Tag

sentencia

Browsing

La audiencia estaba prevista para este lunes pero se definió la suspensión porque el ex titular de la Policía de Chubut denunció a los jueces y los recusó. De esta manera hasta que no esté resuelto este punto, no se podrá discutir el monto de la pena.

La denuncia de Juan Ale fue presentada ante el Consejo de la Magistratura y plantea el mal desempeño de las funciones a los tres jueces: Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, que dictaron el veredicto de responsabilidad en su contra el pasado 20 de agosto por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante para dos menores, hijas de su ex pareja.

Tal como destaca EQS Notas, el motivo de la presentación está ligado con la divulgación del veredicto de carácter privado y reservado antes de ingresar a la sala de audiencia a un medio de comunicación, el cual lo publicó íntegramente al mismo instante que se estaba celebrando la audiencia.

Las pruebas que surgen y han sido constatadas y certificadas con los registros de audios y video de los hechos, donde se solapa la audiencia de lectura con la publicación en una red pública, desde la mirada del denunciante, advierte la animosidad de divulgar el veredicto de responsabilidad con una falta total de responsabilidad y faltando a los deberes de ética que deben guardar los magistrados.

Rafael Correa sufrió un revés en la causa donde enfrente cargo por corrupción. La Corte Nacional de Ecuador negó su pedido de apelación y ratificaron la condena de 8 años de prisión.

La noticia fue informada por medios locales donde también relataron que se confirmaron las condenas de otros exfuncionarios: Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Jorge Glas, Laura Terán, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez y María de los Ángeles Duarte.

El expresidente fue acusado por un delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País y, en abril de este año, el tribunal dictaminó su intervención en una red de corrupción bajo su Gobierno.

Rafael Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. Actualmente se encuentra exiliado en Bélgica, país de nacimiento de su esposa Anne Malherbe Gosseline.

La fiscalía a cargo del caso acusó al exmandatario de liderar una “estructura jerárquica” con el fin de obtener fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar campañas electorales dando a cambio la adjudicación contratos de obras de infraestructura.

La reacción de Rafael Correa ante este revés judicial

Tras conocerse la noticia, el expresidente de Ecuador utilizó su cuenta de Twitter para responder ante este revés judicial: “Aunque es difícil de creer, era de esperarse. “Caso” y “sentencia” más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí. #LosCorruptosSiempreFueronEllos”, expresó.

Silvia Horne destacó el reconocimiento que tuvo el Superior Tribunal de Justicia hacia los pueblos originarios y la aplicación Ley Nacional 26.160 y Ley Provincial D 4.275, en la sentencia llevada en contra de la comunidad Tripalco Rañing de la familia Colicheo, en la localidad de El Cuy.

El 27 de abril de 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro dictó sentencia en la causa contra de la comunidad Tripalco Rañing, haciendo lugar al recurso de casación interpuesto por la comunidad, a través de su representante legal Osvaldo Nahuel. En el mismo, dispuso la suspensión del trámite del proceso conforme Ley Nacional 26.160 y Ley Provincial D 4275.

Expresando el fallo: …Al respecto señalo, como lo hiciese en »Wright», que la Ley 26.160 en su art. 3 dispone que »…el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico -jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales». Asimismo, se han dictado su Decreto Reglamentario N° 1122/2007 y la Resolución INAI N° 587/2007 que crea el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas – Ejecución de la Ley N° 26.160, a fin de establecer los mecanismos para demarcar y relevar el territorio que ocupan las Comunidades Indígenas en forma actual, tradicional y pública.

“Con lo cual, si el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas era quien debía relevar las tierras en litigio, en el marco de la mencionada ley y sus reglamentaciones. Es evidente que la omisión de tal cometido no solo resulta inoponible a los demandados, sino que menos aún puede ser utilizada -a modo de impedimento- para dejar de reconocer derechos que asisten a personas como los accionados, en el caso, emergentes de la Ley Nº 26.160”, continuó.

