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Según el sitio ADN Río Negro, la Organización Ecologista Piuke expresó su rechazo al avance de proyectos de minería de uranio, a la vez que reclamó la restitución de la Ley Anticianuro, a raíz del anuncio -de hace dos semanas- de la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corp de explotar uranio y vanadio en el depósito denominado “Ivana” del proyecto “Amarillo Grande”.

Según los estudios de la minera, el proyecto tendrá una vida útil de 13 años, mientras que hay otros dos proyectos más a desarrollar en la zona.

La minería del uranio genera enormes impactos en el ambiente. Sobrados casos existen en el mundo y específicamente en Argentina, donde todavía no se realizaron las remediaciones correspondientes y las comunidades impactadas aún reclaman. Por otro lado, esta minería se realiza principalmente con el objetivo de alimentar centrales nucleares, que en la provincia están prohibidas por ley.

“Quieren contaminarnos para proveer a un negocio foráneo y peligroso. Insistir en impulsar la minería del uranio es pretender imponer un modelo de saqueo y contaminación que el pueblo rionegrino rechazó en las calles y en las urnas”, señala Piuke.

“Los representantes de este modelo de maldesarrollo quieren desconocer la voluntad popular e impulsar proyectos de megaminería a cielo abierto, uranio, centrales nucleares, megarepresas y concentración de la tierra en mano de corporaciones multinacionales. Para imponerlo recurren, si es necesario, a la represión y lo hacen desde el racismo, la xenofobia y la prepotencia antidemocráticas”, resaltó el comunicado.

También reclaman que “devuelvan al pueblo rionegrino la llamada Ley Anticianuro N° 3981, derogada el 29 de diciembre de 2011, que protegía a las comunidades de la explotación de la megaminería y sus peligrosas consecuencias”.

La norma señalaba: “Prohíbese en el territorio de la Provincia de Río Negro la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, en el marco de la ley nacional nº 25.675, tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental”.

 

 

Radio 3

La empresa canadiense Blue Sky Uranium concluyó una evaluación económica preliminar (PEA, por su sigla en inglés) “muy positiva” para su depósito de uranio-vanadio Ivana, ubicado en el proyecto de Amarillo Grande, al norte de Valcheta, en Río Negro, informó hoy un medio especializado de Toronto.

“Durante los últimos tres meses hemos estado ocupados finalizando nuestra PEA”, según la cual el depósito de Ivana “es económico en el entorno actual”, afirmó el presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, en una entrevista concedida a la publicación canadiense The Northern Miner.

De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1,35 millones de libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años.

El proyecto requeriría invertir US$ 128 millones en capital de pre producción y otros US$ 35,4 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina, precisó el ejecutivo.

La PEA propone un tajo abierto que se extenderá a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, de 3 km de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro.

La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.

Los materiales -uranio y vanadio- están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.

Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al ya comprobado, sostuvo Cacos.

Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.

El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada, y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y del 13% en el contenido de óxido de vanadio.

La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$ 2 y 3 millones y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.

 

 

La empresa canadiense Blue Sky Uranium concluyó una evaluación económica preliminar (PEA, por su sigla en inglés) “muy positiva” para su depósito de uranio-vanadio Ivana, ubicado en el proyecto de Amarillo Grande, en Río Negro, informó este viernes un medio especializado de Toronto.

“Durante los últimos tres meses hemos estado ocupados finalizando nuestra PEA”, según la cual el depósito de Ivana “es económico en el entorno actual”, afirmó el presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, en una entrevista concedida a la publicación canadiense The Northern Miner.

De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1,35 millones de libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años.

El proyecto requeriría invertir US$ 128 millones en capital de pre producción y otros US$ 35,4 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina, precisó el ejecutivo.

La PEA propone un tajo abierto que se extenderá a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, de 3 km de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro.

La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.

Los materiales -uranio y vanadio- están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.

Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al ya comprobado, sostuvo Cacos.

Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.

El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada, y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y del 13% en el contenido de óxido de vanadio.

La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$ 2 y 3 millones y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.

Diario Jornada

El cuento del bajo impacto ambiental

Minería del uranio, la desastrosa “recuperación in situ”

Por Pablo Lada*

La firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno argentino y el ruso para la exploración y explotación de uranio en Chubut causó asombro por la manera en que la nación pisoteaba la autonomía que tienen las provincias sobre los recursos naturales (bienes comunes). Poco después, el gobierno de Mauricio Macri negó un pedido de informes al respecto, argumentando que el acuerdo estaba “sujeto a cláusulas de confidencialidad y no divulgación de su contenido”, a la vez que rechazaba que dicho memorándum estuviese destinado a la exploración y explotación de uranio “sino al desarrollo de nuevas tecnologías de minería inteligente y sustentable”. Reconocerlo sería una demostración lisa y llana de la ilegalidad del entendimiento argentino-ruso. En Chubut, la explotación minera a cielo abierto está prohibida, cualquier decisión del gobierno nacional es inconstitucional.

