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El debate fue una lluvia de críticas opositoras al modelo, con el oficialismo dando la extraña explicación de que le dejaron un país fundido y lleno de pobres.

Por unanimidad el Senado convirtió en ley la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022. Ahora, el Gobierno –-que se negó a implementar la emergencia por DNU— debe promulgarla para reasignar partidas presupuestarias por 10.400 millones de pesos para paliar la urgencia de los sectores más vulnerables de la sociedad en lo que queda del año.

El proyecto incluye a partir de 2020 un aumento trimestral de las partidas alimentarias en base al incremento del rubro “alimentos y bebidas” del Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica medida por el INDEC. El debate acordado para una sesión rápida no estuvo exento de duras críticas del grueso de la oposición a la política económica del Gobierno de Mauricio Macri que desató la crisis socioeconómica.

Criticaron su favorecimiento a los sectores concentrados, el “brutal endeudamiento externo”, la fuga de capitales y la dolarización de la comida, los combustibles y las tarifas, además de cuestionar a los funcionarios y dirigentes oficialistas que niegan el hambre y que algunos definieron como “la ideología del desprecio a la gente”. Lejos de asumir las responsabilidades, el oficialismo buscó culpar a los gobiernos peronistas por la crisis alimentaria, insistió en que la emergencia lleva 18 años vigente, exaltó “la inversión social” del Gobierno de Cambiemos, aunque lo incluyó como uno de los “condicionantes del endeudamiento” y el senador radical Luis Naidenoff desafió electoralmente al peronismo opositor: “Tenemos en claro le mensaje de las Paso. La elección no se definió”, les espetó.

La probación fue unánime: 61 votos a favor. No hubo votos en contra ni abstenciones. Pero el tablero electrónico de la votación no reflejó la confrontación de modelos económicos que se dio en el debate a poco más de un mes de la elección que definirá el nuevo Gobierno para los próximos cuatro años. De los trece oradores que tuvo la sesión, doce fueron opositores y el oficialismo solo se reservó la palabra final para el cierre del debate.

La salteña María Cristina Fiore fue la primera en abrir el debate. “No nos cabe duda de la necesidad del tratamiento de este proyecto, porque la pobreza lamentablemente ha aumentado”, afirmó la senadora que acompañó muchos de los proyectos del oficialismo. Citó las cifras que arrojan el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para sostener que la inseguridad alimentaria grave, “quienes comen una vez al día o pasa sin comer, aumento de 2,5 millones en 2015 a 5 millones de personas en 2018”, sin contar este último año de agravamiento de la crisis. Luego calificó como “vergonzoso, grave e irresponsable” las declaraciones de los funcionarios del Gobierno que “niegan el hambre”, que también “trae muerte”, así lo reseña El Comodorense.

La sesión especial fue convocada para este miércoles a las 14:00 y la idea tanto en el oficialismo como en la oposición es que, al igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, el debate tenga pocos oradores y el proyecto sea convertido en ley sin estridencias.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por la Cámara baja con solo una abstención y el Senado le daría sanción definitiva para convertirlo en ley con un nivel similar de acompañamiento por parte de todas las bancadas.

La iniciativa, que fue impulsada por la oposición y el oficialismo decidió acompañarla, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que según la Ley 27.345 sancionada en 2016 vence el 31 de diciembre este año.

Establece un «incremento de emergencia» como mínimo del 50 por ciento «de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición».

También faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente esas partidas presupuestarias, tomando como el la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el rubro «alimentos y bebidas no alcohólicas» y la de la canasta básica alimentaria que mide el INDEC.

Además, habilita al Poder Ejecutivo a «disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional».

Por otra parte, al tratarse de la primera sesión después de dos meses sin actividad y al no contar con una fecha para el próximo debate, los senadores decidieron introducir en la agenda otro temas no conflictivo.

Se trata del proyecto que todos los años debe aprobar el Congreso para autorizar la salida de tropas nacionales y el ingreso de tropas extranjeras para la realización de los ejercicios combinados estipulados. (NA)

El Senado se prepara para aprobar el próximo miércoles la ley que prorroga hasta 2022 la emergencia alimentaria, en medio de una especie de tregua entre Cambiemos y el peronismo que empezó a trabajarse Diputados y se trasladó a la Cámara alta, con el fin de bajar la tensión política.

