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El Superior Tribunal de Justicia decidirá en los próximos días si revoca la condena a la médica María Estrella Perramón a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer. Se la había acusado de la muerte de la joven Keyla, de 17 años, días después de haberle practicado una interrupción legal del embarazo. El juicio en Esquel la absolvió por el aborto pero la condenó por lesiones culposas.

Según la sentencia del juez José Colabelli, la médica Perramón, que trabajaba en el Hospital de El Maitén, al interrumpir el embarazo causó una infección mortal para la paciente.

Pero la defensa sostiene que incluso hoy en día no se conocen las causas de la muerte de Keyla porque no se investigaron ni se preservaron las muestras para poder determinarla.

Alejandra Tolosa, abogada defensora, relató los hechos ante los ministros Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet. La joven se presentó en el Hospital el 1° de diciembre de 2015 y solicitó la interrupción legal de su embarazo. Perramón le realizó el tratamiento con pastillas para interrumpir la gestación.

La joven vuelve al Hospital el 3 con dolores abdominales propios de esta práctica pero en buen estado de salud. El 5 de diciembre ingresa a la guardia con diarrea y vómitos. La medican para calmar el cuadro y vuelve a su casa pero horas más tarde regresa a la guardia. Tras unos estudios la derivan al Hospital de Esquel.

La operan por líquido en la cavidad abdominal pero la revisión ginecológica no encontró infección en útero ni intestinos. Luego de una segunda intervención quirúrgica, fallece.

Para la abogada de Perramón, la investigación del caso no buscó la causa de la muerte sino que persiguió a la médica.

Sostiene que en el fallo de la Cámara de Esquel, las juezas Carina Estefanía y Nelly García se basaron en el testimonio de Chinda Brandolino, doctora que integra la Fundación “Más Vida” y brindó datos erróneos y falsos. Según Tolosa, se desecharon otros testimonios que certificaron la seguridad que presenta la interrupción medicamentosa del embarazo.

“Se investigó únicamente a Perramón por la interrupción legal, entendiendo esa práctica como criminal e insegura, por tal motivo nunca se investigó la verdadera causa de la muerte”. La defensora agregó que “al no tener certezas, mal se puede determinar una conducta de la médica que hubiera evitado ese desmejoramiento en la salud”.

Explicó que a la médica primero la acusan por aborto, luego por homicidio culposo, “ya no por la legalidad del aborto sino por una mala praxis médica después de la interrupción. Le atribuyen la lesión que desmejora la salud; la culpan del desmejoramiento en la salud, no del fallecimiento, vinculándolo con la práctica de la interrupción legal cuando nunca se demostró un nexo causal entre el aborto medicamentoso, que tiene cero riesgo según la Organización Mundial de la Salud, con el fallecimiento. No existe nexo causal pero se la culpabiliza por haber hecho la práctica”.

La defensora deslizó que la joven pudo desarrollar una crisis blástica de origen leucimoide. “No se pudo descartar o confirmar porque no se preservó adecuadamente el material de la médula ósea y es una muestra más del poco interés que hubo en la investigación”.

Para la defensa de Perramón, el fallo de la Cámara de Esquel es “sesgado y arbitrario”, viola el principio de culpabilidad, el derecho de defensa en juicio y la garantía del aborto no punible. Además desalienta a otros médicos que pueden temer “estas criminalizaciones a quienes cumplen el deber jurídico de garantizar la práctica del aborto no punible”.

Tolosa considera que el fallo del STJ puede sentar jurisprudencia. Ya fue pionero con el caso F.A.L. y Chubut también con el protocolo de atención a abortos no punibles. “Es una oportunidad importante de reafirmar la garantía del debido proceso en relación a los derechos de la imputada y del acceso al aborto no punible”, aseguró.

Habló la representante del Instituto Nacional de las Mujeres, Luz Torres. Pidió la absolución y presentó un recurso de “Amicus curiae”: una presentación como tercero ajeno al litigio que voluntariamente ofrece su opinión para colaborar en la resolución.

