Tag

Usurpación

Browsing

El condominio de Máximo y Florencia Kirchner tiene 26 propiedades en Río Gallegos, pero una de ellas fue el centro de reclamos judiciales luego de una usurpación, destrozos y robos que afectaron la vivienda.

El inmueble se encuentra intervenido judicialmente por una causa de lavado de dinero y está a cargo de la interventora Raquel Moyano. El problema surgió cuando el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos quería entregarle la casa a su expareja e hijos, pero se encontró con una vivienda completamente deteriorada a causa del anterior locatario y le pidió a la Justicia que se haga cargo del arreglo, según informó la periodista Lucía Salinas en el diario Clarín.

La casa en cuestión está ubicada sobre la calle 25 de mayo en la capital de la provincia de Santa Cruz y forma parte de las 26 propiedades que conforman el Condominio Máximo y Florencia Kirchner que se formó tras el fallecimiento de Néstor Kirchner y luego de que la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, le cedió todos su bienes a sus dos hijos. Pero debido a las causas judiciales, en junio de 2017 se designó como interventora a Raquel Moyano para el manejo de las propiedades.

Antes de la pandemia, el abogado Carlos Beraldi presentó un escrito en nombre de Máximo Kirchner para pedirle a la Justicia poder recuperar esa propiedad para que la utilicen su pareja e hijos. En abril de este año, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) le permitió al diputado nacional el uso de la casa.

Pero al recuperar su posesión, notaron que la vivienda estaba muy deteriorada por el último inquilino, aunque en realidad la propiedad tenía usurpación ya que no se pagaba el alquiler. Finalmente, al ex locatario logran desalojarlo mediante una orden judicial.

La propia interventora informó que la casa muestra un «estado deplorable, producto de las actitudes propias de incivilidad del ex locatario, rayanas con lo delictual». Debido a esto, se ordenó realizar las reparaciones necesaria, «con el objeto de poner el aludido inmueble en condiciones». Pero debido a la cuarentena, las tareas de refacción se demoraron más de lo esperado.

Además, pese a que la vivienda está tapiada, en los últimos días se registró un ingreso forzoso que produjo aún más daños en la casa y denunciaron en la comisaría de la capital santacruceña.

Por todo esto, la defensa de Máximo Kirchner se negó a aceptar la vivienda en las actuales condiciones: «No resulta posible aceptar la devolución del inmueble sito en la calle 25 de mayo en el estado ruinoso en que se encuentra».

El inmueble mencionado tenía usurpación, no se cobraron alquileres por su uso y fue destrozado por su/s ocupante/s», expresó Beraldi para defender al diputado y apuntó contra la interventora debido a que algunos inmuebles nunca más lograron alquilarse y hay hoteles que aún se mantienen cerrados. Incluso la Casa Patagónica Los Sauces sufrió un marcado deterioro y la Justicia autorizó a la familia a realizar las reparaciones correspondientes para que su valor no decrezca, informó Clarín.

También pidieron que se «refaccione el inmueble para luego ser restituido a sus legítimos propietarios en el estado que corresponde». «Los graves perjuicios irrogados, desde ya hacemos expresa reserva de iniciar las acciones legales pertinentes».

La interventora ya fue intimada por el tribunal para que «proceda -con carácter de muy urgente- a acondicionar la vivienda sita en la calle 25 de mayo de la ciudad de Río Gallegos, a efectos de proceder a su pronta restitución».

Un grupo de personas intentó nuevamente este viernes a la mañana ocupar unos terrenos lindante a la zona de bardas pero la Policía y el Municipio intervino para desmantelar la acción.

La Policía junto a la Municipalidad de Puerto Madryn intervino esta mañana para desactivar un nuevo intento de ocupación de tierras (el tercero) por parte de un grupo de personas en el barrio Perón, en la zona lindante con las bardas.

«No entienden que deben solicitarlos bajo las formalidades legales», dijo esta mañana el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana de Puerto Madryn, Luis Alberto Baez, publicó El Chubut.

Quince personas fueron detenidas el sábado en Comodoro Rivadavia cuando, aprovenchado que la gente estaba en sus hogares y las fuerzas de seguridad afectadas a los controles por la cuarentena, intentaron usurpar terrenos sobre la Ruta 1, frente al faro San Jorge, camino a Caleta Córdova.

Este grupo, además de violar el aislamiento social preventivo y obligatorio, estaban cometiendo un segundo delito en el mismo momento.

En tanto, fuentes policiales indicaron que uno de los sospechosos fue demorado, además de por intento de usurpación, por resistencia a la autoridad.

