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Una flotilla de cinco tanqueros que transporta combustible iraní para Venezuela, agobiada por la escasez debido al deterioro de su circuito refinador, se aproxima al Caribe, según datos de seguimiento de Eikon de Refinitiv.

“Si nuestros tanqueros en el Caribe o en cualquier parte del mundo enfrentan problemas causados por los estadounidenses, ellos (Estados Unidos) también estarán en problemas”, dijo Rouhani en una conversación telefónica con el emir de Qatar, informó Mehr.

El canal estatal de televisión de Venezuela, VTV, informó el sábado que el primer buque llegaría a las aguas del país a las 19.00 hora local (2300 GMT). El canal oficial mostró imágenes de unas embarcaciones de la Armada venezolana en el mar esperando a los tanqueros iraníes. No especificó la ubicación de las naves.

TankerTrakers.com, un servicio que rastrea los envíos y el almacenamiento de petróleo, estimó que el primer buque de la flotilla, Fortune, llegaría a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Venezuela entre las 21.00 y 23.00 hora local (0100-03.00 GMT), según cálculos de hora y velocidad.

“Irán nunca iniciará un conflicto”, dijo Rouhani. “Siempre tenemos el derecho legítimo de defender nuestra soberanía e integridad territorial y de servir a nuestros intereses nacionales”, agregó.

Irán está suministrando alrededor de 1,53 millones de barriles de combustible a Venezuela, de acuerdo a ambos gobiernos, fuentes y cálculos realizados por TankerTrackers.com en base a los niveles de calado de los buques.

Los envíos han causado un enfrentamiento diplomático entre Irán, Venezuela y Estados Unidos. Los dos primeros países están bajo sanciones de Washington, que considera medidas en respuesta, según un alto funcionario estadounidense, que no dio más detalles sobre las opciones que se están evaluando.

Estados Unidos recientemente reforzó su presencia naval en el Caribe en lo que dijo formaba parte de la ampliación de sus operaciones antidrogas. Pero Jonathan Hoffman, un portavoz del Pentágono, dijo el jueves a periodistas que no estaba al tanto de ninguna operación relacionada con los cargamentos iraníes.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que su país escoltará en su zona económica exclusiva a los tanqueros iraníes.

Irán se apoderó de un petrolero de bandera británica en el Golfo el año pasado, después que las fuerzas británicas detuvieran a un petrolero iraní. Ambas naves fueron liberadas tras una disputa que duró meses.

Reporte de redacción Dubai. Reporte adicional de Luc Cohen en Nueva York, Marianna Párraga en Ciudad de Méxco y Deisy Buitrago en Caracas. Traducido por redacción Caracas, editado en español por Gabriela Donoso

El gobernador Arcioni criticó la falta de colaboración de Legislatura y a quienes “se esconden bajo el escritorio”. El sastrismo le contestó duro y la fractura del bloque es inminente.

El gobernador Mariano Arcioni aprovechó un acto oficial en Casa de Gobierno en Rawson para lanzar fuertes declaraciones políticas. Lamentó la imposibilidad para sesionar en Legislatura y apuntó contra los sectores que conforman la alianza de Gobierno. Anoche al menos cinco diputados provinciales que responden al vicegobernador Ricardo Sastre y al intendente Adrián Maderna estaban casi afuera del bloque de Chubut al Frente. La fractura de la bancada era inminente.

“Agradezco el acompañamiento de los intendentes con otra ideología política, que se ponen a disposición para sacar la provincia adelante”, comenzó Arcioni ayer. “Entienden que la obligación son los ciudadanos. Imitemos los buenos ejemplos. Espero que entendamos el esfuerzo que hay que hacer y dejar políticas de lado, porque algunos la política la interpretan como hacer una alianza electoral para lograr cargos políticos. Pero no para construir para el pueblo. A esos miserables yo como gobernador no los quiero como alianza política”.

“Quiero una alianza de gente que se esfuerza. No aquellos que vienen a usufructuar el Estado y sacar provecho de los cargos. Esa gente yo no la quiero para mi provincia”. Desde el entorno del vicegobernador Ricardo Sastre estas palabras resonaron.

Sobre la frustrada sesión extraordinaria que debía realizarse hoy, y a las medidas de fuerza de los trabajadores de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos, Arcioni sugirió: “Los proyectos son para aportar, y si tienen algo para hacerlo mejor que lo hagan. Necesitamos de todos más allá de diferencias políticas”.

