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La ministra de Seguridad Sabina Frederic destacó el «rol central» de la Justicia en las tomas ilegales de tierra, ya que es la que determina «el desalojo o la custodia» de esos territorios.

«El rol de la justicia es central, es en la que en los últimos meses ha resuelto en la inmensa mayoría de los casos», dijo Frederic en diálogo con la radio online FutuRöck.

Agregó que en estas resoluciones judiciales, hasta el momento se determinó «la custodia» de estas tierras y «en ningún caso el desalojo».

Frederic dejó claro no obstante que estas tomas son «ilegales», pero también que los usurpadores «no son considerados delincuentes» debido a que se reconoce «el enorme déficit habitacional que existe de unas 4 millones de personas».

Al ser consultada, sobre la posibilidad de que haya personas involucradas que lucran con la cesión de estos terrenos a familias, la funcionaria señaló que, «cuando aparezca esa información, es necesario que se realicen las denuncias judiciales» correspondientes, porque por esa vía se «habilita la investigación de los hechos y se determina veracidad jurídica» de las denuncias.

«De lo contrario contribuimos a crear un clima que pone sombras sobre cualquiera», planteó la ministra.

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, aseguró hoy que el Gobierno nacional mantiene una negociación con los grupos mapuches que toman tierras en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y destacó que se está «yendo por el camino del diálogo, porque en 2017 esta misma toma terminó en allanamiento, desalojo y una persona muerta».

En declaraciones a Radio con Vos, la funcionaria nacional se refirió así al operativo de la Prefectura desplegado en el año 2017 que terminó con la vida de Rafael Nahuel durante un intento de desalojo de estas tierras en Villa Mascardi.

“La ocupación ocurrió en el año 2017, la justicia ordenó un allanamiento primero de la Policía Federal y luego del Grupo Albatros, que entra al predio y allí ocurre la muerte de Rafael Nahuel”, relató Frederic.

“El camino del desalojo -amplió la funcionaria- que ejecutaron fuerzas que dependían de Patricia Bullrich fue un fracaso, porque el desalojo no prosperó y murió una persona”.

La titular de Seguridad explicó que cuando asumieron el Gobierno tuvieron «la visita de la gobernadora (de Río Negro), que manifestó el interés de avanzar en el diálogo, en la negociación» y, en ese sentido, rescató que «es un camino que se está transitando”.

Frederic explicó que en esta negociación con los grupos que realizan tomas de tierras -referenciados en la comunidad Huincul- esperan que “ellos se avengan a ciertas condiciones, y en caso de que esto no ocurra, si la justicia decide que hay que desalojar, habrá que desalojar”.

Sobre la marcha del sábado

Asimismo, Frederic aclaró que las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad en relación a la marcha del sábado pasado, en la que vecinos se opusieron a las tomas, apuntaron a “denunciar la posible comisión de un delito, ante la información de que había personas que se estaban armando”.

“Nosotros pedimos que la justicia investigue si existían personas que se estaban armando de manera ilegal en el marco de esta protesta”, aseguró la funcionaria.

“El jueves comenzamos a tener información que mencionaba la compra de armamentos y que la protesta del sábado estaba orientada, según estos mensajes, a disparar a los mapuches que estaban ocupando Mascardi”, precisó.

La ministra aclaró que se tomó la medida de “denunciar», pero «también la de desplegar efectivos de Gendarmería para evitar que los manifestantes llegaran al lago Mascardi y se desatara un hecho de violencia”.

“Estamos conversando, terminando de establecer nuestras condiciones a lo que pide la comunidad”, dijo Frederic sobre el acuerdo al que se tratar de llegar con quienes toman estas tierras.

Al mismo tiempo, aclaró que están “en un contexto en el que el Gobierno nacional suspendió los desalojos, y también hay una controversia sobre si hay que incluir o no a esta comunidad en esa norma”.

“Estamos en un momento de cierre importante de estas conversaciones y es legítimo que haya gente que proteste en contra, pero lo que no puede ocurrir es que esto desate violencia”, concluyó Frederic.

Con la presencia de los representantes de los barrios que serán beneficiados por estas obras, el intendente Juan Pablo Luque suscribió el acuerdo con los titulares de las tierras donde se realizarán las obras aguas arriba en zona sur, que permitirán contener gran parte del barro producido por las lluvias.

