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La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una demanda del Sindicato de Peones de Taxis contra la empresa UBER. El fallo del máximo tribunal no es sobre el fondo de la causa, pero con su resolución da por terminado el planteo del Sindicato de Peones de Taxis contra 33 conductores de UBER.
La denuncia fue por los delitos de entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita.
El juez de instrucción, Luis Zelaya, sobreseyó a los conductores y luego esa resolución fue confirmada por la Cámara del Crimen. Tanto el magistrado de primera instancia como la Cámara sostuvieron que no había delito penal por parte de los choferes de UBER sino que se trataba de una actividad lícita.

Sin embargo, el Sindicato siguió avanzando con la causa hasta llegar a la Corte Suprema. El máximo tribunal, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, rechazó el recurso de queja presentado.

Eso significa que la apelación no era materia de la Corte, por lo que no trataron el fondo del planteo. Sin embargo, el efecto es que deja firme el fallo que rechazó la denuncia.

La decisión judicial fue recibida con entusiasmo por la empresa. “Este fallo confirma nuestra operación en el país y nos impulsa a seguir trabajando para brindar un mejor servicio a los miles de conductores y usuarios que nos eligen. Apoyamos todas las iniciativas para avanzar en reglamentaciones específicas para este nuevo servicio, como la que aprobó la provincia de Mendoza, y las que avanzan en diversos distritos del país que quieren incorporar a Uber como una solución más a los desafíos de movilidad”, afirmó Mariano Otero, gerente general de Uber para el Cono Sur, a través de un comunicado.

 

 

Infobae

Previendo la posible presencia del servicio de transporte conocido como UBER que ha generado controvertidas reacciones en otras localidades, desde la bancada del PJ, sus ediles, Nora Banuera y Sebastián Curtale presentaron por Mesa de Entrada del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza dirigido a “PROHIBIR en el ámbito de la ciudad de Rawson el ofrecimiento y la prestación de servicios de transporte urbano de pasajeros de cualquier tipo y modalidad, colectivo o particular, que no sean los habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de las respectivas ordenanzas que regulan su ejercicio”, reza el artículo primero de la norma propuesta.

Al momento de fundamentar dicha posición, se sostiene que este sistema, “subvierte los regímenes de transporte público y privado de las ciudades y elude los controles locales que son los requeridos para taxis y remises, generando competencia desleal dado que la falta de una estructura de control reduce costos y genera evasión impositiva al no abonar las tasas de habilitación y las inscripciones fiscales correspondientes”.

Se agrega que esto además, “implica la renuncia a la potestad de control del Estado respecto del servicio de transporte de la ciudad en términos de quienes son los choferes, calidad del servicio, control de antecedentes, estándares mínimos, condiciones de seguridad e higiene exigidas”, se especifica.

El alcance

Por el artículo segundo del proyecto de ordenanza se precisa que, “la prohibición del artículo 1° comprende el ofrecimiento en la vía pública a viva voz y/o mediante la utilización de programas, publicidades, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones celulares o cualquier otra herramienta digital disponible o a crearse que intermedie en realización de traslados en vehículo particular no habilitado a cambio de una contraprestación monetaria con pago directo o indirecto, banca electrónica o cualquier otra herramienta por medio de la cual se efectúe una transacción de pago a cambio del traslado”

Secuestro y sanciones

Los tres artículos que prosiguen en el proyecto de ordenanza determina las acciones a seguir de detectarse un vehículo que
ofrezca tal servicio y las sanciones que le corresponden a los choferes que conduzcan las unidades afectadas a dicho servicio.

Es el caso del tercer artículo que dice, “frente a la comprobación de violación de la presente norma, los agentes municipales proceden en todos los casos al secuestro del vehículo y su posterior acarreo, sin perjuicio de las sanciones posteriores que pudieren corresponder por infracciones contenidas en el Régimen Administrativo por Faltas Municipales, así como las sanciones específicas de los regímenes de servicios de transporte de pasajeros regulados por el municipio”.

En los artículos cuarto y quinto se fijan las siguientes sanciones: “para los choferes que fuesen descubiertos transportando pasajeros en infracción a la presente norma: a) suspensión de licencia de conducir por un período de noventa (90) a ciento ochenta (180) días; b) multas de entre tres mil (3000) y cinco mil (5000) UF; c) inhabilitación para ser registrado como chofer en los servicios de transporte de pasajeros regulados por el municipio”. Y para “quienes fueran descubiertos ofertando, publicitando, gestionando herramientas de oferta de servicios prohibidas por la presente norma: a) multas de entre tres mil (3000) y cinco mil (5000) UF; b) inhabilitación para ser registrado como chofer y/o prestador o licenciatario en los servicios de transporte de pasajeros regulados por el municipio”.

El concejal de Chubut Somos Todos, Juan Aguilar, aseguró que por pedido del Intendente de Trelew, Adrián Maderna, se avanza en la elaboración de un proyecto de ordenanza que prohíba la entrada de Uber o aplicaciones similares a la ciudad, ya que significaría una “competencia desleal” para titulares de licencias legales y conductores de taxis y remises.

Aguilar adelantó que para la elaboración del proyecto ya se iniciaron conversaciones con representantes de la Asociación de Taxis, del Sindicato de Peones de Taxis y los propietarios de licencias y conductores de remises.

“Queremos evitar la llegada a Trelew de estos mecanismos novedosos de traslado de personas que están por fuera de la regulación y control del Estado”,precisó Aguilar y adelantó que para la elaboración del proyecto se realizará un relevamiento de legislaciones similares en el resto del país.

Aguilar explicó que el rechazo se fundamenta en la necesidad de impedir que se perjudique  “a quienes explotan licencias autorizadas para el traslado de personas cumpliendo con todas las normativas vigentes y pagando los tributos correspondientes”.

Cuestionó el edil que el funcionamiento de este tipo de aplicaciones potencia “la precarización de las relaciones laborales”, poniendo en riesgo fuentes de trabajo ya existentes en el sistema actual de transporte de pasajeros.

Y para finalizar el concejal Aguilar advirtió por otra parte que aunque, en principio este tipo de sistemas podría significar un menor costo para los usuarios, en el largo plazo terminaría perjudicando la calidad del servicio que se presta