“¿De qué hablan cuando mencionan que hay el ajuste, si todos los trabajadores están dentro, optimizando los recursos? Hay un esfuerzo que se tiene que hacer entre todos”.

Acerca de la deuda, expresó: “No es algo que haya caído del cielo de un día para el otro. Hace mucho tiempo se viene gestando. Ayer (por el lunes) pagamos 30 millones de dólares del BOCADE para no entrar en default y podamos renegociar los vencimientos de deuda. La deuda de todos los chubutenses. ¿Qué quieren que se haga? A los legisladores, a la oposición escuchamos, si todos queremos sacar adelante. Nada es mágico, no se consigue nada sin trabajo, honestidad y seriedad”.

“De esta manera antidemocrática no se va a poder salir adelante. Todos tenemos que aportar para que la Provincia pueda surgir y cumplir con sus obligaciones y deudas, que hace tiempo que están y nosotros estamos cumpliendo”.

El gobernador indicó que “necesitamos de la Legislatura, y que aquellos que dicen ser aliados políticamente hagan lo que tienen que hacer: colaborar”.

“Acá no es una alianza electoral para algunos que quieran tener un cargo político o contener a algunos amigos, acá si la alianza se hace es para trabajar por Chubut, entonces que se pongan a trabajar y empiecen a dar la cara como tienen que hacer”.

En relación al trabajo en conjunto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, Arcioni precisó que “no está funcionando coordinado, porque hay cuestiones muy mezquinas y personales”.

Arcioni detalló que “estamos trabajando para poder cumplir con el tercer tramo de los activos. La situación es muy complicada, pagamos 700 millones de letras, pagamos 30 millones de dólares ayer, y son recursos propios de la Provincia. Me llama la atención que no tengamos acompañamiento de Legislatura y que quienes tienen la responsabilidad de buscar los consensos se escondan debajo de un escritorio”.

Respuesta desde el entorno del vicegobernador Sastre

Las críticas del gobernador Mariano Arcioni generaron mucho enojo en la Legislatura, sobre todo en el entorno del vicegobernador Ricardo Sastre. Desde allí salieron a responder con datos: aseguran que fueron aprobados los trece proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en la sesión del 27 de diciembre. Y que el resto de las veces que quisieron solicitar una Extraordinaria, no se pudo hacer porque no pagaron los sueldos, señalaron desde la Presidencia.

En diciembre, además, se ingresaron tres modificaciones presupuestarias para el Ejercicio Fiscal 2019, el Presupuesto 2020, el Código Fiscal, el acuerdo suscripto entre el Gobierno Nacional y la Provincia en el marco del consenso fiscal 2017 y 2018, la Ley de Obligaciones Tributarias, el contrato de concesión de explotación del Área Bella Vista Oeste, la derogación del capítulo IX y anexo II – Ley I – 667 – que luego fuera retirado del orden del día por pedido del Poder Ejecutivo.

Al igual que la Ley de Salarios de Autoridades Superiores, que también fue retirado por el Ejecutivo, el pliego del nuevo Fiscal de Estado, el pliego del Directorio y Sindicatura de Petrominera Chubut, y la Ley de Declaración de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, agregaron fuentes de la Legislatura.

Recordaron que el 26 de diciembre el ministro de Economía, Oscar Antonena, explicó en el recinto el Presupuesto 2020. Y que el 22 de enero, junto a autoridades del Banco del Chubut, SEROS, Pesca y Gobierno, Antonena asistió nuevamente para explicar los alcances del Plan de Ajuste, y regresó el lunes. Estaba pautado que asista ayer a la reunión con los Diputados por la Ley de Pesca, por lo que desde Legislatura dan por tierra las acusaciones de una supuesta “falta de trabajo conjunto”. Y advierten que “además de la visita recurrente de funcionarios de distintos ministerios, ingresaron pedidos por 13 proyectos y fueron todos aprobados. Si no hay sesión, es porque el Ejecutivo que conduce Mariano Arcioni no abonó los sueldos a los trabajadores”, indicó Diario Jornada.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recibirá a empresarios y gremios del sector. El Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley especial para impulsar la inversión.

El Gobierno se reunirá el lunes con empresarios y gremios petroleros tras conocerse que enviará un proyecto de ley con un nuevo marco normativo para el rubro de hidrocarburos y en medio de las tensiones por despidos en Vaca Muerta. En este caso, buscará resolver la tensión gremial por las cesantías de los últimos meses en ese yacimiento.