El primero de los proyectos ya cuenta con financiamiento del Estado Nacional garantizado, y es una obra que beneficiará a los barrios de la zona sur. Solo resta la ratificación del Concejo Deliberante del acuerdo firmado, para poder dar un principio de ejecución a las obras tan esperadas.

El reservorio 04, como se conoce a la obra hídrica que será construida agua arriba en zona sur, avanzó en un paso fundamental al acordar el Municipio con los dueños de las tierras privadas donde quedará emplazado, para que se pueda llamar a licitación y se comience cuanto antes con esta infraestructura que beneficiará notablemente a todos los barrios de zona sur.

En este marco, luego de la reunión mantenida entre el intendente, funcionarios municipales y vecinalistas de los barrios Moure, Pueyrredón, San Cayetano y Juan XXIII, el asesor letrado Guillermo Hughes explicó que “se enviará al Concejo Deliberante el convenio con los privados para que el Municipio pueda hacerse de esas tierras donde se va a construir el reservorio 04, que es una de las obras hídricas más importantes que se esperan”.

Sobre el acuerdo, afirmó que “es muy satisfactorio para el Municipio y además viene a resolver una cuestión de interés público que es el tema de los anegamientos por las lluvias, por lo cual es uno de los temas de mayor interés para la comunidad”.

En los aspectos técnico, comentó que “el reservorio ocupa 10 hectáreas, de las 5 son de privados. Hubo que acordar con ellos la transferencia de las mismas para que el Municipio pueda recibir el dinero de Nación y continuar con los procesos licitatorios”

Un proceso largo que se agilizó este año con las respuestas de Nación a las gestiones del intendente Luque

Cabe recordar que en la gestión pasada del Concejo Deliberante, bajo la presidencia de Juan Pablo Luque, las tierras para los reservorios fueron declaradas de utilidad pública para evitar que se realicen proyectos de carácter industrial, comercial o habitacionales que dificulten la realización de las obras.

Luego se precisaba que el gobierno provincial realice los estudios de impacto ambiental. Finalmente se acordó que el Municipio lo haría para agilizar el proceso y se contrató a una empresa que lo elevó a Provincia a mediados del año pasado. Era un paso ineludible para la licitación del proyecto.

Este año, con la gestión de Juan Pablo Luque, desde el gobierno nacional confirmaron el financiamiento para la primera etapa de la obra en zona sur: a fines de julio se recibió el apto técnico y la aprobación del presupuesto de 151 millones de pesos, que serán financiados por el Gobierno Nacional.

En un esfuerzo mancomunado entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, Lago Puelo comienza esta semana la puesta en marcha del nuevo Registro Único de Solicitantes de Tierra, enmarcada en la ordenanza 06/2020.

Será la primera vez en la historia de la localidad de Lago Puelo en la que exista un registro de esta naturaleza. Consistirá en entrevistas presenciales para todos los interesados y contará con un sistema de puntaje, que ayudará al Concejo Deliberante a la hora de evaluar las necesidades de cada uno de los solicitantes y así poder seleccionar a los beneficiarios.

De esta forma se buscará que más vecinos y vecinas puedan acceder al derecho de la tierra y la casa propia.

«El objetivo es generar un registro que permita evitar la especulación inmobiliaria con tierras fiscales. En este primer paso se trabajará para dar un orden a la situación de las denominadas 8 hectáreas de Golondrinas, por lo que se citará con día y horario a los vecinos que han manifestado su preocupación y que fueron engañados por la gestión anterior», explicó el secretario de Planificación Estratégica, Federico Vercelli. Luego será el turno de las solicitudes preexistentes y futuras.

Además, el funcionario destacó que «El intendente Augusto Sánchez nos encomendó avanzar con el Programa de ordenamiento territorial, con el foco en que la mayor cantidad de puelenses lleguen a tener su casa propia y este es el primer paso de un camino de justicia social, que va a continuar durante los próximos meses y que se constituirá en un registro único, objetivo y transparente para acercarnos a ese objetivo».

Quienes estén interesados en inscribirse, podrán hacerlo comunicándose a por Whatsapp al 2945911264, por correo a registrounico@lagopuelo.gob.ar; o podrán solicitar turno por ventanilla a partir de la semana del 20/7 en los Alerces y El Huemul lunes a viernes de 10 a 12.