Un grupo de aproximadamente 20 personas quiso ocupar ilegalmente una chacra con alto valor económico productivo en la zona de Bryn Gwyn. «Estarían asesorados aparentemente por un grupo piquetero de la zona», declaró el Comisario de Gaiman, Lucas Lencina.

Los vecinos del lugar fueron quien dieron cuenta a la policía de los movimientos extraños. «No vamos a permitir en Gaiman que ocupen ilegalmente tierras», sentenció el Comisario.

La Policía desactivó con éxito en las últimas horas un intento de usurpación de terreno, con un alto valor productivo económico en la chacra N° 187 de la zona de Bryn Gwyn. Según detallo el comisario de Gaiman, Lucas Lencina, a nuestra emisora, «eran un grupo de aproximadamente 20 personas y estarían asesorados aparentemente por un grupo piquetero de la zona».

«Ellos manifiestan que compraron los terrenos a un abogado en Buenos Aires, pero todo de manera irregular», explicó Lencinas y afirmó que a través del diálogo se logró convencer a las personas que desistieran de la idea de ocupar dichos terrenos ubicados en las inmediaciones de la Escuela Agrotécnica N°733.

Miguel Alberto Hernández ( 48) fue acusado como presunto autor del delito de usurpación. La fiscalía, sostiene que en el año 2016, el acusado ocupo una vivienda de servicios del hospital rural, sin contar con autorización. Por último, el juez Daniel Pérez, indico que el próximo jueves , informara su resolución respecto de la elevación a juicio de esta causa.

En la sala de audiencias de la oficina judicial, se realizo una audiencia preliminar de juicio. El acto judicial estuvo presidido por el magistrado Daniel Pérez. El Ministerio Publico Fiscal, fue representado por el funcionario Julio Herrera. El acusado, en tanto, recibió la asistencia legal del abogado adjunto de la defensa pública, Marcelo Catalano.

En la oportunidad, Herrera, indico que el hecho investigado es el despojo de una vivienda, ubicada sobre a calle Rivadavia y Ameghino. Según los acusadores, antes del 8 de septiembre del 2016, Hernández, ingreso a esa casa en forma clandestina.

Por otra parte, refirió que esta vivienda fue entregada por el Instituto Provincial de la Vivienda (I.P.V) al Ministerio de Salud de la provincia de Chubut. Asimismo, este organismo, asigno la casa, a la administración del hospital rural , a los fines de que sea otorgada a los médicos que prestan servicios en la localidad.

También, agrego que el imputado ocupo la vivienda junto a tres hijos y un nieto. Luego desarrollo los fundamentos de la imputación y enumero los medios de prueba que los acusadores presentaran en las audiencias de debate.

En este sentido, solicito al tribunal que reciba las declaraciones de diez testigos y siete evidencias instrumentales y documentales.

Sobre la calificación jurídica escogida, Herrera, señalo que la conducta que se le atribuye al imputado, es constitutiva del delito de usurpación.

A su turno, Hernández, utilizo su derecho a declarar en este etapa del proceso. El acusado, indico que la usurpación de la vivienda fue realizada por su ex mujer. A ello agrego, que cuando ocurrieron los hechos, no se encontraba viviendo en esta localidad.

Por su parte, el abogado defensor, señalo que en la contestación de la acusación publica, había requerido el sobreseimiento de su asistido.

En este marco, afirmo que la fiscalía, había presentado una acusación contra otras dos personas por este mismo hecho. También considero que la pieza acusatoria, no describe los hechos con los requisitos exigidos por la ley ritual.

En consecuencia, sostuvo en esta instancia, el pedido de sobreseimiento de Hernández. Además, peticiono que la causa no avance a la próxima etapa.

En este contexto, Pérez, manifestó que tendría presente las manifestaciones de las partes y el próximo jueves informaría su resolución.

Así lo confirmo el secretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Federico Ercoli quien remarcó que “la política que tiene el municipio sobre desarrollo urbanístico, viviendas o loteos es siempre dentro de la ley y no de forma ilegal” y agregó “esta medida claramente tiene una connotación política al estar cerca de las elecciones”.

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Urbano, impidió el intento de usurpación en el sector del Barrio Área 12, en donde están los loteos del denominado Tierra Para Todos.

Este intento de usurpación se quiso instalar sobre una zona donde está previsto la construcción de un espacio verde para el barrio que se tiene planificado emplazar en la zona.

Al respecto, el secretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Federico Ercoli contó que “este martes por la mañana, tomamos conocimiento que en la zona del Área 12, en el sector denominado Tierras Para Todos, se estaba comenzando a construir una edificación pequeña y precaria de bloques y cemento, sin ningún tipo de permiso, lo que dejaba a las claras que evidentemente era un intento de usurpación de parte de un grupo de personas”.

