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Tráfico de Influencias

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Los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez y Juan Pablo Santos, presentaron la acusación contra Alberto Vargas y Marcela Montero por “tráfico de influencias”.

A Vargas, ex funcionario provincial, además se lo imputa por “tenencia de arma de fuego de uso civil condicionado y tenencia de arma de guerra” que fueron encontradas en el allanamiento a su departamento.

En este mismo procedimiento, se secuestraron dispositivos electrónicos que tras ser peritados, en uno se encontraron múltiples archivos con videos e imágenes de contenido pornográfico con la participación de menores de edad.

Vargas, al momento del hecho, se desempeñaba como funcionario en Trelew. El caso se remonta a fines de 2018, mientras un hotel que se pretendía instalar en Puerto Pirámides se encontraba en proceso de aprobación de permisos.

El desarrollador hotelero recibió una solicitud de soborno. Una mujer le dijo que tenía vínculos con funcionarios y que podría obtener la aprobación final de la obra, que por razones de índole administrativas vinculadas al Municipio de dicha localidad, no habían sido aprobadas. Pero le dijo que necesitaba 300 mil dólares.

El inversor junto a su socia canadiense decidieron realizar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

“Le pidieron U$S 300 mil dólares y le indicaron que Vargas, por sus vínculos políticos obtenidos durante su mandato como funcionario de la Provincia y su cercanía con los concejales de Pirámides, iba a influir sobre estos para que aprueben la modificación de la ordenanza que le permitiese obtener la aprobación”, manifestaron desde la Fiscalía.

“(Báez) me preguntó si estaba dispuesto a ayudar en la investigación, a lo que accedí”, recuerda el desarrollador. Como parte de una operación encubierta para ayudar al Fiscal a reunir evidencia, él “les siguió el juego”, interactuando con Montero, la mujer que se había ofrecido como nexo.

Fue así que se recopilaron llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con Montero, que fueron registrados para la investigación.

Fue así que el hombre se reunió con Montero y con Alberto Vargas en un restaurante. Durante estas reuniones, que fueron filmadas y grabadas por la División de Investigaciones de la Policía, le dijeron que si pagaba un anticipo sobre el soborno “nos darían la aprobación final para nuestro desarrollo, y luego podríamos hacer el último pago. Era como pagar en cuotas”, recordó el inversor.

Los imputados sostenían que “los U$S 300 mil eran necesarios para ‘arreglar’ a cuatro concejales de Pirámides para que voten a favor de la modificación de la ordenanza, que Alberto estaba vinculado políticamente con el intendente de Pirámides”, señalaron los fiscales.

Ahora, tras la solicitud de la Fiscalía, resta que se desarrolle la audiencia preliminar donde la Justicia resolverá si el caso presentado se eleva o no a juicio oral y público.

Finalmente, sobre la “tenencia de pornografía infantil”, se derivó la investigación a un nuevo caso y el próximo 17 de marzo será la audiencia de apertura de investigación.

Una de las conversaciones mantenidas por Whatsapp, por ejemplo, indica:

[23/2/19 09:11:18] Marcela Montero: Estoy llamando a Albert O a ver si podemos ir juntos

[23/2/19 09:11:54] Marcela Montero: Te aviso en un ratito

[23/2/19 09:12:16] DENUNCIANTE: Quien es Alberto?

[23/2/19 09:13:34] Marcela Montero: Es amigo  del intendente de pirámides

[6/3/19 17:38:39] Marcela Montero: Tiene que pasar por el consejo porque hay que hacer una modificación a la ordenanza

[6/3/19 17:38:40] Marcela Montero: Algo tiene que poner de entrada

[6/3/19 17:38:55] Marcela Montero: Esto me mando recién

[21/3/19 14:19:33] Marcela Montero: Hola estoy acá en una reunión con Alberto  el que está manejando el tema .mas o menos la movida sale 300 mil dólares. Avísame si te sirve .no puedo llamarte en este momento .tipo 4 me desocupo.

[21/3/19 14:20:46] DENUNCIANTE: Marcela. Te espero hoy 18 hs cómo quedamos. Viaje acá para esto. Te pido puntualidad ya q tengo otra cosa más tarde. Si?

[21/3/19 14:22:51] Marcela Montero: Estoy a las 6

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda se advirtió sobre posibles casos de tráfico de influencias en los que se estarían solicitando cobros económicos a cambio de agilización de trámites o beneficios.

“No hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”. El delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la zona sur, Martín Iparraguirre, advirtió este martes sobre nuevos casos de cobros económicos para acceder “a algún tipo de derecho o sistema de adjudicación”.

Señaló que las entidades intermedias presentan sus listados con posibles beneficiarios y son chequeados por el organismo, por lo que “no hay manera de que pudiera entrar tal o cual persona de un modo ilegal”.