Según comentaron fuentes oficiales a TN.com.ar, el anfitrión del encuentro será el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con quien abordarán el conflicto sindical en distintas empresas de Vaca Muerta. Los gremios denuncian que se paralizó la actividad tras las PASO y que eso pone en riesgo miles de puestos de trabajo, en un sector que el Gobierno considera clave para la generación de dólares.

Así, el titular de la cartera analizará la situación en Vaca Muerta frente a los reclamos sindicales por la reincorporación de despedidos y la anulación de suspensiones. El conflicto se inició por 600 despidos y más de mil suspensiones durante noviembre, aunque luego entró en vigencia la conciliación obligatoria, que se extenderá hasta el 28 de enero.

El jueves, el presidente Alberto Fernández había concretado un encuentro con referentes empresariales del rubro, a quienes les había anticipado que durante el período de sesiones extraordinarias iba a mandar al Congreso la iniciativa para «incentivar las inversiones en Vaca Muerta». En ese sentido, los gremios habían advertido que analizaban la posibilidad de poner en marcha una medida de fuerza, algo que el Gobierno también intentará frenar.

Según hizo saber el Gobierno a los ejecutivos del sector, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias un proyecto de ley que establece un nuevo marco normativo para el sector de hidrocarburos convencionales y no convencionales «con el fin de impulsar inversiones e incrementar la producción», explicaron.

Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo citadas por la agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo buscará con la iniciativa «dar certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo y las exportaciones».

Según el sector empresarial, la iniciativa incluiría acceso a dólares sin el impuesto del 30%, beneficios impositivos para la repatriación de dividendos, la posibilidad de poder resguardar los fondos en un fideicomiso en el exterior y protección de las inversiones frente a eventuales cambios normativos.

El proyecto se envía en momentos en que se da un conflicto en el yacimiento de Vaca Muerta dado que los gremios reclaman la reincorporación de despedidos y la anulación de suspensiones. Los voceros del Ministerio señalaron que el proyecto se encuentra en su tramo final de definición, mientras afirmaron que el objetivo es que ingrese al Congreso en las próximas semanas tras tomar en cuenta todas las propuestas realizadas por parte de distintos actores del sector.

El presidente Hassan Rohani dijo que cualquier movimiento contra el acuerdo nuclear “irá en detrimento” de los países europeos. Fue en respuesta a la amenaza de Francia, Alemania y Gran Bretaña de aplicar sanciones.

El presidente de Irán​ lanzó este miércoles una dura advertencia a Europa, después de que Francia, Gran Bretaña y Alemania iniciaran acciones contra Teherán por incumplir los términos de su acuerdo nuclear.

En una escalada de la tensión, Hassan Rohani envió un mensaje a las tres potencias europeas: «Si dan algún paso erróneo irá en detrimento de ustedes, elijan la vía correcta y la vía correcta es que vuelvan» al acuerdo nuclear firmado en 2015 en Viena.

Además, avisó que las tropas europeas en Oriente Medio «podrían estar en peligro».

Las declaraciones de Rohani, en su reunión semanal de gabinete, televisada en vivo, suponen la primera amenaza directa a Europa en medio de fuertes tensiones entre Teherán y Washington, desencadenadas tras la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear en mayo de 2018.

Las tensiones tocaron techo hace dos semanas cuando un ataque de drone estadounidense en Bagdad mató al influyente general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani.​ El general lideraba a las fuerzas aliadas de Irán en el extranjero, incluidos los combatientes a los que se atribuían ataques mortales con bombas camineras contra tropas estadounidenses en Irak.

Un hombre se saca una foto en el sitio donde un drone de Estados Unidos mató al general iraní Qasem Soleimani, el 3 de enero, en el aeropuerto internacional de Bagdad. /AFP

El miércoles de la semana pasada, Irán respondió con un ataque con misiles balísticos contra bases militares iraquíes que alojaban a tropas estadounidenses, justo antes de que una batería antiaérea derribara el avión ucraniano que acababa de despegar del aeropuerto Imán Jomeini de Teherán.

En plena crisis, Gran Bretaña, Francia y Alemania activaron el llamado «mecanismo de disputa» del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán y varias potencias internacionales. Hablando ante su gabinete, Rohani se mostró inusualmente enojado.

«El soldado estadounidense está en peligro hoy, el soldado europeo podría estar en peligro mañana», dijo el presidente.

