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Sobreprecios

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El juez de garantías del Chubut Sergio Piñeda hizo suyo los argumentos del fiscal general de Rawson Fernando Rivarola y rechazó el pedido del juez federal Claudio Bonadío para que la justicia de esta provincia investigue presuntos ilícitos en torno de la construcción de viviendas con fondos federales.

Rivarola había emitido un dictamen propiciando que el juez Piñeda rechace el pedido del juez Federal Claudio Bonadío para que la justicia del Chubut investigue la presunta existencia de sobreprecios en el marco de dos programas de viviendas federales de los años 2004 y 2005. De esta manera, tras conocerse la decisión de Piñeda, ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que deberá resolver cual es la jurisdicción que se hará cargo de la investigación.

En agosto del año pasado el juez Bonadío entendió que la investigación debía realizarlas las justicias de las respectivas provincias. En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó a la Fiscalía de Rawson, el fiscal general Fernando Rivarola se expidió y el juez de garantías Sergio Piñeda le dio la razón por lo que ahora todo fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rivarola basó su argumentación en que del material remitido no surge que exista una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan, conductas que constituyan el o los delitos y el lugar de la comisión del ilícito. Agrega que “los elementos aportados por el denunciante no permite dilucidar el verdadera alcance delictivo” y que “corresponde al juez que previno (Bonadío) profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos”. La denuncia fue realizada en el año 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans.

También Rivarola se basó en un informe que a pedido de la Fiscalía de Rawson realizó el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, que indica que “las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscripto en los programas federales, en particular Gotti S.A. Austral Construcciones S.A. y Juan Felipe Gancedo S.A. no han resultado contratistas de ese Instituto provincial”.

Se trata del Programa Federal de Construcción de Viviendas del año 2004 y el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas del año 2005. La causa está caratulada como “De Vido, Julio Miguel y otro sobre delito de acción pública. La investigación de Bonadío se inició en agosto del año 2007 por la presunta existencia de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de licitaciones para la construcción de viviendas mediante acuerdos del gobierno nacional de entonces y las provincias de Corrientes, Chubut, Rio Negro y Buenos Aires, entre otras. Las obras estaban a cargo de las empresas Gotti Hnos. S.A., Costilla y Austral Construcciones.

Rivarola concluyó en su resolución que “luego de analizar los hechos denunciados, arribo a la conclusión del rechazo de la competencia de esta jurisdicción, por no contar con elementos adecuados y eventualmente calificaciones jurídicas adecuadas a esos hechos”.

Los empresarios que serán imputados son Franco Finiguerra, de Mall Don Bosco; Bruno Taurelli Chiribao, de Agrícola, y Cecilia Sabada, de Kiosco Emanuel; todos de Trelew y Madryn.

Están acusados de “cobrar valores superiores a los productos de mercado o por no entregar la mercadería”, tal como informó semanas atrás ADNSUR.

Son considerados partícipes necesarios de la defraudación al Estado, mientras que los funcionarios imputados son considerados autores del delito.

Los comercios están acusados de hacer facturas truchas, sobrefacturar y no entregar los elementos solicitados, en connivencia con Diego Correa, Diego Lüters y el resto de los imputados por corrupción en Chubut.

Los fiscales de la causa son Alex Williams y Omar Rodríguez. También participan de la audiencia Cristian Martínez y Mario Romero, de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la jueza es Mirta Moreno.

A su vez, según pudo confirmar ADNSUR, no asistieron a la audiencia los empresarios Marta Fracasso, de Blanquerna Matices ni Guillermo Williams, de Casa Maza.

Por la causa Emergencia investigan al ex jefe de Unidad Gobernador, Diego Correa, el secretario, Diego Lüters, la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez (ex subsecretario de Desarrollo Social) y ahora también a Vanina Varale, ex jefa de Depósito e imputada como coautora.

Fuente: ADNSUR

Así lo indicó el Procurador General de la provincia de Chubut, Jorge Miquelarena, quien confirmó que “en estos momentos es imposible continuar con la investigación después de la Probation solicitada por la defensa de los empresarios”.

