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Superior Tribunal de Justicia

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El intendente de Lago Puelo, Raúl Ibarra, recurrirá al Superior Tribunal de Justicia para que decida sobre la constitucionalidad de su mandato, frente a los intentos de destituirlo de los convencionales que redactaron la Carta Orgánica y algunos opositores que lo consideran un «usurpador».

“El mandato para ejercer el cargo de intendente me lo dio la ciudadanía. Es desacertada la interpretación del artículo 34 (de la Carta Orgánica), que pretende alejarme del cargo constitucional. En las próximas semanas vamos a hacer la presentación”, le dijo Raúl Ibarra a El Chubut.

Hace una semana los convencionales de Lago Puelo notificaron a Ibarra de que no iban a tomarle juramento a la Carta Orgánica recientemente sancionada, porque lo consideran un “usurpador”.

Fundaron la decisión en una interpretación del artículo 34 por la cual aquellas personas que fueron funcionarios durante la última dictadura militar tendrían prohibido ejercer la intendencia.

Frente a esto, Ibarra consiguió un amparo favorable del Juzgado Civil y Laboral, que suspendió la jura de los concejales ante la Carta Orgánica pautada para este lunes, que amenazaba con destituirlo. En paralelo, se promovió una movilización a su favor, de la que participaron un grupo de vecinos.

El concejo en el medio

Las cosas no terminaron ahí. Ibarra señaló que el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Cayún, de Cambiemos, declaró públicamente el martes que “a partir del viernes pasado el intendente dejó de serlo y todos sus actos son nulos”, al considerar que la Carta Orgánica está vigente pese a que no tomaron el juramento.

Sin embargo, el presidente del cuerpo deliberativo no había formalizado hasta entonces ningún escrito pidiéndole a Ibarra que dejara el cargo. Tampoco quedó claro si Cayún habló por cuenta propia o en representación de todos los ediles.

Va por la reeleccion

“Es una gravedad mayúscula porque dicen desconocer al intendente a partir del viernes. Está en juego la institucionalidad”, alertó Ibarra.

Por otro lado, Ibarra ratificó que tiene intenciones de competir por un nuevo mandato en las próximas elecciones, que serán en agosto y diciembre, en simultáneo con las presidenciales. Y que aspira a ser candidato del espacio Chubut Al Frente, que lidera el gobernador Mariano Arcioni.

“El gobernador está al tanto y siguiendo con atención todos los hechos; comparte que tiene que tener una respuesta o una claridad de los ámbitos de la Justicia competente y está a la espera de los pasos jurídicos que vamos a dar”, comentó Ibarra.

La decisión del Superior Tribunal de Justicia sobre la constitucionalidad del artículo 34 de la Carta Orgánica también va a influir en la posibilidad de que Ibarra se presente o no a las elecciones. Según él, las normas electorales señalan que quedan excluidos aquellos que están “condenados por causas de Lesa Humanidad”; es decir no los colaboracionistas con una dictadura.

Ibarra comentó que llegó a Lago Puelo en enero de 1971, cuando trabajaba en la Dirección de Recursos Hídricos y debía hacer un relevamiento de la costa del río Azul. Dos años más tarde, el intendente constitucional Luis Alberto Roberts le propuso trabajar en la Municipalidad.

Ibarra comentó que cuando se produjo el golpe de estado el 24 de marzo de 1976 la dictadura militar de Jorge Rafael Videla mantuvo como intendente a Roberts, quien se retiró dos meses más tarde por razones de salud.

Entonces lo reemplazó Ricardo Costa, quien gobernó hasta comienzos del año 1979, cuando también por razones de salud deja la intendencia. Es ahí cuando Ibarra asume el cargo. Eso fue en febrero de 1979. Estuvo hasta diciembre del ’83, cuando asumieron las autoridades democráticas electas el 30 de octubre de ese año.

