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Teletrabajo

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Un 45% realiza tareas con una modalidad de teletrabajo en la administración pública.La encuesta reveló que 45% realiza sus tareas con una modalidad de trabajo a distancia, mientras que 33% asiste sólo eventualmente de forma presencial al lugar de trabajo.

El trabajo remoto tuvo una alta penetración en los funcionarios de la Administración Pública Nacional (APN) en el marco de las medidas de aislamiento social dispuestas para morigerar el avance del coronavirus, según una relevamiento realizada por Cippec, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat).

Pese a contar con «un bajo nivel de capacitación para esa modalidad de trabajo y un uso mayoritario de dispositivos y tecnología propia, no implicó impedimentos para la realización de actos administrativos ni tampoco limitaciones en el marco normativo para el desempeño de su función ejecutiva», destacó el trabajo.

“Pocas veces en la historia el Estado no sólo en nuestro país sino en todos los países del mundo se vio tan exigido como en este momento”, afirma Diego Pando, director del Núcleo de Estudios sobre Gestión Pública de la UMET.

La encuesta reveló que 45% de los encuestados realiza sus tareas con una modalidad de trabajo a distancia, mientras que 33% asiste sólo eventualmente de forma presencial al lugar de trabajo; por otro lado, 73% de los equipos de trabajo a cargo trabaja de forma remota, poniendo la carga del trabajo presencial sobre los directores; por ello, 95% de los encuestados asegura que mantuvo o aumentó su carga de trabajo.

“A diferencia del sector público, el sector privado ha valorado la infraestructura para el teletrabajo, y aquí podríamos hipotetizar que han tenidos más recursos que el sector público», afirma Laura Zuvanic, investigadora del Programa de Gestión Pública de Cippec.

Casi la totalidad de los encuestados se apoya en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y más de la mitad que realizan teletrabajo utilizan Zoom o Whatsapp para realizar reuniones virtuales con la modalidad de videoconferencia; sin embargo, 75% utiliza una cuenta gratuita o que paga de su bolsillo y sólo 21% utiliza una cuenta oficial que paga el Estado.

En el caso de los dispositivos utilizados, se apoyan en teléfonos y computadoras propias; y menos de 25% utiliza dispositivos provistos por el Estado.

Asimismo, más de la mitad de los 280 directivos de la Alta Dirección Pública pertenecientes a 20 ministerios de la Administración Pública Nacional, la Jefatura de Gabinete y la Presidencia de la Nación encuestados desempeña tareas de cuidado en su hogar, en su mayoría de niños, distribuidas equitativamente entre mujeres y varones.

Sin embargo, las tareas de cuidado de personas (adultas o menores) ocupan en promedio 4,76 horas para mujeres y 4,63 para varones, mientras que las tareas de mantenimiento del hogar ocupan en promedio 3,41 y 3,01 respectivamente.

“Los resultados de esta encuesta permiten plantear algunas líneas de acción para el futuro inmediato, como promover las capacitaciones para el trabajo remoto, establecer procesos sensibles a los horarios y tareas de cuidado y fortalecer herramientas y plataformas informáticas que faciliten la comunicación y desarrollo de tareas por parte del Estado”, afirma Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de Cippec.

El gobierno nacional promulgó hoy la Ley de Teletrabajo aprobada en el Congreso el 30 de julio último, en la que se establecen los presupuestos legales mínimos para la regulación de esta modalidad laboral en actividades que, por su naturaleza y particulares características, lo permitan.

La ley N° 27.555 fue promulgada con su publicación en el Boletín Oficial bajo el decreto 673/2020, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

La modalidad de teletrabajo se incorpora así al Título III “De las modalidades del contrato de trabajo” del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la ley y deberá dictar la reglamentación respectiva dentro de los próximos noventa días.

En tanto, la ley entrará en vigor luego de noventa días contados a partir de que se determine la finalización del período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el coronavirus.

Según se establece, habrá contrato de teletrabajo «cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación».

Los presupuestos legales mínimos del contrato de teletrabajo se establecerán por ley especial y las regulaciones específicas para cada actividad se establecerán mediante la negociación colectiva.

