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Cancillería emitió una declaración en la que señala que «no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región».

El Gobierno argentino aclaró este martes que no suscribe el reclamo del Grupo de Lima para que los hallazgos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela sirvan de prueba ante la Corte Penal Internacional (CPI), y advirtió que no puede «admitirse una vía de acción» sobre ese país que pueda «generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe».

«El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha y Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Para la Cancillería, «en primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», en referencia a Juan Guaidó.

La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global», sostuvo la cartera que encabeza Felipe Solá.

Indicó que «en este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la ‘restauración de la democracia y el Estado de Derecho'».

«Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe», añadió.

Respecto de Venezuela, el Gobierno de Alberto Fernández sostuvo que «comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos», Michelle Bachelet.

Argentina reiteró su «apoyo al valioso trabajo que viene realizando Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco».

Venezuela recibió este viernes un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, la Sputnik V, que servirá para que el país caribeño participe de la fase 3 del desarrollo del fármaco.

«Es un momento histórico para nuestra patria (…), no podemos ocultar la emoción que no embarga de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar en la fase 3 de los ensayos clínicos», dijo la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez, al encabezar el acto de recepción de las vacunas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) suspendió este martes el derecho a voto de Venezuela debido a que acumula aportes impagos por más de 7,8 millones de dólares desde 2017.

La decisión fue aprobada por la máxima asamblea anual del organismo, sin debate ni objeciones al dictamen del grupo de trabajo integrado por Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago.

“No es conveniente crear excepciones que puedan ser alegadas por otros estados miembros cuando incumplan sus compromisos financieros”, sostuvo el representante salvadoreño que presidió el grupo, según la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con el reporte de recaudación, Venezuela adeuda 7.851.219 dólares por aportes impagos acumulados desde 2017.

El estatuto de la OPS establece que a cualquier país miembro se le suspenderá el derecho a voto si se atrasa en el pago de sus aportes durante dos años completos.

La presencia de delegados del Gobierno del presidente Nicolás Maduro fue cuestionada ayer, en el inicio de la asamblea, por 13 países (Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Perú y Paraguay) que desconocen al mandatario por considerar que fue reelecto en comicios irregulares.

Sin embargo, la Comisión de Credenciales, integrada por Antigua y Barbuda, Costa Rica y Paraguay, concluyó que todas las acreditaciones presentadas en la cita, incluidas las de Venezuela, eran válidas.

Mientras tanto, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, aseguró en la asamblea que su país mantiene un crecimiento “lento y sostenido de los casos” de coronavirus desde junio hasta la actualidad.

Este mes “hemos logrado iniciar una fase de meseta de la curva epidémica”, dijo el funcionario, según la agencia de noticias EFE.

Desde el comienzo de la pandemia, Venezuela sumaba 73.528 casos confirmados de coronavirus y 614 muertes por la enfermedad, según su último balance oficial.

El gobierno de Venezuela calificó el sábado de “fraude” y “piratería” el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del país sudamericano.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza y el fiscal general, Tarek William Saab, descalificaron en una declaración conjunta el documento presentado hace tres días, bajo el argumento de que la misión no estuvo en el país.

El miércoles los investigadores de la ONU divulgaron un documento que señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como asesinatos y torturas. El reporte estuvo basado en 270 entrevistas con víctimas, testigos, exoficiales y abogados, así como documentos confidenciales.

“Un informe de 444 páginas sin hablar con las autoridades venezolanas, eso es irresponsable, es un fraude, es un monumento a la propaganda de guerra”, dijo Arreaza en declaraciones a la televisión estatal. “Es un informe a la piratería jurídica”.

Según el canciller, ese reporte busca torpedear las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre así como el trabajo con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Bachelet el pasado año presentó un informe en el que también fueron objetadas las actuaciones de los cuerpos de seguridad venezolanos.

Venezuela registra una profunda crisis política y económica, además de un colapso de los servicios básicos y un agudo debilitamiento de las instituciones.

Después de los señalamientos de Arreaza, el fiscal general dijo que “la misión no vino a investigar en el terreno” y “desconoce el trabajo del ministerio público”.

Luego agregó que en tres años han sido imputados 565 uniformados por violaciones de derechos humanos. El Ministerio Público desde 2016 no había presentado informes anuales que incluyen los datos de imputaciones y acusaciones.