Lo novedoso también, fue la caracterización discursiva de una de las peores formas de megaminería uranífera. La supuesta nueva tecnología, denominada “recuperación in situ” por las empresas interesadas, no es otra cosa que la vieja conocida “Lixiviación In Situ” del uranio (In Situ Leaching ISL). Omar Adra, titular de la minera UrAmérica y uno de los firmantes del memorándum, calificó al sistema extractivo como “el más eficiente” por sus “bajos costos” y porque representa un “mínimo impacto ambiental” porque no requiere la “remoción del suelo”.

DE QUÉ SE TRATA

La “Lixiviación in Situ” (ISL) es un riesgoso método extractivo desarrollado para explotar uranio de baja ley a menor costo de producción. No hay ninguna razón ambiental en su implementación, sino más bien el viejo imperativo económico del costo-beneficio. Con un mercado deprimido, la industria uranífera buscó una manera de recortar gastos para hacer económicamente viable la explotación de uranio. Esa es la razón del crecimiento y difusión de la “lixiviación in situ” en la década de los años noventa.

El sistema consiste en la inyección y extracción subterránea continua de químicos, generalmente una solución de ácido sulfúrico o una alcalina a base carbonato de amonio, entre otras. Las soluciones ácidas extraen uranio a mayor
velocidad que las alcalinas, pero a su vez movilizan metales pesados tóxicos como cadmio, selenio, plomo, vanadio, etc. Mientras que las alcalinas tienden a mover mayor cantidad de elementos radioactivos como el radio y el radón.

El mineral no se extrae a la manera tradicional por galerías o a cielo abierto para un posterior tratamiento, sino que el proceso químico se realiza en la profundidad, dentro del yacimiento. Se hace “In situ”, en el lugar. El líquido de lixiviación se inyecta a través de una serie de perforaciones. Para poder realizar este proceso el depósito de uranio debe tener ciertas características, tiene que estar ubicado en una roca porosa confinada en capas impermeables. Lo más riesgoso del proceso es que el cóctel tóxico atraviesa los acuíferos mediante cañerías que llegarán al depósito de uranio en las profundidades de la roca.

A pesar de las diferencias, podemos encontrar paralelismos con el fracking. Los químicos y el agua entran en el suelo subterráneo para lixiviar en las profundidades. Luego, la solución cargada de uranio es bombeada a través de otra cañería hasta la planta de tratamiento en la superficie que producirá la “torta amarilla” o concentrado de uranio. Durante el proceso (similar a lo que sucede en la fractura hidráulica petrolera) los tóxicos se escapan por fallas en las tuberías, problemas en los pozos de inyección o rotura del revestimiento del estanque de evaporación en superficie. La mayoría de estas fugas ocurren porque existen viejas cañerías de exploración que no fueron debidamente selladas, exceso de presión y obstrucciones que producen la rotura de las tuberías o fallas en las bombas de inyección y/o extracción.

Cualquier escape de la solución química fuera del yacimiento conducirá a la irreversible contaminación de los acuíferos circundantes. Está demostrado empíricamente que no hay remediación posible. Se ha intentado llevar adelante proyectos de restauración de aguas subterráneas, pero todos fracasaron. Es que el proceso de ISL conduce a la contaminación permanente del agua que utilizan las personas y las industrias para la provisión de agua potable y arruina también las tierras productivas para agricultura. Los pocos intentos de remediación que se hicieron fueron en instalaciones experimentales que usaban soluciones alcalinas. En Texas, EEUU, hubo algunos proyectos de recuperación en las minas de Lixiviación in Situ Pawnee, Lamprecht y Zamzow. Un estudio posterior, publicado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos en 2009, asegura que “hasta la fecha, ninguna remediación de una operación de Recuperación in Situ en los Estados Unidos ha devuelto exitosamente el acuífero a las condiciones iniciales”.i Ante este fracaso, las compañías mineras hicieron lobby sobre los reguladores estatales para relajar estándares de remediación, que así y todo, no pudieron alcanzar.

MÁS EJEMPLOS

En Alemania, en la mina de uranio Königstein en Dresde que realizó ISL, las actividades mineras dañaron un acuífero utilizado para la provisión de agua potable. El impacto es muy severo y no han encontrado la manera de eliminar la continua lixiviación del uranio y otros contaminantes del depósito.

