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El juez Alejo Ramos Padilla volvió a citar a indagatoria a Carlos Stornelli. Es el sexto llamado a declarar para el fiscal en rebeldía, por su presunta participación en la red de espionaje ilegal que investiga el juez de Dolores. La nueva fecha fijada es el 18 de julio a las 10 de la mañana, “a los fines de que el Dr. Carlos Stornelli tenga la oportunidad de efectuar su descargo”, según escribió Ramos Padilla en una resolución emitida ayer.

La nueva convocatoria tiene lugar luego de la ratificación por parte de la Cámara de Casación del estado de rebeldía de Stornelli, quien había apelado esa medida. La sala II del máximo tribunal penal del país dejó firme la declaración de rebeldía del fiscal de Comodoro Py la semana pasada, tras considerar mal concedido el recurso de apelación por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata. Es decir que todas las instancias ya consideraron que Stornelli debe comparecer en la causa y que nada justifica las ausencias a los cinco llamados anteriores.

Lo más probable es que Stornelli vuelva a desconocer el llamado de la Justicia y presente un recurso de queja ante la Corte Suprema. Lo cierto es que desde el Palacio ya hubo algunas señales contrarias a que un fiscal de la Nación no esté ajustado a derecho. Aunque sin hacer nombres propios, el juez del máximo tribunal Horacio Rosatti fue consultado sobre qué haría si la Justicia lo llamara a declarar: “Me presento. Es mi obligación. Son las reglas, si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete. Uno acá tiene que dar el ejemplo, en la vida privada, que muchos dirán qué tiene que ver la vida privada, y en la vida pública”, respondió el magistrado.

La incógnita es si tras el fallo de Casación del jueves pasado y el nuevo llamado a indagatoria, el sumario que cursa lento y con un plazo de 60 días en la Procuración mostrará algún tipo de avance. O si el procurador interino Eduardo Casal, quien hasta ahora oficia de paraguas protector para Stornelli, tomará algún tipo de medida para que el fiscal se ajuste a derecho y se presente en Dolores. El expediente interno de la Procuración está a cargo de Marcelo Retes y debe definirse sobre el pedido de desafuero realizado por Ramos Padilla. El camino del juicio político está abierto, aunque sin indicios de que efectivamente pueda ocurrir.

Como se sabe, el fiscal de las fotocopias de los cuadernos está imputado en numerosos delitos cometidos por la banda de D’Alessio. Entre ellos, las extorsiones a Pedro Etchebest y a Pablo Erasmo Barreiro; la coacción al ex directivo de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat; el pedido de que se le hagan cámaras ocultas a los abogados defensores de la causa cuadernos José Manuel Ubeira y Javier Landaburu; e incluso espionaje ilegal al ex marido de su actual esposa, Christian Castañón.

Lo novedad que encendió alarmas entre los involucrados en el expediente tiene que ver con el pedido para declarar de manera voluntaria del agente de la AFI Pablo Gonzalo Pinamonti. Fue mencionado por el ex espía detenido y procesado Rolando Barreiro como el hombre al que D’Alessio reportaba sus investigaciones ilegales. Ramos Padilla ya le solicitó autorización para concretar la indagatoria voluntaria a las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, ya que se trata de un agente actualmente activo y en funciones. “Teniendo en cuenta su solicitud de brindar explicaciones de manera espontánea en los términos de los arts. 73 y 279 del C.P.P.N. (Código Procesal Penal), previo a disponer audiencia estése a la espera de la solicitud de autorización formulada por el nombrado al titular de la Agencia Federal de Inteligencia”, dice el escrito.

Según la declaración de Barrerio, D’Alessio tenía reuniones con Pinamonti junto con los ex comisarios y agentes de inteligencia Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi, también presos y procesados por Ramos Padilla. En la ampliación de indagatoria, detalló –según publica Página 12– que el falso abogado trabajaba para Pinamonti porque éste le había prometido un cargo en el área de delitos complejos de la Agencia y, a su vez, D’Alessio le había prometido a Barreiro que lo llevaría con él en caso de conseguirlo. “Esa es la persona (Pinamonti) que, según él decía, lo iba a introducir en esa cuestión de delitos complejos. Que ahí es donde él me dijo, en varias oportunidades, si a mí me gustaría ir, si él agarraba esa parte de investigaciones, si me interesaría volver a trabajar ahí, cosa que nunca ocurrió, ni volví a la AFI ni nada”, puntualizó.