En el mismo sentido, el funcionario municipal manifestó que “ante esto, y al no encontrarse ninguna persona en el interior de la vivienda o alguien que se haga cargo de esta situación, la gente de Planeamiento y Desarrollo Urbano del municipio nos dirigimos rápidamente al lugar con las maquinarias levantando todos estos materiales y escombros que estaban allí”.

Espacios verdes

A su vez, el secretario municipal explicó que “cada vez que hace una planificación urbana, esta no sólo se compone de manzanas con viviendas, sino también existen reservas fiscales para instalar escuelas, hospitales, centros de salud, comisarias u otros espacios, y justamente este terreno en donde se intentaba asentar esta gente está destinado a la instalación de un espacio verde”.

Política clara

“La verdad que desde la Municipalidad tenemos una política clara en torno a las usurpaciones, en donde sabemos que existen necesidades pero entendemos que esta no es la manera de afrontar la misma. Nosotros hemos llevado adelante diferentes medidas en torno al desarrollo urbanístico, viviendas o loteos y siempre se realizó dentro de la ley y no de forma ilegal”, enfatizó el funcionario.

Connotación política

Asimismo, Federico Ercoli fue contundente con su posicionamiento “este intento de usurpación de parte de esta gente no es estrictamente una cuestión de necesidad sino que está más relacionada con ciertos movimientos que tienen que ver con la proximidad de las elecciones, es decir esta manchada por una connotación política”.

Lucrar con la necesidad

Además agrego que “se trata de un personaje vivo que evidentemente quiere lucrar con la necesidad de algunos y la viveza de otros, es decir instala 15 o 20 lotes en terrenos que no le pertenece que encima después los quiere vender, por eso quiero decirles a todos los vecinos de Rawson que tengan cuidado con las personas que tratan y se asesoren de la mejor manera para evitar estas situaciones, porque nosotros desde el municipio no vamos a permitir bajo ninguna manera las usurpaciones”.

Finalmente, el funcionario repasó que “si las personas vienen con la idea de obtener un lote, vivienda o el sueño de la casa propia, desde el municipio vamos a hacer todo lo posible, dentro de lo legal, para que alcancen ese objetivo, pero de esta manera no”.

Cinco miembros de la comunidad mapuche donde desapareció y fue hallado muerto Santiago Maldonado eran juzgados por supuesta usurpación y robo de ganado. La jueza Carina Estefanía dijo que no hay delito.

Este lunes se conoció la sentencia en el juicio contra Facundo Jones Huala, Fernando Jones Huala, Andrea Millañanco, Matías Santana y Sergio Ruiz. Los cinco jóvenes eran acusados de “abigeato” (robo de ganado) y “usurpación” del predio de la localidad chubutense de Cushamen, recuperado en marzo de 2015 por la Pu Lof en Resistencia.

En un fallo considerado “histórico” por la propia comunidad y organismos de derechos humanos de la región patagónica, la jueza de la Cámara Penal de Esquel, Carina Estefanía, resolvió absolver a los acusados por la corporación de la familia Benetton, quien los había denunciado hace cuatro años de haberle robado un pedazo de su latifundio y algunos animales.

El fallo es un duro revés para los planes criminalizadores del Estado nacional y del de Chubut, sirvientes de los terratenientes de la Patagonia y a cuyo servicio ponen sus fuerzas represivas, sus leyes y sus juzgados. En este juicio se trataban hechos ocurridos entre marzo de 2015 y mediados de 2016.

Fundamentos de la absolución

Hay varios elementos que justifican hablar de un fallo inédito o “histórico”. Por una lado, la jueza Estefanía sentenció que el conficto que derivó en las denuncias de Benetton no es un conflicto “judicializable” sino que todo debería resolverse en el terreno de una solución política.

De allí que convocó en su fallo a la conformación de una “mesa de diálogo” entre las partes, es decir entre la Pu Lof de Cushamen y representantes de la corporación Benetton, lo que debería incluir a las organizaciones de derechos humanos y demás actores sociales conocedores del tema.

A su vez en el fallo, si bien no lo planteó en estos términos, la jueza realizó un reconocimiento del genocidio perpetrado por el Estado sobre los pueblos originarios, al remarcar que hubo un exterminio, que muchas familias fueron desmembradas, que parte de ellas terminaron esclavizadas y que cuando comenzaron los procesos de recuperación territorial “recuperaron la libertad”.

Otro elemento importante de la sentencia es que la jueza ordenó que se investiguen algunos mecanismos judiciales que se aplicaron en este caso para procesar y criminalizar a los mapuches. Por caso, ordenó investigar el accionar del fiscal Oscar Oro en la instrucción de la causa y que se investigue también la violencia institucional perpetrada en los allanamientos policiales donde se “buscaban pruebas”.