Torres dijo que Perramón procedió cómo indican las guías de interrupción legal de embarazo y que no se comprobó la influencia que tuvo esta práctica en la muerte de Keyla. Por eso sin pruebas se viola el principio de culpabilidad. “No se valoró la prueba ya que tanto la sentencia en primera instancia como en Cámara fueron con preconceptos sobre la interrupción legal y quienes llevan estas prácticas”.

“Descartaron el análisis de la historia clínica, no analizaron la mensajería del celular de Keyla ni tuvieron en cuenta los testimonios e informes médicos de las ginecólogas del Hospital de Esquel, María Pía Brizzio y Julieta Epifane. Tampoco de la especialista Stella Maris Manzano y de González quienes constatan que no hay origen ginecológico en el deterioro de la salud que derivó en la muerte”.

El Instituto afirmó que la imputación se basó en estigmatizar a las médicas. Y que condenas así impiden abordar la problemática de la numerosa cantidad de mujeres que mueren por abortos inseguros.

Perramón sigue trabajando. Ayer no estuvo por problemas de salud. Incluso pidió licencia. En estos años tuvo dificultades para ejercer tanto en el sistema de salud como en la Justicia. “Sufre persecución y hostigamiento”, dijo su defensora.

El ministro de Salud del Chubut, Adrián Pizzi, se reunió en Rawson con el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, Miguel Ángel Donnet, con quien acordó el uso compartido de la Morgue Judicial de Comodoro Rivadavia, mientras se refacciona la del Hospital Regional “Dr. Manuel Sanguinetti” de esa ciudad.

El encuentro tuvo lugar este martes, en las instalaciones del STJ, y también estuvo presente el médico forense Oscar Heredia.

Trabajo de cooperación 

Al respecto, el ministro Adrián Pizzi explicó que “se hizo un acuerdo para el uso compartido de la morgue judicial de Comodoro Rivadavia, por el cual habría un trabajo de cooperación desde el área forense del Superior Tribunal de Justicia para la disposición de cadáveres”.

El acuerdo tendrá vigencia “mientras solucionamos la situación de la morgue del Hospital Regional”, indicó, precisando que “esa obra ya está licitada y adjudicada, y próxima a empezar”.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria resaltó “la buena voluntad del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Ángel Donnet, para llegar a este acuerdo”.

El Superior Tribunal de Justicia declaró improcedente la impugnación extraordinaria de los pediatras Hugo Mantuano y Roxana Barrientos y confirmó la sentencia condenatoria impuesta a ambos, declarados responsables por mala praxis tras la muerte de un bebé de 35 días ocurrida en febrero de 2014 en la guardia del sanatorio La Española.

“¡Gracias por estar cuando los necesitamos! Un abrazo grande y un paso más para que nuestro bebé, Nicolás Russo, descanse en paz”, manifestaron los padres del bebé fallecido, Paula Civitareale y Víctor Russo este martes.

En octubre de 2016, los médicos Hugo Mantuano y Roxana Barrientos fueron declarados penalmente responsables y se les impuso pena en suspenso de un año y medio, y tres años de prisión, respectivamente, además de la inhabilitación por cinco años para ejercer la pediatría.

El caso

El bebé de apenas 35 días había vomitado una sustancia color amarillo por lo que fue trasladado inmediatamente por sus padres a la Guardia Pediátrica de La Española y allí los atiendió Mantuano. El doctor colocó al bebé en la camilla y le indicó a sus padres que debían esperar los resultados del laboratorio y una vez que estuvieran debería consultar con su sucesora en la Guardia, Roxana Barrientos.

Según indicaba la acusación fiscal, el médico omitió tomar la temperatura del bebé y tampoco midió el nivel de oxígeno en la sangre ni ordenó una radiografía del tórax. Además, no realizó ningún tipo de control al niño, provocando que el cuadro se agravara.

Respecto del proceder de Roxana Barrientos, los padres de la víctima le suplicaban que atendiera a su bebé, ya que notaban que su situación empeoraba, pero ella les decía que no “hasta que tenga los resultados del laboratorio”.

Luego ingresaron nuevamente a la víctima a la Guardia, le colocaron una máscara de oxígeno para adultos, pidieron a sus padres que se retiraran y comienzan, junto a otro médico pediatra, una ventilación mecánica.