Verónica Saez, referente del movimiento Aníbal Verón, contó su experiencia de cómo le dan un uso social y productivo a las tierras.

Las tierras fueron cedidas por el INTA a través del Municipio de la ciudad de Trelew a diferentes movimientos. En el lugar se están realizando diferentes tareas de producción de alimentos.

Cholila Online pudo recorrer en exclusiva estos predios y observar las actividades que allí se realizan.

Entrevista 

#AHORA #Trelew #PREDIO PARCELAS DEL I N T ACTD ANIBAL VERÓN. #ACTIVIDADES "PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS" DESDE LA AGRUPACIÓN. RECORREMOS EL PREDIO CON VERÓNICA SAEZ REFERENTA DEL MOVIMIENTO. TIERRAS CEDIDAS POR EL MUNICIPIO A DIFERENTES MOVIMIENTOS SOCIALES#CholilaOnLine #CholilaOnLineStreaming

Publicado por Cholila Online Streaming en Miércoles, 8 de julio de 2020

La causa se abrió en 2012, a raíz de una denuncia por la presunta irregularidad en la adquisición de 11.000 hectáreas de tierras

La investigación penal sobre supuestos delitos cometidos en la venta de las tierras a orillas del Lago Escondido al multimillonario británico Joe Lewis quedó en la nada por el paso del tiempo. La Justicia sobreseyó a seis imputados y declaró extinguida la acción penal por prescripción.
Entre los sobreseídos está el hijo de Lewis, Charles Lewis.

El primer fallo dictado al respecto fue del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y ahora la Cámara Federal porteña lo confirmó. La decisión del magistrado de primera instancia fue apelada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

Ambos intentaron lograr que la causa por la venta de esos terrenos en la zona de seguridad de fronteras siga abierta, para lo cual argumentaron que uno de los imputados tuvo un cargo público entre el 2000 y el 2007, algo que podría cortar la prescripción.

La causa se abrió el 6 de noviembre de 2012 por una denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que aludió a la presunta «irregularidad que rodeó la autorización emitida por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad para la adquisición y posterior inscripción en el registro público de la propiedad inmueble de la Provincia de Río Negro de un aproximado de 11.000 hectáreas de tierras ubicadas en la «zona de seguridad de fronteras», en favor de una persona jurídica extranjera -«Hidden Lake S.A.»- en clara infracción a las disposiciones del Decreto-Ley 15385/44″, resumió la Cámara Federal al analizar el caso. La acusación fue por presuntas «negociaciones incompatibles con la función pública».

La norma citada «creó en todo el suelo nacional, con la finalidad de complementar las previsiones territoriales de la Defensa Nacional, zonas de seguridad que comprenden una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima. Dado su valor estratégico, se declaró la conveniencia de que las tierras allí ubicadas pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos y se encomendó a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad el ejercicio del poder de policía a los efectos de controlar la radicación, transmisión de dominio, arrendamiento, o cualquier forma de derechos reales o personales, que afecten los terrenos sujetos a ese régimen especial».

Esto está dispuesto en los artículos 1, 2, 4 y 5 del Decreto-Ley 15385/44, y 42 de la Ley 23.554 de Defensa Nacional.

Otro decreto, el 32530/48, otorgó «precisiones jurídicas acerca de los requisitos concretos que se debían tener en cuenta antes de habilitar la constitución de derechos reales o personales sobre las tierras comprometidas».

En la denuncia por Lago Escondido, se sostuvo que en junio de 1996, la firma «HR Properties Buenos Aires SA», pidió autorización previa para la compra de los terrenos y manifestó con carácter de declaración jurada, que la firma «estaba constituida por capitales argentinos, situación que no sería tal al menos al momento de los hechos».

El 2 de julio de ese mismo año la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, «omitiendo cotejar la autenticidad de lo afirmado por el particular interesado, otorgó la conformidad previa para la compra de 7789 hectáreas ubicadas en la ‘zona de seguridad de fronteras’ en beneficio de una entidad privada que supuestamente estaba gobernada por personas físicas argentinas», agregó la denuncia.

«Finalmente, y en virtud del «plano definitivo» que adjuntó la escribana que intervino en la operación, «la correspondiente escritura de compraventa se efectuó en agosto de 1996 por un total de 8063 hectáreas linderas al Lago Escondido, pero a nombre de la firma ‘Hidden Lake S.A.’ y así se inscribió en el Registro de la Propiedad Inmueble de Rio Negro», por entonces a cargo de uno de los hasta ahora imputados, concluyeron los denunciantes.

Esto ocurrió «no obstante haber sido otra la sociedad que había superado el control de la Comisión tras afirmar su origen nacional. Se destaca en este punto que en el mes de mayo de 1996 -un mes antes de que se iniciara el referido procedimiento de aprobación-, la firma ‘H.R. Properties Buenos Aires S.A.’ había modificado su denominación social y alterado la composición de su capital social, que a partir de ese momento pasó a conformarse por 11.999 acciones de la firma extranjera ‘Lago Corp.’ y 1 acción del ciudadano británico» Charles Lewis, recordó la Cámara.

Cuando uno de los imputados inició el trámite de aprobación, «lo hizo no sólo en apoyo de una sociedad cuyo nombre ya no coincidía con la denominación verdadera de la entidad beneficiada, sino que también lo hizo disimulando que la operación en realidad no tenía como beneficiaria a una empresa argentina, sino que redundaba en el provecho de una sociedad gobernada por personas físicas y jurídicas extranjeras.

Ya en el mes de septiembre de 1996 el ciudadano británico formuló, en representación de los intereses de «Hidden Lake S.A.», dos autorizaciones adicionales ante la Comisión investigada para la aprobación de la adquisición de 2760 hectáreas más en la misma zona de seguridad de fronteras, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 1996″, agregó la denuncia.

«En suma, la postura exteriorizada por el titular de la acción penal pública desde el comienzo de la pesquisa se orientó a demostrar que el éxito de la maniobra denunciada, en la medida en que ostentaba una serie de irregularidades notorias, sólo podía ser explicada a través de la existencia de un plan concertado entre los controlantes de la sociedad beneficiada y los funcionarios públicos que intervinieron en el trámite controvertido, con la finalidad de esquivar el alcance de las normas que regulaban aquel tipo de transacciones», resumió la Cámara.

En la investigación se llegó a citar a declaración indagatoria en el 2015 a ex funcionarios de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, de la Unidad de Proyectos de Radicación, del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro y a la escribana actuante.

Todos plantearon la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo, porque la pena máxima para el delito es de seis años.

Los fiscales intentaron mantener abierta la causa en base a que uno de los imputados habría ocupado un cargo público y a que la escribana que habría participado en los hechos permaneció «ininterrumpidamente en su cargo al menos hasta el año 2018».

«Un escribano público debe ser considerado funcionario público cuando desempeña actividades o funciones en nombre del Estado o a su servicio, siendo esa la entidad que debía otorgársele a la nombrada por su intervención en las transmisiones cuestionadas, en virtud del deber específico que le imponía el artículo 2° del Decreto 32530/48 al escriturar transferencias de inmuebles dentro de las zonas de seguridad», sostuvieron.

La escribana interactuó con la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y por ello «actuó para el Estado pues en su calidad de fedataria acompañó la información que constituía la base de la formación de la voluntad estatal para resolver el caso» agregaron los impulsores de la investigación.

En 2016, el caso se declaró prescripto por primera vez, pero la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrirlo y pidió nuevas pruebas.

Canicoba Corral profundizó la investigación en los términos trazados por los jueces de Casación y concluyó que las funciones de uno de los imputados como docente en escuelas públicas de Rio Negro y síndico de una empresa del Estado, no podían considerarse como las de un funcionario público de una jerarquía tal que pudiera derivar en intentos por obstruir la pesquisa. Esto hubiese justificado interrumpir la prescripción como pedían los fiscales.

Los camaristas Lepoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens confirmaron la decisión del juez. «Como punto de partida cabe sostenerse que el fundamento de la existencia de esta causal de suspensión, y su vigencia mientras alguno de los imputados se encuentre desempeñando un cargo público, radica en la posibilidad de que dicha función pueda ser utilizada para influenciar u obstaculizar la investigación», argumentaron en su fallo.

«Puede afirmarse razonablemente entonces que no cualquier sujeto que desempeñe un cargo público podrá ser considerado funcionario a los fines de la causal en debate», sin aquel que por su posición «pueda perturbar el ejercicio de la acción».

Sobre el debate vinculado a si la escribana que intervino lo hizo como funcionaria pública, los camaristas concluyeron que «la respuesta se adivina negativa».

«La habilitación que a través de los colegios respectivos otorga el Estado para que aquéllos puedan desempeñarse profesionalmente no implica que ejecute sus acciones en su nombre o a su servicio. En definitiva, la actividad de los notarios es privada», resolvieron.

«No corresponde aseverar que un escribano es un funcionario público, razón por la cual, no se haya comprendido en las causales de suspensión de la prescripción», concluyó el fallo en el que, por segunda vez, se cerró la investigación. Si es apelada, la decisión podría ser revertida en la Cámara Federal de Casación.

Chubut posee actualmente la mayor concentración en Argentina de grandes terratenientes que son propietarios de más de 20 mil hectáreas. Un total de 193 propietarios de grandes proporciones de tierras acapara más de 7,2 millones de hectáreas chubutenses. Superan a los 182 estancieros existentes en las amplias estepas patagónicas de Santa Cruz, donde atesoran casi 8,9 millones de hectáreas.

En el país hay 863 terratenientes con más de 20 mil hectáreas y 519 están afincados en la Patagonia, donde en conjunto controlan 21 millones de hectáreas productivas y cultivables.

El Censo Nacional Agropecuario 2018 que publicó recientemente el INDEC reveló que en Argentina se profundiza el proceso de concentración de los poseedores de la tierra, pero que esa realidad se extiende a toda la Patagonia y en especial a las provincias de Chubut y Santa Cruz.

En todo el país existen 250.881 establecimientos rurales que controlan una superficie total de 157,4 millones de hectáreas; lo que arroja un promedio de 617 hectáreas. Dentro de ese panorama, la mayor concentración de la tierra en pocas manos se produce en las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut.

Las provincias con mayor superficie de tierra dedicada a la producción agropecuaria son Buenos Aires (23 millones de hectáreas), Chubut (17 millones), Santa Cruz (13 millones), Córdoba (11 millones), Río Negro (11 millones) y La Pampa (10 millones).

En lo más alto del podio de la concentración aparecen los terratenientes santacruceños, que concentran un promedio de 22.040 hectáreas distribuidas entre 596 propietarios que manejan un total de 13,1 millones de hectáreas en dicha provincia.

El segundo escalón es para la provincia de Tierra del Fuego, donde el promedio es de 7.302 hectáreas. Un total de poco más de 1 millón de hectáreas está en manos de 148 propietarios.

Chubut se posiciona en el tercer escalón nacional, con un promedio de 5.026 hectáreas en manos de propietarios privados. 17 millones de hectáreas existentes en la provincia están distribuidas en 3.392 propietarios.

Grandes Terratenientes

El Censo del INDEC determinó que en el país hay 863 establecimientos rurales con más de 20 mil hectáreas de tierras productivas y cultivables, pero la mayoría se concentran en las provincias de Chubut (193), Santa Cruz (182), Río Negro (92) y La Pampa (51).

Chubut no solamente se ubica en el podio de la cantidad de hectáreas productivas y el de la proporción entre la tierra y sus propietarios; sino que además es la que posee la mayor cantidad de grandes terratenientes poseedores de extensiones de campo que superan las 20 mil hectáreas.

Los propietarios que acumulan esa enorme cantidad de tierra en sus manos son en Chubut solamente 193, seguidos por los 182 de Santa Cruz y bastante más alejados se ubican en el tercer escalón los de la provincia de Río Negro que suman 92.

Los 182 terratenientes santacruceños con grandes extensiones de campo concentran en sus manos un total de 8,9 millones de hectáreas; lo que arroja un promedio para cada uno de ellos de casi 49 mil hectáreas por propietario.

Los 193 terratenientes chubutenses con más de 20 mil hectáreas cada uno poseen en conjunto un total de 7,2 millones de hectáreas; con un promedio individual de 37.500 hectáreas.

En el caso de Chubut la propiedad de la tierra está repartida entre 3.237 dueños, de los cuales 259 apenas tienen campos de hasta 5 hectáreas y 1.039 de hasta 100 hectáreas. Las desigualdades se incrementan cuando se contabilizan 2.005 terratenientes que poseen extensiones de tierras chubutenses que llegan hasta las 20 mil hectáreas y luego asuma el selecto grupo de los 193 grandes terratenientes que acaparan campos con dimensiones superiores a las 20 mil hectáreas.

En Santa Cruz hay solamente 596 propietarios de la tierra, entre los cuales apenas 38 poseen extensiones menores a las 5 hectáreas y otros 59 no superan los campos de hasta 100 hectáreas. Son 331 los terratenientes que acumulan extensiones de hasta 20 mil hectáreas y en el top de los grandes terratenientes se ubican los 182 propietarios de tierras productivas y cultivables que superan las 20 mil hectáreas.

No viven ni dejan trabajar la tierra

Los orígenes, lugares de residencia y lugares en que trabajan los propietarios de la tierra también permiten comprender las particularidades de los terratenientes que concentran los campos patagónicos. De los 12.524 propietarios de la tierra patagónica, el 5% son extranjeros sin residencia en el país y totalizan 624. En su gran mayoría, si es que no conforman sociedades radicadas en el país, ellos son los que acaparan la mayor cantidad de tierra en la región.

En Chubut los extranjeros dueños de la tierra suman 75 (2,7%); en Santa Cruz 17 (3,9%); en Tierra del Fuego 30 (25%); en Neuquén 130 (4%) y en Río Negro totalizan 372 que representan el 6,3% sobre todos los propietarios de explotaciones agropecuarias de tipo jurídico personas humanas según el país de nacimiento del productor.

Un 38% (4.769) de los propietarios/productores de la tierra patagónica no viven en sus propiedades y el 15% (1.885) nunca trabajó en los campos que le pertenecen. El 38,1% de los propietarios de la tierra en Chubut nunca residió en los campos que posee y representa 1.077 personas; mientras que el 14% (397 personas) jamás trabajó la tierra de la que es dueño.

Maderna se reunió con funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes de Estado (AABE), que abrió un expediente para avanzar con la regularización definitiva de las tierras de INTA. El Municipio presentó el plano de desarrollo urbano, infraestructura y servicios.

El directorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aprobó la permuta de tierras con la Municipalidad de Trelew, para poder avanzar en la urbanización del asentamiento ubicado en la zona oeste de la ciudad, en un predio que pertenece al organismo nacional. Y de ese modo, ahora se generó un expediente en el AABE para la regularización definitiva.

Ese fue el tema de la reunión mantenida este martes, en Buenos Aires, por el Intendente de Trelew, Adrián Maderna con el Director de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya generó un expediente para la regularización definitiva. En el encuentro, el mandatario local estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria y concejal electo, Héctor Castillo; y por la concejal electa, Lorena Alcalá. Por la AABE también participaron Fernando Saenz, Director de Asuntos Comunitarios, y Florencia Abed Dickson.

“Ahora se pasó a una segunda instancia en la que va a crear un expediente de regularización dominial para poder trabajar en proyectos de infraestructura, en una urbanización íntegra a través de diferentes organismos del Estado Nacional y Municipal”, indicó Maderna luego del encuentro.

“Sabemos que ahora estamos en un proceso de recambio de autoridades, pero para nosotros como Municipalidad de Trelew es importantísimo que quede el expediente en marcha y se pueda avanzar satisfactoriamente. Por eso los equipos técnicos se van a quedar para seguir trabajando, ya que es un proceso que va a llevar su tiempo”, agregó el Intendente.

El mandatario local informó que la Municipalidad aportó, en el marco de la reunión, “el plano de desarrollo urbano, de infraestructura y servicios”. “Queremos llevar tranquilidad a los vecinos de que más allá del recambio de autoridades seguimos gestionando para que todas las cosas queden bien asentadas y no perder un solo minuto en beneficio de la gente y tener la solución definitiva en el corto o mediano plazo”, puntualizó.

Fue en el marco del convenio entre el Municipio y el Colegio Médico, para la construcción de un policlínico que brindará atención médica en distintas especialidades. “Este proyecto nos permitirá descentralizar el sistema de salud y fortalecer las políticas de prevención en la zona norte”, consideró el intendente Carlos Linares.

La firma tuvo lugar este martes al mediodía, con la presencia del mandatario comunal junto al secretario de Salud, Carlos Catalá; el presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Herrera, miembros de la comisión directiva de la institución;  la senadora Nancy González y la diputada provincial Estela Hernández.

El proyecto de los policonsultorios en Km 5, contempla la edificación de un espacio para atender especialidades básicas como medicina general, clínica médica, tocoginecología, pediatría, servicio de diagnóstico por imágenes y laboratorio.

Al respecto, Linares explicó que “hoy –martes-, firmamos con las autoridades del Colegio Médico, el acuerdo para ceder los terrenos en la zona norte donde se construirá la clínica que hará la institución. Desde el Municipio dimos el puntapié inicial porque creemos que esto además de descentralizar el sistema de salud y la atención médica, fortalecerá las políticas de prevención”.

“Desde el inicio de la gestión municipal asumimos un compromiso con la salud pública, con el objetivo de llegar a cada rincón de la ciudad para atender la demanda de personas de escasos recursos que no pueden acceder a la atención médica y tratamientos”, enfatizó y afirmó que “esta obra beneficiará, sin dudas, a los vecinos de la zona norte que hoy solo cuentan con atención en el Hospital Alvear y en los Centros de Salud Municipales”.

Convenio

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Herrera, hizo alusión al convenio con el Ejecutivo local, afirmando que “se prevé un cupo de atención para personas que no tienen acceso a seguridad social u obras sociales. Contaremos con especialidades básicas, servicio de laboratorio y diagnóstico por imágenes”.

En cuanto a plazos de inicio de la obra, Herrera explicó que “estamos esperando el momento económico financiero apropiado para comenzar con el proyecto; la idea es que sea lo más rápido posible ya que el sistema de construcción es en seco, es rápido y el lugar necesita este tipo de emprendimiento porque no hay una atención a este nivel de especialización médica en la zona norte”, finalizó.

El encuentro, entre las autoridades provinciales y municipales, sirvió para abordar como tema principal la situación actual de las tierras forestales propiedad del Estado chubutense, al tiempo que también se plantearon diferentes lineamientos a implementar en el corto, mediano y largo plazo.

El Ministerio de la Producción del Chubut, que conduce Leandro Cavaco, y la Municipalidad de Lago Puelo evalúan la situación de las tierras forestales bajo administración de la provincia, a los efectos de lograr una adecuada planificación urbana, un uso sostenible del recurso y evitar riesgos de incendios. 

El subsecretario de Bosques e Incendios, Ingeniero Rodrigo Roveta, mantuvo días atrás una reunión de trabajo junto al intendente municipal de la localidad cordillerana, Raúl Ibarra, con quien repasó los alcances del Convenio de Colaboración y Asistencia Mutua firmado a fines del año pasado.

Dicho encuentro realizado en el despacho del jefe comunal, sirvió para abordar como tema principal la situación actual de las tierras forestales propiedad del Estado chubutense, al tiempo que también se plantearon diferentes lineamientos a implementar en el corto, mediano y largo plazo.

El acuerdo rubricado tiempo atrás permitió abordar de una manera planificada la problemática de tierras que afecta a la comunidad de Lago Puelo. Además, promover la ocupación planificada, considerando la correcta distribución de los servicios esenciales y los riesgos ambientales.

En la mencionada reunión, Roveta, Ibarra y los equipos técnicos conversaron sobre las acciones de urbanización instrumentadas en zonas forestales que consideran en su desarrollo la adaptación, preparación y protección ante eventuales contingencias ígneas.

También hablaron sobre la generación infraestructura básica para la gestión de las áreas de reserva forestal y los inconvenientes que derivan de la ocupación ilegal y no planificada en el ejido de Lago Puelo, de tierras forestales bajo administración de la Subsecretaría.

El objeto también es contribuir a mantener un área núcleo de carácter productivo para sostener la producción primaria y la industria forestal de la zona, como además mantener un área destinada a la conservación y restauración de bosque nativo.

Parque Nacional

Por otro lado, las autoridades de la cartera de Bosques e Incendios de la Provincia mantuvieron una fructífera reunión con el Intendente del Parque Nacional “Lago Puelo” a los fines de afianzar un mecanismo de trabajo en conjunto.

Es preciso recordar que la Subsecretaría, dependiente del Ministerio de la Producción, es la autoridad de aplicación de la Reserva Provincial Río Turbio y de la Reserva Motoco Cárdenas, ambas limítrofes al Parque Nacional.