En una conferencia de prensa que brindó junto al delegado del Ministerio de Gobierno en Comodoro Rivadavia, José Luis González; el funcionario del IPV precisó que “seguimos recopilando la información y las pruebas necesarias como para realizar las denuncias que en este momento están en proceso”.

Iparraguirre aclaró que se trabaja con las entidades intermedias para que se asegure el cumplimiento de la normativa en los procesos de adjudicación de viviendas. Indicó que ellas mismas “tienen que transmitir que no hay otra manera de llevarlos adelante que no sea mediante los registros permanentes y los controles”.

MÁXIMA TRANSPARENCIA

Aseguró que desde fines de 2018, cuando se puso al frente de la Delegación Zonal, “uno de los principios básicos que hemos querido aplicar es el de la máxima transparencia y el de trabajar con la gente”.

El funcionario recordó que en el mes de febrero del año pasado, “luego de hacer un seguimiento de un caso particular, presenté ante la Fiscalía una denuncia penal por circunstancias en las cuales se estaba traficando económicamente la ocupación de una vivienda en un barrio de Comodoro”.

A partir de ahí, y a lo largo del año, “trabajamos en contacto con las entidades intermedias y con los propios beneficiarios de manera tal de que hubiera una colaboración en términos constantes entre la sociedad y la delegación para asegurar el chequeo de los procedimientos de adjudicación”.

PROTOCOLO

También en contacto con los medios, José Luis González, delegado del Ministerio de Gobierno en la zona sur, manifestó que “la impronta que tenemos que darle a la gestión es de transparencia, de ayudar a la gente y acá se ve claramente que hay personas perjudicadas”.

Aseguró que “si alguien usa esta operación efectivamente es un engaño hacia la gente” y aclaró que nadie está autorizado a cobrar en nombre del IPV: “Tiene que ir directamente a la delegación y cumplir con un protocolo”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, está en el centro de una investigación por presunta conducta indebida durante su mandato como alcalde de Londres, que su entorno ha denunciado de maniobra «claramente política».

El caso ha sido remitido por la Autoridad del Gran Londres (GLA, por sus siglas en inglés) a la Oficina Independiente en Conducta Policial (IOPC), que gestiona las quejas más graves sobre los servicios del orden, incluido Scotland Yard, cuya responsabilidad recae en la alcaldía de Londres.

La denuncia se deriva de una investigación de The Sunday Times, publicada el 22 de septiembre, que desveló la presunta influencia de Johnson en subvenciones y ventajas en viajes oficiales de promoción concedidas a la empresaria y exmodelo estadounidense, Jennifer Arcuri.

El dominical sugiere que el entonces alcalde de Londres y la fundadora de Innotech y otras firmas tecnológicas mantuvieron una relación personal, que Johnson ocultó a la GLA.

El primer ministro ha señalado que actuó con «completa corrección» en los ocho años que estuvo al frente de Londres, de 2008 a 2016.

La investigación llega en un momento de gran tensión política, con los partidos de la oposición ultimando una moción de censura contra el Gobierno Johnson u otra acción que prevenga un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea el 31 de octubre.

La sombra de la corrupción pública coincide además con la apertura, el domingo 29, del primer congreso del Partido Conservador con Johnson en el timón.

La GLA explica en su remisión del caso que la agencia de promoción fundada por el alcalde subvencionó a Innotech con 11.500 libras (unos 13.000 euros al cambio actual) en 2013 y 2014.

Se refiere también a la inclusión de Arcury en misiones comerciales al extranjero tras la presunta intervención del entonces alcalde de Londres, entre otras posibles infracciones del código ético en un puesto oficial, así lo reseña Sputnik.

El ex presidente de Lotería del Chubut está imputado en la causa que se habilitó con la denuncia de un empresario, al que presuntamente le pidieron 300 mil dólares para otorgarle la habilitación a un hotel en Puerto Pirámides.

La audiencia de apertura de investigación se realizó este jueves por la mañana ante la jueza Patricia Asaro. El fiscal Daniel Báez notificó a Alberto Vargas, patrocinado por el abogado Federico Ruffa, sobre la investigación en su contra por presunto tráfico de influencias.

La denuncia la realizó un empresario de Buenos Aires, quien indicó que le solicitaron 300 mil dólares para habilitarle el hotel que está construyendo en Puerto Pirámides. La causa, que tramita en la fiscalía de Puerto Madryn, comenzó en septiembre del año pasado, luego que un empresario oriundo de Buenos Aires efectuara la denuncia penal “por el pedido de dinero para lograr la aprobación de un final de obra para un hotel que está construyendo en la villa balnearia”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Anteriormente fue imputada Marcela Montero como coautora

En el allanamiento realizado en el domicilio de Vargas se hallaron dos pistolas, una de uso civil y otra de guerra, sin los correspondientes papeles, por lo cual también se imputó dicho delito.