Mucho peor es la situación en la mina de uranio ISL Stráz pod Ralskem en República Checa: las autoridades abandonaron las tareas para remediar la calidad del agua subterránea por ser “poco realistas”. El reporte de 154 páginas, “Una crítica ambiental de la lixiviación in situ”, de Gavin Muddii de la Universidad Tecnológica de Victoria es lapidario: “La mayoría de los proyectos ISL usaron ácido sulfúrico y las soluciones residuales de lixiviación migraron lejos de las zonas mineras. En algunos sitios, especialmente en Bulgaria y República Checa, estas soluciones contaminaron la calidad de las aguas subterráneas utilizadas para suministro de agua en ciudades cercanas o por residentes locales como su principal fuente de agua potable”.

“La restauración del sitio Devladovo en Ucrania se limitó a la limpieza del suelo en la superficie. Solo se reemplazó tierra muy contaminada, mientras que el arado profundo fue el único remedio posible en la mayor parte del sitio. Los trabajos de remediación terminaron en 1975. Posteriormente, el sitio fue utilizado para la agricultura. Estadísticas realizadas en 1991 demostraron que las concentraciones de radionucleidos en el suelo no han disminuido en absoluto y que la limpieza anticipada no tuvo lugar. Se calcularon equivalentes de dosis radioactivas de hasta 0,2 mSv / año para los miembros de la población local que consumen el trigo cultivado en este suelo.”

La toxicidad química de estas soluciones, así como su radiación, son una grave preocupación para los reguladores modernos frente a los problemas de limpieza intratable que enfrentan los gobiernos de los países involucrados. Los esfuerzos de restauración están destinados simplemente a minimizar la contaminación de los alrededores. Se cree que tomará décadas, o incluso siglos, la limpieza de estos sitios

CONCLUSIÓN

La Lixiviación in Situ es un perverso método extractivo que puede resultar aún más dañino que la megaminería uranífera tradicional. Por más que sus promotores se esfuercen en asegurar que es “más eficiente” y que representa “un
mínimo impacto ambiental porque no requiere la remoción del suelo”, la bibliografía y las experiencias alrededor del mundo demuestran sus dramáticas consecuencias sociales y ambientales.

La “Lixiviación In Situ” (ISL) no es amigable con el ambiente, mucho menos controlable o segura. Sus costos son ocultados por el entorno subterráneo, los acuíferos y más tarde las tierras productivas. Las poblaciones de países como Alemania, Bulgaria, República Checa, EEUU, Ucrania, Kazajstán y Uzbekistán, entre muchas otras, sufren hoy las consecuencias de esta perniciosa actividad.

La promoción descarada de la ISL en Chubut como una actividad ambientalmente amigable es un giro discursivo, parte del marketing de la sustentabilidad por conseguir una licencia social que no tienen y, otro intento por derribar la legislación prohibitiva que existe en 7 provincias argentinas.

*Pablo Lada, Movimiento Antinuclear del Chubut
i Hall, Susan, 2009, restauración de aguas subterráneas en minas de recuperación in situ de uranio, llanura costera del sur de Texas: Informe del Servicio Geológico del Servicio Geológico de los Estados Unidos 2009-1143, 32 p.

ii An Environmental Critique of In Situ Leach Mining: The Case Against Uranium Solution Mining , by Gavin Mudd, A Research Report for Friends of the Earth (Fitzroy) with The Australian Conservation Foundation, Victoria University of Technology, July 1998, 154 p.
iii Molchanov, 1995

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR). El senador nacional Mario Pais denunció al Gobierno nacional por haber ocultado el acuerdo que firmó con Rusia para la explotación de uranio en Chubut. A través de un recurso de amparo presentado ante la Justicia Federal, el legislador denunció a las autoridades del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por la violación de la Ley de Acceso a la Información.

El legislador chubutense recurrió a la Justicia luego de que la cartera nacional rechazó, a través de la Resolución N° 217/2018, su pedido de información pública por la existencia de un compromiso o cláusula de “confidencialidad y no divulgación de su contenido”.

Según Pais dicha resolución sería “de nulidad absoluta e insanable pues procura hallar fundamento en un antecedente inexistente, toda vez que invoca una cláusula de confidencialidad que no ha siquiera acreditado fehacientemente en el expediente. Por otra parte, aún en el supuesto en el que aquella cláusula existiere, sería ilegítima”.

La acción de amparo es la vía que prevé la propia ley de Acceso a la Información en caso de incumplimientos de las autoridades requeridas. La denuncia de Pais tramita en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9. De acuerdo a los tiempos previstos, e Gobierno nacional tiene hasta el lunes 30 de agosto para dar respuesta formal al requerimiento judicial.