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Por Resolución el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, ordenó restituir al cargo de concejal a Gustavo Flak, quien a mediados de Julio fue suspendido por sus pares legislativos del municipio de El Hoyo. En ese marco el STJ suspende la resolución 016/2020 del HCD, y deja sin efectos todos los actos posteriores dictados por el poder legislativo.

El STJ, en el artículo Nº 2 de la sentencia resolutiva sobre presentación de medida cautelar interpuesta por el edil Gustavo Flak en relación a sesión especial llevada a cabo el 17 de julio, y en la que mediante resolución 016/2020 resuelven suspenderlo en el cargo por 30 días, el tribunal integrado por los Dres. Alejandro Panizzi, Mario Luis Vivas y Florencia Cordon Ferrando expresa textualmente :

2°) HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada en el escrito liminar y, en consecuencia, DECRETAR en los términos del art. 124 de la Ley XVI, N° 46 y, hasta tanto se dicte sentencia definitiva, la suspensión de los efectos del art. 2° de la Resolución N° 016/2020 HCD-MEH y de todos los actos que eventualmente se dicten en consecuencia y ORDENAR la inmediata restitución en el cargo del presentante. A los fines de su notificación al Consejo Deliberante de El Hoyo; y posterior cumplimiento de la cautelar, comuníquese a la Jueza de Paz de El Hoyo vía WhatsApp.

En entrevista con Noticias de la Comarca, el Concejal Gustavo Flak , previo a hacer pública la sentencia del STJ, expresó “ Agradezco a muchos vecinos y vecinas que acompañaron desde el primer día que estábamos convencidos que era totalmente injusto lo que estaba sucediendo, y por otro lado pedirles disculpa a la comunidad , porque me parece que no se merecen estar en una puja de conflictos y necesitan que el Concejo Deliberante se ponga a trabajar en pos no solo de una comisión investigadora… tenes mas de 60 temas que por ley de corporaciones municipales el concejo debería abordar, desde la generación de trabajo , salud, plan territorial que mejoraría la vida más en un contexto de pandemia como el que estamos viviendo”.

Por otra parte Flak se encargó de subrayar que la sesión especial del 17 de julio, en el que el concejo resuelve su suspensión, estuvo viciada de irregularidades faltando a medidas establecidas por reglamento interno del concejo, a tal punto que en la misma nunca se trató el tema para la cual se había convocado que era “crear una comisión investigadora por una supuesta falta que yo habría cometido”, dijo el concejal a lo que agregó “En esa sesión especial no solo no se trata el tema que era para investigar, sino que simplemente en 5 minutos se juzga ,se me condena y suspende por 30 días”. Dichas faltas entre otras cuestiones puntuales, fueron planteadas en la medida cautelar, a la que Superior Tribunal de Justicia Resolvió hacer lugar.

Consultado por este medio si la sentencia del STJ , abre la posibilidad de alguna otra actuación entorno a las irregularidades cometidas por el HCD, Flak entiende que al igual que el tribunal “a prima face hubo abuso de poder, mal desempeño de los deberes de funcionario público… hay una serie de irregularidades; pero yo soy muy respetuoso de la instituciones, entonces soy un convencido que tenemos que pensar básicamente en insistir en poder resolver los problemas de la gente, para que la gente tenga una mejor calidad de vida, para eso nos eligió la gente quiere que estemos acompañándolos en todos los lugares en donde se necesita que el estado este presente para poder resolver los problemas todos los días”, aseveró el edil oficialista sin confirmar ni descartar ante este medio la posibilidad de iniciar alguna acción.

Agregando en consonancia “no podemos estar pendiente de estar judicializando cada cosa y armar 28 millones de comisiones investigadoras. Hay un tribunal de cuentas, las instituciones funcionan, nosotros estamos en política y hay que hacer política y la política es generar consensos y eso se genera a partir de propuestas y políticas públicas para que a los vecinos les vaya cada mejor. El diálogo es lo que soluciona todo, pero me parece que eso es lo que se rompió y no sabemos muy bien porque…”, sostuvo Gustavo Flak.