Las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad «gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial», según indica la norma.

Asimismo, «los convenios colectivos deben, acorde a la realidad de cada actividad, prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo».

La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos.

Las plataformas y/o software utilizados por el empleador deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma.

En tanto, la persona que trabaja bajo esta modalidad tendrá derecho a no ser contactada fuera de su jornada laboral y no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho.

Además, el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.

Por otra parte, las personas que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Cualquier represalia u obstaculización del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones de la ley 23.592, establece la ley.

Mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho vinculadas a la voluntariedad (el traslado de quien trabaja en teletrabajo debe ser voluntario y prestado por escrito), y la reversibilidad (el consentimiento prestado por la persona que trabaja en teletrabajo, podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación).

Respecto de los elementos de trabajo, el empleador debe proporcionar el equipamiento y asumir los costos de instalación y la persona que trabaja será responsable por su correcto uso.

Además tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar.

Por otra parte, el empleador deberá garantizar la correcta capacitación en nuevas tecnologías y eso no implicará una mayor carga de trabajo.

Las personas que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos y la representación sindical será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios, señaló Télam.

El Senado convirtió en ley, sin el apoyo de la oposición, la normativa que regula el teletrabajo, en momentos en que la modalidad está en expansión como consecuencia del aislamiento social y obligatorio que rige en el país por la pandemia de coronavirus.

La iniciativa obtuvo 40 votos a favor del oficialista Frente de Todos y el Frente Renovador de Misiones, y 30 en contra de Juntos por el Cambio, el Interbloque Parlamentario Federal y del Frente Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del oficialismo.

La bancada de Juntos por el Cambio firmó un dictamen en minoría en desacuerdo con aspectos de la ley que, a su criterio, tornaban «más rígida» la regulación y «desalentaban» a los empleadores a promover puestos de trabajo de esta naturaleza.

En representación del oficialismo, Mariano Recalde defendió el proyecto al señalar que «no surge a las apuradas», destacó que tuvo «amplio consenso en la Cámara de Diputados» y afirmó que la ley «garantiza derechos que ya existen, que de no ser respetados harían retroceder al país 100 años».

«Es muy sano que la ley prohíba al empleador, por ejemplo, efectuar llamados fuera del horario laboral», sostuvo, y remarcó que la cuestión de la reversibilidad del formato de teletrabajo -uno de los puntos cuestionados por la oposición- alcanza con un preaviso de 15
días.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, declaró que «hay una mirada sesgada (del oficialismo) con esta idea de no aceptar cambios» y señaló «falta de sentido común», ya que la ley «pone un freno a las fuentes de trabajo» y demuestra «una enorme torpeza desde lo político».

Naidenoff cuestionó el punto de la reversibilidad al señalar que «para contratar trabajadores del interior, por ejemplo, se pueden considerar despedidos si el empleador no alquila un local para oficina» y cuestionó que el Frente de Todos «busque arremeter y avanzar», pese a que el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no se opuso a ello.

La ley aprobada con los votos del Frente de Todos busca establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que lo permitan por su naturaleza y características, y aclara que los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas.

La Cámara de Senadores se apresta a estudiar la semana próxima los proyectos de ley de Teletrabajo y de donación voluntaria de plasma, además de la nueva ley de Economía del Conocimiento, luego de que esos instrumentos fueron aprobados por amplia mayoría el jueves por Diputados.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, dijo que la fecha de tratamiento de los tres expedientes que el viernes a la tarde ingresaron al Senado se está «hablando entre oficialismo y oposición».

«El tratamiento en comisiones debería comenzar esta semana», adelantó la senadora mendocina en diálogo con Télam, y tras señalar que se siguen «constituyendo comisiones», apuntó que «en la emergencia por coronavirus, la Argentina necesita que los tres poderes del Estado estén dando respuesta».

De ese modo, si esta semana reciben dictamen de comisión, las tres iniciativas que obtuvieron amplio respaldo de la Cámara de Diputados en la madrugada de este viernes podrían ser debatidas en la segunda semana de julio.

El proyecto que impulsa la creación de una Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país es el que más está vinculado con el intento de paliar la grave situación que se vive por la pandemia de coronavirus, especialmente, en la zona del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El expediente establece una licencia especial para donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen.

En el mismo sentido, se los reconoce como «Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina».

El proyecto también procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

Regulación del Teletrabajo

En tanto la Cámara del Senado, revisará la iniciativa sobre regulación del teletrabajo la cual establece los derechos que tendrán los trabajadores y las obligaciones de los empresarios en esta modalidad de empleo que se incorporará a cada convenio colectivo de trabajo.

Entre otros puntos, el expediente establece presupuestos mínimos para el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión, a tener una jornada determinada, y el carácter voluntario de esta modalidad de empleo a distancia.

Se considera al teletrabajo cuando la tarea se realiza en forma parcial o total en el domicilio, o en lugares distintos al establecimiento de la empresa.

Además, los teletrabajadores tendrán los mismos derechos -salarios, licencias y vacaciones- que aquellos que lo hacen en forma presencial.

Asimismo, la ley comenzará a aplicarse tres meses después de que finalice el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el gobierno para mitigar el avance del coronavirus.

Otros puntos del proyecto de ley son los siguientes: la jornada laboral por la modalidad del teletrabajo debe pactarse por escrito; los trabajadores tendrán la misma jornada como si fuera presencial y se garantiza su derecho a la desconexión; los empleados que acrediten tener a su cargo menores y adultos mayores tiene derecho a adecuar esa jornada; y se establece que es voluntario el traslado del trabajo presencial a la modalidad a distancia, salvo en ocasiones de fuerza mayor.

Economía del Conocimiento

Asimismo la Cámara del Senado, revisará el proyecto de Ley sobre Economía del Conocimiento es una reforma a la iniciativa impulsada durante el último año del gobierno de Mauricio Macri y cuya aplicación fue suspendida por la administración de Alberto Fernández.

El proyecto busca impulsar el desarrollo de emprendimientos económicos y productivos que tengan el uso intensivo de tecnología, con la aplicación de beneficios impositivos.

La iniciativa establece beneficios de reducción de alícuota del Impuesto a las Ganancias y la baja sobre el pago de contribuciones patronales y mejora las condiciones de acceso para las pymes.

Entre los principales cambios, respecto a la ley anterior, la nueva versión no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por diez años para las empresas.

Los requisitos para acceder a éste régimen es acreditar la realización de mejoras en la calidad de sus servicios, productos y/o procesos, o mediante una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios y haber capacitado a sus empleados.

El debate se dio en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, en el que participaron el cotitular de la CGT, Héctor Daer; el secretario general de la CTA-Trabajadores, Hugo Yasky; y el líder de la CTA-Autónoma, Ricardo Peidró.

Los líderes de las centrales sindicales respaldaron ante la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados la necesidad de debatir los proyectos de trabajo remoto, aunque advirtieron que se debe contemplar el derecho a la desconexión, que las empresas se hagan cargo de proveer la conectividad y los insumos y que se prevea la presencia sindical para evitar la individualización.

Mediante la modalidad de videoconferencia, el cotitular de la CGT, Héctor Daer; el secretario general de la CTA-Trabajadores, Hugo Yasky; y el líder de la CTA-Autónoma, Ricardo Peidró, expusieron ante la comisión que preside la oficialista Vanesa Siley en el marco del debate sobre el teletrabajo.

“Más allá de que creíamos que la oportunidad tenía que ser a posteriori, amerita que se avance en el tema. Es algo que se viene de hablado hace años pero que quizá la emergencia ha acelerado. Tenemos una mirada correcta, aunque nos quedan algunos matices”, remarcó Daer en el inicio de su exposición.

Para el titular de la CGT, “que el vicepresidente de la comisión (el radical Albor Cantard) haya aclarado que es una modalidad laboral y no una actividad laboral», es algo que «no va en contra de las actividades específicas de la economía”.

“Nos parece fundamental que hayan sacado el plazo de 180 días para optar por esta modalidad, para permitir que se puedan articular con convenios colectivos de trabajo. En este marco, que no haya plazos para la negociación, es bueno”, añadió.

Es algo que se viene de hablado hace años pero que quizá la emergencia ha acelerado. Tenemos una mirada correcta, aunque nos quedan algunos matices”

Por último aclaró que “las compensaciones económicas -que se prevén en uno de los borradores- deberían ser excluidas del cálculo del impuesto a las Ganancias, porque sino se puede volver en contra”.

A su turno,Yasky, consideró que “el debate forma parte de los cambios de los tiempos que se apresuraron» y consideró que se va a llegar a «un amplio consenso en este tema”.

“Hay que tratar de garantizar la presencia del sindicato como colectivo”, afirmó el también diputado nacional.

El secretario gremial de la CTA-T y representante de FOETRA, Claudio Marin, consideró que “es una muy buena la iniciativa, porque marca un cambio de época que se pueda discutir en forma abierta de cara a la sociedad».

“Hace 10 años firmamos convenio con una de las prestatarias del servicio telefónico; pero todas las iniciativas que aparecen como novedosas terminan siendo mal utilizadas”, precisó.

“En una economía con tanto empleo no registrado puede ser peligroso hacer otras actividades, por no estar en un establecimiento físico, sino diseminados”, advirtió, y agregó que por esa razón el registro «debe ser fundamental» porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que «el trabajo en negro se multiplique”.

Para Marín, “hay que hacer hincapié en la presencia gremial» y consignó:.»Nuestra organización está hecha para lo presencial».

“Tenemos que anticiparnos a los tiempos y a las avivadas de un sector del empresariado, que siempre apuesta a pagar lo menos posible”, enfatizó.

En lo referente al texto del proyecto, puso énfasis en el “derecho a la desconexión, porque están llamando los jefes a cualquier hora, porque total ‘el empleado está a mano’, dicen; pero eso implica mayor trabajo, mayor responsabilidad”.

Por último, Peidró dijo que “es un tema que se viene discutiendo y que la emergencia sanitaria provoco que se intensificara en el universo de trabajadores”.

“Si hubiera que hacer una ley para esta emergencia tendría que ser ya, aunque tendríamos que tener más tiempo para discutirlo. No con tanta urgencia”, añadió.

Para el sindicalista, “es necesaria articulacón vía convenio colectivo: que el teletrabajo solo esté autorizado previa negociación colectiva”.

“Con esta modalidad se ponen en riesgo derechos que los trabajadores hemos conquistado. Como el derecho a la acción y a la organización colectiva, porque se alienta la individualización”, concluyó.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que la modalidad de teletrabajo solo puede ser admisible en «el contexto de la pandemia» de coronavirus, y afirmó que ese esquema laboral «no podrá subsistir» una vez superada la emergencia social y sanitaria, informó la organización gremial.

Un documento del sindicato, que lideran Hugo Godoy y Rodolfo Aguiar, aseveró que «no puede haber un Estado presente con trabajadores ausentes”.

El pronunciamiento fue difundido luego de un encuentro del espacio gremial que encabeza Aguiar e integran Eduardo De Gennaro, Alejandro Garzón, Mercedes Cabezas, Vicente Marti y otros integrantes de la conducción nacional.

«El teletrabajo es inadmisible en un escenario normal. No se trata de una empresa privada. La cercanía con el pueblo es lo que que caracteriza la tarea, ya que son las franjas sociales más vulnerables las verdaderas usuarias del sistema o destinatarias de los servicios y prestaciones del sector», expresó Aguiar.

El dirigente rionegrino indicó en un comunicado que según la información oficial de la Secretaría de Gestión y Empleo Público solo el 14 por ciento del recurso humano trabaja hoy de manera presencial, el 63 por ciento lo hace de forma remota y el resto del personal tiene licencias debidamente autorizadas.

Ante la posibilidad de que el teletrabajo sea regularizado a partir de la pandemia a través de un debate parlamentario, Aguiar consideró que «se trata de un fenómeno que favorece la precarización y tercerización de servicios, aunque es cierto que se impone en la urgencia, por lo que debería aceptarse su regulación excepcional y solo por un tiempo determinado», indicó el documento.

Para la ATE, el teletrabajo torna invisible la relación laboral, genera horas excesivas de labor; no reconoce las extras; no autoriza licencias por enfermedad; hay riesgos de no declarar síntomas de enfermedad o lesión; de estrés por objetivos de productividad elevados; hay ausencia de indemnización por accidentes; riesgo de pérdida de status de asalariado y la precarización es mayor para las mujeres, ya que se establece hasta una triple jornada, subrayó.

Para los gremios, se produce «una disminución o debilitamiento del colectivo laboral; desaparece la solidaridad y militancia; hay falta de apoyo de los teletrabajadores a las huelgas; posible pérdida de afiliados al pasar a la figura de autónomos; más explotación del empleador y lugares precarizados e inestables».

«Las supuestas bondades del sistema encubren la pérdida de derechos individuales y colectivos. La ATE no avalará ningún proyecto de ley en el que no participen los trabajadores y, cualquier reforma temporal, debe ser aprobada en la paritaria», puntualizó Aguiar, quien rechazó la iniciativa que impulsan las empresas.

Sólo uno de cada cuatro empleos pudo desarrollarse mediante teletrabajo durante esta cuarentena. El dato surge de un relevamiento realizado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial. Está incluido en el Informe técnico del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El sector más preparado para desarrollar las tareas fue el bancario y el de los seguros, donde ocho de cada diez trabajadores pudo desempeñarse con normalidad.

En tercer lugar figuran el sector de los profesionales de la información y la comunicación, en donde prácticamente 7 de cada 10 empleados puede trabajar en forma remota sin alterar el volumen de producción.

Sin embargo, a medida que se baja en el ranking, aparecen los problemas. Porque ni la administración pública ni la educación estaban preparadas para trabajar vía remota de forma súbita. La «Enseñanza» figura, aun así, con el 33,6%, por encima del promedio. Y sólo la mitad de los empleados públicos pudieron operar con cierta normalidad, lo que hizo -por ejemplo- que la ANSES tuviera graves inconvenientes para cumplir con los anuncios oficiales. O para poder procesar los trámites que estaban vigentes antes de la cuarentena.

Por eso mismo, la flamante titular de la ANSES, Fernanda Raverta, declaró como «esencial» la actividad del organismo.

Llama la atención que el «Comercio» estuviera tan poco alistado para trabajar por teletrabajo. De acuerdo al relevamiento oficial, sólo el 23,1% de los empleados pudieron seguir trabajando con cierta normalidad.

Cierto es que, recién avanzada la cuarentena, se habilitó que algunas de las ramas comerciales pudieran atender y repartir los productos a domicilio.

Forzada por la situación, el teletrabajo ya llegó al Congreso a través de proyectos de ley. Tal como publicó iProfesional, en el ámbito parlamentario fueron presentados, en los últimos 15 días, al menos dos proyectos de ley para regular esta modalidad de empleo.

Un dato resulta clave para entender los próximos cambios: di bien hay un 40% de los trabajadores, es decir, unos 4,8 millones de personas, que no pueden realizar teletrabajo por el tipo de actividad que ejercen, hay otros 3,3 millones que sí están en condiciones de hacerlo, de acuerdo a un informe del CIPPEC que se publicó hace unos días.

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En un comunicado por las redes sociales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut, José Luis Ronconi, advirtió sobre un relevamiento del Poder Judicial a trabajadores y funcionarios que tuvieran equipos informáticos y señal de internet para trabajar desde sus casas. “Estamos de paro y retención de servicios, no tenemos porqué disponer de nuestros recursos para un Estado que nos abandonó en medio de una pandemia sin pagarnos dos meses de sueldos”, sostuvo. Alertó sobre eventuales “aprietes” y también rechazó la posibilidad de volver a los lugares de trabajo: “ningún edificio de tribunales reúne las condiciones del distanciamiento social, vamos a hacer la denuncia penal”.

“Se nos ha informado que están relevando a funcionarios y funcionarias de distintas áreas para ver si tenemos equipos informáticos y señales de internet para proveernos de programas o software que permita trabajar desde nuestras casas”, reveló Ronconi en el audio que se difundió vía WhatsApp.

“Lo primero que hay contestar es que estamos de paro y retención de servicios por no haber percibido dos meses de sueldos y de igual manera están nuestros compañeros jubilados”, fundamentó.

“Esto no es sólo motivo de queja del sindicato, sino que están declaradas las medidas de fuerza y ni siquiera pueden afectarnos con guardias mínimas porque eso ya es de imposible cumplimiento”, remarcó.

“Hemos advertido que en algunas dependencias se amenaza con convocar a que vayamos a los lugares de trabajo, pero en caso de que eso suceda, vamos a hacer una denuncia penal por el artículo 205 porque no hay condiciones en ningún edificio de tribunales para mantener el distanciamiento social y el aislamiento, además de que no se realiza la limpieza adecuada y ni siquiera hay recursos como jabón y alcohol en gel que serían esenciales para la higiene contra la pandemia”, recalcó.

“No se trabajará en ninguna dependencia judicial ni tampoco desde las casas. En promedio mantener una señal de internet son 2 mil, 2.500 pesos por mes y no tienen derecho algunos a plantearnos que utilicemos nuestros recursos para hacer tareas para el Estado”, justificó.

Ronconi utilizó un ejemplo llamativo: “es más, una hipótesis, conectando los equipos se electrocutan en su casa, quien va a responder, ¿quién debería responder? Además, ¿van a disputar el tiempo de computadora con sus hijos o sus parejas? Yo cuando hago una charla virtual tengo que apagar otros equipos porque la señal es mala”.

“Por favor nieguensé a informar que equipos tienen en su casa y a recibir programas del Estado, no sé si tienen conciencia de cuánto cuesta un antivirus, la señal», planteó.

«No tenemos porqué ponerlo a disposición de un Estado que nos abandona en medio de la pandemia dejándonos sin cobrar dos meses de sueldo”, proclamó Ronconi.

“En cada ciudad hay compañeras y compañeros de Comisión Directiva que están en condiciones de discutir con la patronal que se puede o no se puede hacer en la pandemia”, indicó.

“Si nos amenazan con que nos van a convocar a ir a los lugares de trabajo, informen de manera urgente al sindicato porque haremos una denuncia penal”, insistió.

“Cualquier apriete de un funcionario o magistrado no sólo será una práctica ilegal, sino que será denunciada”, sentenció en el final Ronconi, publicó Radio3.

El Superior Tribunal de Justicia emitió una acordada que por la emergencia sanitaria del coronavirus releva a magistrados, funcionarios y empleados judiciales de concurrir a sus lugares de trabajo y habilita a desempeñar sus labores desde el domicilio. También fija un sistema de guardias mínimas en todos los fueros hasta el martes 31, siguiendo el decreto del presidente Alberto Fernández.

Asimismo, la Corte Provincial dispuso asueto judicial extraordinario los días 25, 26, 27 y 30 de marzo para todo el personal y en todas las oficinas dependientes del Superior Tribunal de Justicia.

Las guardias 

En la Justicia Penal habrá un magistrado de turno en cada circunscripción, y designarán funcionarios y empleados que sean necesarios para atender exclusivamente casos de urgencias de personas privadas de su libertad.

En la Justicia de Familia la guardia estará compuesta por un magistrado de turno y por un funcionario, conforme lo dispongan las Cámaras de Apelaciones respectivas. También se convocará de manera rotativa a las personas que habitan más cerca del Juzgado de Familia respectivo. Y deberá colocarse un cartel en los accesos a las dependencias del Fuero de Familia con el o los números de teléfonos a los que la ciudadanía y/o los profesionales puedan contactarse.

En otros ámbitos de la Justicia no penal la guardia estará compuesta por un magistrado de turno y por un funcionario, conforme lo dispongan las Cámaras de Apelaciones respectivas.

En la Justicia de Paz el juez titular rotará los turnos con el otro juez de paz, y cuando hubiere más de uno en la misma localidad, podrá hacerlo con sus suplentes. La acordada dice que «quedan eximidos de concurrir a sus lugares de trabajo, debiendo mantener guardia pasiva con sus teléfonos celulares oficiales y deberán asegurar la atención de casos relacionados a violencia de género y aquellos relacionados -en forma directa o indirecta- con actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, como así también de su transporte conforme las excepciones prevista en el artículo 6 del DNU Nº 297/2020 (PEN)».

Organismos auxiliares 

En los organismos auxiliares la guardia estará compuesta por «los directores de los servicios dependientes del Superior Tribunal de Justicia, o quien haga sus veces y evitarán en lo posible su presencia física -o de cualquiera de los involucrados- en el lugar de trabajo».

La acordada aclara que en todos los casos, «la convocatoria de personal se reducirá a su mínima e indispensable expresión, debiendo evitarse la presencia física de cualquiera de los involucrados en sus lugares de trabajo y ello en la medida que, dicha comparencia no pueda ser sustituida por medios tecnológicos, sea a través de videoconferencias, teléfono celular u otros medios que aseguren cumplir con el cometido propuesto».

Por último, la acordada señala que «en todos los edificios y en cada una de las dependencias del Poder Judicial, se fijarán con los números de los celulares oficiales de los magistrados y funcionarios que se encuentran cubriendo el sistema de guardias pasivas», indicó El Chubut.

La rápida propagación del nuevo coronavirus ha generado que diversas empresas o instituciones apliquen la opción del teletrabajo para contribuir a la prevención y no detener la productividad del país.

La pandemia del coronavirus ha dejado, hasta la fecha, más de 215.000 casos en el mundo, lo que ha generado que las respectivas autoridades gubernamentales tomen medidas preventivas como la cuarentena y el aislamiento para frenar el aumento de los contagios, pero eso no impide que continúan las actividades laborales bajo otra alternativa.

Se ha implementado en muchos el home office, teleworking o teletrabajo, una opción para que las personas puedan evitar el contacto social y permanezcan en sus hogares, sin detener sus actividad laborales.

De acuerdo con las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el teletrabajo es “el trabajo a distancia (incluido el trabajo a domicilio), efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y/o de una computadora”.

Según la OIT, que su aplicación representa una mayor autonomía sobre el horario de trabajo, lo cual permite organizar la jornada laboral con más flexibilidad. Además, en tiempos de coronavirus, la alternativa puede favorecer a personas, empresas e instituciones.

Beneficios del teletrabajo en cuarentena

El teletrabajo se perfila como una opción muy provechosa en aras de limitar los movimientos y, por consiguiente, disminuir la transmisión del virus.

Varios son los países cuyos ministerios de Trabajo y de Seguridad Social han asegurado que las medidas que contemplan esta opción cumplen con la legislación laboral y no supone la reducción de los derechos profesionales como salario, jornada, entre otros.

El Teletrabajo, al estar facilitada por las tecnologías, es de provecho para los trabajadores. I Foto: EFE
Según la OIT, esta es una modalidad que es muy beneficiosa para los trabajadores al proponer “desplazamientos más breves, menores gastos personales relacionados con el trabajo y un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral”.

Asimismo, con la adopción del teletrabajo, afirman que se incluye una mayor capacidad de conciliar las responsabilidades profesionales y de cuidado, así como “un mayor número de oportunidades de trabajo”.

Por otra parte, refiere la organización que también los empleadores se ven beneficiados, pues con el teletrabajo se evidencian menores gastos generales, un aumento de la productividad, y mejor acceso a una fuerza de trabajo más amplia, diversa, motivada y capacitada.

Recientemente se han sumado a esta alternativa la Bolsa de Nueva York, el Grupo El Corte Inglés en España, una docena de empresas en Chile, así como varias más en todo el mundo.