Ibarra comentó que cuando se desató esta controversia, el hijo del fallecido intendente Roberts, Víctor, un oficial aeronáutico que estuvo en Malvinas, volvió a contactarlo después de años y le ratificó “lo acertada que fue la decisión de su padre de haberme hecho entrar a trabajar al municipio de Lago Puelo”.

 

elpatagonico

El Acuerdo plenario fue dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Se les solicita que, en el término de 72 horas, dejen sin efecto el mismo.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn cuestionó por inconstitucional al Acuerdo plenario Nº 4723/19 de fecha 12 de marzo del año 2019, dictado por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut que aprueba la aplicación del “Protocolo de desarrollo de la etapa probatoria en procesos civiles y comerciales”, en vigencia a partir del día siguiente a la firma del mismo, norma de alcance general que obliga a todos los magistrados civiles, comerciales y multifuero de la provincia, abogados y ciudadanos del Chubut.

En una resolución dictada el día 25 de Marzo, el Colegio de Abogados de Puerto Madryn dispuso solicitar al Superior Tribunal de Justicia del Chubut que, en el término de 72 horas, deje sin efecto el Acuerdo Plenario N° 4723/19, por ser el mismo manifiestamente inconstitucional, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.

Entre los fundamentos de la resolución, que fue remitida al Gobernador del Chubut, al Presidente de la Legislatura y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), se afirmó que el Acuerdo Plenario 4723/19 en su ANEXO “A” denominado “PROTOCOLO DE DESARROLLO DE LA ETAPA PROBATORIA EN PROCESOS CIVILES Y COMERCIALES PROVINCIA DEL CHUBUT”, en cuanto modifica de manera ostensible y grosera el Código Procesal Civil y Comercial, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut desvirtúa el principio de la división de las funciones gubernativas y la correlativa asignación de cada una de ellas a órganos distintos e independientes.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ha invocado para emitir este Acuerdo Plenario las potestades de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia del Chubut; sin embargo, esta norma exclusivamente le otorga facultades de organización, funcionamiento y orden de los Juzgados, pero no puede ser fuente para arrogarse las facultades que naturalmente corresponden al Poder Legislativo.

Por el principio de división de poderes, como derivación directa del sistema republicano de gobierno, núcleo esencial de nuestra constitución política, el Poder Legislativo sanciona, modifica o deroga las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial las interpreta y aplica sólo en pleitos concretos y con un alcance estrictamente limitado a éstos. Este ha sido el criterio de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dejó sentado que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió, estándole vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades.

Nos encontramos ante una situación irregular, de gravedad institucional que, además del trámite legislativo que establece la Constitución provincial, omitió todo tipo de consulta a los Colegios de Abogados, representantes genuinos de la abogacía.

Los ministerios de Salud y Educación de la Provincia contestarán entre hoy y mañana los oficios que se les envío desde el Tribunal Electoral de la Provincia que, en función de los casos de hantavirus que se registraron en Epuyén, quiere que se garantice que la realización de campaña política y votación podrá hacerse de manera adecuada y sin peligro en la cordillera.

Según publica diario El Patagónico, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, confirmó ayer que desde el Tribunal Electoral ya se enviaron a los ministerios de Salud y Educación de la provincia los pedidos de informe de situación por los que se busca precisar si, pese al virulento brote de hantavirus que ya se cobró 11 víctimas fatales, se podría votar en la cordillera el 7 de abril, de acuerdo al cronograma diseñado a partir del adelantamiento electoral.

Los requerimientos, que deberían ser contestados entre hoy y mañana, se efectuaron a partir de la presentación efectuada por el apoderado legal del PJ, el diputado provincial Blas Meza Evans, en la que precisamente, se pidió la suspensión de todo el proceso electoral por la situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra ese sector de la provincia.

“Los ministerios seguramente van a contestar, calculo, en 48 horas a más tardar. Nosotros somos técnicos jurídicos-electorales en este caso, pero no podemos decir si las condiciones en cuanto a lo sanitario son las adecuadas. Por eso pedimos el informe a los ministerios de Salud y Educación”, explicó el ministro Panizzi.