La sentencia del STJ del Chubut, fue dictada el 11 de agosto, y notificada por la jueza de Paz al presidente del concejo deliberante el miércoles 12, a las 12.50 horas. Al concejal Flak recién le llega una notificación por watshap pasadas las 14 horas de ese mismo día; en tanto la notificación formal al edil restituido a su banca, tuvo lugar el jueves 13 alrededor de las 09 horas.

Salamin : “Fue levantada su suspensión “

En entrevista con Noticias de la Comarca, el presidente del HCD El Hoyo, obvió mencionar la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, al ser consultado este jueves(13) por la situación del concejal Flak, el funcionario legislativo Cesar Salamín, se limitó a responder “ el día de Ayer se levantó la suspensión del concejal Flak .Se incorporó nuevamente al concejo, fue levantada su suspensión, así volvió al funcionamiento local, se restituyo el lugar que ocupaba y se dejó sin efecto al suplente Néstor Burgos”. Es valido informar que en ningún momento Salamín hizo referencia a este medio a que el levantamiento de suspensión al que se refirió, tenía que ver con una sentencia resuelta por Superior Tribunal de Justicia del Chubut, de la cual había sido notificado el pasado miércoles .

Organizaciones feministas presentarán en la Legislatura una solicitud para iniciarle juicio político según la constitución provincial al juez Miguel Angel Donnet, integrante del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, a partir de sus reiteradas expresiones discriminatorias.

La presentación es impulsada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Y la Cátedra de Géneros, Sexualidades y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» y cuentan con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales y políticas.

El pedido de juicio político a un miembro del máximo órgano de Justicia del Chubut se realizará el martes 12 de mayo ante el presidente de la Legislatura Ricardo Sastre, en cuyo documento se acusa a Donnet por falta de idoneidad, desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño de sus funciones.

La presentación hace referencia -entre otras- a una publicación de Facebook, en la que el juez del Superior Tribunal de Justicia, se expresa de forma racista, misógina y discriminatoria contra Milagro Salas. «Está bien no hay que discriminar, las negras chorras también son mujeres», escribió el juez.

Las organizaciones feministas consideran «gravísimo» que un vocal de la más alta magistratura de la provincia se exprese de manera discriminatoria e incompatible con el derecho internacional de derechos humanos.

Argumentan que en los Tratados sobre Derechos Humanos, ratificados por nuestro Estado y con jerarquía constitucional, se prohíbe la discriminación en razón de sexo y pueblos indígenas y se establece que el judicial es uno de los poderes del Estado que está obligado a hacer efectivos los derechos reconocidos en los tratados.

Tales conceptos se establecen en los artículos 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 b de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia y Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas, Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial entre otros.

En otro tramo del documento, consideran que los dichos del juez no son inofensivos, ya que reflejan no sólo el desconocimiento de las normas jurídicas de jerarquía constitucional, sino también una ideología que promueve la desigualdad.

En base a las disposiciones anunciadas en el día de ayer por el presidente Alberto Fernández la entidad judicial informó que en las próximas horas se adoptarán nuevas decisiones en consecuencia a lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó la plena vigencia de la Acordada N° 4863, suscripta el pasado martes 17 de marzo de 2020, por la cual se dispone el esquema de funcionamiento en todos los estamentos del Poder Judicial durante la vigencia de la emergencia sanitaria provincial.

En cuanto a las medidas anunciadas en el día de ayer, jueves 19 de marzo de 2020, por el Poder Ejecutivo Nacional, y analizados los términos del Decreto Presidencial publicado, se informó que en las próximas horas se adoptarán medidas en consecuencia a lo dispuesto por dicho instrumento, publicó Diario Jornada.

El secretario general del gremio, José Luis Ronconi, reconoció que el presidente de la Corte Provincial, Mario Vivas, se mostró flexible para derogar la polémica Acordada. Consideró esa resolución como «ilegítima» y volvió a manifestar que la Justicia «no es un servicio esencial».

El Sitrajuch se movilizó ayer al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para repudiar los alcances de la Acordada que regula el servicio de Justicia y para reclamar el pago de haberes del mes de enero.