El Comodorense

El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este martes la elevación parcial para que vaya a juicio oral la causa de los cuadernos por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, un caso que estalló en agosto pasado y derivó en una lluvia de empresarios y ex funcionarios arrepentidos, y sacudió el mundo político y económico, sea elevada a juicio oral y público.

En un escrito de 678 páginas –las mismas que requirió el último procesamiento de Claudio Bonadio sobra la cartelización de publica-, la fiscalía -a cargo de Stornelli y del fiscal Carlos Rívolo- pidió mandar a juicio por como jefa de una asociación ilícita a la ex presidente Cristina Kirchner, y como organizadores de esa banda al ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y al financista Ernesto Clarens.

A José López, el ex secretario de Obras Públicas condenado por enriquecimiento ilícito que se convirtió en arrepentido, la fiscalía lo consideró un miembro más -pese a la que la Cámara Federal lo consideró a la hora de los procesamientos un organizador-.

«López, (los ex funcionarios de Planificación) Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Nelson Lazarte,  (el chofer) Centeno, (los empresarios de Electroingeniería) Gerardo Ferreyra, Germán Nivello y (el ex director de Yaciretá) Oscar Thomas resultaron ser miembros porque, a diferencia de otros imputados, cumplían ciertas directivas dependiendo del rubro en el que se encontraban. Sobre todo de los organizadores, quienes al esquematizar parte de la asociación tenían más conocimiento acerca de las demás actividades que se desarrollaban», se afirmó.

El fiscal apuntó por cohecho activo (haber pagado coimas) a los empresarios Angelo Calcaterra, Hector Sánchez Caballero, Juan Carlos De Goycoechea, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Raúl Vertua, Benjamin Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Copetti, Rubén Aranda, Carlos Mundín, Miguel Angel Marconi y  Claudio Glazman.

Por haber recibido dinero (cohecho pasivo) se pidió mandar a juicio al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su asesor Hugo Larraburu; y a los ex funcionarios de Planificación Hernán Gómez, Fabián Ramón y Walter Fagyas, junto al remisero Hernán del Río.

«En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo», sostuvo el dictamen al que accedió Infobae.

Stornelli dejó afuera de este tramo a los empresarios de  Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, éste último quien había declarado como arrepentido al momento de ser arrestado-. Según se explicó, el Ministerio Público promovió profundizar qué había sucedido en Venezuela, en sintonía con lo que había dicho la Cámara Federal al desprocesar a Paolo Rocca. De acuerdo a las fuentes judiciales, esas situaciones quedan pendientes para más adelante. Los empresarios de Techint afirmaron que habían pagado coimas «para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del grupo y sus familiares en Venezuela, que vivían un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de SIDOR por parte del régimen chavista»

Stornelli tampoco se pidió elevar a juicio a Aldo Padoan y a Manuel Santos Uribelarrea. Y se dejó para considerar más adelante (cuando se revise el tema de la concesionarios viales) la situación de Juan Chediack, quien también habían sido arrepentido en el caso y fue procesado en ese tramo de la investigación.

Por último, se pidió mandar a juicio por encubrimiento a los ex secretarios de Néstor y Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez y Daniel Alvarez. Y por tenencia de arma a Fagyas, Otero y Copetti -halladas durante los allanamientos-.

La banda. «La asociación ilícita que funcionó entre los años 2003 y 2015 tuvo como finalidad organizar un sistema de recaudación de dinero ilegal, de manera tal que les permitiera enriquecerse y utilizar, parte de esos fondos, para la comisión de otros planes delictuales», dijo la fiscalía. «Para cumplir con ese objetivo, los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional. Para cumplir con el objetivo se recurrió a la utilización de distintos vehículos oficiales, asignados a dependencias estatales, que eran utilizados en el circuito diagramado para la recolección del dinero facilitado por los privados», afirmó.