La sesión especial fue convocada para las 14 con el proyecto de emergencia como único tema de la agenda y, según confirmaron tanto en el oficialismo como en la oposición, será aprobado con un significativo consenso, si no por unanimidad.

La dinámica del debate se definirá el mismo miércoles por la mañana, en una reunión de jefes de bloque, pero todo indica que se repetirá el esquema que usó la Cámara de Diputados: un tratamiento rápido, con pocos oradores y discursos que no levanten demasiada temperatura.

Esto es parte de una tregua parlamentaria entre Cambiemos y las distintas bancadas peronistas (como el bloque Justicialista, Frente para la Victoria), que empezó como un acuerdo tácito para mantener al mínimo la actividad del Congreso y terminó en un entendimiento expreso para «no hacer olas» una vez que la emergencia parlamentaria se convirtió en un tema ineludible de la agenda.

El pasado lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, y su par del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, mantuvieron una reunión en la que acordaron que el debate sobre la emergencia fuera lo más breve y pacífico posible.
Por otro lado, ya había un acuerdo tácito previo entre el oficialismo y la oposición en el Senado para mantener al mínimo la actividad del Congreso a fin de evitar posibles exabruptos que pudieran impactar en las perspectivas económicas o en la campaña de cada partido.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo decidió acompañar el proyecto, por un lado para evitar un nuevo conflicto político que complicara todavía más al Gobierno y por el otro para tomar por sorpresa a la oposición.

La tregua se vio reflejada en los discursos que se oyeron en la sesión, más moderados que en otras ocasiones, e incluso en el reconocimiento de Agustín Rossi al oficialismo por haber decidido dar quórum y acompañar la iniciativa, así lo reseña Elonce.

El oficialismo y la oposición en el Senado avanzaron en negociaciones de último momento para aprobar sin demoras la prórroga de la emergencia alimentaria hasta 2022, durante la sesión especial convocada para el próximo miércoles.

El senador de Cambiemos Esteban Bullrich confirmó en ese sentido que no habrá «mayores dificultades» para convertir en ley ese día la extensión de la declaración de emergencia alimentaria que tuvo este jueves media sanción de la Cámara de Diputados por casi unanimidad.

En declaraciones a CNN Radio, Bullrich el proyecto «no cambia las metas» que tenía el Gobierno en materia de balance equilibrado de las cuentas y consideró que desde el Congreso «se trabaja con una mirada muy clara» sin fijarse «en las marchas sino en la situación social y las necesidades que hay».

En una nota firmada por los senadores del oficialismo, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, convocó al debate para el próximo miércoles a las 14 a una sesión que devolverá la actividad a una cámara paralizada desde julio por la campaña electoral. La convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas.

Si bien se adelantó que el objetivo será concretar una sesión breve, el modo en que el tema será puesto a consideración en el recinto de sesiones se acordará durante la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada, en principio, para unas horas antes de la sesión.

El jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, confirmó a Télam que si bien se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas, le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.

«Este es el Senado. Acá hay muchos bloques y somos los representantes de las provincias. Aunque no desconocemos que el tema es importante», afirmó el senador formoseño.

Desde el bloque del peronismo, que preside el cordobés Carlos Caserio, y desde el bloque que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes adelantaron su disposición a la aprobación de la norma sin reparos, así lo reseña Télam.

El senador nacional Juan Mario Pais presentó un Proyecto de Ley con el objetivo de que el Estado nacional transfiera a título gratuito a la Provincia del Chubut una serie de inmuebles ubicados dentro de la Península Valdés, para que sean incorporados al Área Natural Protegida de dicha Península y de ese modo proteger el medio ambiente, la flora y la fauna de la región.

En este marco, Pais explicó que “sin perjuicio de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial, según el artículo 75 inc. 5° de la Constitución Nacional es facultad del Congreso Nacional disponer de la tierra pública, esa prerrogativa incluye la enajenación o concesión de uso y explotación de toda propiedad estatal”.

De este modo, el legislador chubutense busca concretar el reclamo que llevó adelante el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, a través de una nota presentada al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que contó con la firma de los ex gobernadores constitucionales Néstor Perl, Fernando Cosentino, Carlos Maestro, José Luis Lizurume, y Martín Buzzi.