«Nosotros vinimos a plantear que el conflicto se agudizaba si esa Acordada se mantenía», señaló Ronconi en diálogo con EL CHUBUT.

El líder del gremio avisó que «vamos a mantener el conflicto», aunque a cambio de que las autoridades de la Corte Provincial deroguen la Acordada «podríamos reducir algunas de las medidas del conflicto».

Ronconi aclaró que «de ninguna manera vamos a aceptar una Acordada que regula a punto tal de cercenar el derecho a huelga», y ejemplificó que plantear que en una dependencia hace falta el 50% del personal «es realmente cercenar el derecho a huelga».

«Ellos plantearon que podría haber un acuerdo para derogar la Acordada. Vamos a seguir negociando y saber cuáles podrían ser las alternativas a negociar con el Superior Tribunal de Justicia», remarcó Ronconi, quien agregó que hoy se ejecutarán Asambleas para analizar los pasos a seguir.

Explicó que para los ministros del STJ «la Acordada está vigente», pero no dudó en catalogarla como «ilegítima».

En torno al contenido de la Acordada, que exigía una cantidad determinada en algunas dependencias, Ronconi dijo que «en algunos lugares se cumple con la Acordada y en otros lugares no».

Atribuyó que el acatamiento a la Acordada «depende de la determinación de los compañeros, pero siempre está latente una posible sanción y para nosotros eso es admisible».

«Nosotros seguimos con retención de servicios y además recomendamos a todos desconocer la Acordada por ser ilegítima», aseveró el representante gremial.

Analizan ir en queja a la OIT y a la justicia

Ronconi dejó en claro que entre las posibilidades que analizan desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SiTraJuCh) es ir en queja a la Organización Internacional del Trabajo.

Describió que la Organización Internacional del Trabajo «alega que la Justicia en sí misma no es un derecho esencial» y recordó que la Acordada «va en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional y eso fue lo que planteamos ante las autoridades, y que inclusive analizamos la posibilidad de ir en queja a la OIT, más allá de cualquier acción legal que podamos presentar».

Rechazan la Acordada que firmaron los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi y reclaman incumplimiento en el pago de los salarios.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) José Luis Ronconi, junto a otros dirigentes se concentrarán hoy miércoles a las 9 horas en las escalinatas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para repudiar la Acordada que instrumentaron las autoridades del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar un servicio «razonable» en todos los juzgados de Chubut.

Los trabajadores esperan ser recibidos por las autoridades del Superior Tribunal y quieren dejar sin efecto el documento que emitió el organismo con la finalidad de garantizar el servicio de justicia. La movilización también tendrá como consigna el reclamo al Gobierno Provincial por no cobrar aún los salarios del mes enero. Los empleados judiciales están prácticamente todos incluidos en el tercero y cuarto rango del pago de sueldos, que aún el Gobierno no depositó.

Por su parte, Gabriela Huenchual, otra dirigente, señaló a diario El Chubut: «Esperamos ser atendidos por el presidente Mario Vivas para discutir sobre la Acordada». La vigencia de la Acordada generó fuerte malestar dentro de los gremios, porque consideran que «cercenan el derecho a huelga» por los amplios alcances sobre el personal disponible para garantizar el servicio de justicia.

Vivas y Panizzi expresaron en la Acordada que «sin perjuicio de reconocerse el derecho de los trabajadores judiciales a la huelga, resulta evidente que la duración y extensión de las medidas de fuerza impactan negativamente tanto en la ciudadanía como en los operadores internos y externos, imponiendo la necesidad de establecer reglas que impidan una verdadera denegación de justicia, lo que no ha de tolerarse».

El Instituto consideraba que, como vivían en un inmueble que tenía una pared divisoria, el requisito de convivencia no se cumplía. Los ministros de la Corte resolvieron el caso con perspectiva de género.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut revocó una Resolución del Instituto de Seguridad Social y Seguros, por la cual le habían denegado la pensión a una mujer que vive en la localidad de Rio Pico.