A su vez la jueza cuestionó por “incompatibilidad” a la pareja de Guido Otrando y Rafaela Ricono, quienes actuaron originalmente en la causa desde los dos “extremos” de la investigación judicial, uno como juez federal de Esquel y otra como secretaria de la Fiscalía Federal de la misma ciudad.

Histórico

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Esquel reconocieron la particularidad de esta sentencia. En diálogo con La Izquierda Diario Celeste Palavecino dijo que “hace años que la APDH viene acompañando los reclamos de las comunidades mapuches, en especial el conflicto de Cushamen, y no recordamos que haya habido una sentencia en la que quien juzga se haya tomado el trabajo de estudiar el caso desde la perspectiva del derecho indígena”.

La referente de la APDH destacó que “la jueza fundamentó su fallo apelando a la historia de las tierras en cuestión, relatando que desde la Campaña del Desierto de fines del siglo XIX esas tierras pasaron de mano en mano, desde terratenientes ingleses hasta Benetton, pero que siempre fueron tierras vitales para los mapuches y su vida comunitaria ancestral”.

Originalmente en la causa también estuvo imputado Martiniano Jones Huala, tío de Facundo y Fernando, aunque en su caso fue absuelto con anterioridad. Él siguió de cerca el juicio y luego de la sentencia de este lunes se lo vio muy emocionado en las puertas del Juzgado.

Martiniano también habló con La Izquierda Diario. Destacó que “este proceso de recuperación territorial del Pu Lof en Resistencia de Cushamen lleva cuatro años” y que el precio que están pagando “viene siendo demasiado alto. Nosotros sabíamos de la persecución y represión que podíamos sufrir pero esto nos ha sobrepasado, superó todos los cálculos”.

“Desde el primer momento en que recuperamos el territorio pedimos un diálogo serio, con gente que tenga poder de decisión sobre este tema”, afirmó Jones Huala, “pero nunca lo hubo, sabemos cómo arreglan los poderosos sus cosas”.

El comunero mapuche afirmó que este juicio fue parte de la persecución que sufren desde que lograron hacer visible la recuperación del territorio en Cushamen. Por eso coincidió en que “el fallo de este lunes es histórico, la jueza se vio obligada a reconocer derechos que siempre estuvieron en los papeles pero nadie los pone en práctica”.

Causa armada

Desde la APDH de Esquel reconocieron que “el veredicto dejó en evidencia el nivel de irregularidades que plagaron la causa, entre otras cosas los allanamientos violentos de la Policía, arrastrando y esposando a mujeres y chicos, para buscar ‘pruebas’ que nunca encontraron”.

Palavecino destacó que “la jueza cuestionó el accionar del juez federal Otranto y de su esposa, quien es secretaria de la Fiscalía Federal, considerando incompatible que ambos fueran los encargados de las dos facetas de la investigación”. Y también que Estefanía haya “recordado que el anterior fiscal Díaz Meyer fue muy ‘desordenado’ en la causa, con faltantes de pruebas y todo”.

Por su parte Martiniano Jones Huala reivindicó “la colaboración de mucha gente para que se llegara a este fallo”, entre ellas la del periodista de una radio comunitaria de la región, Dante Lobos, “que presentó un informe muy serio que demostró la estigatización de los grandes medios contra la Pu Lof de Cushamen”.

“Parecía que todo venía muy arreglado para encarcelarnos, amedrentarnos y lograr que no sigamos recuperando nuestras tierras y reclamando nuestros derechos. Pero nada de eso va a ocurrir, todo lo contrario. Seguimos reivindicando los derechos ancestrales que tenemos como parte del pueblo Mapuche y de este territorio”, afirmó Martiniano Jones Huala.

Sin embargo reconoció que “este es un fallo que festejamos a medias. No queríamos pagar tan alto el precio de tener dos muertos en estos cuatro años de recuperación territorial. Hablo del compañero Santiago Maldonado, muerto por la represión de Gendarmería en la Pu Lof, y del peñi Rafael Nahuel, asesinado por Prefectura en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi. No queremos que más jóvenes, con todo un futuro por delante, pierdan la vida por el ensañamiento de aquellos poderosos que se creen dueños de todo”.

Un dato alrededor de este juicio debe ser remarcado, sobre todo de cara al futuro. En palabras de Jones Huala, “se han hecho muchos daños irreversibles contra nuestra gente, y lo único que hizo el Gobierno fue enviar a la mano derecha de la ministra (Patricia) Bullrich, ese personaje al que no se le puede llamar señor, (Pablo) Noceti. Desde que él estuvo acá dando vueltas comenzamos a recibir la peor persecución que yo he visto, al menos en los últimos veinte años. Seguramente mis antepasados habrán visto cosas peores, pero yo sinceramente nunca había visto el nivel de persecución que se vive en la Pu Lof”.