Respecto de la operatividad incumplida -o, en todo caso, excesivamente prolongada en el tiempo- de la citada Ley Nº 26.160, hago notar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, encargado de interpretar y monitorear el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, presentó, en fecha 11.01.2017, un informe denominado »Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º combinados de la Argentina» ( en donde instó al país a “Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los pueblos indígenas frente a desalojos forzosos, garantizando el cumplimiento íntegro y efectivo de la Ley 26.160”, y, asimismo, reclamó »La plena implementación de la Ley 26.160, y la pronta finalización del proceso de relevamiento de las tierras y territorios ancestrales».

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa sufrió un duro revés al mediodía de este martes 7 de abril del 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo halló culpable de cohecho, por recibir aportes indebidos a través de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado durante su gobierno, entre 2012 y 2016. Los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez lo sentenciaron a 8 años de cárcel.

La resolución de los jueces de la Corte, quienes condenaron también al exvicepresidente Jorge Glas y a otras 18 personas, es un fallo de primera instancia (deberá ser ratificado por un Tribunal superior en segunda instancia -en caso de que alguna de las partes apele- y en casación -última instancia judicial, donde se revisa el debido proceso-).

Sin embargo, la sentencia del Tribunal ha sido considerada por la Fiscalía General del Estado como un paso más en la lucha contra la corrupción, tras impulsar la investigación del caso denominado Sobornos 2012-2016 y presentar pruebas, que -según los jueces- demuestran que el expresidente Rafael Correa conocía del delito, que ha afectado al Estado.

¿Qué significa para Correa una condena por cohecho?

Una sentencia por cohecho impactaría directamente en la vida de cualquier persona en Ecuador, más aún en la de un político. La Constitución de Montecristi, elaborada en el 2008 por una mayoría correísta y validada en las urnas, precisa en su artículo 233 que en el delito de cohecho “la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas”.

Imprescriptible significa que la condena que impongan los jueces no caducará. En el caso Sobornos 2012-2016 el Tribunal de la Corte ha sentenciado a Rafael Correa a ocho años de cárcel. Si la pena es ratificada en las siguientes instancias de la Corte, el exmandatario deberá cumplirla cuando regrese al país: ocho años en un centro de rehabilitación social antes de poder volver a caminar por las calles de Ecuador.

Pero no es lo único. El futuro político de Correa habrá terminado, al menos en Ecuador. La Constitución de Montecristi también puntualiza en su artículo 113 que hay personas que nunca podrán ser candidatos en una elección popular: “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado”.

En Ecuador hay candidaturas de elección popular para las siguientes dignidades: vocalía de junta parroquial, concejalía, alcaldía, prefectura, Asamblea, Parlamento Andino, Vicepresidencia y Presidencia de la República. Correa, con una sentencia de cohecho y después de cumplir condena, no podría candidatizarse ni para dirigir una junta parroquial.

La Fiscalía habla de una estructura de corrupción

Entre las pruebas de cohecho presentadas por la Fiscalía General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016 hay una serie de contratos suscritos a través de cartas de invitación y convenios de pago, “figuras utilizadas para no seguir los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública”.

En la investigación de la Fiscalía, además de Rafael Correa, constan como acusados el exvicepresidente Jorge Glas; exministros como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte; exasambleístas como Christian Viteri y Viviana Bonilla. Este martes 7 de abril del 2020, ellos fueron condenados a 8 años de cárcel por cohecho.

La investigación de la Fiscalía determinó la existencia de una estructura de corrupción integrada por empleados estatales que facilitaron (a través de cruce de facturas y dinero en efectivo) el beneficio a empresarios de contratos con el Estado.

En este caso fueron investigadas Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras del Palacio de Carondelet, quienes manejaron los pagos en efectivo y la lista de las empresas y funcionarios involucrados. Ellas permanecieron detenidas desde el 4 de mayo hasta el 6 de noviembre del 2019. Ofrecieron su colaboración a la Fiscalía en las investigaciones.