Los negocios. A criterio del Ministerio Público, «funcionarios públicos que se desempeñaban en el mismo poder, y/o sus secretarios y/o colaboradores, fueron los encargados de efectuar cada uno de los recorridos predeterminados, que tenían como fin dirigirse a las sedes sociales de las compañías y/u otros lugares establecidos, para poder efectivizar cada una de las transacciones». «Todos esos acontecimientos tuvieron su razón de ser en los réditos que los empresarios obtenían a través de las promesas realizadas por los representantes gubernamentales, puesto que tenían capacidad funcional para incidir legalmente en las licitaciones, otorgamientos de obras, subsidios y/o pagos que los empresarios aguardaban». El dictamen afirmó que «en esas líneas escritas por Oscar Centeno surge que hubo una gran cantidad de transacciones entre los empresarios y referentes de los funcionarios públicos que lideraron y organizaron la agrupación» y «en efecto, Daniel Muñoz, en su carácter de Secretario Privado del ex Presidente Néstor Kirchner, aparece en reiteradas ocasiones, a punto de erigirse como un denominador común entre los años 2008 y 2010, recibiendo el dinero obtenido a través de ese mecanismo de recaudación ilegal instaurado desde el Poder Ejecutivo Nacional en los domicilios presidenciales de calle Uruguay N° 1306 de esta ciudad y en la Quinta Presidencial de Olivos».

Los integrantes de la banda. La fiscalía aseguró que «los elementos de prueba recolectados han permitido demostrar con la certeza que esta etapa procesal impone que Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido, Roberto Baratta, José Francisco López, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Javier Lazarte, Rafael Enrique Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Bernardo Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, German Ariel Nivello, y Oscar Alfredo Thomas intervinieron en una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015». Y aseguró que «su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».

«La jefa». Con estas palabras, el fiscalía describe el rol de la ex presidenta.  Le adjudicó 40 hechos de coimas. «La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner –respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento-, y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente. La organización fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación». A lo largo del escrito, detalló que se dio por probada la seguidilla de «cohechos pasivos» que se le achacan a la hoy precandidata a la vicepresidenta del «Frente de Todos»

Los organizadores. En ese lugar la fiscalía colocó a De Vido y Baratta, tal como era el procesamiento inicial de Bonadio en setiembre pasado, e incluyó a Carlos Guillermo Enrique Wagner, por entonces Presidente de la Cámara de Construcción durante el periodo comprendido entre los años 2004 al 2012, y Presidente del directorio de la firma ESUCO S.A., y Ernesto Clarens, financista. Cada uno ellos, desde los cargos que ocupaban, actuaron en su establecimiento y ordenamiento, y se encargaron de que se realizaran los cobros comprometidos.

Las coimas. «En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban», se sostuvo. Y se añadió «ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios».

«Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados», señaló. Indicar que Centeno detallo montos y monedas en sus anotaciones y en otros casos fueron los propios arrepentidos los que dieron esos detalles. «Ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos», se sostuvo.

Tras la elevación parcial hecha por el fiscal Stornelli se espera ahora que hagan sus presentaciones las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Luego, llegará el turno de que las defensas opinen si la investigación está terminada y qué piden. Será el juez Claudio Bonadio el que formalice el pase del caso a un tribunal oral.

 

 

infobae

El presidente compartió una foto junto al fiscal rebelde que está arrinconado en la causa de Dolores.

El presidente Mauricio Macri y Carlos Stornelli estuvieron juntos hoy y una imagen capturó el momento. Se los ve en primera fila en el acto por el Día del Ejército. Allí solo separados por una silla vacía están el Presidente y su ex jefe de seguridad en Boca hoy devenido en fiscal federal «rebelde».

Stornelli está arrinconado en la causa de Dolores que investiga el juez Alejo Ramos Padilla por extorsión e integrar una red de espionaje ilegal.