La ciudadana M.H.S. fundó su derecho al beneficio en la relación de concubinato que mantuvo desde 1.980 (por 37 años) con el fallecido R.Ñ, de cuya unión nacieron tres hijos, mayores de edad.

El Instituto consideró que no se cumplía el requisito de convivencia, fundándose en que habían levantado una pared divisoria dentro de la vivienda. La mujer explicó que se tomó esa medida a los efectos de protegerse de la violencia ejercida por el hombre, tal cual consta en las denuncias efectuadas ante la Comisaría y el Juzgado de Paz de Río Pico.

No obstante, el ISSyS indicó que la situación que la mujer había tenido que soportar durante 40 años, no debía ser atendida por el derecho previsional sino por la justicia ordinaria.

Según la valoración efectuada por los ministros Mario Vivas y Alejandro Panizzi, las pruebas acreditaron que al momento del fallecimiento de R.Ñ, ambos concubinos habitaban la misma vivienda. Se valoraron los testimonios de vecinos, las facturas de servicios y un plan de pago de fechas recientes al deceso y otras de años anteriores. También declaraciones juradas en las que el hombre, en vida, había manifestado que ella era su concubina y la había incluido en su grupo familiar, en este carácter, como beneficiaria de la obra social Seros.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros primero reconoció a la mujer como concubina del titular y le brindó durante todos esos años las prestaciones de la obra social; pero al momento de fallecer su concubino, le desconoció este carácter y le denegó la pensión.

El Superior Tribunal constató que la Caja provincial, al dictar los dos actos administrativos -el que denegó la pensión y el que lo confirmó- no había considerado las numerosas pruebas que acreditaban los requisitos para otorgarla, ni la situación de violencia que había vivido esta mujer. Y que con tal decisión, se agravaría su precaria situación, ya que los ingresos del fallecido constituían el sostén económico de la vivienda familiar.

Se hizo hincapié en el compromiso asumido por el Estado Nacional, en diversos tratados internacionales, en relación a la importancia de facilitar el cumplimiento de leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor.

Además, el fallo tiene un fuerte componente de perspectiva de género.

Vivas y Panizzi, tuvieron especialmente en cuenta, lo expresado en la Convención de Belém do Pará, en el sentido de que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, y que situaciones de vulnerabilidad como las que han quedado expuestas en este caso, obligan a los poderes públicos a “abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación.”

Con estos elementos de juicio, El Superior Tribunal de Justicia del Chubut hizo lugar al Recurso de Apelación de la damnificada, revocó las Resoluciones N° 1.481/18 y N° 1.044/18 del Instituto de Seguridad Social y Seguros y dictaminó que, dentro del término de 15 días, el órgano previsional deberá dictar una nueva resolución ajustada a derecho, conforme los considerandos precedentemente expuestos, informó El Chubut.

El secretario general de la Atech, Santiago Goodman, ayer denunció que el Gobierno de Mariano Arcioni aplicó descuentos masivos a todos los docentes «en forma indiscriminada», afectando a trabajadoras con «licencia por maternidad», además de los que pararon, que también repudió.

La conducción gremial convocó a los docentes a marchar hoy al Superior Tribunal de Justicia, a partir de las 10 horas, para reclamar a los ministros que hagan lugar al amparo presentado contra la circular del ministro coordinador, Federico Massoni, que ordena aplicar «descuentos masivos» a todos los estatales. El STJ resolvió no descontar los días de paro, y esto vendría a sentar un precedente a favor de los docentes.

Después se movilizaron al Ministerio de Economía, que llevó adelante los descuentos que empezarán a llegar en estos días. Ayer las regionales de Atech convocaron de urgencia a los docentes para definir las próximas medidas a seguir. Mañana viernes harán una nueva presentación en la Justicia para barrer con esta medida. En el momento en que el conflicto parecía descomprimirse, el gremio llamó a los docentes a volver a copar las calles.

«MEDIDA AUTORITARIA»

En los estudios de FM EL CHUBUT, Goodman precisó que el Ministerio de Economía descontó unos 17 días a docentes sin tener información fehaciente de los casos particulares, y no dudó que se trata de «una medida autoritaria, contraria a la Constitución y a las leyes». Estos decuentos vendrían a corroborar la decisión del ministro coordinador, Federico Massoni, de aplicar «descuentos masivos» a estatales frente a las «inconsistencias» encontradas en las planillas.

