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Un total de 7.332.925 bolivianos están habilitados para elegir presidente y otros cargos, como corolario de un proceso electoral atravesado por la crisis económica y el coronavirus, en el que se enfrentan en un clima tenso varios candidatos que representan sustancialmente dos modelos antagónicos de país: uno estatista y plurinacional y otro neoliberal y de élites.

Bolivia llega a esta elección luego de un año dramático, que comenzó con la indefinición de las presidenciales de 2019, con acusaciones de fraude para reelegir a Evo Morales, que fueron avaladas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y sirvieron para forzar su renuncia, el 10 de noviembre, y la instalación de un gobierno irregular.

En ese marco de tensión, con al menos 33 personas muertas durante el golpe, la pandemia de coronavirus forzó la postergación de dos fechas electorales, en medio de denuncias contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez de intentar utilizar la crisis sanitaria para socavar las posibilidades del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyos principales dirigentes están bajo acoso judicial por diversos cargos.

El candidato del MAS, Luis Arce, aparece en los sondeos como el probable ganador, aunque deberá alcanzar el 40% de los votos con 10 puntos de diferencia de su seguidor para ganar directamente en esta primera vuelta.

En caso de ir a segunda vuelta, convocada para el 29 de noviembre, las chances del MAS de volver al gobierno son menos ciertas. Por esta razón, la apuesta es a todo o nada para este domingo.

Tal como en las frustradas elecciones del año pasado, el segundo en las intenciones de voto es el expresidente Carlos Mesa, candidato de Conciencia Ciudadana, un liberal moderado que representa a las élites del oriente boliviano.

Y el tercero, que puede incidir en el resultado, es el exprefecto de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho, que se postula por Creemos y representa a la derecha más radical y elitista.

Todo el espectro viene presionando a Camacho para que respalde a Mesa, porque consideran la unión del voto de derecha “es la única forma de evitar que gane el MAS”, según dijo la presidenta de facto, Jeanine Áñez, al retirar su propia postulación,al ver que no convocaba al electorado.

El resto de los candidatos son Chi Hyun Chung, del Frente para la Victoria; Feliciano Mamani, del Partido Acción Nacional Boliviana, y María de la Cruz Bayá, de Acción Democrática Nacionalista.

SE ELIGEN 36 SENADORES y 130 DIPUTADOS

Una de las pocas certezas en este proceso es que quien pierda difícilmente se resigne a aceptar el resultado. En caso de que gane el MAS tendría que ser muy amplia su ventaja para ahogar los previsibles reclamos de los sectores más radicalizados, con Camacho como figura sobresaliente.

El escritor y periodista Fernando Molina, autor de varios libros sobre economía e historia contemporánea de Bolivia, analizó en diálogo con Télam que lo que está en juego es consolidar el cambio de sistema que se lanzó con el derrocamiento de Morales o volver al sistema armado por el MAS en sus 14 años de Gobierno.

Afirmó que Jeanine Áñez asumió el gobierno para “finalizar con el capitalismo de Estado y avanzar hacia un capitalismo más mercantil”, de modo que sean los bancos y las empresas quienes lideren el proceso económico con que se intente salir de esta crisis.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el desempleo urbano se duplicó en la medición interanual y llegó al 8,4% en el segundo trimestre de 2020, con el consiguiente impacto en los niveles de pobreza de un país donde el 62% de los trabajadores están en negro.

Para este retorno a las normas liberales del capitalismo la Constitución Política del Plurinacional, aprobada en 2009, es un impedimento. “El objetivo (para este sector) sería salir del Estado Plurinacional para volver a la República, basada en principios liberales clásicos. Ese cambio significa la eliminación física de las organizaciones sociales y por ende la pérdida del poder que adquirieron durante el gobierno del MAS”, agregó Molina.

Claro que los sectores sociales son consientes de que una organización elitista los excluye y restaura las viejas jerarquías sociales, y se oponen terminantemente a ese cambio.

El tema, como en tantos lados, son las clases medias que hace un año terminaron por avalar el derrocamiento de Evo Morales, donde primó el enojo por su postulación a pesar de que el referendo de febrero de 2016 le había negado esa posibilidad.

Muchos de esos votantes de clase media ahora estarían dispuestos a volver a votar al MAS, pero Morales les sigue resultando refractario. Por eso el expresidente declaró en un video difundido el último jueves que no interferirá en un posible Gobierno de Arce.

“Lucho y solamente Lucho será Presidente de Bolivia, con todas las atribuciones y responsabilidades que eso implica”, dijo Morales. Su tarea en adelante, agregó, será “formar nuevos líderes”.

Por otra parte, las Naciones Unidas, el Vaticano y la Unión Europea (UE), entre otros, exhortan a las partes a propiciar un proceso electoral transparente, pero el Tribunal Superior Electoral (TSE) reemplazó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por la Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), que según las críticas lentifica el proceso y puede propiciar la difusión de resultados parciales que enciendan la mecha de alguna reacción.

“Yo creo que era mejor el sistema que se tenía anteriormente (TREP), donde se mandaba las fotografías (de las actas de mesa) directamente, porque todos sabemos que cuando una cosa sale de un sitio y llega a otro en medio pueden pasar muchas cosas”, afirmó la veedora por la UE María Teresa Mola Sainz, dejando abiertas las suspicacias.

El secretario general del gremio legislativo criticó a los legisladores naciones por Chubut que votaron en contra del proyecto de Ley impulsado por Gustavo Menna e Ignacio Torres que apuntaba a que Nación otorgue a Chubut un subsidio de 30 mil millones de pesos para cubrir su déficit previsto para todo 2020, en el marco de su crítica situación económica y financiera.

Este jueves, el titular de APEL Ángel Sierra confirmó que “hoy volvimos a presentar la nota, reclamando los tres salarios que tenemos atrasados, más el SAC. Queremos el compromiso firmado por los responsables, en este caso, el Gobernador y el Ministro de Economía, de que lo se va a aprobar en la Legislatura, si se lleva adelante la sesión, inmediatamente será para cubrir los salarios del mes de agosto, de todos los trabajadores, nosotros vamos a acceder, pero no antes de cobrar nuestros salarios”.

Luego de las declaraciones del Gobernador de la provincia, Sierra manifestó que “nosotros pedíamos una reunión, con todos los sindicatos, para que nos expliquen de qué se trataba y poner los números sobre la mesa”.

En este sentido, el gremialista indicó “Acá sigue habiendo más incertidumbre que certezas, sobre todo porque no tenemos repuestas de quienes las tenemos que tener, porque el Gobernador sale a decir que se va a salir del pago escalonado, es muy posible que este viernes cobre el rango 3, también era posible que cobrara el rango 4, pero después salieron a decir que se iba a cobrar el martes 13, pero seguimos con incertidumbre y esto es lo que queremos que se termine”.

Por otro lado, Sierra criticó “Nada de lo que dijeron nos conforma y nos deja tranquilos para poder transmitirle una tranquilidad a los trabajadores en su conjunto. Hablamos con otros sindicatos, para tratar de tener una reunión con los Diputados y Senadores Nacionales”.

Sobre la votación, en contra del proyecto de Ley impulsado por Gustavo Menna e Ignacio Torres que apuntaba a que Nación otorgue a Chubut un subsidio de 30 mil millones de pesos para cubrir su déficit previsto para todo 2020, Sierra opinó “pareciera que no viven en la provincia de Chubut, me gustaría que den explicaciones de por qué lo hicieron, ellos tendrán sus razones de por qué lo hicieron”.

La Cámara de Senadores debate en sesión especial el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias, mientras desde las redes sociales se hizo una convocatoria a marchar hacia el Congreso para expresar la oposición a la iniciativa.

La sesión especial solicitada por los líderes del Frente de Todos, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, fue convocada mediante un Decreto Parlamentario firmado ayer por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa original sufrió varios cambios propuestos por los senadores del Frente de Todos, ya que sus pares de Juntos por el Cambio y sus aliados del Interbloque Parlamentario Federal rechazaron de plano la iniciativa.

Las voces en contra

De hecho, algunos de sus principales dirigentes volvieron hoy a negarse enfáticamente a apoyar el proyecto.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por ejemplo, volvió a cuestionar la reforma judicial al considerar que «ya está agotada en sí misma y no se va a votar” cuando llegue a la Cámara de Diputados.

En tanto, la ex gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que “no hay negociaciones ni acuerdos posibles” entre el oficialismo y la oposición” y reiteró que la posición de Juntos por el Cambio “sobre la reforma judicial es muy sólida” ya que “están en juego valores fundamentales que defendemos”.

Antes de que se hiciera pública la convocatoria, la presidenta del Senado había publicado un texto en redes sociales en el que había afirmado que el país «todavía se debe una verdadera reforma judicial», al advertir que el proyecto en el Senado no tiene ese fin sino que busca «implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994».

A través de un texto titulado «¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia», Cristina Fernández de Kirchner había planteado que la iniciativa «comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera» porteña.

Fuentes de la oposición y del oficialismo aseguraron que la jornada se extenderá hasta bien entrada la noche, ya que además del proyecto de Ley de Reforma Judicial los senadores debatirán dos proyectos de resolución presentados por el Frente de Todos para cubrir lugares en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, además de la autorización para el ingreso y salida de tropas para la realización de ejercicios militares.

La sesión especial se lleva a cabo mediante videoconferencia, como ocurre desde el principio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Sólo Fernández de Kirchner y las autoridades de la Cámara alta (la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora; el vicepresidente Martín Lousteau; el vice primero, Maurice Closs; y la vice segunda, Laura Rodríguez Machado) estarán presentes en el recinto de sesiones.

Fuente: Telefe Noticias

 

La Cámara de Senadores, que conduce Cristina Kirchner, y la de Diputados, que preside Sergio Massa, decidieron en conjunto extender el plazo de suspensión de aumento de sueldos por 180 días, luego de que se cumpliera el plazo dispuesto el 27 de diciembre de 2019.

“Con motivo de la crisis económica generada por la pandemia, el Estado Nacional tomó una serie de medidas de emergencia con el fin de garantizar que toda la población perciba un mínimo de ingresos y acceda a los alimentos, preservar los empleos y evitar que quiebren las empresas”, sostiene la resolución del Senado.

También consideraron que “visto que la emergencia pública, que dio lugar al dictado de la norma en cuestión se vio agravada por la pandemia, resulta necesario que los representantes del pueblo compartan el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto”.

En tanto, la resolución en la Cámara de Diputados indica que “encontrándose aún vigente la situación de emergencia” por la que se suspendieron los aumentos de sueldos, que se vio “agravada por la pandemia” y en “correlato con las medidas que el Estado Nacional viene implementando con el objetivo de morigerar el impacto económico que genera esta situación sobre la población”, consideran necesaria la extensión.

El primer paso de este gesto político se había dado pocos días después de que se promulgue la ley de Emergencia Económica. Esa medida fue sancionada con 41 votos positivos, 23 negativos y una abstención, tras 12 horas debate. Luego, a los pocos días, en línea con la ley, las dos Cámaras decidieron en conjunto extender la suspensión del aumento de sueldo.

Aquella decisión, en principio, había llegado un día después de que los senadores de Juntos por el Cambio, encabezados por Luis Naidenoff, reconocieran el reclamo de un sector de la sociedad, que señaló que la dirigencia política no se había sumado al “esfuerzo” que pidió la administración de Alberto Fernández.

Con ese texto en mano se trató la iniciativa en el Senado, en lo que fue la primera sesión conducida por la vicepresidente Cristina Kirchner. El oficialismo logró tratar esa ley gracias a un acuerdo tácito con un sector de la oposición, que bajó al recinto y dio quórum para comenzar el encuentro.

Fuente: Infobae

Los 24 senadores nacionales que fueron electos en los comicios del 27 de octubre prestarán juramento este miércoles por el período legislativo 2019-2025. A su vez, se definirán las autoridades de la Cámara Alta que asumirán el 10 de diciembre.

La sesión se iniciará a las 14 y será presidida por Gabriela Michetti: contará con la presencia de los actuales senadores que tienen mandato hasta 2021 y de los que asumirán en la Cámara Alta

Este miércoles se aprobarán las renuncias de los legisladores que dejan sus bancas para asumir otros cargos, como el caso de Cristina Kirchner, vicepresidenta electa de la Nación; Inés Brizuela, flamante intendenta de La Rioja, y Omar Perotti, electo gobernador de Santa Fe. En esta sesión se aprobará el pedido de licencia sin goce de suelo de José Alperovich, denunciado por violación por su sobrina segunda.

Desde ahora deberán elegir cuatro opciones de viáticos. Actualmente los adicionales por movilidad podían llegar a sumar $90.000 mensuales.

Los senadores nacionales ya no podrán canjear pasajes aéreos y terrestres por dinero, de acuerdo a un decreto que firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti, en línea con los cambios dispuestos el año pasado en la Cámara de Diputados.

El decreto 154/19 firmado por Michetti establece dos modificaciones centrales al sistema de viáticos: elimina el canje de tramos aéreos y terrestres, y los pasajes asignados serán mensuales y sin posibilidad de ser acumulados.

Un senador percibe actualmente por mes entre dieta y gastos de representación $184.504, que tras los descuentos queda en $126.600, en mano. A eso se le podían sumar los 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus por mes, canjeables por efectivo, algo que les presentaba $90.000 por mes.

Ahora, esa cifra bajará rotundamente, ya que se implementó un sistema en el que recibirán un máximo de $30.000 en efectivo por mes por «movilidad», publicó la agencia Noticias Argentinas. Los senadores tendrán que llenar un formulario -a presentar ante la Dirección General de Administración- donde deberán seleccionar una opción entre cuatro posibles que se le ofrecen para cubrir gastos en concepto de movilidad por mes.

El denominador común de las cuatro alternativas es que el senador percibirá 10 pasajes nominados, es decir, a su nombre e intransferibles, con validez para ser utilizados dentro del mes, no canjeables ni renovables. La diferencia con el esquema anterior es nítida porque antes podían acumular los tramos y luego canjear el saldo por dinero en efectivo, en una suerte de renta excedente por encima del sueldo.

La primera alternativa que se les ofrece a los senadores es recibir 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados (tramo ida y vuelta, es decir, 6 viajes ida y vuelta), y 20 terrestres innominados. La segunda incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados, más 12 aéreos innominados, más $10.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad.

La opción tres tiene 10 aéreos (o terrestres) nominados, $20.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad, y 20 terrestres nominados. La última incluye 10 aéreos (o terrestres) nominados y $30.000 como suma fija no remunerativa en concepto de movilidad.

El año pasado, se había generado un fuerte revuelo en la Cámara baja a raíz de una denuncia de diputados de izquierda por la vigencia de presuntos «sobresueldos» en las dietas de los miembros de ese cuerpo, lo que derivó en una reforma administrativa que puso punto final a la discusión.

Los legisladores cambiaron tickets que no utilizaron por dinero, en una práctica transversal de la que no se brinda información oficial.

Mario País, Nancy González y Alfredo Luenzo, los tres senadores que tiene Chubut en el Congreso, durante 2018 canjearon 459 pasajes que no utilizaron por dinero. Así se desprende de un informe que publicó el sitio Infobae, donde da a conocer el ranking de los 11.431 pasajes que canjearon los 72 legisladores durante el último año.

El informe asegura que está es una práctica transversal de la que no se brinda información oficial. Cada senador recibe 20 pasajes de avión y otros 20 de ómnibus al mes para viajar al destino de cabotaje que desee. Los puede utilizar personalmente o dárselos a un asesor, familiar o amigo. Hay quien se lo otorga a algún militante o allegado de su distrito que necesita viajar y no tiene dinero. Pero muchos prefieren canjearlos por dinero en efectivo y complementar los $184.504,35 ($126.600,49 netos) que perciben como salario mensual. El canje les permite sumar hasta 91.140 pesos de sobresueldo.

Es que de acuerdo a la reglamentación, se pueden canjear la totalidad de los pasajes de avión pero sólo la mitad de los terrestres. En total, son entonces 360 tickets (240 aéreos y 120 terrestres) que pueden transformarse en cash cada año

Según el listado publicado Mario Pais canjeó 185 pasajes, siendo el legislador chubutense que mayor cantidad de veces efectuó está práctica. Luego se ubicó Nancy González que canjeó 159 boletos, y finalmente Alfredo Luenzo no quedó fuera de la lista. El senador canjeó 115 pasajes.

Se debe recordar que el valor de canje de cada pasaje aéreo fue de $3.401 durante los primeros cinco meses de 2018 y luego aumentó a $4.437. En ese sentido el informe indica que nada obliga a canjear los pasajes durante el mes en que se otorgan. Se pueden acumular y cambiarlos todos a fin de año, al valor de ese momento. Los pasajes terrestres, en cambio, se canjean hace años por $240 cada uno.

 

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo se reunió con el ministro Rogelio Frigerio, sus pares Miguel Pichetto, Carlos “Camau” Espínola y Rodolfo Urtubey, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con quienes consensuaron una agenda parlamentaria a partir del inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.

En ese marco, acordaron el tratamiento de la ley “anti barras” que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y avanzar en la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Dentro de ese contexto, Luenzo expresó la necesidad de una ley que “regule las fake news y la responsabilidad extendida de los intermediarios de internet en la administración de contenidos, así como la de las redes sociales, que van a ser protagonistas en la próxima campaña electoral”.

Por otra parte, Luenzo manifestó que hablaron con el ministro sobre el proyecto de ley presentado por Alternativa Federal que declara “la emergencia fiscal de las pymes por 180 días corridos a partir de su sanción. La iniciativa- aclaró – deja sin efecto la Resolución 50/19 con la que se incrementaron las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios en un 50%”.

“Las Pymes están en un escenario muy crítico y se está poniendo en riesgo la sustentabilidad de muchas de ellas. Necesitamos políticas que estimulen empleo, la producción, el mercado interno, porque la situación es cada día peor”, aseguró.

En la reunión, que se extendió durante dos horas, también se abordaron distintos temas de actualidad política institucional que formarán parte de la próxima agenda parlamentaria.

La Posta Comodorense

Los tres senadores por Chubut, Nancy González (FpV), Juan Mario Pais (FpV) y Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) votaron a favor de la despenalización del aborto, que finalmente fue rechazada esta madrugada en la Cámara alta.

El senador Alfredo Luenzo manifestó en su discurso en el Senado que “la provincia del Chubut es pionera en la consagración de derechos sexuales y reproductivos tanto en el área legislativa como en la jurisprudencia, que marcó tendencia nacional en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)” y remarcó: “Nuestra provincia tiene una historia asociada a esta temática, un reconocimiento nacional en su abordaje y tratamiento, pero también una historia asociada al profundo respeto por los derechos. Y la salud es un derecho humano básico, sustentado por diversos principios y valores. El aborto es un problema de Salud Pública porque produce muertes y enfermedades, evitables en una población joven y sana. Es un problema de equidad de género porque sólo afecta a las mujeres, adultas y adolescentes”.

Agregó que “la mayor tasa de complicación la padecen las mujeres pobres que acceden a la práctica en lugares inseguros. La evidencia internacional es muy sólida respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales. El Derecho a la Salud es reconocido por tratados internacionales que nuestro país ha firmado, ratificado e ingresado a la legislación nacional con jerarquía constitucional. Los mismos son fundamentales a la hora de interpretar la prestación del servicio de Salud Pública. El Estado debe tener una postura inclusiva y de equidad ante esta realidad, y actuar en consecuencia, derribando las barreras económicas y sociales que hoy limitan el acceso a una práctica segura a la gran mayoría de las mujeres que soliciten una ILE”.

“La interrupción legal del embarazo va más allá de ser una cuestión médica e involucra muchos aspectos de la vida de la persona, tales como la intimidad, la autodeterminación y un complejo de derechos ya reconocidos en diversas normativas nacionales, tales como las Leyes Nº 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la Nº 26.529, de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de Salud”, sumó entre otras definiciones.

Por su parte, la senadora Nancy González dijo que “tengo que agradecer a los que me agredieron, a los que me pidieron que mate a mis hijas y a mis nietos porque me fortalecieron. Soy católica pero cuando me votaron, me votaron que legisle para todos los ciudadanos argentinos”.

“Esta ola verde no la puede parar. No seamos conservadores, ¿qué estamos esperando? ¿Que venga otra generación a votar esto?Maternar es político, no puede quedar en un mandato biológico. Las mujeres deben elegir, no lo podemos imponer”, agregó la senadora del FpV.

Consideró en su discurso: “todos podemos hacer historia. Con este debate y esta votación podemos hacer una sociedad más igualitaria” y remarcó que “con este proyecto de ley estamos ampliando la democracia”.

En tanto, Juan Mario Pais  expresó: “Estoy a favor de esta ley. Entiendo que es necesaria, urgente y que -de ser sancionada- nos dará una sociedad un poco más justa, un poco más igualitaria, un poco más digna para las mujeres”, remarcó en su discurso en el recinto del Senado.

“Estoy seguro de que la sociedad avanzó y que, si no es hoy, esto pronto será ley. La sociedad se merece esta ley y que no actuemos con hipocresía. Este es un tema de derechos humanos y de salud pública”, fundamentó.

“A las mujeres muchas veces se las reivindica desde el discurso, pero se las sigue discriminando desde la sociedad, el derecho y el Estado”, añadió Pais.

La media sanción que la ley de despenalización del aborto obtuvo en Diputados finalmente fue rechazada en el Senado tras una sesión histórica y maratónica. La votación se concretó pasadas las 2:30 de la madrugada y culminó con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones.

ADN Sur

El Senado tratará hoy el proyecto de legalización del aborto en el marco de una sesión especial que se anticipa histórica y con fuerte expectativa en torno a la votación. Luego de tres semanas de debate en las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales por las que pasaron más de cien expositores a favor y en contra de la legalización, el Senado tratará a partir de las 9.30 el proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado.

Entre los senadores hubo un acuerdo respecto al tiempo para hablar en el recinto: los presidentes de las tres comisiones que intervinieron tendrán 15 minutos, los jefes de bloque 30 y el resto de los oradores 10 minutos cada uno.

Los legisladores a favor con el justicialista Miguel Pichetto a la cabeza acordaron con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal una serie de cambios al proyecto aprobado por Diputados, a los efectos de sumar voluntades.

El proyecto 

La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados establece que la interrupción voluntaria del embarazo a simple solicitud podrá realizarse en hospitales públicos y clínicas privadas de manera gratuita hasta la semana 14 de gestación. Se establece además un plazo de cinco días desde el momento de la solicitud para que el profesional de la salud o la institución médica lleve adelante el aborto y se impone una pena de entre tres meses y un año de prisión y el doble de inhabilitación para el médico que obstaculice o dilate injustificadamente la práctica.

El proyecto fija la creación de un registro estadístico para llevar un control sobre la cantidad de abortos que se realizan por año, también la creación de un registro para médicos que se declaren objetores de conciencia frente a esta práctica pero prohíbe la objeción institucional. Sólo se autoriza la interrupción del embarazo después de la semana 14 cuando existan causales graves como el embarazo producto de una violación, la inviabilidad de vida extrauterina para el feto y el riesgo de salud de la mujer.
Si el proyecto fuera aprobado en general se pasará a la votación artículo por artículo, donde se discutirán los cambios acordados.

Amnistía

En tanto, la organización Amnistía Internacional publicó ayer un aviso de una página en la contratapa del diario estadounidense The New York Times donde reclamó la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto en la Argentina.

“Queremos enviar un mensaje a los senadores de Argentina: el mundo los está mirando”, señaló el aviso de color verde en la contratapa matutino estadounidense, con imágenes de los pañuelos utilizados por el sector que impulsa la aprobación de la ley.

“(La organización) está observando para ver si votarán en favor de las mujeres y para poner fin al grave sufrimiento causado por la criminalización del aborto”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “Los millones de mujeres que tan apasionadamente luchan por sus derechos deben saber que gente de todo el mundo se solidariza con ellas. Es hora de que los senadores demuestren que no les darán la espalda”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En su sitio web oficial, la organización sostuvo que “el acceso a un aborto sin riesgos es un derecho humano”. “Pero en Argentina el acceso al aborto sigue siendo ilegal y está limitado sólo a los casos en los que hay riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada o cuando el embarazo es consecuencia de una violación”, manifestó.

Seguridad

Tras una serie de reuniones entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo y representantes de los organismos a favor y en contra del proyecto sobre aborto legal finalmente se diseñó un amplio operativo de seguridad. “Se acordaron las zonas que tendrán ambas partes teniendo en cuenta un reparto equitativo, además de la ubicación de los espacios para la prensa, las pantallas de proyección y los puestos de Defensa Civil y del SAME. También las zonas donde cada uno de los grupos tendrá para acceder al entorno del Congreso y en donde colocarán sus escenarios y carpas temáticas”, se informó oficialmente.

En tanto, la Defensoría del Pueblo porteña observará el desarrollo de las movilizaciones convocadas frente al Senado, en cumplimiento de la misión que la ONU le encomendó como mediadora de conflictos en la vía pública. El organismo dispondrá de un operativo que estará integrado por un equipo de observadores que recorrerá la zona, su objetivo será verificar el dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno porteño y supervisar el desarrollo de las marchas sobre la base de las Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas Sociales elaboradas por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y Defensorías del Pueblo de la región, se informó.

 

 

La Arena