Venezuela extendió la prohibición de vuelos comerciales por la pandemia de coronavirus durante 30 días más, hasta el 12 de octubre, manteniendo por sexto mes consecutivo restricciones que comenzaron a aplicarse en marzo, informó este sábado la autoridad aeronáutica.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunció “la extensión de la restricción de operaciones aéreas en el territorio nacional por 30 días a partir del 12 de septiembre hasta el próximo 12 de octubre”, en un comunicado difundido en redes sociales.

“Quedan exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobrevuelos de carga y comerciales”, apuntó el INAC.

Además, “como medida preventiva ante el virus, los pasajeros de las operaciones antes mencionadas deberán cumplir con la cuarentena (…) bajo estricta supervisión del Estado”, así como con las “evaluaciones médicas correspondientes”, añadió el texto.

La medida se enmarca en el “estado de alarma” decretado por el presidente socialista Nicolás Maduro y que ampara la cuarentena vigente desde el 16 de marzo.

Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula 58.663 contagios y 468 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerarlas poco creíbles.

Antes de la pandemia, que llegó a un país golpeado por seis años de recesión y la inflación más alta del mundo, la actividad aérea se había desplomado por un masivo éxodo de aerolíneas por deudas estatales que ascienden a 3.800 millones de dólares, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Ello por falta de divisas para repatriar ganancias en el marco de un control cambiario aplicado desde 2003.

Sin embargo, empresas como Air France, Iberia y Turkish Airlines mantenían vuelos hacia destinos como París, Madrid o Estambul, mientras que otras como Wingo volaban hacia Bogotá.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este viernes el nuevo parte epidemiológico del coronavirus en este país suramericano. «Al día de hoy los pacientes recuperados por la Covid-19 llegaron a 34.970», indicó la funcionaria.

Rodríguez anunció que en las últimas 24 horas se registraron 900 nuevos casos de transmisión comunitaria y 81 importados, «para este martes llegamos a 981 nuevos contagios en Venezuela», agregó.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta ejecutiva venezolana alertó que “hoy Distrito Capital registra su pico más alto con 422 casos”, siendo el municipio Sucre el que acumula la mayor cantidad de contagios con 62 casos positivos a la Covid-19.

La alta funcionaria continuó declarando que Venezuela registra un total de 43.879 casos positivos al coronavirus, de los cuales 8.541se encuentran son contagios activos.

De esta última cifra, 805 están en hospitales, 5.547 en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 189 en Clínicas Privadas. Al mismo tiempo se cuenta un total de 368 decesos a causa de la Covid-19, de los cuales ocho fallecieron en las últimas 24 horas.

El gobierno de Venezuela autorizó este miércoles un vuelo humanitario para el retorno de 288 ciudadanos españoles y venezolanos residenciados en España que se encontraban en el país suramericano sin haber podido regresar por las restricciones impuestas a raíz de la pandemia del coronavirus.

Según el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), el vuelo, realizado por un Airbus A330 de la aerolínea Iberia, cumplió con todo el «protocolo de bioseguridad» instruido por las autoridades sanitarias «para mitigar la propagación del covid-19».

Por su parte, el Consulado General de España en Caracas aseguró que se «trabajó duro» para hacer posible el viaje. «Con este desplazamiento, más de 3.000 personas han podido regresar a sus hogares en vuelos organizados por nosotros. Es una labor extremadamente compleja», tuiteó el organismo.

El pasado 12 de agosto, Venezuela anunció la restricción de sus operaciones aéreas hasta al menos el 12 de septiembre, como parte del control epidemiológico ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, quedaron exentas las operaciones de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En medio de la creciente propagación del coronavirus en Venezuela, Amnistía Internacional (AI) emitió una grave denuncia contra Nicolás Maduro, a la que acusó de “reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios” que a diario deben hacer frente al Covid-19. Asimismo, el organismo que vela por los derechos humanos advirtió que las autoridades chavistas “están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales”.

“Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de Covid-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable”, apuntó Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

“Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias”, agregó.

La organización Médicos Unidos de Venezuela reportó que 71 trabajadores sanitarios murieron entre el 1 de julio y el 16 de agosto. De esas muertes, 37 se produjeron en la primera quincena de agosto. Este balance representa casi el 30% del total de muertes por coronavirus en el país que reporta el régimen de Maduro, que son 288 -hasta el martes 18 de agosto, día que se emitió el comunicado de Amnistía Internacional-.

Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector, por lo que la gente no conoce en detalle la cantidad de trabajadores sanitarios fallecidos por coronavirus.

Amnistía Internacional también se hizo eco de las sospechas que existen respecto a las cifras que compartió hasta el momento la dictadura de Maduro. El organismo para los derechos humanos indicó que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de Covid-19 “sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas”. Es decir, el doble de la cifra de la semana anterior. “Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos en todo el país, ya que el gobierno informó de sólo 1.148 nuevos casos de Covid-19 en todo el país el mismo 16 de agosto”, señaló AI.

El grave informe de Amnistía Internacional sostuvo que Venezuela “es un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud”. “Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes”, agregó.

“Aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles”, añadió el organismo.

AI denunció que, hasta la fecha, recibió información “sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia”. “Amnistía Internacional ha informado desde hace años sobre la política de represión aplicada por el gobierno de Maduro para silenciar y controlar a la población, que incluye detenciones arbitrarias y tortura dirigidas a un amplio conjunto de personas que alzaron sus voces”.

La Federación Médica Venezolana (FMV) indicó que en los últimos años cerca del 50% de los médicos venezolanos dejaron el país, lo que dificulta la lucha contra el coronavirus. “Las personas trabajadoras de la salud que se quedaron en Venezuela ganan entre 4 y 18 dólares americanos al mes, y muchos han tenido que caminar para ir a trabajar, a veces más de 10 km, ya que no pueden pagar el transporte. Según el grupo de la sociedad civil Monitor Salud, el 68% de 296 trabajadores sanitarios de la ciudad de Caracas encuestados de marzo a junio llegaron al trabajo sin comida en el estómago para empezar con un su turno arduo. El promedio de gastos de subsistencia de comestibles y servicios básicos por mes para cada venezolano se estima en 513 dólares, según la organización nacional de investigación CENDAS”.

Amnistía Internacional recordó que la legislación venezolana “establece que los trabajadores deben ser protegidos de los riesgos en el trabajo”. No obstante, la ONG Provea advirtió que “los trabajadores están siendo dejados completamente expuestos sin equipo de protección personal (EPP)”. “En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces”.

El martes Venezuela registró 1.047 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone el séptimo día seguido con más de mil contagios diarios.

Dos cafés, 1 millón de bolívares; una pizza congelada, casi 3 millones; un paquete de salchichas, 1,4 millones; 1 dólar, 306.000 bolívares. El billete de más alta denominación, 50.000 bolívares. En Venezuela, la imparable devaluación ha superado un nuevo hito que deja su existencia en mínimos solo comparables con las grandes tragedias económicas de la historia.

La última barrera la superó esta misma semana cuando, tras una devaluación del 10 %, el precio del dólar superó los 300.000 bolívares soberanos por cada divisa estadounidense, es decir, el billete de 50.000 supone 0,16 centavos de la moneda estadounidense.

Así que, si en Venezuela se quiere comprar un dólar, se necesitan seis billetes de la más alta denominación. Y si lo que se quiere es tomar un café acompañado, son 20, algo imposible de compilar puesto que los cajeros no suelen disponer de cantidades superiores a los 100.000 bolívares.

Una moneda en extinción

El economista Guillermo Arcay resume la situación actual en una frase: «La gente pasó de reírse de Venezuela por ser un país con muchos ceros en sus billetes a ser un país donde, simplemente, no hay billetes».

Sencillamente, ya no se emiten billetes cada vez de más alta denominación con ese fin folclórico de sumar ceros, las cantidades en bolívares que tienen los venezolanos en sus cuentas crecen mientras mengua su valor.

«Los saldos monetarios reales que tienen los venezolanos en sus cuentas son tan pequeños que la gente tiene menos de un día de consumo en bolívares en su cuenta», explica Arcay.

Se trata de cantidades pequeñas si se calculan en moneda extranjera, pero si un venezolano decide cambiar 20 dólares para hacer algún tipo de compra se encontrará con seis millones de bolívares en su cuenta, una fugaz sensación de riqueza.

Por eso, la tarjeta es apenas una suerte de monedero que contiene todos los ceros que ya no caben en los billetes y que dan una muy baja capacidad de compra.

Así, la compra de esos dos cafés que permitirán a sendos amigos compartir un momento de calma, sucederá sin billetes venezolanos. El camarero pronuncia la cifra, un millón, los dos amigos pondrán la habitual cara de sorpresa e indignación. Uno de ellos ofrecerá su tarjeta y de su depósito saldrá un millón de bolívares que pasarán al banco del propietario.