La Izquierda Diario

La Jueza de Esquel, Dra. Carina Paola Estefanía, dictó sentencia en relación a la causa por usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra que involucra a miembros del denominado Lof en resistencia Cushamen.

La acusación del Ministerio Público Fiscal estuvo basada en tres hechos. El primero, ocurrió el 13 de marzo de 2015, y motivó una denuncia de usurpación contra un grupo de personas encapuchadas que ingresó a un cuadro de la Estancia Leleque, propiedad de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A., con la supuesta finalidad de asentarse en el lugar. Por esta causa fueron denunciados Francisco Facundo Jones Huala, Andrea Yanina Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala, Matias Daniel Santana, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan y Luis Alberto Cayutur.

El segundo hecho, se produjo el 27 de mayo de 2016 en horas de la mañana, en el interior de una casilla de madera ubicada en el predio usurpado de vuelta del río, cuadro de la Estancia Leleque, en el que se encuentran involucrados Sergio Leonardo Ruiz junto con el menor Nicolás Daniel Hernández Huala. Según consta en la denuncia tenían en su poder, en el interior de un morral de cuero, armas y cartuchos de bala.

Por el tercer hecho, ocurrido entre el 22 y 27 de mayo de 2016, fueron denunciados Francisco Facundo Jones Huala, Andrea Yanina Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala, Matias Daniel Santana, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan y Luis Alberto Cayutur, a quienes se acusó de apoderarse y posteriormente faenar, al menos de 17 animales ovinos raza merino, lana blanca, del cuadro denominado 15 Pescados de la Estancia Leleque, propiedad de la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.

La jueza Estefanía resolvió absolver a Fernando Eloy Jones Huala, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, Matías Santana y Andrea Jazmín Millañanco, del delito de Usurpación. También sobreseyó a Fernando Eloy Jones Huala, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, Nicolás Daniel Hernández Huala y Andrea Jazmín Millañanco, del delito de Abigeato Agravado. Al mismo tiempo, fueron absueltos Matías Santana, del delito de Abigeato Agravado y Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan, del delito de Tenencia de Arma de Fuego de Uso Condicional, por el hecho ocurrido el 27 de mayo de 2016, en la intersección de las rutas Nacional nro. 40 con la ex ruta 40 con dirección a El Maitén, en perjuicio de la Administración Pública. Por este mismo hecho, Estefanía declaró penalmente responsable a Nicolás Daniel Hernández Huala.

Al fundamentar el fallo, la Jueza de Esquel señaló que “este juicio ha puesto al descubierto las graves consecuencias procesales que tuvo aquel allanamiento ordenado por el Juez el primer día de la toma, que la Policía del Chubut no llevara adelante en el tiempo y la forma en que el Juez Penal lo había ordenado, para lo cual debían prever como realizarlo, porque ya sabían de la negativa de las personas a identificarse”. Agregó que “de allí en más los sucesivos desaciertos del MPF, no han dejado de sorprenderme, durante todo el debate”.

Genocidio: El fin no justifica los medios

Mencionó que “el segundo allanamiento se pidió para el mes de agosto y nuevamente fracasó porque la policía del Chubut filtró información”, añadió que “tres meses después se pidió la vigilancia discreta y se repitió en el mes de mayo de 2016, que por la utilización de cámaras de mejor calidad, pudieron identificar a Francisco F. Jones Huala, de quien tenían sospechas y fotos para realizar comparaciones”

Cuestionó que “cuando se detuvo a los imputados en el allanamiento, no se secuestraron sus prendas de vestir para hacer pericias comparativas, no se secuestraron los celulares, que hubieran permitido analizar sus llamadas, mensajes, fotografías, ubicaciones, etc., todo lo cual forma parte del conocimiento básico de cualquier investigador”.

Con respecto a la denuncia de abigeato, sostuvo que “no se realizó un rastrillaje buscando rastros para verificar de donde habían traído los animales ni tampoco se secuestraron los cueros, bajo excusas que no guardan relación con lo ocurrido”. Remarcó la jueza que “con el delito de tenencia de armas de fuego no pidieron el informe al Renar para saber si el arma tenía pedido de secuestro, si estaba registrada y si los imputados tenían el permiso correspondiente”. La Dra. Estefanía aseveró que “los desaciertos no sólo se vieron en materia probatoria, sino también en materia procesal. Se realizaron imputaciones a personas que ameritaron su búsqueda para la realización de las audiencias a tenor del art. 274 del CP, y luego no presentaron las acusaciones, lo cual motivó el dictado del sobreseimiento”.