Hoy Macri mantuvo su agenda habitual mientras se realizaba el quinto paro general en contra de su gestión. El jefe de Estado encabezó el acto conmemorativo por el Día del Ejército, en la misma jornada en que la CGT convocó a un cese de actividades.

 

Eldestapeweb

Alrededor de 30 personas se presentaron frente al Palacio de Tribunales para apoyar al fiscal federal Carlos Stornelli, que aún no se presentó a declarar frente al juez Alejo Ramos Padilla, motivo por el cual fue declarado en rebeldía.

Principalmente, un grupo de señoras de la tercera edad arribaron a la puerta del Palacio de Tribunales en Capital Federal para gritar: “Viva Argentina y el fiscal Stornelli. Los ciudadanos honestos no vamos a permitir que caiga la ‘Causa Cuadernos’”.

Lo insólito del caso no sólo fue la marcha sino la poca convocatoria que logró de militantes macristas en defensa de la República.

El fiscal federal sigue generando incomodidad en el oficialismo y en Comodoro Py tras ser declarado “en rebeldía” luego de haberse ausentado por 4ta. vez a la indagatoria que ordenó el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en el marco de la causa en la que se investiga una red ilegal de espionaje, extorsión y sobornos a empresarios de la obra pública.

 

elcomodorense

El fiscal Carlos Stornelli no se presentó este martes a declarar ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, en la causa en la que se investiga una supuesta extorsión a un empresario agropecuario.

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó el pedido de nulidad del fiscal Carlos Stornelli, quien este martes no se presentó a su nueva citación a declaración indagatoria en el juzgado de Dolores, donde está imputado como supuesto miembro de una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales. De esta manera, el juez ratificó la investigación que viene llevando adelante y en la que Stornelli se ha negado a prestar declaración indagatoria en varias oportunidades.

Ricardo Ribas, abogado del fiscal, asistió a ese juzgado e hizo un planteo de nulidad de la citación de Stornelli, quien ya había varios pedidos de nulidad de la investigación, porque considera que al magistrado incompetente para intervenir en el caso al sostener que los eventuales hechos delictivos que él niega habrían ocurrido en la Capital Federal y no en la ciudad balnearia de Pinamar.

Además, el letrado sostuvo en el escrito que Stornelli «se encuentra a derecho, ha constituido abogado defensor en la presente causa y ha realizado, en procura de salvaguardar las garantías constitucionales más elementales, los planteos que se estiman conducentes para el correcto encauce de los intereses en juego».

«Muchos de los cuales -por no resaltar su totalidad- no han sido siquiera abordados por VS, quien ha aplicado una singular y curiosa demora a su tratamiento», agregó el Ribas. Stornelli tiene fueros por su condición de fiscal por lo cual en caso de ser declarado en rebeldía no puede ser trasladado por la fuerza pública.

Ramos Padilla podría cursar un pedido a la Procuración General de la Nación para obtener su desafuero. Esta fue la cuarta citación al fiscal en el caso que investiga una organización delictiva que realizó espionaje ilegal en causas judiciales.

Stornelli faltó a las dos primeras convocatorias y pidió una prórroga de la tercera, que fue concedida para hoy. El fiscal está acusado en la investigación donde ya está preso con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’ Alessio.

 

ElPatagonico

Su defensa pidió una postergación de la fecha porque su abogado, Roberto Ribas, tiene una audiencia en un debate pautada con anterioridad.

El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentará el viernes viernes en el juzgado federal de Dolores, dónde está citado por tercera vez a indagatoria, en el marco del caso que investiga una presunta red de espionaje ilegal.

Según pudo saber PERFIL de fuentes cercanas al funcionario judicial, su defensa pidió una postergación de la fecha porque su abogado, Roberto Ribas, tiene una audiencia en un debate pautada con anterioridad. El pedido de prórroga ya habría sido presentado en Dolores, pero aún no recibieron respuesta porque el juez Alejo Ramos Padilla se encuentra en el Congreso de la Nación, en la Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades de Inteligencia.

El juez citó este jueves por tercera vez a indagatoria a Stornelli bajo «apercibimiento de ley», luego de que se ausentara ayer, la segunda de las dos veces anteriores. De acuerdo a lo que pudo saber PERFIL, más allá del pedido de postergación, no hay confirmación de que el fiscal vaya la próxima vez.