Eso sí, es probable que esa cantidad que hoy supone 3,3 dólares en la cuenta del propietario se transforme, por la magia de la devaluación, en apenas 3 dólares (o menos) en unos días.

Directo al «top 10»

«Venezuela está a punto de cumplir tres años en hiperinflación. Estamos en el ‘top 10’ de hiperinflaciones más largas de la historia, por detrás de Nicaragua, que duró cinco años» y de Grecia, que duró más de cuatro, señala Arcay.

A pesar de esto, matiza que algunos casos como Brasil o Argentina, entre finales de los 80 y primeros de los 90; Bolivia, entre 1984 y 1985, o Perú, en 1990, podían ser comparables al inicio de la hiperinflación venezolana.

«Pero Venezuela se diferencia no solo en magnitud porque hemos tenido la hiperinflación más aguda en la historia latinoamericana sino en longitud», asegura.

 

Argentina insiste en la vía electoral ante la postura de abstención de la oposición. El Gobierno argentino rechaza la decisión de partidos políticos opositores a la administración de Nicolás Maduro de no participar de las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre.

El Gobierno argentino insistió hoy en que «la vía electoral es el único modo de establecer un camino consensuado en la República Bolivariana de Venezuela», al rechazar la decisión de partidos políticos opositores a la administración de Nicolás Maduro de no participar de las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre próximo y llamar a la abstención.

Así fue expresado por el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, durante la reunión virtual del Grupo de Lima, en la que se abordó la profunda crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela, informó el Palacio San Martín en un comunicado.

En el encuentro realizado hoy por videoconferencia, la delegación de la Cancillería argentina planteó que una virtual suspensión de los comicios de medio término en el país caribeño «dejaría a muchos ciudadanos venezolanos sin el instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional».

En ese sentido, el vicecanciller Tettamanti advirtió que la «no participación electoral profundizará la fractura político-social en Venezuela y marginará a importantes sectores de la ciudadanía que quedarán sin representación política».

La cartera que encabeza el canciller Felipe Solá, hizo saber así a los países miembros del Grupo de Lima que el Gobierno de Alberto Fernández «no comparte la decisión de la franja de partidos políticos que expresaron su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre próximo y llaman a la abstención».

La postura expresada por Argentina -que ya anunció que participará como miembro del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC)- recogió el reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)

En un comunicado, los obispos habían advertido que no participar en las elecciones parlamentarias y llamar a la abstención llevan a la «inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas».

La CEV advirtió además que algo similar ocurrió en 2005, sin resultados positivos.

«La Argentina apoya la realización de las próximas elecciones parlamentarias de diciembre con el criterio de que sean libres, justas e imparciales y con participación de todos los partidos y movimientos políticos», sostuvo Tettamanti, quien ratificó la postura argentina de del derecho de Venezuela a la autodeterminación y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

«Ni el Grupo de Lima ni otros Estados o grupos de Estados pueden decirle desde el exterior a un venezolano, ya sea que se incline por votar a la oposición o se incline en favor del actual gobierno, que su sufragio no vale. La democracia implica actividad política y respeto a los votantes. Es exactamente lo contrario a promover la violencia», enfatizó el vicecanciller argentino.

Asimismo, evaluó que *es contradictorio plantear que la única salida para Venezuela es un presunto gobierno de transición y a la vez despreciar la importancia de que se cumpla con la Constitución venezolana».

Además, «la Argentina alerta contra la adopción de posturas externas no realistas que solo pueden conducir a situaciones de violencia», insistió Tettamanti, quien marcó la «preocupación de la Casa Rosada «por trascendidos de prensa que especulan con campañas para contratar mercenarios».

Según indicó el comunicado del Palacio San Martín, la delegación argentina afirmó que «entiende el rechazo de amplios sectores de la oposición, acompañados por una parte de los países del Grupo de Lima, respecto de una serie de medidas que acompañaron el proceso de convocatoria y preparación de la próxima elección parlamentarias».

Con esa mención se refirió a la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, las autoridades de algunos partidos políticos y la inhabilitación de cambios en el número de diputados y las circunscripciones electorales, aunque, no obstante, la Cancillería subrayó una vez más la importancia de la «participación de todos los sectores en las próximas elecciones».