La iniciativa contempla la transferencia de una docena de terrenos ubicados en distintos puntos de la Península, que totalizan una superficie aproximada de 12.500 hectáreas.

Pais fundamentó que “la propiedad y el manejo por parte del Estado provincial de las tierras cuya transferencia se solicita son fundamentales para atender a las especificidades de la región, desarrollando áreas naturales protegidas o parques provinciales una vez efectivizada la transferencia”.

Al mismo tiempo, el senador patagónico destacó que “dentro de las propiedades involucradas hay algunas de gran valor que ameritan su inmediata incorporación a los circuitos turísticos de acceso público, que el Estado provincial garantiza a quienes acceden a la Península”.

La Península Valdés fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1999 por ser una zona de preservación de fauna terrestre, de mamíferos marinos de importancia mundial, y además de ser el sitio donde acuden a reproducirse ballenas francas en peligro de extinción.

Archivo histórico

Cabe señalar que, en la Legislatura Provincial ingresó una nota, en la que se solicita que la nota enviada al Presidente Mauricio Macri, y que lleva la firma de los ex gobernadores constitucionales de la provincia, sea preservado como un documento histórico y “que sea remitido para su custodia y conservación a la Biblioteca de esa Honorable Legislatura”.

El pedido aduce que se trata de “un documento único en la hostería provincial, dado que el mismo fue firmado por el actual mandatario y además por la totalidad de los hoy ex gobernadores constitucionales”.

“Se estima que ese documento debería ser debidamente resguardado, para servir de base y antecedente a una Política de Estado que defina acciones concretas por parte de un frente común en defensa de los intereses de la Provincia de Chubut”, cierra el pedido.

 

 

El Chubut

A casi cuatro años de el conflicto que se desató por el traspaso de mando entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, Cambiemos busca impulsar hoy a las 15 en el Senado la regulación de la transición presidencial. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el peronista Dalmacio Mera, comenzará a debatir la iniciativa para unificar las distintas posturas y lograr su aprobación antes de que finalice la actual gestión. Hasta el momento hay más de seis senadores de distintos bloques que presentaron sus proyectos: el punto más controversial está vinculado con el momento exacto en que el presidente saliente finaliza su mandato y en dónde debería realizarse la entrega de los atributos a su sucesor. También se contemplan limitaciones para las acciones que puede realizar el Gobierno saliente y se establece la creación de una «comisión de transición» que elaborará un informe para el mandatario entrante.

A principios de diciembre de 2015, un conflicto político sin precedentes derivó en la judicialización del traspaso presidencial. La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, determinó que el presidente termina su mandato exactamente a las 00:00 del 10 de diciembre, lo que dejaba un período de virtual acefalía hasta el momento de la jura del presidente electo ante la Asamblea Legislativa. Hasta entonces la primera magistratura quedó a cargo de quien era presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, segundo en la línea de sucesión luego del vicepresidente.

«Nuestra Constitución Nacional en ningún momento se menciona que exista un lapso (entre las 0:00 hs del 10 de diciembre y el momento en que el presidente electo toma posesión y jura conforme a nuestra Constitución Nacional) dónde el Presidente Provisional del Senado es quien conduce los destinos de la República», advierte en su proyecto el senador del Bloque Justicialista Mario País. El legislador nacional por Chubut sostiene que el fallo de Servini de Cubría fue inconstitucional y propone que el mandato del presidente finalice a las 12 horas del mismo día en que se produce la jura del mandatario electo. Esta modalidad es tomada de la enmienda XX de la Constitución de los Estados Unidos. A diferencia de otros proyectos, Pais no regula la entrega de los atributos, cuestión que tampoco es mencionada en la Constitución Nacional.

En el texto propuesto por Mera, presidente de la comisión, sí se fija cómo será ese proceso que fue tan controvertido y reflejado en el reciente libro de la ex presidenta, Sinceramente. «Una vez realizada la jura, en el mismo día, el Presidente saliente le hará entrega de los atributos de mando al Presidente electo en un acto en la Casa de Gobierno, salvo que ambos de común acuerdo, convengan que se realice en el Congreso de la Nación», sostiene el artículo 16 de su iniciativa.