Goodman puso bajo sospecha el manejo que hizo el gobierno de Arcioni de las cargas de los salarios de los docentes que empezarán a pagar desde este viernes. «Todos tienen descuentos igualitarios de 17 días, realizados en el Ministerio de Economía, porque esa información nosotros la teníamos de los trabajadores del Ministerio de Educación, que solamente se habían cargado aquellos días que fueron informados por las escuelas», indicó.

El dirigente de Atech refirió que los descuentos fueron aplicados en forma caótica y contra las leyes. «Sabemos que hay un descuento en donde han elegido escuelas y le han descontado a todo el personal de la escuela, docente, personal auxiliar, personal directivo, haya hecho medidas de paro, haya hecho medidas de retención de servicio, estando en licencia por maternidad, estando en licencia por accidente de trabajo, o por enfermedad», describió.

Por último, Goodman sostuvo que el reclamo judicial es tanto por los docentes que hicieron paro, como por aquellos otros que tenían licencias u otras razones. «El que hizo la medida también la hizo legítimamente y vamos a reclamar por todos los que hicimos la medida porque no tienen derecho al haber incumplido con el pago», concluyó.

El pasado 9 de octubre el pleno del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia confirmó, en lo pertinente, la sentencia del Tribunal Colegiado de primera instancia y el pronunciamiento de la Cámara Penal de nuestra ciudad que condenó a E.D.M. a la pena de 13 años de prisión. La causa tenía doble conforme y E.D.M. había sido declarado penalmente responsable como autor del delito de “homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa”.

Cabe mencionar que el Ministerio Público Fiscal  obtuvo en primera instancia una sentencia condenatoria de 13 años y 4 meses de prisión en contra del E. D. M. al ser declarado penalmente responsable del delito de “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Esta sentencia de primer grado fue impugnada por el entonces defensor ante la Cámara Penal local que hizo lugar parcialmente a la impugnación y redujo la condena a 13 años de prisión. Así el pasado 4 de abril la causa fue elevada en consulta, por el monto alto de la pena (de más de 10 años de prisión), ante el Pleno del Superior Tribunal de Justicia de la provincia

El pleno del STJ fue presidido por el ministro Mario Luis Vivas e integrado con los ministros Miguel Ángel Donnet, Alejandro Javier Panizzi, Raúl Adrián Vergara, Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero. La fiscal del caso fue María Laura Blanco, responsable del área de Violencia Familiar del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.

El hecho ventilado en debate a mediados de octubre de 2018, acontece el 10 de agosto de 2017, entre las 01.30 y las 04.25 hs., la víctima D. A. G. L. se encontraba en su domicilio sito en calle Código 3111 al 500, del Barrio Los Tres Pinos de Comodoro Rivadavia, junto a su pareja, E. D. M., con quien convivía hace aproximadamente ocho años, y los cuatro hijos de la pareja, que se encontraban durmiendo. En tales circunstancias, el imputado comenzó a increpar a su pareja, exigiéndole que le diga el nombre de la persona que días antes le había enviado un mensaje de texto. Al no tener respuesta E. D. M. se dirigió a una habitación y regresó con un arma de fuego, y mostrándosela a su pareja le dijo: “ésta es la que va a decidir si vos vivís o no, ahora yo tengo el mando”, tras lo cual apuntó con el arma a la cara y la cabeza de la víctima, exigiendo que le diga quién le había mandado el mensaje. Ante la negativa de la víctima, E. D. M., con claras intenciones de darle muerte, la empujó contra la pared, le apoyó el arma en el abdomen, y efectuó al menos un disparo que ingresó por la zona paraumbilical y salió por la cresta ilíaca derecha, provocando tres lesiones que más allá de la zona en que tuvieron lugar, no pusieron en peligro la vida, con un tiempo de incapacidad laboral estimado en menos de treinta días.

