolución del concurso» y «vamos a seguir adelante con la estrategia que llevamos en común nación y provincia y las reuniones con los principales acreedores» de Vicentin, sostuvo Perotti al término de la reunión virtual con el Presidente Fernández.

Tras semanas de idas y vueltas jurídicas, el último jueves el Gobierno de Santa Fe y los principales directivos de la agroexportadora acordaron avanzar en la conformación de un fideicomiso para darle continuidad a operatoria de la firma.

El acuerdo, que comenzó a tejerse unos días antes, se alcanzó durante la primera reunión de conciliación de las partes convocada por el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso preventivo.

Según dijo a Télam la titular de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, ese primer paso supone la participación de acreedores y posibles nuevos inversores en un fondo fiduciario.

De ese modo, los acreedores del concurso de Vicentin tendrán la posibilidad de capitalizar sus acreencias mediantes acciones y la empresa tendrá un nuevo órgano de dirección –designado por el fiduciario-, lo que significa el apartamiento de la actual administración, que llevó la cerealera a una situación de quebranto.

A la vez, de prosperar un entendimiento de este tipo, «la expropiación es un remedio muy lejano», aseguró el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, quien dijo que una «salida de consenso siempre es más satisfactoria que la imposición de una decisión del juez».

Uno de los representantes de Vicentin, Máximo Padoan, dijo por su parte que «con este fideicomiso deberían tranquilizarse un poco la situación y poder trabajar en el marco del concurso».

«Arrancamos un camino que espero que nos lleve a un buen resultado, tenemos que analizar varias alternativas, pero fue muy interesante», agregó luego de la reunión de conciliación.

Lo informaron los sindicalistas de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lidera el visitador médico Ricardo Peidro, y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Hugo Godoy.

Los gremios que integran el espacio «Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo» respaldaron ante el presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker, la «intervención y expropiación de la cerealera Vicentin» y condenaron y repudiaron sus «reiteradas estafas», aseguraron dirigentes estatales y de la CTAA.

Lo informaron los sindicalistas de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lidera el visitador médico Ricardo Peidro, y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Hugo Godoy.

Un documento del sector aseguró que Hecker valoró el acompañamiento sindical y dijo que la situación de Vicentin no representa «un ataque a la propiedad privada sino la recuperación de una empresa muy importante» para el país.

Los dirigentes de las organizaciones que suscribieron el «Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo» se reunieron de forma presencial con el funcionario para respaldar «la estrategia oficial de recuperación de Vicentin» y reclamaron «el cobro de la totalidad de los créditos otorgados a la firma por el macrismo».

El espacio, que también integran dirigentes sociales, empresariales y políticos, realzó «la importancia simbólica y concreta que reviste para los variados sectores del campo popular la intervención y expropiación de la firma cerealera».

«La cúpula de la entidad pública bancaria ofreció información respecto de la investigación interna y la causa judicial y valoró el apoyo», subrayaron los gremios.

En el encuentro participaron, además de Peidro y Godoy, otros dirigentes estatales y de la CTAA, de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT, de la Federación de Inquilinos, del Movimiento de Empresas Recuperadas, del Consejo Productivo Nacional Pyme, de la UTEP, la CTEP y de los gráficos.

Godoy respaldó la posibilidad de intervención y expropiación y la presentación del Banco de la Nación Argentina como querellante en la causa por «la estafa infringida al pueblo por parte de esos empresarios y los funcionarios macristas».

Claudio Lozano, integrante del directorio de la entidad financiera y artífice de la investigación, advirtió que “la batalla por Vicentin recién se inicia, ya que el juzgado confrontó la decisión del presidente Alberto Fernández y también la decisión del gobierno santafesino y el propio pedido de intervención del Nación».

Hecker explicó que el objetivo es cobrar lo que Vicentin adeuda a la institución financiera para poder ofrecer más créditos a las pequeñas y medianas empresas, y añadió que la agroexportadora es «un caso testigo” de «una estafa que además afectó la propiedad privada de otros productores, de cooperativas y a los fondos públicos cuando dejó de abonar sus obligaciones, y ello fue entonces permitido».

“No está mal prestar a grandes empresas, pero es malo prestar tanto a los grupos concentrados. Porque ese dinero debería destinarse a la ayuda de las micro y pequeñas firmas. En solo tres meses el Nación otorgó préstamos solo a las Pymes por un monto mayor a lo que adeuda Vicentin (más de 18 mil millones de pesos), pero es importante recuperar ese dinero para reforzar esas líneas», afirmó.

Peidró destacó que existe “una pelea de fondo con los sectores del poder concentrado, por lo que se vive una sensación de triunfo con este tema”.