La fiscalía tendrá un plazo de seis meses para avanzar con la investigación para determinar si existió el delito y decidir si eleva la causa a juicio oral.

El delito está previsto en el artículo 256 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por interpósita persona, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público”.

La causa que tiere como imputado al ex titular de Lotería del Chubut Alberto Vargas, y a Marcela Montero. aparente puntera política de Trelew. sumo un nuevo capítulo el pasado domingo, luego de que un programa televisivo transrmitiera Ias irregularidades grabadas dentro de un restaurante de Ia ciudad del Golfo donde ambos se encontraban con el empresario Marcelo Bartilara, quien ya había colocado Ia denuncia a Ia Fiscalía, lo cual dio origen a Ia investigación.

En concreto, hubo tres reuniones según lo precisado por Ia Fiscalía; una en una confiteria de Madryn. Ia segunda en un conocido bistró, y Ia tercera, en un local político de Trelew, así lo informó el Diario de Madryn.

Días atrás, Mortero fue imputaca por el delito de «trafico de influencias” como partícipe necesaria de una operatoria que incluía a Vargas, a partir de Ia cual le exigieron, en principio, 50 mil dólares al empresario para habilitarle el emprendimiento en Puerto Pirámides, con el «consentimiento” de cuatro concejales del
justicialismo.

La maniobra terminaria demandando Ia suma de 300 mil dólares, segun ambos le advirtieron al emprendedor que radicó Ia denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió orden judicial mediante, intervenir los teléfonos de los imputados, grabar Ias conversaciones y hasta registrar una cámara oculta donde quedó expuesta Ia metodología.

Otra cuestión que dejó entrever Ia cámara oculta fue lo relatado por Vargas en relación a unos 700 lotes de Ia localidad de Gaiman, donde se habría cado un impedimento similar pero ‘eso no lo sacamos por Concejo, sino que el Intendente directamente lo hizo por Ordenanzas, según mencionaba el ex funcionario de Ia administración de Martin Buzzi, sin percatarse de que estaba siendo grabado.

EI informe fue realizado por el equipo de producción del programa Periodismo para Todos, conducido
por Jorge Lanata, cuyo staff estuvo el pasado fin de semana er Puerto Madryn y Puerto Pirámices
recabando irformación de la causa.

«Salir, va a salir»

En este contexto, las imágenes dar cuenta de Ia reunión entre Vargas y Montero con Battilana en un restaurante ubicaco en una de Ias bajadas costeras de Puerto Madryn; se trataría de Ia segunda reunión de este tipo, luego de que el empresario tuera recibido por Montero en una confitería de Puerto Madryn; donde le había exigido el pago de 50 mil dólares para concretar Ia «excepción» al Código de Edificación de Pirámides, con Ia presunta venia de cuatro ediles que ya estaban al tanto de Ia situación.

“Encaminado está, salir, sale. Sino yo ni me siento. Le digo a Marcela ‘mirá, no se puede eh….´ expresaba Vargas mientras, sin saberlo, era grabado cesde una de Ias mesas del local gastronómico, agregando que es cuestión de sentarse, acordar con los concejales y se arregle.

«Ya se acordó con los concejales»

A ello, Battilana preguntaba si “ya se acordó con los concejales”. y seguidamente Montero le confirmaba que “ya está todo acordado’.

Por su parte. el fiscal Daniel Báez sostuvo, en declaraciones televisivas, que “se reúnen Marcela Montero, el empresario y Alberto Vargas, es ahi oonde este último le indica que, a través de un tercero, el cual nombra pero que yo no puedo mencionar de momento, le  van a ‘allanar’ el camino y solucionar el trámite. ‘comprando Ia voluntad’ de los concejales de Puerto Pirámides”.

Otro caso similar en Gaiman

Siguiendo con el registro de Ia cámara oculta, Vargas le advertia al empresario que “Salir va a salïr, no te voy a mentir; yole contaba a Marcela que nosotros hicimos un trámite parecido, en Gairran, un loteo. 700 y pico de lotes, terrible lugar, tampoco lo querían sacar, y no lo sacamos por Concejo (Deliberante), lo sacó directamente el Intendente por Ordenanza”, lo que oejaría entrever que el polémico pedido de coima en Puerto Pirámioes, no sería Ia primera situación oc esta naturaleta oue se llevó a cabo.

Como si ello fuera poco, el ex titular oc Loteria le explicaba a Battilana que ‘en el ‘ondo, si te han tenido a Ias vueltas, es porque nunca se concretó un decir ‘Ché, cuánto..’: es eso, no es otra cosa, esto es mitad y mitad; en el momento en el que llega el primer pago ya está, por eso seria interesante que hables con él para que te saques todas Ias dudas”, en relación a Ia tercera persona investigada. que sería un asesor de Ia Carnara de Senadores con vinculación a Ia provincia de Chubut.