Los jueces del STJ consideraron que “la existencia material del evento se acreditó con el testimonio de la propia víctima, quien rememoró las circunstancias de la agresión”. Más adelante, “expuso que tras la detención de E.D.M., se sintió confundida, con mucho temor por la cuestión económica y con incertidumbre por sus hijos. Declaró que esas circunstancias la llevaron a cambiar su versión de los hechos ante un escribano, a quien, falsamente, le manifestó que no había sido un ataque, sino un accidente”.

La autoría de E.D.M. en el hecho atribuido no fue controvertida. El imputado sólo adujo que no tuvo la intención de provocar el resultado, sino sólo de asustar a su concubina y  que el disparo fue accidental. Sin embargo “maniobras informáticas llevadas a cabo en el teléfono Móvil del encartado permitieron acceder a sus conversaciones, mantenidas por mensajes. A partir de ellas se pudo reconstruir el modo en que E.D.M. consiguió un arma de fuego, así como la finalidad que tuvo al solicitarla y su intención de lograr la impunidad, una vez que lesionó a la víctima con ella.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, recibió a representantes de la Federación Argentina de Magistrados (FAM) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut para analizar la situación económica y social que atraviesa la Provincia.

La representación de la FAM estuvo a cargo de Ariel Ariza y Héctor Leguizamón, presidente y vicepresidente, respectivamente, en tanto, por la Asociación que nuclea a magistrados, asistieron los integrantes de la Comisión Directiva, encabezados por la titular Sonia Donati.

Los magistrados pusieron en conocimiento de Vivas los temas tratados con el gobernador Mariano Arcioni, en la reunión celebrada el jueves pasado. FAM se solidarizó con la situación que atraviesan actualmente sus representados de Chubut.

Plantearon la situación del Poder Judicial en el marco de la crisis que afecta a la provincia, dando cuenta de la sobrecarga laboral y la imposibilidad de los magistrados y funcionarios de atender la totalidad de la demanda diaria. Indicaron que la magistratura lleva a cabo un alto porcentaje del trabajo, y que, gracias a la voluntad y el esfuerzo de sus representados, se ha evitado un mayor resentimiento del servicio de Justicia, el chubut.

A fin de tratar puntualmente dicha situación se acordó con el Superior Tribunal de Justicia realizar la semana próxima una reunión conjunta, con la participación del gremio de los empleados judiciales y la Amfjch, con el objetivo de articular acciones que permitan encontrar soluciones consensuadas.

 

En los próximos días el Superior Tribunal de Justicia deberá determinar si hace lugar a la medida cautelar solicitada por Rossana Artero y la restituye o no en el cargo de intendenta de Rawson.

Artero, suspendida desde el 20 de agosto, denunció múltiples irregularidades en el proceso de juicio político y la posterior suspensión que realizó el Concejo Deliberante.

El procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, hizo lugar a la presentación realizada por la intendente Rossana Artero solicitando la nulidad del proceso de juicio político y de todo lo actuado por el Concejo Deliberante y el ejecutivo municipal desde su suspensión.

Miquelarena entendió que «las violaciones de procedimiento acusadas y detalladas en la denuncia, verificadas a prima facie con la documental acompañada y los registros de audio, habilitan la admisibilidad de la vía intentada. En mi opinión, corresponde admitir la denuncia y sustanciar el proceso».

Entre las múltiples irregularidades, Artero denunció que «se la suspende preventivamente del cargo de intendenta municipal invocando el artículo 199 de la Carta Orgánica pero sin la existencia de una acusación», cosa que está claramente establecido. Además, afirmó que hay «vicios en el procedimiento de juicio político» y que los «documentos legislativos se encuentran viciados de nulidad manifiesta, desde su formación, acusando falta de técnica legislativa», así lo informo el chubut.

Sostiene que las resoluciones emitidas no fueron dotadas de proyectos, tal como manda el reglamento orgánico del Concejo Deliberante y que se «violentó el procedimiento por faltas del orden del día. Así, los actos fueron realizados sin proyecto de resolución y sin orden del día, ocultando con intencionalidad razonada la carencia de legitimidad del procedimiento»: