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Soriano

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Un grupo de trabajadores de la empresa Soriano, nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) bajó el patrocinio de los abogados Alejandro Rey y Eduardo Hualpa, presentaron una denuncia contra la firma procesadora de algas y pidieron la inhabilitación de la misma para seguir operando.

La denuncia fue presentada ante la Secretaría de Pesca, a quien le pidieron formalmente la suspensión de las concesiones para explotar el recurso de algas, hasta que la empresa resuelva el conflicto que ocasionó con su irresponsabilidad el abandono de sus empleados

En la presentación, que consta de varias carillas, se asegura que la firma está incumpliendo con la Ley XVII y asegurando que en la actualidad no estaría adecuada a la figura de “industria integrada” por la cual en el año 2006 se le amplió por 30 la concesión para la recolección y procesamiento de algas.

En la presentación realizada, los trabajadores también denuncia el vaciamiento de la empresa que opera en Bahía Bustamente, y Camarones, además del procesamiento en la planta ubicada en la localidad de Gaiman.

En ese contexto, es que los trabajadores piden que el estado provincial inhabilite a la firme hasta tanto regularice la situación en la que se encuentran los operarios.

La empresa redujo su planta de personal a principios del año 2017, y este año dejó de funcionar la planta procesadora de algas.

 

 

Diario Jornada

El Secretario de Trabajo, Gerardo Gaitan, la subsecretaria de Pesca, Paola Ciccarone y un representante del Ministerio de la Producción, brindaron en la sala de Presidencia de la Cámara de Diputados un amplio informe sobre la situación de la empresa Soriano luego que un grupo de trabajadores le solicitara a los legisladores una reunión urgente con funcionarios del gobierno por la incertidumbre en la que están y sin cobrar sus haberes desde hace cuatro meses.

Participaron el presidente de la Casa, Roddy Ingram, y los diputados del bloque Chubut Somos Todos, Jerónimo García; del PJ-FpV, Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla, Gabriela Dufour, Estela Hernández, Carlos Gómez y Viviana Navarro y de Juntos por
Chubut, Cecilia Torres Otarola a quienes les dejaron los expedientes y se les clarificó que no se le ha renovado los permisos a la empresa Soriano.

Blas Meza Evans dijo que han definido una estrategia jurídica y judicial “porque Soriano S.A tiene previsto presentarse en concurso preventivo en una Asamblea Extraordinaria para el mes de septiembre”.

El diputado explicó que “la concesión es el capital más importante y veremos cómo articulan los funcionarios del Poder Ejecutivo ante una eventual presentación de concurso preventivo con una concesión que vence en el año 2036 y que seguramente los empresarios querrán conservar por si cambia la macro economía, ya que esa planta podría volver a funcionar”.

Blas Mesa indicó que otra alternativa es formar una cooperativa de trabajo en el caso que exista un mercado potencial para que los propios trabajadores sigan de alguna manera en el sistema, “pero en lo inmediato el Secretario de Trabajo está llevando adelante una política de subsidios que es un paliativo de 5 mil pesos para las 33 familias”.

Los diputados convocaron para mañana a los ministro de Familia, Martín Bortagaray; de Producción, Hernán Alonso; al Secretario de Pesca, Adrián Awstin y el Subsecretario de Trabajo, Cristian Spíndola.

Los legisladores recibieron esta mañana a los trabajadores de Soriano y a raíz de los planteos en la sesión de hoy se solicitó la presencia de Alonso, Awstin y Spindola, en tanto la diputada del PJ- FpV, Estela Hernández solicitó la presencia del Ministro Martín Bortagaray para avanzar y articular sobre el proyecto de ley que presentó para crear en el ámbito del Ministerio de Familia y Promoción Social, el fondo especial denominado de “Emergencia Alimentaria”, destinado a la compra de alimentos, para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia.

Hernández dijo que el Fondo de Emergencia Alimentaria, tendrá una partida asignada para su aplicación, la cual no debe ser inferior al uno por ciento del Presupuesto total del ejercicio provincial, “el Programa de Emergencia Alimentaria será supervisado por un Consejo Consultivo integrado por representantes del Ministerio de Familia y Promoción Social; el Ministerio de Salud; de Educación, dos por el Poder legislativo y uno por el Defensor del Pueblo. Dicho Consejo tendrá funciones de asesoramiento, seguimiento de la ejecución y monitoreo de la gestión”.

Sobre los recursos del Fondo de Emergencia Alimentaria explicó que se distribuirán entre los municipios, “el 40% en función del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza y 60% lo supervisará el Consejo Consultivo y lo destinará en forma directa a los casos vulnerables que hayan sido detectados, con su seguimiento correspondiente. Además se creará un registro de aquellas instituciones, organizaciones y particulares que cuenten con comedores y/o merenderos que queden bajo la órbita del presente fondo especial”.

Meseta Intermedia

Otro de los funcionarios que fue convocado por el diputado del PJ-FpV, Blas Meza Evans en una fecha a establecer por la presidencia de la Casa, es al presidente del Instituto Provincial del Agua, Gerardo Bulacios y al Ministro de Medio Ambiente, Mariana Vega “queremos informarnos por un probable avance sobre el proyecto de la Meseta Intermedia que atentaría contra el caudal del Río Chubut dejándolo como un arroyo”.

Contrato Obra Pública

Además ingreso un proyecto de Ley General enviado por el Poder Ejecutivo Provincial a fin de “promover la renegociación y/o rescisión de mutuo acuerdo de los contratos de obra pública celebrados con ese Poder y las empresas contratistas, en virtud de la Emergencia Económica siempre que las condiciones técnico-económica así lo ameriten”.

“El uso de esta facultad no procederá en aquellos casos en que sea posible la reprogramación o la paralización de la obra. Tanto la paralización como la reprogramación de las obras se formalizarán previo acuerdo entre comitente y el contratista, inspirándose el mismo en el principio del esfuerzo compartido”, se establece en dicho proyecto de ley.

Albaini y Residuos orgánicos

El diputado del Bloque Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini presentó un proyecto de ley pata crear el Registro Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Orgánicos Industriales de conformidad a la Ley N° 25.612,  estableciendo que la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable deberá reglamentarlo en un plazo de 180 días a contar de su promulgación.

La iniciativa parlamentaria se derivó a la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente para su consideración y dictamen, instando el diputado Albaini a su rápido tratamiento dado la trascendencia de la problemática ambiental mostrándose predispuesto a compatibilizar el proyecto con una propuesta impulsada por su par José Grazzini, del bloque PJ- FPV, en procura de avanzar en una resolución de dicha problemática ambiental y social.

Alcances normativos

Se dispone que “la gestión eficiente y ambientalmente adecuada de los Residuos Sólidos Orgánicos Industriales (RSOI) es responsabilidad de las empresas generadoras y debe ser llevada adelante por Generadores, Transportistas y Plantas Operadoras debidamente habilitados”.

Establece también que “las Plantas Operadoras deberán realizar un tratamiento a los residuos que garantice la mínima afectación ambiental y la reutilización de la totalidad o, por lo menos, de una porción mayoritaria de los mismos”.

Se prohíbe la disposición final de los residuos en recintos, basurales, trincheras, cavas o enterramientos, que se encuentren en jurisdicción provincial sean públicos privados”.

Evaluación ambiental y Audiencia Pública

El proyecto de ley de Albaini establece que “los proyectos de Plantas Operadoras de RSOI deberán ser evaluados ambientalmente y sometidos a Audiencia Pública”, y que “las Plantas Operadoras de residuos orgánicos industriales deberán contar con toda autorización y/o habilitación necesaria, las que deberán ser presentadas a la Autoridad de Aplicación para su
correspondiente control”.

Penalidades

El incumplimiento a la presente normativa y a su reglamentación, que en su consecuencia se dicte, será sancionado con apercibimiento, multa desde cincuenta (50) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración correspondiente hasta doscientas (200) veces ese valor, Clausura temporaria, parcial o total, y Cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.

“La única manera posible de brindar soluciones a la problemática de los residuos orgánicos que se generan en las industrias, es el trabajo conjunto y mancomunado de los diferentes actores involucrados, de manera tal de concentrar esfuerzos y recursos en pos del bienestar general, para las generaciones presentes y futuras”, sostuvo Albaini cuya iniciativa está también suscripta por la diputada Viviana Navarro (PJ-FPV) y sus pares de “Chubut Somos Todos”, Cristina De Luca y Adrián López.