La defensa de Stornelli viene insistiendo con el pedido de recusación e inhibición del juez desde que empezó el caso, a fines de enero pasado. En el expediente está detenido el espía-falso abogado Marcelo D’Alessio y los ex miembros de la Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

En el escrito que se difundió esta mañana Ramos Padilla expuso que «siendo esta la tercera convocatoria no se advierten razones válidas que lo autoricen a desoír el llamado a prestar declaración indagatoria». Al tiempo que amplió: «ello mucho más si como ha ocurrido en la presente causa, en el marco de una resolución fundada se han indicado los argumentos de hecho y de derecho que dan cuenta de la existencia de la sospecha necesaria acerca de la posible comisión de delitos de acción pública por parte del nombrado que imponen esta convocatoria».

Stornelli quedó envuelto en el escándalo cuando se conoció que D’Alessio, se ofrecía como intermediario para mejorar la situaciones de empresarios presuntamente involucrados en la causa de cuadernos. Tras su detención quedó procesado con prisión preventiva y poco después el magistrado citó a Stornelli, en su caso por presunto espionaje ilegal.

Perfil

Garavano volvió a apuntar contra el juez que investiga a Stornelli y que el propio Macri pidió destituir.

El Gobierno presentó formalmente el pedido de juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje que involucra al fiscal Carlos Stornelli y salpica a figuras de Cambiemos como Elisa Carrió y Gustavo Arribas.

El pedido de jury había sido adelantado el viernes pero se concretó este lunes, luego de una presentación del consejero por el Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques.

Ahora, el oficialismo deberá buscar los votos para avanzar con el juicio político, aunque en el propio bloque de Cambiemos aseguraron a LPO que difícilmente obtengan los dos tercios de los 13 consejeros que necesitan para destituir al juez federal de Dolores. «Es más que nada un show», admiten en el Gobierno.

Según la presentación contra Padilla, el juez «manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas».

«No sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal», agrega la misiva.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, que había sido instruido junto a Mahiques por el propio Macri para avanzar contra Padilla, cuestionó la visita del juez al Congreso. «Se nos quiere involucrar en una causa en la que no tenemos ninguna vinculación y se hace con un show político en un año electoral», disparó.

Macri se había referido a Padilla en su entrevista con Luis Majul emitida en la noche del domingo. «No es la primera vez, Ramos Padilla ya ha hecho varias así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente si destituirlo», aseguró el presidente.

LPO

El chubutense Gustavo Menna es uno de los diputados nacionales de Cambiemos que firmaron una nota para oponerse a la presencia del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante la comisión de Libertad de Expresión, exposición durante la cual el magistrado reveló una red de espionaje político y periodístico que agranda el escándalo que involucra al fiscal Carlos Stornelli y al operador judicial Marcelo D’Alessio.

Menna y sus compañeros de bancada no fueron a la reunión de la comisión por considerar que se trataba de una “puesta en escena”, con el “dudoso objetivo de ‘informar sobre las distintas actividades de espionaje ilegales que se habrían realizado a varios periodistas, dirigentes políticos y personalidades públicas, afectando las garantías y los derechos que hacen a la tarea de prensa’”.

Ramos Padilla está a cargo de la investigación sobre la presunta extorsión que sufrió el empresario agropecuario Pedro Etchebest por parte del falso abogado D’Alessio, quien supuestamente en nombre del fiscal Stornelli le pidió dinero para asegurarse que no quedaría involucrado en la causa de los “cuadernos de las coimas”.

Los diputados de Cambiemos que integran la comisión de Moreau son, además de Menna, los radicales Karina Banfi, Miguel Bazze, Olga Rista y Mario Arce; la monobloquista tucumana Beatriz Ávila, que forma parte del interbloque oficialista y Orieta Vera González, de la Coalición Cívica. Todos ellos presentaron una nota explicando los motivos de la ausencia, que será leída en la reunión.