Sin casamientos

El presidente del Superior señaló que, en la jornada del martes, el organismo mantuvo una reunión con el titular de Salud, Adrián Pizzi, pero que la misma no fue por una cuestión electoral sino para ajustar algunos procedimientos a lo que se recomiende desde la cartera sanitaria.

“Teníamos que tener esta reunión para unificar criterios, por ejemplo en lo que respecta al juzgado de Paz. Vamos a seguir todo lo dictado por la resolución municipal del intendente Reato, y en lo que nos respecta vamos a suspender los casamientos en Epuyén”, señaló.

Finalmente, Panizzi dijo que desde el Tribunal Electoral también se dispuso la elaboración del padrón de ciudadanos extranjeros, que estarán habilitados para votar en las categorías municipales y también el relativo a los privados de la libertad.

Respecto del proyecto de boleta única presentado por el bloque de diputados provinciales de la UCR, el funcionario judicial aseguró que todavía no podemos decir nada al respecto porque es un proyecto. Habrá que ver, si es que se aprueba, si los diputados deciden que se utilice o no en esta elección, completó.

El Comodorense

Luego de la revelación de Cholila Online sobre las intenciones electoralistas del Gobernador Mariano Arcioni de proponer tres mujeres para ocupar los lugares vacantes en el Superior Tribunal de Justicia para captar el voto feminista comenzaron a correr varios nombres de posibles candidatos hombres para ocupar los cargos los cuales tienen comprobado con conocidos casos sus conocimientos sobre igualdad de género.

A partir de la jubilación de algunos de sus miembros (el último fue Jorge Pfleger) y la muerte de Marcelo Guinle, quien había llegado a la Corte chubutense impulsado por Mario Das Neves; el máximo órgano judicial funciona con tan solo la mitad de sus miembros.

Según lo establecido, deben ser seis integrantes, pero tan solo funcionan con tres. Pero no sólo eso, sino que deben cumplir funciones tanto en la Sala Civil como la penal, más allá de la especialidad de cada uno de los ministros. Por ejemplo, sólo Alejandro Panizzi compone originalmente la Sala Penal, cuando habían sido designados Mario Vivas y Alejandro Donnet para la Civil. Pero con la indefinición de las vacantes, los tres ministros cumplen función doble. Por cierto, sólo un dato sirve como muestra de ciertas desprolijidades a la hora de resolver sobre la composición judicial: cuando los diputados provinciales votaron el pliego del comodorense Donnet, fue para designarlo como miembro de la Sala Civil que era donde estaba la vacante en ese momento. Sin embargo, su especialización es penal. «Para el caso es lo mismo», dijo por entonces un diputado que había comprometido su voto.

Por estas semanas fuentes judiciales comentaron a Cholila Online que el nombre de Guillermo Iglesias es considerado para integrar el Superior Tribunal de Justicia, y que en el Valle tras la causa revelación el abogado es visto con buenos ojos ya que inspira justicia.

Guillermo Iglesias es considerado por algunos colectivos feministas como un abogado que tiene una perspectiva adecuada con respecto a la igualdad de género y así se dio a conocer con el caso de Nadia Kesen pero además ha tenido entre sus clientes a Néstor Di Pierro o la última causa en donde intervino en el caso del IPV de Comodoro Rivadavia. En todas los resultados son sorprendentes por lo que la trayectoria de este joven abogado sería el perfil óptimo para ocupar un lugar en el STJ.

Sin dudas en la causa revelación el Dr. Guillermo Iglesias tuvo una actuación destacada que le valió ser reconocido en plena audiencia por el estudio de Mariano Cuneo Libarona que destacaron la capacidad del abogado Comodorense para llevar la causa ajustando a derecho cada una de las situaciones que se planteaban durante horas de audiencia.

La palabra «concusión» será recordada por muchos durante años en todos los ámbitos judiciales, políticos y empresariales. Una palabra que los empresarios jamás se olvidarán, la palabra que separó la paja del trigo y que pone a los políticos en el lugar que corresponde, ya que no es igual el que pide coimas que él que es presionado para pagarla porque se ve en una desventaja. Aunque la ley la hagan los políticos como un traje a medida, se olvidaron de la palabra «concusión» así que ya no será lo mismo el que da que el que pide y como lo pide.

La concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en provecho propio.

Así se desprende del Codigo Penal de la Republica Argentina en el Capítulo IX, Exacciones ilegales, ARTICULO 268. -(Artículo sustituido por art. 34 de la Ley N° 27.401 B.O. 1/12/2017.

ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el artículo 268 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 268: Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

Iglesias trajo claridad en el caso manifestando: “Cumplían con la exigencia del funcionario que era remitir el dinero y ellos entendieron -porque hubo una reunión con Papaiani, que les dijo que tenían que hacerlo de este modo- y cumplieron” dijo Iglesías. Se trataba de un canon inventado«.

“Los empresarios son víctimas de la concusión”. En este sentido, el abogado remitió la situación de otros empresarios, sobre todo del Valle, que por el mismo delito están en una situación procesal distinta. “A situaciones iguales o simétricas tienen tratamiento jurídico diferente. Desde el punto de vista del hecho, hicieron todos lo mismo. Desde el punto de vista proceso algunos son testigos, otros fueron allanados y otros fueron allanados y detenidos” dijo.

Su labor destacada ha captado las miradas del ámbito judicial pero sobre todo de la sociedad que ve con buenos ojos que el Dr. Guillermo Iglesias integre el superior tribunal de justicia. El rumor es fuerte y los movimientos políticos para entrevistarse con Iglesias están a la orden del día.

Frases muy fuertes fueron vertidas por el Dr. Iglesias en este proceso: «Los empresarios de la construcción procesados en la causa “Revelación” van a terminar libres y encima el Estado los tendrá que indemnizar». Nadie se va a olvidar tampoco de esta celebre frase que ordeno la causa y a partir de ahí los fiscales comenzaron a tener una excelente labor: “Los fiscales se iban a comer una paliza histórica en un juicio”

Las frases del Dr. Guillermo Iglesias que jamás se olvidarán de la Megacausa Das Neves:

“Los fiscales fueron inteligentes al no ir a juicio”

“Los querellantes han aceptado que la vía para solucionar el caso es la probation”

“Los fiscales fueron más astutos que los defensores porque aceptaron la probation. Se iban a comer una paliza histórica”

“Estas inconsistencias son las que le permiten una medida regresiva con juicios al estado, al no poder demostrar la figura que plantearon en la caratula”

“Formar parte contra su voluntad de un aparato que no les da nada, está bueno que se termine”

“En este momento de ahogo financiero, las empresas están de capa caída. Entonces, formar parte contra su voluntad de un aparato que no les da nada o poco, está bueno que se termine. Es feo tener que pagar para cobrar”

“En este momento de ahogo financiero, las empresas están de capa caída. Entonces, formar parte contra su voluntad de un aparato que no les da nada o poco, está bueno que se termine. Es feo tener que pagar para cobrar”

“El fiscal dice que la asociación ilícita se creó para que los funcionarios ganen dinero de la función pública y de los particulares. Del mismo hecho surge que el empresario se empobreció porque de ellos se servía de dinero el funcionario público, no se puede concebir una asociación donde solamente gane plata uno y el otro pierda”

“Yo digo que la palabra ‘retorno’ está mal empleada, porque sería que primero le paguen y después tenga que devolver parte. Acá es primero pagan los empresarios y después los funcionarios habilitaban los pagos. Era una exigencia. Es como el póker: hay que pagar para mirar”

“Alguien que pone dinero en una empresa suya, usted tiene la obligación de saber cuál es la procedencia de los fondos porque sino está siendo partícipe de un delito por omisión”

“Viviendo en Comodoro, uno pierde el sentido de la tensión política. Quizás los colegas que viven en el valle tienen más elementos para hacer elucubraciones que las que podríamos hacer nosotros. Hay vínculos que nos perdemos y por eso parece que murió el gobernador y pasa todo esto”

“Los empresarios eran víctimas del sistema de retornos”

“Que la fiscalía nos diga que Daniel Fasciglione no sabía de dónde venía el dinero es una falta de respeto para todos”

“Torraca entregó cheques no porque es tonto, sino que tal era el ahogo financiero que debía hacerlo. Tiene 250 empleados”

“Los empresarios, como mi asistido el señor Torraca eran víctimas del sistema de retornos, mal llamado además, porque la plata se la exigían antes”

“Ninín no está preso, yo digo que está en penitencia porque no cumplió las expectativas de la fiscalía”

“Fasciglione tiene que cambiar de calidad de testigo a calidad de imputado. Si nos quieren hacer creer que Fasciglione no sabía de dónde venían estos aportes somos todos retardados”

“los empresarios eran víctimas de los funcionarios corruptos, estaban obligados a integrar la suma de dinero, no podían decir que no”

“Los fiscales pidieron detenciones, allanamientos y los jueces aprobaron todo. Incluso a la asociación ilícita (en la caratula). La prisión preventiva es un exceso, informaron que (los empresarios) cruzaron la frontera y con eso fundaron la prisión preventiva”

“Los fiscales se dan cuenta ahora que hay corrupción. Se tuvo que morir Das Neves para que se den cuenta la corrupción en la provincia”

“El funcionario es el encargado de custodiar el patrimonio de nosotros, el funcionario tiene que ser probo. Los políticos que antes tenían los ojos vendados, la justicia dio su veredicto y ahora quieren más”

“es sano que hagan una comisión e investiguen a los fiscales en la legislatura pero el camino judicial ya está resuelto”

“Los empresarios no están acusados de percibir dinero por facturar con sobreprecios las obras públicas concedidas, sino de tener que desembolsar plata para que le liberen los pagos retenidos por construcciones que ellos habían ejecutado”

“En el expediente no están acusados de sobreprecios”

“La suspensión del juicio a prueba a cambio de obras como resarcimiento económico hacia la comunidad que se ofreció la semana pasada, es un buen mecanismo porque deja a los empresarios afuera de la acusación y el Estado se evita llegar a un juicio oral y público, con grandes probabilidades de que todos queden libres y encima expuestos a una acción civil”.

“Es un tanto arbitraria la forma que los fiscales toman a uno u otro empresario, y recordó el caso del empresario Carlos Almeida, que figura en la causa como testigo, cuando se lo arrimó a proceso exactamente por la misma descripción que a Esteban Torraca, a quien le allanaron la casa y lo procesaron”

“evidentemente se está ante una estrategia entendible de los fiscales porque de lo contrario se quedarían sin testigos, pero cargó toda la culpa contra el juez Sergio Piñeda por aceptar una vara distinta para iguales casos”.

“Mientras Víctor Cisterna está detenido, su sucesor, el ex ministro coordinador de gabinete Alberto Gilardino, está como “testigo protegido”.

“Pareciera ser que no se constituyó esta sociedad en ese momento (diciembre de 2015) sino que era una conducta que estaba encarnada en la política”

“Parecería ser que se necesitaban fondos para pagar los bajos sueldos de los altos rangos”

“Para ir hacia atrás en la investigación se necesita que lo soliciten los fiscales”

“A situaciones iguales o simétricas tienen tratamiento jurídico diferente. Desde el punto de vista del hecho, hicieron todos lo mismo. Desde el punto de vista proceso algunos son testigos, otros fueron allanados y otros fueron allanados y detenidos”