Aunque no entró en detalles, hay tropas europeas desplegadas con las estadounidenses en Irak y Afganistán. Además, Francia mantiene una base naval en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, mientras que Gran Bretaña ha abierto una base en la nación insular de Bahréin.

Rohani criticó también las palabras «sin base» de Europa, en alusión al acuerdo nuclear. Teherán esperaba que Europa ofreciera una forma de que la república islámica pudiera vender su petróleo en el extranjero pese a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, el deseado proyecto de intercambio de crudo por mercancías no ha cuajado y una línea de crédito anunciada por Francia tampoco se ha materializado.

Tras la muerte de Soleimani, Irán anunció que dejaría de cumplir cualquiera de los límites del acuerdo nuclear, diseñado para impedir que Teherán tuviera suficiente material para construir una bomba atómica si decidía hacerlo.

Irán ha dicho que seguirá dando acceso a sus centros de desarrollo nuclear a la agencia supervisora de energía nuclear de Naciones Unidas. Rohani también reiteró el miércoles la promesa tradicional iraní de que Teherán no intenta conseguir la bomba.

Las potencias europeas activaron reacias el mecanismo de disputa del acuerdo para obligar a Irán a negociar, iniciando una cuenta atrás en un proceso que podría suponer la restauración de sanciones de la ONU y la Unión Europea sobre Irán.

El secretario británico de Exteriores, Dominic Raab, dijo al Parlamento que las potencias europeas habían decidido actuar pese a las objeciones de Rusia y China -también firmantes del pacto- porque cada infracción del acuerdo reduce el tiempo que necesitaría Irán para producir una bomba nuclear. Con los términos del pacto, los expertos creían que Irán tardaría un año en tener material suficiente para una bomba.

El pasado 5 de enero, Teherán anunció que dejaba de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico, incluido los niveles de enriquecimiento de uranio, pero que continuaría cooperando con el OIEA.

París, Berlín y Londres consideraron este martes injustificado que Teherán sobrepase «importantes límites» contenidos en el pacto y decidieron recurrir a la comisión conjunta para solucionar los desacuerdos, que debe resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas.

Según el proyecto aprobado en el Senado, un acusado por saqueos puede ir preso por cinco años

Fue uno de los ejes centrales de su agenda en el punto más álgido del estallido social, y uno de sus postulados más enérgicos en los últimos meses. Por esa razón, y en medio de una disminución de las manifestaciones, el presidente Sebastián Piñera celebró como una victoria la aprobación de una ley antidisturbios.

El Senado chileno aprobó el decreto que modifica las sanciones establecidas en el Código Penal y aumentará las penas de diversas acciones tras incorporar artículos contra las barricadas, los encapuchados y los saqueos. Entre los actos tipificados están la interrupción del tránsito con violencia; el robo y destrucción de locales comerciales y el lanzamiento de objetos contundentes a personas o vehículos.

«Valoro el acuerdo que permitió aprobación de necesaria Ley antisaqueos, encapuchados y barricadas hoy en el Senado. Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios y un compromiso con la paz que debe convocarnos a todos», escribió el Presidente en su cuenta en Twitter.

Con la oposición dividida, y luego de modificar varios puntos del primer texto que se aprobó, el proyecto de ley se aprobó en todos sus artículos y volverá a la Cámara de Diputados para validar los cambios producidos en el Senado.

Entre las penas, se determinó que quienes corten el tránsito a través barricadas «mediante violencia o intimidación en las personas», podrían ser condenados desde 61 a 541 días de cárcel. Este punto generó debate porque también incluiría la conducta de «el que baila pasa», que es cuando un piquete bloquea a un automovilista y le libera el paso sólo si éste accede a bailar.

En el caso de los saqueos, la normativa, además, establece penas que van desde 541 días a cinco años de cárcel para quienes sean declarados culpables de ese delito. Para dicha conducta las penas podrían aumentar en caso que el contexto sea de «calamidad pública» o una catástrofe natural.

Para el lanzamiento de objetos contundentes, las penas podrían alcanzar los 3 años de cárcel. El texto especifica como «instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales».

Críticas

Las reacciones se sucedieron desde la oposición y uno de los más críticos fue el excandidato presidencial y actual senador, Alejandro Guillier.

«La propaganda del Gobierno dice que esta es una ley antisaqueo pero, la verdad, es que no es así. Ante un estallido profundo la respuesta del Gobierno será cárcel, y lo que se busca no es hacer frente al saqueo, lo que se quiere es llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a quienes salgan a protestar o a manifestarse, suponiendo, además, que va a haber un escenario impredecible del cual ya están asustando a la gente», acusó el parlamentario.