En este sentido, Miquelarena sostuvo que “el precio se tiene que retrotraer a los costos que vale esa obra, lo cual ahora sería una tarea inalcanzable porque no contamos con los recursos económicos, técnico y humano para indagar si existió sobreprecio o no en las obras”.

Aunque dejó en claro que esta decisión es temporal. “Al menos por ahora y hasta tanto no se concluyan las actuales investigaciones. Luego, los Fiscales merituarán si existen elementos para investigar sobreprecios el próximo año y si consideran que es importante hacerlo se tendrá en cuenta”.

Respecto a la probation, el Procurador General dijo que “por este motivo, tal vez se llega a la Probation (la cual no es aplicable a los funcionarios). He escuchado algunas voces que plantean la oposición a la suspensión de juicio a prueba, porque hay una parte de la historia que se desconoce”.

Miquelarena insistió en que para analizar la aprobación de la Probation, hay que tener en cuenta la declaración testimonial que es el motivo de la imputación donde se habla de cohecho y no de sobreprecios o mercantilización de la obra pública.

“En esta causa se investiga el cohecho y las circunstancias en las cuales los funcionarios públicos cobraban las obras, por eso una parte de la querella está de acuerdo y no se opone a la suspensión de juicio a prueba, si dudan en los montos de la reparación que presentan los empresarios imputados”, concluyó el flamante Procurador General Jorge Miquelarena.

 

 

Argentarnoticias.com

La trama de la causa que investiga presuntos sobreprecios en cuatro obras de energía eléctrica se complejizó. Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño buscan determinar si fehacientemente Nación giró los fondos para las cuatro subestaciones transformadoras. Detectaron que el Gobierno provincial financió una parte de los trabajos. Algunos de los componentes estarían en España.

La investigación por las obras de Trelew, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly entró en un laberinto. En la causa que maneja el Ministerio Público Fiscal hay tres patas clave: la intervención del área de Servicios Públicos, las empresas y las cooperativas de servicios públicos.

Los fiscales solicitaron información a la Secretaría de Energía de la Nación para delimitar si las obras efectivamente fueron financiadas por el Estado nacional. Una vez que llegue la documentación de las oficinas de Buenos Aires, comenzará a pulirse el proceso de investigación.

«Estamos esperando una información de la Secretaría de Energía de la Nación que era la que supuestamente tenía que financiar los proyectos. Queremos saber si giró los fondos, cuánto fue lo que financió o si directamente no se concretaron las transferencias», relató una fuente judicial. Los datos que manejan desde Fiscalía es que los adelantos de certificados los pagó el Gobierno provincial y no Nación.

«Las cuatro obras tuvieron un anticipo y solo una que está ubicada en Comodoro Rivadavia cobró dos certificados más», confió a EL CHUBUT un funcionario del Poder Judicial que sigue de cerca la causa. En caso de que el Gobierno nacional no haya financiado la obra, la causa no se cae, porque otra de las hipótesis que siguen los fiscales es la de sobreprecios en las cuatro obras de energía eléctrica.

En este contexto, no dudaron en decir, que al margen de quién financió las obras, «hay un desfasaje entre lo que se hizo y lo que se pagó».

«Dicen que los transformadores los compraron, pero que no están acá, sino en España», precisaron a este Diario desde la Justicia provincial.

OBRAS QUE ESTAN BAJO LA LUPA

Las cuatro obras que son objeto de la investigación son la contratación directa Nº 27/15 para la Obra de Red Eléctrica, Fracción 14 y 15 en Comodoro Rivadavia; la contratación directa 28/15 para la Obra Suministro de Electricidad a Rada Tilly; la contratación directa Nº 30/15 de la Obra de Alimentación de Energía Eléctrica y Estación Transformadora área central en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia; y la contratación directa Nº 37/15 de la Obra de Ampliación de la Estación Transformadora Nº 2 de Trelew.