En lo referente a la situación de Francisco Facundo Jones Huala, la jueza subrayó que “se dictó la prisión preventiva, lo que ameritó revisiones ante dos jueces, nuevos pedidos pidiendo la sustitución, sin embargo, cuando el nombrado obtiene la libertad el 1 de septiembre de 2016, al finalizar el juicio de extradición en el que se dispuso el archivo de las actuaciones, la medida dictada en estos actuados estaba vencida. La Oficina Judicial anoticiada de esa situación se comunicó con el Fiscal Dr. Oscar Oro, para coordinar el horario de la audiencia, sin embargo el nombrado señaló que no le interesaba la prisión preventiva que tanto dispendio jurisdiccional había provocado”.

Agregó que el Fiscal “también fue errático al formular las imputaciones y a pesar de las advertencias del Juez, se mantuvo en su postura, apoyando su decisión en conceptos jurídicos inexistentes; no hay doctrina ni jurisprudencia que sostenga que el delito de usurpación es un delito continuado, que se prolonga mientras dure la permanencia en el predio usurpado”.

La jueza reflexionó que el único modo que tiene el Estado para exigir el cumplimiento de las normas y proscribir la justicia privada es a través de una administración de justicia organizada en forma eficiente, y cuando la administración de justicia fracasa, la seguridad jurídica es reemplazada por la irracionalidad y por la imprevisibilidad desapareciendo la confianza y colocando a los miembros de una sociedad, y a veces hasta al propio gobierno, en estado de indefensión.

“Si este engranaje se resiente en cualquiera de sus fases, se pone en peligro la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y el Estado de Justicia” sentenció y advirtió respecto a las responsabilidades internacionales que podrán derivar para el Estado Nacional, para nuestra provincia y para los funcionarios y magistrados que no cumplan con las normas, y que con dicha omisión se produzca una violación de pactos internacionales, garantes de la tutela judicial efectiva, que el Estado Nacional se ha comprometido a cumplir.

En la sentencia, la Dra. Estefanía quiso dejar en claro que la política expansionista y de distribución del territorio, que comenzó a gestarse en la década del 70, nunca debió incluir la conocida “conquista del desierto” pues con la excusa de lograr una unidad geopolítica se violaron los derechos humanos más elementales de personas sólo por su condición de aborigen”

Y manifestó que “a la luz de todo lo ocurrido en este debate, el estereotipo aún perdura con fuerza en la sociedad argentina. Entonces, esa realidad le da sentido a la decisión procesal de las defensas de presentar pericias antropológicas para que ilustren al Tribunal sobre la historia de los pueblos originarios, en tanto no es raro que muchos ciudadanos –cualquiera sea su oficio o profesión- todavía se refieran a los mapuches como chilenos que exterminaron a los tehuelches argentinos, ignorancia del conocimiento académico acumulado en estas décadas

No obstante, en su escrito, la jueza de Esquel, expresó categóricamente que un Estado Democrático no puede tolerar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, aun cuando formen parte de una protesta social y allí el Derecho Penal, se transforma en la herramienta idónea para investigar, mediante un proceso justo, que garantice el control ciudadano. “La frase El fin justifica los medios, nunca ha sido utilizada para fines dignos” señaló la magistrada y agregó “nada que sea producto de la violencia será bueno como tampoco lo será la venganza”. “No se puede avalar la historia oficial en punto a justificar el exterminio de los pueblos originarios, pero tampoco se puede avalar que bajo la excusa de haber sido víctimas de esa violencia se la utilice para reivindicar derechos que el Estado no les ha reconocidos” sentenció.

La jueza cordillerana dispuso la conformación de una Mesa de Diálogo entre las partes que deberá estar a cargo del Poder Ejecutivo Provincial y en la que se deberá dar participación al INAI, al Consejo Consultivo Indígena con el propósito de acordar las medidas conducentes para dar solución al conflicto suscitado y estableció un plazo de noventa días corridos a partir de la notificación.

Remitió en carácter de denuncia al Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue la conducta de los entonces Jefes de la provincia del Chubut y de la Unidad Regional de Esquel Cifuentes y a Oscar Marinao, por los hechos ocurridos el día 14 de marzo de 2018 en la localidad de Cholila y ruta Nro. 40, cruce El Maitén.

Decidió remitir copia de los audios y videos de los presentes actuados en el carácter de denuncia al MPF a fin de que se investigue las conductas denunciadas en cuanto al trato que habrían por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y/o provinciales, que habrían recibido las mujeres a las que se le impidió regresar a sus viviendas, junto a sus niños, el día 27 de mayo de 2017.