En tanto, el Ministro del Interior, Gonzalo Blummel, valoró la aprobación de la ley e insistió que el proyecto busca «aislar a las minorías violentistas» y «proteger a las mayorías pacíficas que necesitan tranquilidad y resguardo del orden público para poder expresarse», según publicó La Nación.

La embajadora estadounidense ante el organismo envió una carta en la que expresó que su país está dispuesto a iniciar un diálogo. El representante iraní aseguró que no quieren una guerra.

A tono con el discurso de Donald Trump, los embajadores de Estados Unidos e Irán ante la Organización de las Naciones Unidas dieron sendos mensajes en torno a bajar la tensión entre ambos países, tras los hechos de los últimos días que amenazaban con una preocupante escalada.

Kelly Craft, representante de la Casa Blanca, envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que expresó que Estados Unidos está «dispuesto a empeñarse sin precondiciones en serias negociaciones» con Irán.

El objetivo de su país, subrayó Craft, es «prevenir nuevos riesgos para la paz y la seguridad internacionales o la escalada de parte del régimen iraní».

En tanto, el embajador de Teherán ante la ONU, Majid Takht-Ravanchi, aseguró que ese país no quiere entrar en guerra con Estados Unidos. Lo hizo al reunirse con el secretario general de la organización, Antonio Guterres, refirió la agencia Isna.

Durante el encuentro, el embajador iraní también expresó su condena por la negación de la visa de parte de Estados Unidos al ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif para participar esta semana en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, y lo definió como una violación del acuerdo entre Estados Unidos y la ONU.

La visita de Zarif estaba programada antes de la explosión de la crisis de estos días con Washington.

El miércoles, y luego del ataque con misiles a bases estadounidenses en Irak, Donald Trump evitó una escalada bélica y anunció nuevas sanciones económicas para Irán.

También le pidió a la OTAN que tenga un rol más activo: «Hoy le voy a pedir a OTAN que se involucre más en el proceso de paz en Medio Oriente», señaló El Clarín.

El presidente electo criticó una decisión del gobierno saliente sobre economía. Y se enfrentaron también por la situación en Bolivia.

Lo que empezó como una transición fluida entre el saliente gobierno de izquierda y el entrante Ejecutivo de centroderecha en Uruguay se tensó con acusaciones de irresponsabilidad fiscal y «mala fe», pocos días después de conocerse el resultado final del balotaje del 24 de noviembre.

El presidente electo Luis Lacalle Pou, que lidera una coalición de partidos que van desde la derecha hasta la izquierda socialdemócrata con la que desbancó al izquierdista Frente Amplio luego de 15 años de mandato, se reunió el lunes con el mandatario saliente, Tabaré Vázquez, en una cita a la que calificó de «sanadora» tras fuertes cruces entre ambos antes de las elecciones.

Pero a la salida de ese primer contacto, el ex senador de 46 años se encontró con una noticia que cambiaría el tono sereno de la transición: el gobierno anunció a la prensa mientras se desarrollaba la reunión su decisión de no ajustar las tarifas de los servicios públicos como hace cada enero.

Eso genera, según Lacalle Pou, una pérdida de ingresos del orden de 400 millones de dólares que obligará a su futuro gobierno a tomar medidas más duras para contener el persistente déficit de las finanzas públicas.

Uruguay, que creció ininterrumpidamente desde 2003, se encuentra en una fase de estancamiento económico y su déficit fiscal -financiado con emisión de deuda- roza el 5% del PBI, una cifra que pone en la cuerda floja el codiciado «grado inversor» que le otorgan las calificadoras de riesgo al país.

«Es una avivada (artimaña)», le dijo el presidente electo al canal VTV. «El gobierno entrega ‘la casa desordenada en cuanto a déficit, en cuanto a inflación, en números macro y también (…) desempleo (9,5%), inversión, cierre de empresas. (…) Nos agregan una cosa más que desordena más la casa», le dijo además a periodistas.

Las réplicas del oficialismo no tardaron. El actual gobierno había señalado en julio que no ajustaría al alza las tarifas de servicios públicos y combustibles «probablemente» hasta el final del período de gobierno.

Lacalle Pou «muestra una combinación de ignorancia y mala fe preocupante», afirmó el ministro de Economía, Danilo Astori, al semanario Búsqueda. «¿No era que las tarifas no son para recaudar?», preguntó con ironía. «No se puede señalar que nuestra economía es ‘una casa en desorden’ cuando (desde) el país y del exterior la observan con respeto y, frecuentemente, con altas calificaciones», se indignó.

Sin embargo, en una nota emitida el lunes, la calificadora Fitch Ratings recordó que el bajo crecimiento, alto déficit fiscal y deuda pública crecientes le llevaron a poner en perspectiva negativa la calificación crediticia de Uruguay (BBB-) en octubre del año pasado. La situación «ha empeorado desde entonces», concluyó.

El economista Javier de Haedo, en su cuenta de Twitter, sostuvo que «el resultado fiscal de las empresas públicas» en los últimos 12 meses hace «evidente» que se «requiere el ajuste anual de las tarifas desde enero».

También en Twitter, el economista Aldo Lema sostuvo que de congelarse las tarifas, el gobierno actual terminará con una inflación más acotada que el 9% interanual con el que cerraría febrero de efectuar un ajuste por la variación del Indice de Precios al Consumo antes de entregar el poder el 1º de marzo.

Cruce por Bolivia

Si las cosas venían en malos términos, la decisión de Uruguay de pedir en el Consejo del Mercosur, el máximo órgano de decisión del bloque, que se activen para Bolivia «los mecanismos» del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, avivó el incendio.

El gobierno de Vázquez considera que la salida de Evo Morales fue un golpe de Estado, y por lo tanto pide analizar medidas que podrían llevar a suspender a Bolivia como Estado libre asociado al bloque regional.

«Más allá de su contenido, lamentamos que el canciller (Rodolfo) Nin Novoa haya tomado una decisión tan importante sobre el tema Bolivia sin consultar con el gobierno entrante. Sería deseable que entre todos consigamos mejorar la política: hacer del juego limpio una ‘política de Estado», criticó en Twitter el próximo ministro de Relaciones Exteriores, el economista Ernesto Talvi, del conservador Partido Colorado.

La última vez que el Mercosur aplicó la cláusula democrática fue a mediados de 2017 ante la crisis social y política de Venezuela y, si bien no fue propuesta por Uruguay, la votó.

Por si fuera poco, el gobierno de Vázquez resolvió nombrar nuevos generales sin requerir el parecer del próximo mandatario, que será quien en definitiva coexista con esos altos cargos, lo que desató un nuevo frente de tensión en la transición, la primera desde 2005 que supone un cambio de partido en el gobierno de Uruguay.

El mandatario en ejercicio y su sucesor tienen previsto viajar juntos a Buenos Aires el 10 de diciembre para la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, informó Clarín.

Luego de la convocatoria a un pacto lanzado por el presidente Piñera, oficialismo y oposición tratan de acercar posiciones sobre cómo redactar otra Carta Magna.

El tiempo apremia y las manifestaciones de violencia siguen sacudiendo a Santiago y las principales ciudades del país. Y uno de los grandes escollos para que el gobierno del presidente Sebastián Piñera y la oposición de centro izquierda coincidan en un camino para sacar a Chile de la convulsión social que ya lleva más de 25 días radica enla fórmula para redactar una nueva Constitución.

El panorama era desolador este miércoles en varias ciudades chilenas, como Antofagasta y Calama, en el norte; Concepción y Osorno, en el sur, y Valparaíso, Viña del Mar y Santiago, en el centro del país. Un balance entregado por el general de la policía Enrique Monrás dijo que entre el martes y la madrugada del miércoles se registraron 348 eventos graves en el país, incluidos 95 saqueos y 19 ataques a cuarteles policiales, con un saldo parcial de 340 policías y 46 civiles heridos. En tanto, una persona fue encontrada calcinada en el interior de un supermercado saqueado e incendiado la víspera en Arica, en el norte del país, informó el miércoles la fiscal regional Javiera López.

El Partido Renovación Nacional (RN), de la coalición oficialista, y el centrista Partido Demócrata Cristiano coincidieron en que “queda poco tiempo’’para llegar a un acuerdo. Incluso RN planteó en un comunicado que estaría de acuerdo en avanzar en una fórmula que permita que la población defina en un plebiscito qué fórmula es la más adecuada para elaborar un nuevo texto. Y ayer, por primera vez en mucho tiempo, todos los partidos políticos con representación parlamentaria, desde la derechista UDI hasta el Partido Comunista, se reunieron en el Congreso de Valparaíso para explorar un acuerdo.

Las sucesivas ofertas del gobierno de leves mejoras sociales, un cambio parcial de gabinete y mayores medidas de seguridad para controlar los desórdenes que manchan las multitudinarias protestas diarias no han logrado, hasta ahora, aquietar las aguas en Chile. Desde el inicio de las protestas han muerto 22 personas, según cifras oficiales.

Cerca de la medianoche del martes, Piñera exhortó al país a alcanzar un acuerdo nacional sobre la paz interior, la justicia y una nueva carta magna que reemplace a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El senador oficialista Francisco Chahuán dijo que “hay poco espacio para que la interpelación que ha hecho el presidente se concrete en un acuerdo político’’ y recordó que el jueves es el primer aniversario del asesinato a manos de la policía de un joven indígena mapuche que en su momento generó múltiples protestas.

“Mañana será un día complejo’’ porque hay múltiples movilizaciones convocadas, agregó. “Yo creo que estamos sobregirados en el tiempo. Creo que debe ser hoy o mañana’’ el alcance de un acuerdo, afirmó el presidente de uno de los partidos de la coalición de gobierno, Mario Desbordes.

Los políticos de la oposición señalaron que están dispuestos a trabajar en los primeros dos acuerdos, pero el último los separa del oficialismo.

El gobierno se aferra a su propuesta de que la nueva Constitución sea redactada por el Congreso, es decir, por los parlamentarios en ejercicio -que están muy desprestigiados ante la opinión pública- y que luego sea ratificada en un plebiscito. No obstante la oposición exige la conformación de una Asamblea Constituyente integrada sólo por ciudadanos electos y con un plebiscito previo sobre los temas y mecanismos de la nueva Carta Magna.

Felipe Meléndez, abogado constitucionalista y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor, dijo a AP que técnicamente la Constitución no contempla una convención ni una Asamblea Constituyente, lo que obligaría a una reforma constitucional que necesita los dos tercios de los votos del Congreso para ser aprobada. Reunir los sufragios requeriría de un acuerdo político. Agregó que es probable que el gobierno acceda a crear una convención constituyente, que también requiere para su aprobación de los dos tercios de los dos tercios del Congreso, que estaría conformada “tanto por parlamentarios como por ciudadanos electos’’, informó Clarín.

Propuso reformas sobre la actual. Las marchas callejeras demandan una nueva Carta Magna.

Eran cerca de 400 las personas que se enfrentaban con Carabineros por calle Vicuña Mackenna la tarde del viernes en Santiago. Justo detrás de ellos, y como telón de fondo en Plaza Italia, 300.000 manifestantes protestaban pacíficamente entre manifestaciones culturales y pancartas. Una universidad ardió en llamas, la residencia del embajador argentino fue apedreada y una Iglesia saqueada. Ni la movilización social ni la violencia dan tregua en Chile.

Desde el miércoles el nuevo foco de violencia fue la emblemática comuna de Providencia, una comuna de altos ingresos donde la imagen de barricadas en sus esquinas y saqueos a sus tiendas sólo habría tenido cabida en una novela de ficción.

Si la estrategia de seguridad no da resultado, la política tampoco avanza al ritmo que espera el movimiento pacífico de la protesta. Ayer por la mañana, en entrevista del diario El Mercurio de Chile, el presidente Sebastián Piñera manifestó que ya se encuentra trabajando junto a su equipo “en reformas constitucionales”, descartando la idea de una nueva Constitución por, en cambio, un proceso ciudadano. “La intención que tengo como Presidente es poder discutirlo y enviar al Congreso, que es el lugar donde se tienen que discutir los cambios constitucionales”, declaró.

El panorama no es tan simple, pues en su propia coalición la estrategia parece ser distinta. El viernes, el diario La Segunda publico una entrevista a Mario Desbordes, presidente del partido del mandatario, quien remarcó que esta a favor de una nueva Constitución y de la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente, una fórmula distinta a la que plantean algunos sectores de izquierda. Pero que es un lema de las movilizaciones en relación a modificar la Carta Magna heredada de la dictadura.

Evolución Política, otro partido dentro del gobierno, acordó en su comisión política, también, impulsar una nueva Constitución como ya lo hiciesen el año 2017, cuando fueron el único grupo de derecha que participó en el proceso constituyente de Bachelet.

Si el escenario con su coalición es complejo, se suma el acuerdo transversal de todos los alcaldes de Chile, donde el oficialismo es mayoría en número de vecinos gobernados en total, los que realizarán una consulta nacional para preguntar a la ciudadanía si desea una nueva Constitución. Una especie de plebiscito en menor escala, una propuesta solicitada hace varios días por los manifestantes y a la que Piñera no respondió.

Hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido limitada. Piñera anunció una agenda de seguridad que, entre otras cosas, aumenta las penas a barricadas, saqueos y tipifica como delito el usar capucha en las protestas. Adicionalmente, y a modo de mea culpa, anunció la modernización de la inteligencia nacional por su incapacidad de anticiparse a los actos más importantes. ¿Por qué? Porque según revelan fuentes en el Palacio de Gobierno a Clarín, existe la convicción que hubo y sigue habiendo organización detrás de ciertos disturbios. Algunos ligados al anarquismo, otros al narcotráfico y otros a las barras bravas del fútbol.

Tras los anuncios del presidente el jueves, la calle se hizo sentir. “Habló 20 minutos en la televisión de violencia, no dijo una sola palabra de los problemas que tenemos, hay que seguir protestando”, explicó a Clarín, Helena Romero, una vecina que salía con su cacerola hacia el Parque Inés de Suárez en Providencia. La actitud del mandatario también fue refrendada por la oposición: “El Presidente Piñera apuesta por polarizar la situación. Ese no es el camino”, le señaló Vlado Mirocevic, diputado del Partido Liberal en sus redes sociales. “Lamento que siga escuchando a los nostálgicos de la dictadura”, agregó el Senador socialista Alfonso de Urresti.

En efecto, lejos de calmar la situación, el ambiente se polarizó. Según cifras entregadas por el ministerio del Interior, los civiles lesionados el viernes aumentaron de 33 a 40 y los policías de 58 a 80. La calle volvió a reunir más de 200.000 personas, como no lo hacía hace una semana y la imagen de Plaza Italia repleta recorrió el mundo nuevamente.

“Es un círculo vicioso. Mire, el presidente habla de seguridad porque la cosa está desbandada, pero como no habla de los problemas de fondo y parece disco rayado con los criminales, esto se le desbanda y más y más rabia hay”, comenta Juan Arroyo, de 52 años mientras veía pasar una columna de manifestantes por frente a su negocio en Los Domínicos, en Las Condes.

Sin salida política la movilización ciudadana continuará y con ello se seguirá dando el contexto preciso para que un grupo minoritario realice desmanes en ciudades de Chile montados en la protesta popular. Por otra parte, sin un control claro del orden público la solución política parece ser más lejana. Una relación de causalidad que explica 22 días de constantes actos de violencia que empañan el masivo despertar ciudadano que vive el país, informó Clarín.

Lo acusan de haber sido el responsable de un emboscada a un grupo de personas que viajaba a La Paz para marchar contra el Gobierno.

Un grupo de jóvenes manifestantes incendió este sábado la casa del gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, a quien acusan de haber organizado la emboscada a un grupo de comunitarios que viajaba a La Paz para marchar contra el Gobierno de Evo Morales.

Según informó el medio boliviano Página Siete, fueron jóvenes universitarios y de otros sectores los que, después de protestar en la plaza 10 de Febrero fueron hacia el domicilio de Vázquez y comenzaron a arrojar piedras para después juntar elementos plásticos y de madera y prender fuego.

«Traidor, maleante, renuncia», escribieron en el frente de la construcción, antes de incendiarlo. 

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, responsabilizó a Vásquez por el ataque: «Queremos denunciar el hecho, hay una persona agredida que ha denunciado que esto lo ha preparado el Gobernador de Oruro, ha indicado que se le ha pagado 50 bolivianos por cometer estos actos criminales en contra de la población boliviana», dijo Pumari.

Y agregó: «Queremos hacer una denuncia a nivel nacional respecto a la represión a la emboscada que ha sufrido la comitiva del departamento de Potosí que venía a la sede de Gobierno».

Bolivia atraviesa una crisis política y social desde las pasadas elecciones del 20 de octubre, en las que el presidente Morales fue proclamado vencedor por el órgano electoral para un cuarto mandato consecutivo, pero la oposición y movimientos cívicos denuncian fraude electoral, exigen su renuncia y que haya nuevos comicios.

Los episodios de violencia durante esta convulsión en el país costaron la vida a tres personas y 383 heridos, según datos de la Defensoría, informó Clarín.