Luego de 25 minutos el niño falleció bronco aspirado.

ADN Sur

La Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura Provincial, que preside el diputado de Cambiemos, Eduardo Conde recibió la visita del Presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Alejandro Javier Panizzi, acompañado del Administrador General de ese Poder del Estado Provincial, Héctor Capraro, y el contador Mariano
Pardini.

Participaron de dicha reunión los integrantes de esa comisión, los diputados Alejandro Albaini de “Chubut Somos Todos”, Leandro Espinosa del “Frente de Agrupaciones”, y las diputadas Gabriela Dufour y Alejandra Marcilla, del Bloque PJ-FPV.

Al término de la reunión, Eduardo Conde explicó que el propósito del encuentro fue el planteo que hizo Panizzi para que se apruebe el presupuesto de gastos y Recursos del Poder Judicial para el actual ejercicio, estimado en 3.170.828.761 pesos.

Al respecto, los legisladores manifestaron el interés en conocer las motivaciones y razones que esgrime el Poder Judicial en torno a la necesidad de aprobación presupuestaria. En tal sentido, el magistrado y los funcionarios judiciales fundamentaron que es indispensable disponer este año con fondos suficientes para la creación de cargos en distintas jurisdicciones del Poder Judicial con el objetivo de favorecer el funcionamiento judicial chubutense.

Se trata, según especificó el presidente de la Comisión legislativa, de 45 cargos concursados, 15 para ministerios de la procuración fiscal y defensoría pública, respectivamente y otros 15 para el STJ. Al respecto, se puso de relieve la necesidad de cargos previstos presupuestariamente, por caso jueces penales en Rawson y Lago Puelo, y un juzgado del fuero laboral (N° 3 ) en la ciudad de Trelew.

Ante requerimientos de legisladores, los funcionarios judiciales explicaron que la estructura orgánica a cubrir es mínima en cuanto a personal, disponiéndose de la planta existente.

Otros aspectos

En otro orden y en relación con la función judicial, se coordinó con los funcionarios judiciales y legisladores respecto de algunos aspectos importantes a establecer mediante respectivos proyectos de ley, tales como la tasa de justicia y la posibilidad de litigación sin gastos, al tiempo que se consideró la posibilidad de acordar también tales aspectos normativos con los Colegios Públicos de Abogados del ámbito provincial, a fin de avanzar en la sanción legislativa pertinente.

Por último, el diputado Conde destacó la importancia de otro aspecto considerado en la reunión en el sentido de canalizar nuevos encuentros entre los legisladores y el poder judicial de la provincia a fin de abordar distintos aspectos de relevancia en relación con el funcionamiento de la justicia en el Chubut.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena contra un camionero, de iniciales J.L.P., a la pena  de quince años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente y a transmisión de enfermedad sexual grave en la modalidad de delito continuado”.

El expediente del Ministerio Público Fiscal confirma que el sujeto “abusó de la nena entre los seis y nueve años de edad, sin usar preservativos, conociendo que era portador del virus HIV”. La causa la llevó adelante la fiscal María Angélica Carcano y el dictamen del juicio fue una sentencia condenatoria. Luego, la Cámara Penal, en un tribunal integrado por los jueces Rafael Lucchelli, Leonardo Pitcovsky y Omar Minatta, confirmaron la resolución de juicio.

La Defensa Pública de Puerto Madryn presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que sea absuelto. Entre sus argumentos, consideraba que la pena de 15 años de prisión era excesiva por dos razones: se aleja del mínimo de la escala penal en juego, y es superior al mínimo del delito de homicidio, que es de 8 años de cárcel.

Por su parte, el Defensor General de la Provincia Sebastián Daroca, en su carácter de asesor civil en representación de la víctima, manifestó haberse entrevistado con la madre de la víctima (que estuvo presente en la sala), quien le informó que la joven se encuentra contenida, que convive con ella, y que cursa regularmente sus estudios. Ratificó todo lo actuado por la Asesoría, y pidió que se confirme la resolución impugnada

En una sentencia firmada por los ministros Mario Luis Vivas, Javier Panizzi y Miguel Donnet, se rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la Defensa Pública y se confirmó la sentencia de la Cámara Penal.