Pamela Martínez trabajó al servicio de Rafael Correa. De hecho, fue asesora 1 del “despacho presidencial” en Carondelet, por un salario de USD 5 009 mensuales. Terán, según la nómina de personal de Carondelet, fue asesora 5 y 4 de la “Subsecretaría general del despacho presidencial”, también en los años de la llamada ‘revolución ciudadana. Este 7 de abril, por su colaboración en la investigación, el Tribunal las condenó a 38 meses y a 19 meses de cárcel, respectivamente.

Fuente: El Comercio

El juez José Luis Ennis presidió el nuevo debate por la pena, dispuesto por la Cámara Penal de modificar el concurso de delitos por los que fue declarado penalmente responsable Daniel Peña. El acusado fue declarado responsable por lesiones graves y homicidio simple, ambos cometidos con exceso en la legítima defensa, agresión con toda arma sin causar herida y lesiones leves. El fiscal Fidel González pidió que se le imponga la pena de 5 años y diez meses de prisión. El defensor Horacio Hernández requirió el mínimo legal.

El cambio en el concurso de delitos modificó sensiblemente la escala penal disponible, por lo tanto también el pedido de pena de la Fiscalía y el margen en el que puede decidir el juez. En primera instancia Peña fue condenado a la pena de 8 años de prisión, ahora el monto máximo disponible es de 6 años.

El debate comenzó con testigos aportados por la defensa, para demostrar aspectos de la personalidad del acusado, de su vida y de su familia. También declaró el imputado pidiendo perdón a la familia de la víctima y a la suya propia. La estrategia de Hernández fue demostrar la innecesariedad de aplicar una pena efectiva.

Por la Fiscalía, González expuso al juez la gravedad de los sucesos, el despliegue de conductas de Peña y las consecuencias de sus acciones. Le pidió al magistrado que recurra a los testimonios de los policías intervinientes, de la víctima de lesiones y de la familia, para comprender el grado de responsabilidad. Mensuró que actuó en un conflicto ajeno, haciendo justicia por mano propia. Señaló que tuvo la opción de irse y sin embargo decidió quedarse y actuar violentamente. Planteó como agravante el medio empleado para actuar, un cuchillo de alto poder ofensivo, el que nunca fue hallado. Señaló además que existieron advertencias del personal policial que no fueron escuchadas por el acusado, que tuvo posibilidades de motivarse en la norma y sin embargo no lo hizo. Como atenuante postuló la falta de antecedentes penales.

Hernández, argumentó que todo lo llevado por el fiscal en su argumentación, hace al tipo penal y no puede tenerse como agravante, ya que está contenido en el mínimo legal.

La resolución del juez se conocerá el martes 26 a las 12 hs.

Es en respuesta a un pedido de la defensa del ex presidente de Brasil, tras un fallo de la Corte Suprema. Podría salir en cualquier momento.

El juez Danilo Pereira Júnior, del juzgado penal federal 12 de Curitiba, aceptó este viernes el pedido de la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y lo autorizó a dejar la prisión, luego de un año y 7 meses encarcelado por un caso de corrupción.

La excarcelación de Lula fue solicitada por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.

Lula se encontraba entre rejas desde el 7 de abril de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras.

Militantes del Partido de los Trabajadores (PT) están aguardando la salida del ex presidente del lugar donde se encuentra detenido desde el 7 de abril del 2018, la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el sur de Brasil.

Lula pasó 580 días preso, condenado en dos instancias por los delitos de corrupción y lavado de dinero, informó Clarín.

El exmandatario se encuentra preso desde abril de 2018 por lavado de dinero y corrupción.

La Corte Suprema (STF) de Brasil determinó este jueves por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, una decisión que debería conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Se desconoce por ahora cómo y cuándo se hará efectiva la excarcelación de Lula da Silva, que desde abril de 2018 cumple una pena de 8 años y 10 meses por corrupción, en aplicación de la jurisprudencia que determinaba que las penas deben empezar a cumplirse tras ser confirmadas solamente por un tribunal de segunda instancia.