 

La justicia imputó por ese delito a Marcela Montero, tras una denuncia realizada por un empresario de Puerto Pirámides. El exfuncionario provincial no pudo ser encontrado en su domicilio.

Marcela Montero fue imputada de «tráfico de influencias». Se la investiga junto a Alberto Vargas por, presuntamente, pedirle 300 mil dólares a un empresario para gestionar la aprobación final de un proyecto de obra de un hotel en Puerto Pirámides.

El expediente judicial investiga la presunta comisión del delito de “tráfico de influencias” cometidos por Alberto Vargas y Marcela Montero. La causa se inició con la denuncia de un empresario que afirmó que le solicitaron 300 mil dólares para aprobarle la obra de un hotel en Puerto Pirámides.

La apertura de investigación se realizó la mañana del martes en Tribunales ante la jueza Patricia Asaro. La causa, que tramita en la fiscalía de Puerto Madryn, comenzó en Septiembre del año pasado, luego que un empresario oriundo de Buenos Aires efectuara la denuncia penal “por el pedido de dinero para lograr la aprobación de un final de obra para un hotel que está construyendo en la villa balnearia”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Montero, quien fue patrocinada por el abogado de la defensa pública Gastón Ledesma, decidió no declarar ante la jueza y no se opuso al plazo de investigación que será de seis meses. Vargas, por su parte, no pudo ser notificado por la Oficina Judicial, por lo que se realizará una nueva audiencia.

La Fiscalía solicitará la apertura formal de la investigación para formular las imputaciones de “tráfico de influencias” para Alberto Vargas como autor y para la mujer como partícipe. El delito está previsto en el artículo 256 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por interpósita persona, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público”.

El mediodía del viernes se realizaron allanamientos en el marco de una causa judicial que investiga la presunta comisión del delito de “tráfico de influencias” cometidos por Alberto Vargas y Marcela Montero.

Alberto Vargas es ex funcionario provincial en Lotería del Chubut en la gestión de Martin Buzzi y actualmente operaba para el ex Gobernador en Comodoro Rivadavia para su candidatura a Intendente en la ciudad petrolera.

La causa se inició con la denuncia de un empresario que afirmó que le solicitaron 300 mil dólares para aprobarle la obra de un hotel en Puerto Pirámides según pública Diario El Chubut.

La causa, que tramita en la fiscalía de Puerto Madryn, comenzó en Septiembre del año pasado, luego que un empresario oriundo de Buenos Aires efectuara la denuncia penal “por el pedido de dinero para lograr la aprobación de un final de obra para un hotel que está construyendo en la villa balnearia”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El joven empresario, radicado en la zona, sostuvo que una mujer se contactó con él y le dijo que tenía vínculos en el ámbito político. Y que podía interceder para obtener la aprobación a cambio de la suma inicial de U$S 50.000, según informaron desde la Fiscalía.

“La mujer le dijo que ella se encontraba vinculada al ámbito político y que estaba trabajando para solucionar su inconveniente junto a Alberto Vargas, a través de la relación que tenía tanto con el Intendente como con los concejales de Puerto Pirámides. Y que iba a poder influir sobre dichos funcionarios para de esta forma obtener la aprobación final de obra”, indicaron desde la Fiscalía de Puerto Madryn. “Según la denuncia, le pidieron 300.000 dólares ya que para obtener la aprobación pretendida era necesario modificar la ordenanza “comprando el consentimiento” de por lo menos cuatro concejales de esa localidad”, expresó el fiscal Daniel Báez sobre la investigación judicial.

Según consta en el expediente, “la mujer se reunió junto con Vargas, a fin de pergeñar el mecanismo por medio del cual se iba a obtener el acuerdo legislativo que permitiese modificar la ordenanza que impedía obtener la aprobación final de obra del hotel, como así también acordar de que forma se iba a dividir el dinero que, supuestamente, iban a percibir”.

El empresario, que ya había realizado la denuncia, mantuvo una reunión con la mujer y Vargas en un restó de Puerto Madryn, donde el exfuncionario provincial le habría dicho que “la gestión para obtener el certificado final de obra la iba realizar un letrado de esta ciudad y que no iba a tener problemas porque contaba con el consentimiento de los concejales justicialistas de Puerto Pirámides, que responden a los intereses políticos del actual intendente Javier Roldán”.

Los procedimientos se realizaron el mediodía del viernes y estuvieron a cargo del comisario Cristian Vázquez Sepúlveda, jefe de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn.

La Fiscalía solicitará la apertura formal de la investigación para formular las imputaciones de “tráfico de influencias” para Alberto Vargas como autor y para la mujer como partícipe. El delito está previsto en el artículo 256 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por interpósita persona, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público”.