Envió en carácter de denuncia, al Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut fotocopia de estos actuados –documental, audios y videos-, para que se investigue el posible incumplimiento de sus deberes del Fiscal Jefe Dr. Oscar Oro por su actuación en la causa.

Por último, remitió a modo de denuncia, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Procuración de la Nación para que se investigue la conducta de la Fiscal Ad hoc Rafaela Ricono y el Juez Federal Guido Otranto, que tuvieron actuación en el caso, a pesar de ser pareja, cuando eso está expresamente prohibido por el Código Procesal Penal de la Nación.

Los alegatos de las partes se extendieron desde las primeras horas de la tarde hasta entrada la noche del sábado. Las postulaciones de los acusadores se centraron en el análisis de las evidencias en relación a los tipos penales de usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra. Las defensas plantearon la falta de prueba respecto de los delitos acusados y de esta con cada uno de los imputados, atacaron el derrotero de la investigación desde sus orígenes y reivindicaron que se trata de un conflicto que trasciende la definición judicial y demanda de respuesta política.

La juez Carina Estefanía tiene por delante una ardua tarea de revisión, análisis, examen legal y jurisprudencial, para arribar a una decisión adecuada al caso que le fue expuesto. La dimensión del conflicto se extiende mucho más allá de la esfera de competencia del derecho penal, en este ámbito solo se resolverá sobre hechos puntuales, acotados a los aspectos que el Código Penal establece como infracciones a sus normas. Como señaló uno de los defensores, la resolución de este tribunal no significará la solución del conflicto. También lo dijeron los fiscales al indicar que lo que está en juego en el debate es establecer si los hechos llevados a juicio constituyen delito y en tal caso, determinar si la prueba alcanza para declarar o no la responsabilidad de cada uno de los imputados en tales hechos.

Algunos de los aspectos controvertidos del proceso, son los siguientes:

En torno a la usurpación la juez deberá decidir si es suficiente la constatación de presencia en el lugar por parte de los imputados, fundamentalmente acreditada con el allanamiento de mayo de 2016. Los acusadores entienden que la usurpación es un delito continuado y que la permanencia en el lugar es suficiente para achacar el delito a las personas que se encontraban en él. Sostienen además que configura el tipo penal porque el ingreso se realizó mediando violencia y que la clandestinidad estuvo dada por el ocultamiento de la identidad de los autores quienes llevaban los rostros cubiertos.

La Defensa dice que la usurpación se consuma en el acto de acceso al predio, que la continuidad es solo el efecto de ese ingreso, pero no es en sí misma la comisión del delito. También sostienen que la clandestinidad a la que se refiere la norma no es a cubrirse los rostros, sino que es ingresar procurando no ser vistos.

Respecto del abigeato, los fiscales citan las constancias fotográficas, fílmicas y testimoniales, relativas el faenamiento de animales con marcas y señales que no son de propiedad de los imputados. Argumentaron sobre la coautoría en relación a este delito y pidieron la declaración de responsabilidad. Por su parte las defensas plantearon que no se pudo identificar fehacientemente la propiedad de los animales y que el faenamiento de animales ajenos podría configurar delito, pero no abigeato, porque desde su perspectiva no se acreditó el hurto.

En cuanto a la tenencia de arma, los fiscales de juicio se encontraron con que la documentación del RENAR para establecer si quién se encontraba en la casilla con el arma, estaba o no autorizado para ello, no había sido aportada por sus predecesores. Se refirieron al modo en que fue hallado el revólver calibre 38, que estaba cargado y que también en el lugar se encontraron vainas, además de otro tipo de elementos de defensa. Los defensores señalaron que no puede pedirse al imputado que pruebe su inocencia aportando la documentación, y pusieron reparos en relación al hallazgo.

Por fuera de los tipos penales, los alegatos se extendieron en relación a los derechos especiales puestos en juego, y en el devenir histórico de los pueblos originarios y su relación con la tierra.

Por pedido de los representantes de la fiscalía, el juez Daniel Pérez libro una orden de rebeldía y detención contra Rodolfo Dinosio Halk (56), acusado como presunto autor del delito de usurpación. En tanto, su pareja Sandra Nélida Morales (55), fue detenida por la policía y paso una noche alojada en la alcaldía policial de Comodoro Rivadavia. Los imputados se negaron a comparecer al juicio oral y público, que estaba fijado desde el martes 19 de febrero en Senguer. En una audiencia de revisión de la medida de coerción, el tribunal integrado por las magistradas Raquel Tasello y Mónica García dispusieron que la imputada recupere la libertad.

Por último, se resolvió que el lunes 11 de marzo, debe realizarse el juicio oral y público en la localidad donde se registraron los hechos.