El STF reanudó este jueves a la tarde la votación, iniciada hace dos semanas, sobre la constitucionalidad de la prisión a partir de fallos de segunda instancia, lo cual habilitó una posible liberación de Lula. Luego de que el tribunal llegara a un empate cinco a cinco, el presidente del Tribunal, Antonio Dias Tóffoli, destrabó la determinación con su voto positivo.

La Constitución Federal de 1988 establece que nadie debe estar preso hasta que no se agoten los recursos de apelación, salvo en los casos que impliquen peligro para la sociedad, lo cual ahora se puso en discusión.

En su voto a favor de los «garantistas», el juez Gilmar Mendes acusó a los fiscales de la operación Lava Jato de intentar lucrar con la apertura de una fundación de lucha contra la corrupción con dinero recuperado de los desvíos en Petrobras. Dijo que el caso de Lula politizó la discusión sobre este principio.

Lula está detenido desde el 7 de abril de 2018 por corrupción y se declara como un preso político en una causa para dejarlo fuera de las elecciones que ganó Bolsonaro en octubre del año pasado, informó TN.

Los jueces resolvieron declarar penalmente responsables por el delito a Marcelo, Sebastián y Kevin Ibáñez. Su hermano Ángel fue absuelto. La audiencia de cesura será el próximo miércoles 23.

Se dio a conocer este viernes el veredicto de responsabilidad penal en el juicio por el homicidio de Alan Nahuelmilla, ocurrido el 14 de abril de 2018 en la zona de quintas de Comodoro. En los tribunales penales ubicados en el Barrio Roca de Comodoro, los jueces resolvieron por unanimidad declarar penalmente responsables a tres de los cuatro imputados por el hecho.

Así, Marcelo, Sebastián y Kevin Ibáñez fueron declarados culpablesdel delito de “secuestro coactivo agravado por la participación de 2 o más personas, seguido de homicidio culposo”. Su hermano Ángel Ibáñez fue absuelto de los cargos que se le imputaban. La audiencia de cesura será el próximo miércoles 23 de octubre, a las 13.00 hs..

El tribunal de debate fue integrado por los jueces Mariano Nicosia, Raquel Tassello y Mónica García; el Ministerio Público fiscal representado por Camila Banfi, fiscal general e Inés Bartels, funcionaria de fiscalía; en tanto que los imputados fueron asistidos por Mauro Fonteñez y Fiorella Picón, abogados particulares de los mismos. Asimismo se encontraban presentes familiares de la víctima acompañados por dos profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

Cabe mencionar que el pasado lunes en la jornada de alegatos la fiscal solicitó se declare a los 4 imputados, Ángel Eduardo, Sebastián, Kevin Edgardo y Marcelo Fabián Ibáñez, penalmente responsables por el homicidio de Alan Nahuelmilla ya que “se ha probado a lo largo del debate la materialidad y autoría del mismo en cabeza de los imputados”; imputándoseles el delito de “secuestro extorsivo, agravado por ser cometido contra un menor y por ser cometido por 3 o más personas, causando finalmente la muerte de la persona”; en tanto que el defensor requirió su absolución.

El homicidio

El hecho ventilado en debate ocurrió el pasado 14 de abril de 2018, cuando la víctima Alan Nahuelmilla y un amigo B. G. circulaban por la calle Los Duraznos, en zona de quintas, y fueron emboscados por los cuatro imputados armados. Procedieron a maniatarlos y a atarlos con una soga y  arrastrarlos con la camioneta trasladándolos hasta la vivienda de uno de ellos. Una vez en el lugar los sometieron a ambos a diversos tipos de castigos físicos golpeándolos con patadas y golpes en la cabeza con una pala, con la cacha de armas de fuego y le cortaron a uno de ellos las orejas con un alicate en reiteradas oportunidades. Los desnudaron y les tiraron agua fría, tiraban tiros al cielo y amenazaban con matarlos reclamándoles les dijeran donde estaba el televisor. Todo ello por un lapso de cuatro horas, mientras filmaban la agresión.

Ya en la madrugada del 15 de abril de 2018 los imputados se retiraron del lugar junto a una de las víctimas, Nahuelmilla, arrastrándolo hasta el domicilio de uno de sus tíos donde lo abandonaron. Al regresar al lugar los imputados que aún mantenían retenido a B. G. continuaron con los golpes hacia éste, hasta que luego lo liberaron previo amenazarlo que no denuncie lo sucedido. Así B. G. huyó hacia un domicilio para luego ser trasladado al Hospital Regional. Por su parte los familiares de Nahuelmilla lo trasladaron hacia el Hospital donde luego de unas horas fallece por “traumatismo grave de cráneo por hemorragia intra-cerebral a causa de los golpes recibidos”, informó ADN SUR.

Werther Aguiar fue condenado por la jueza federal Eva Parcio de Seleme a la pena de un año y medio de prisión en suspenso, más la inhabilitación por seis años y medio a ejercer cargos públicos. La sentencia se dictó en Esquel este viernes en el casino de oficiales de la policía. Información en proceso.

Previo a dar a conocer su veredicto, la jueza federal señaló que los detalles se darán a conocer por video conferencia el próximo 16 de octubre a las 14 horas en dependencias del juzgado federal de Esquel.

En el mismo expresa » 1) rechazar los planteos de nulidad e inconstitucionalidad del artículo 157 del código penal realizado por el señor defensor oficial Jorge Fernando Machado en la audiencia de debate. 2) condenar a Werther Augusto Aguiar como autor penalmente responsable del delito de revelación de secreto, artículo 157 del código penal a la pena de un año y seis meses de prisión cuya ejecución se deja en suspenso e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por tres años y seis meses, accesorios legales y costas, artículos 26- 27- 29- inc.3 – 45 -59 inc. 1 y 157 del código penal 3) Imponer a Werther Augusto Aguiar que durante el plazo de condicionalidad de la pena impuesta cumpla con la siguiente regla de conducta fijar: residencia y someterse al cuidado de patronato artículo 27 bis Inc. 1º del código penal. 4) ordenar la extracción de testimonios y remitirlos al señor fiscal general de Esquel para que ejercite las obligaciones propias de su estado en relación al inspector Leonardo Adrián Caporaletti y Comisario Enrique Terremoto de la policía federal argentina. 5) ordenar que los motores de búsquedas de internet de mayor difusión eliminen los patrones, algoritmos y referencias de búsqueda de fotografías del cadáver de Santiago Maldonado 6) Se tienen presente las reservas del caso federal de casación, efectuadas por el fiscal general subrogante doctor Federico Baquiani, por la doctora Verónica Heredia patrocinante de la querella y por el señor defensor oficial dr Jorge Fernando Machado. 7) Diferir la regulación de honorarios profesionales de los abogados intervinientes, hasta que se acrediten el cumplimiento de la normativa previsional y tributaria, regístrese hágase saber, comuníquese previo a lectura integral de esta sentencia».

Los fiscales pidieron 12 años de prisión para Diego Correa y una multa de 22 millones de pesos.

Durante la jornada del jueves fiscales, querellantes y abogados defensores expusieron sus pretensiones punitivas a los diez condenados por el caso Embrujo, con Diego Correa a la cabeza, por los delitos de lavado y autolavado de activos, enriquecimiento y asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado. Este viernes al mediodía se conocerá la sentencia.

El resto de los condenados son Diego Lüters, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Juan Carlos “Tato” Ramón, Sandro Figueroa, Rubén “Bedo” Reinoso, Christian Guisande y Jorge Godoy.

En la audiencia de cesura de pena los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez pidieron una condena de 12 años de prisión efectiva para Diego Correa, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una multa de 22 millones de pesos, el decomiso de todos los bienes relacionados a la causa: la casa de Playa Unión de $ 8 millones, dúplex en Playa Unión $2.5 millones, dos lotes en Rawson por $500 mil, la chacra en Trelew de $ 2.8 millones, lote Más Allá del Verde de $ 1.680.000. Incluyen los cuatro vehículos secuestrados y un plazo fijo por 30 mil dólares.

Las querellas adhirieron al pedido de fiscalía aunque Iniciativa Ciudadana agregó el pedido de una segunda multa por $10 millones. Según detalló Eduardo Hualpa, “hay un pedido de 12 años de prisión para Diego Correa por los delitos a los que fue condenado, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y multas, que nosotros pedimos de $10 millones para el lavado de activos y compartimos la multa por el Ministerio Público Fiscal para enriquecimiento ilícito que es el 100% del monto del enriquecimiento ilícito que serían $ 22 millones”.

Otra particularidad que presentó la querella de Iniciativa Ciudadana es que pidieron “que los bienes deben ser administrados con la participación de la comunidad y no solamente por el Poder Judicial, como pareciera que quiere el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal”.

“Nosotros hacemos mucho énfasis en esto porque si no hay participación de la ciudadanía y no hay un paso a paso que permita saber qué pasó con esos bienes, qué utilidad tuvieron, la gente va a seguir con la idea de que no pasa nada”, afirmó.

Por su parte el abogado defensor de Correa, el Dr. Fabián Gabalachis solicitó la pena mínima para esta acusación, cinco años de prisión porque, según consideró, no han sido demostrados los agravantes.

Durante la mañana también brindaron sus testimonios una serie de personas acercadas por las defensas. Es así que declaró María Alejandra Jones, trabajadora social, quien fue convocada por el defensor de Diego Lüters para que explicara los perjuicios y afectación que sufrió la familia del condenado luego de su detención.

También declaró Nadine Nichols Williams, amiga de Natalia Mc Leod. Ella afirmó que la conoce desde hace muchos años y remarcó sus cualidades como persona y trabajadora.

Para la defensa de Daniela Souza fueron convocados el Dr. Oscar Giovanelli, del Hospital Santa Teresita y la trabajadora social Andrea Vázquez. Ambos brindaron un cuadro sobre la salud física y mental de la detenida y los efectos que la detención provoca en ella.

A favor de Sandro Figueroa declaró un amigo de su infancia, Guillermo Navarro, quien destacó sus características como padre y amigo.

Durante la continuidad de la audiencia, los fiscales pidieron 5 años y 6 meses de prisión para Diego Lüters, prohibición perpetua de ejercer un cargo público y una multa de 750 mil pesos. Su defensor, Lisandro Benítez solicita la mínima que son 3 años y desechó la multa. Las querellas acompañan el pedido de fiscalía. Para Juan Carlos “Tato” Ramón; en tanto requieren 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Querellas adhieren al pedido y la defensa solicita el mínimo de 3 años.

En el caso de Sandro Figueroa, piden los fiscales 4 años de prisión más costas y hay coincidencia de las querellas. Por su parte Gabalachis solicitó 3 años en carácter condicional. A Natalia Mc Leod elevaron cuatros años de prisión y la defensa solicitó dos. Daniela Souza, en tanto, 5 años de la Fiscalía y 3 de parte de los defensores.

A Federico Gatica se le pidió cuatro años y tres meses, contra tres años que expusieron de pena los defensores. Además de una multa de 5 millones de pesos. Rubén Reinoso fue encontrado culpable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, al igual que Cristian Gisande. Este último fue absuelto del delito de usurpación de autoridad. Los fiscales solicitaron la pena de dos años de prisión para Rubén Reinoso más la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, todas las querellas adhieren al postulado del Ministerio Público Fiscal.

Para Cristian Gisande los fiscales solicitan dos años de prisión e inhabilitación perpetua las querellas adhieren al MpF.

Por último se requirió una pena de tres años de prisión para Godoy más inhabilitación perpetua para cargos.