 

 

Diario Jornada

El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla envió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, un informe con todas las graves imputaciones que pesan sobre el fiscal federal Carlos Stornelli por su relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio. Ayer Stornelli no se presentó a su declaración indagatoria.

El documento enviado por Ramos Padilla a Casal:

“Se le imputa en particular reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley”, asegura Ramos Padilla en su resolución, entre las numerosas acusaciones contra el fiscal Stornelli. Además le imputa “haber actuado conjuntamente con Marcelo Sebastián D ́Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo”. Agrega que esas maniobras configuran “diversos y diferentes planes delictivos”.

El juez señala que Stornelli conocía a D’Alessio como agente de la agencia estadounidense contra el narcotráfico, la DEA, y que por tanto sabía que el falso abogado “no poseía atribuciones legales” para realizar investigaciones judiciales. “Actuaba en connivencia y con la colaboración de agentes o presuntos agentes o ex agentes orgánicos e inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales, conociendo las maniobras de espionaje ilegal que realizaban mediante mecanismos ilícitos tales como la coacción, la intimidación o la extorsión”, remarca el magistrado. Agrega que las víctimas de esas extorsiones luego en algunos casos eran obligadas a declarar en la fiscalía a cargo de Stornelli.

También lo acusa de haber reclamado operaciones de espionaje –filmaciones con cámaras ocultas- para perjudicar a abogados. “Se le imputa haber reclamado a Marcelo D ́Alessio que lleve a cabo una filmación a través de una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas, imputado en el marco de la causa Nro. 9608/2018 denominada ‘Cuadernos’, cuya investigación está a cargo del propio Stornelli”, apunta Ramos Padilla.

A eso se suma una imputación por haberle solicitado a D’Alessio que realizara “de manera paralela una investigación” vinculada a la causa de los cuadernos. “En particular, una operación de inteligencia mediante medios extorsivos y de intimidación para investigar la posible participación de Pedro Etchebest en posibles maniobras ilícitas en las que pudiera hallarse vinculado”, señala el informe del juez –según publica Página 12-.

“Se le imputa también –a partir de la delimitación de planes delictivos efectuada en el referido dictamen- haber ordenado a Marcelo Sebastián D ́Alessio la realización de una maniobra de filmación con cámara oculta al Dr. Javier Landaburu. Dicha operación se planificó en fecha indeterminada pero con anterioridad al 8 de enero de 2019”, suma el magistrado al detallar las acusaciones contra el fiscal.

Por último, lo acusa a Stornelli por “la omisión de denunciar o investigar el posible delito de acción pública que puso en su conocimiento Pablo Erasmo Barreiro”. Barreiro declaró en su fiscalía el 8 de octubre de 2018 y “relató que Marcelo Sebastián D ́Alessio, Carlos Liñani y Rodrigo González lo estaban intimidando y coaccionando refiriéndole que tenían documentación que podía comprometerlo” en el marco de causa de los cuadernos.

 

Después de haber recibido el pedido de recusación, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla llamó a declarar a los periodistas Alejandro Fantino y Romina Manguel por la causa que investiga una extorsión al empresario Pedro Etchebest.

Luego de la declaración sostuvieron que el juez les pidió «reservas» sobre el hecho. Además, sostuvieron que se van «tranquilos». En ese sentido, Alejandro Fantino indicó: «No tenemos que andar preocupándonos sobre si tenemos espionaje o no. Tenemos que hacer nuestro trabajo tranquilos».

El magistrado busca determinar si el principal imputado realizó informes de ambos periodistas. En los allanamientos que se realizaron a las propiedades del supuesto abogado, acusado de pedir coimas a nombre de Stornelli, se encontraron documentos con datos sobre Alejandro Fantino y Natacha Jaitt.

Tanto el conductor como Manguel se presentaron jueves en los tribunales de dolores para declarar como testigos ante Ramos Padilla, quien además aceptó como parte querellante al abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi.

En el expediente también quedó involucrado el periodista Daniel Santoro, quien habría mantenido varias reuniones con D Alessio, según él para informarse sobre distintos asuntos judiciales.

 

 

 

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