En fuga

Un nuevo capítulo se sumo al dilatado proceso judicial contra la pareja denunciada por los representantes legales de la municipalidad y el concejo deliberante. A Sandra Morales y Rodolfo Halk, se les endilga la conducta delictiva de presunta usurpación de tierras, en la zona de bahía «Laguito Escondido», en el lago La Plata de Alto Rio Senguer.

Desde el 15 de marzo del 2017, los imputados incumplieron con la obligación legal de asistir a las citaciones judiciales. Tres audiencias de apertura de investigación, tuvieron que ser reprogramadas. La misma suerte corrieron los actos judiciales de audiencias preliminares. El juicio oral y público fue planificado y suspendido en tres ocasiones. Los sospechosos, se excusaban de comparecer a las audiencias argumentando: condiciones climáticas desfavorables, escasez de combustible, razones de salud, entre otras.

En esta ocasión, las fechas de audiencia de debate se fijaron desde el martes 19 al jueves 21 de febrero. El juicio se debía desarrollar en el salón del Honorable Concejo Deliberante de Senguer. Hasta allí fueron el juez Daniel Pérez, el fiscal Herminio Gonzales Meneses, los abogados del Ministerio de la Defensa Publica Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano, empleados de la oficina judicial y los testigos citados. En tanto, una vez más, no se presentaron los acusados Rodolfo Halk y su pareja Sandra Morales.

Ante esta situación, el representante de la parte acusadora peticiono a Pérez el dictado de una orden de rebeldía y compulsa con el auxilio de la fuerza pública.

En este contexto se informo que cuando los policías llegaron al domicilio fijado por los procesados, solamente encontraron a Sandra Morales. Por este motivo, los acusadores pidieron al magistrado la suspensión del debate por el principio de concentración y que se fije una nueva fecha de juicio. El fiscal Meneses también requirió que se libre una orden de detención contra Rodolfo Halk y la aplicación de la medida de prisión preventiva para Morales.

Por su parte, Oyarzun se opuso a la solicitud de la fiscalía, respecto a la aplicación de la medida de coerción. El defensor argumento que no se presentaban los riesgos procesales de peligro de fuga por la pena en expectativa, ya que en caso de ser declarados autores penalmente responsables, sus asistidos deberían cumplir dos años y tres meses de prisión en suspenso.

Para el abogado defensor, no se debía invocar el requisito de entorpecimiento de la investigación, en función de que la acusación publica ya fue presentada.

Luego de escuchar las solicitudes de las partes, el magistrado decidió hacer lugar a los requerimiento del Ministerio Publico Fiscal. Con respecto a la detención de la imputada, dispuso que sea por un plazo de veinte días . Asimismo, se reprogramo el debate oral y público para el lunes 11 de marzo.

Revisión de la prisión preventiva

El tribunal colegiado para la revisión de la medida de coerción fue integrado por las juezas Mónica García y Raquel Tasello. Las magistradas participaron mediante el sistema de video conferencia desde la oficina judicial de Comodoro Rivadavia.

En esta ocasión, Oyarzun ilustro al tribunal sobre los fundamentos de la decisión judicial adoptada por el juez Pérez, en el marco del juicio suspendido el ultimo miércoles en Alto Rio Senguer.

En este sentido, califico de arbitraria e insostenible la resolución del magistrado. Para Oyarzun, no corresponde achacar el comportamiento de Halk a la co imputada y de esta manera privarla de su libertad. En consecuencia, peticiono el cese de la medida de coerción.

Por su parte, Menes acompaño la resolución del magistrado y relato las incompetencias injustificadas de la pareja procesada.

Asimismo, la mujer detenida declaro que se sentía victima de una tiranía de clases. A ello, agrego que el fiscal tenia apuro en esta causa y no actuaba con la misma celeridad en casos similares ocurridos en Senguer.

Luego de un cuarto intermedio, las integrantes del tribunal dispusieron la revocatoria de la medida de coerción y dispusieron que Morales recupere su libertad.

Los Hechos

Según los investigadores, en los días de octubre del 2016, dos personas sin ningún tipo de autorización, ingresaron a una zona ubicada a orillas del lago «La Plata». El sector es conocido como bahia»Laguito Escondido». Allí se encuentra el Parque Municipal “Shoonem”.

Asimismo, se informo que los ocupantes habrían talado aproximadamente diez lengas verdes, para construir un campamento. También se observaron: dos camiones, una casilla, un baño químico, materiales y herramientas de construcción. Los imputados fueron acusados como presuntos co autores del delito de usurpación. El Ministerio Publico Fiscal adelanto que en caso de que el tribunal del juicio los hallara penalmente responsables, pediría la pena de dos años y tres meses de prisión.