Lejos de aportar claridad, el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, propuso un dictamen que no resuelve el conflicto del fin del mandato ni la entrega de los atributos: sostiene que «una vez proclamada la fórmula ganadora por la Asamblea legislativa, el presidente de la nación electo se encontrará en condiciones de asumir el cargo a las cero horas del día siguiente al de la finalización del mandato de cuatro años del presidente de la nación saliente, independientemente del juramento que prestará ante el honorable Congreso de la Nación, reunido en Asamblea conforme al artículo 93 de la Constitución Nacional». Según esta redacción, habría una suerte de asunción tácita previa a la jura ante la Asamblea Legislativa, acto formal que la Constitución establece para la toma de poseción del cargo.

Según fuentes parlamentarias, el objetivo de la reunión de comisión de hoy es unificar las distintas propuestas aunque las mismas fuentes reconocían que será difícil lograr dictamen esta tarde. Además de las de Mera, Pais y Bullirch, existen otras propuestas de Cristina López Valverde, Guillermo Snopek (Argentina Federal), Lucila Crexell (MPN), Magdalena Odarda (RIO) y Cristina Fiore Viñuales (Pares).

Pagina 12

El Senado de la Nación convirtió este martes en ley, en una votación por unanimidad, un proyecto que busca tipificar como delito el acoso callejero en el Código Penal y dio media sanción a otra iniciativa que también incluye como ilícito la violencia política contra las mujeres en sus ámbitos de trabajo.

Ambas propuestas buscan modificar la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y en espacios públicos como medios de transporte y centros comerciales en el caso del acoso.

El objetivo es tipificar la violencia política contra la mujer y castigar conducta con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres.

La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, la peronista Norma Durango, valoró esta noche la aprobación de las iniciativas y reivindicó la visibilización de las problemáticas sobre la violencia de género.

«La mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de este tipo de acoso por parte de los varones que tratan a las mujeres como simples objetos de deseo en la calle», sostuvo, y sobre la normativa de violencia política también afirmó que «todas sufrieron algún grado de violencia política, especialmente -dijo- desde los medios de comunicación».

En representación de Cambiemos, Gladys González, destacó el hecho de que «se obligue al Estado a implementar políticas públicas concretas» para que «las mujeres puedan caminar tranquilas por la calle» y para que se promueva la participación política de la mujer «en igualdad» con los hombres.

La norma describe como violencia pública política contra las mujeres a aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres.

En el caso del acoso callejero, el proyecto aprobado busca incorporar como delito la figura del acoso callejero en los casos de violencia hacia mujeres en espacios públicos como medios de transporte o centros comerciales.

Menciona en ese caso a las conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, libre circulación o generen ambiente hostil u ofensivo.

Propone incorporar una línea telefónica gratuita de asesoramiento para esos casos, destinada a la contención y a la elaboración de estadísticas en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres.

También busca articular en el seno del Consejo Federal de Educación la inclusión de contenidos mínimos curriculares sobre la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia y la libertad.

Por último, el proyecto insta a las fuerzas de seguridad a actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos.

Las iniciativas avaladas por el Senado deberán ser giradas ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

 

 

La Voz

Durante su informe en el Senado, el jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, le dedicó varios minutos a Chubut. El senador Juan Mario Pais (FPV), requirió información sobre avances de las obras de las autovías Trelew-Madryn y Comodoro-Caleta.

El funcionario nacional explicó la situación actual pero sin dejar de recordar los incumplimientos durante el kirchnerismo «con empresarios amigos». Llegó incluso a calificarlas como «el monumento a la corrupción».

Peña no dejó de reconocer que esas obras «están demoradas», pero «tratando de salir del entuerto de ser monumento a la corrupción y a la defraudación al Estado». Y en el caso puntual de la doble trocha entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, adelantó que en el segundo trimestre del año «la relicitaremos por diversos incumplimientos y los ya famosos desempeños de Lázaro Báez como empresa».

Fue en ese momento en que Peña hizo un paréntesis en su respuesta al senador de Chubut, «para contar un poco la historia» porque esa autovía «fue una obra prometida hace años y que debería estar hace décadas. La tenía a su cargo Lázaro Báez cuando asumimos la gestión; abandonó la obra». Entonces, continuó Peña, «la relicitamos y el adjudicatario fue Cristóbal López, y después pasó que incumplió los pasos de avance y retuvo los sueldos de los trabajadores y nos obligó nuevamente a rescindir el contrato».

Peña insistió en señalar que este tipo de situaciones como las obras inconclusas en Chubut «nos habla de lo que pasó en la década anterior en materia de obra pública y los empresarios amigos». Pese a ello, aseguró que las obras «las vamos a hacer».
«Lo mismo con la autovía Trelew-Madryn, más de diez años prometida», continuó el Jefe de Gabinete, quien repasó que en la actualidad está en ejecución con movimientos de suelo y alcantarillados. Aunque reconoció que «un poco lento, si se quiere, ante la ansiedad de diez años que te prometen una obra y no está. Pero la vamos a hacer con los precios que corresponde y la transparencia adecuada».

Concluyó Peña, en su respuesta a Pais, preguntando: «¿Qué hacen las provincias con este 10% más de recursos que se ha dado, cuánta obra pública y proyectos de inversiones están haciendo en estos momentos?».

 

 

El Chubut

Este miércoles, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de la Ley Nacional de Talles que busca establecer un registro único y estandarizado, accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años.

La iniciativa, que impondrá medidas contra la discriminación en los comercios y apunta a atacar enfermedades como la bulimia y la anorexia, fue girado a Diputados.

“Sabemos del difícil momento de la industria textil, pero arribamos a un acuerdo para que salga la ley nacional de talles. El talle único no es único talle”, enfatizó la senadora por Frente Para la Victoria y PJ, María de los Ángeles Sacnun, titular de la Comisión de Industria y Comercio y miembro informante del proyecto.

La iniciativa crea el “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), correspondiente a medidas corporales estandarizadas, con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad.

Este sistema será de aplicación obligatoria, y el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo correspondiente, deberá realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, con el fin de actualizar la base de datos.

Además, se indica que “todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria debe identificar cada prenda de acuerdo con el SUNITI”, y la etiqueta debe ser “de fácil comprensión para el consumidor” y debe estar “adherida a la prenda”.

Los comercios, por su parte, estarán obligados a exhibir un cartel de un mínimo de 15 x 21, en un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas.

Otro aspecto novedoso es que los locales tendrán que “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores”, y en ese sentido “deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

Ante el incumplimiento de la ley, habrá sanciones que son las contempladas en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios.

“Esta ley nacional de talles es un paso más en los derechos de las mujeres y contra la discriminación”, destacó la rionegrina Magdalena Odarda.

 

 

cba24n

El oficialismo en el Senado eludió la incorporación de los medios digitales nacionales a la ley de financiamiento político, que este miércoles se debatirá en la Cámara alta.

Adepa y la Asociación de Periodismo Digital (APD) presentaron a los legisladores un proyecto para incorporar un artículo en la norma que regula la publicidad electoral para favorecer a los medios digitales argentinos. Las entidades periodísticas propusieron que del total de la inversión en publicidad en plataformas digitales y redes sociales, al menos 50% se destine a sitios periodísticos digitales de producción nacional. O sea, medios de alcance nacional, provincial y local.

La propuesta fue muy bien recibida entre senadores del peronismo y de la UCR. Hasta Dalmacio Mera, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales que lleva el tratamiento de la ley, dio su apoyo. Pero Cambiemos la rechazó.

La exclusión propiciada por el bloque macrista pretende sostener el actual modelo de distribución de pauta, donde por decisión de la Casa Rosada Facebook y Google aglutinan la mayor proporción de publicidad oficial, a pesar de que no tributan en el país, mantienen una escasa plantilla de empleados locales y de que sus ganancias se acumulan en el exterior.

En detrimento de los medios periodísticos nacionales que vieron caer su participación en la pauta de campaña, en las elecciones legislativas de 2017 el Gobierno destinó el 30% de la publicidad electoral a las redes sociales, principalmente a Facebook, Twitter y Google. En 2011 ese montó fue de apenas 4%. Este comportamiento se replica con las partidas estatales en tiempos no electorales.

A pesar de que muchos senadores radicales se manifestaron a favor de establecer un porcentaje de la publicidad digital durante las campañas a medios argentinos, se impuso la resistencia de Cambiemos a aceptar un nuevo artículo a la ley en debate.

En la UCR entendieron que el planteo sigue la tendencia de los países más importante del mundo, que se preocupan por proteger a los medios locales ante el avance desmedido de las plataformas globales, que no producen contenido local y son el trampolín para la diseminación de fake news.

 

 

 

 

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