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El Senado de la Nación convirtió este martes en ley, en una votación por unanimidad, un proyecto que busca tipificar como delito el acoso callejero en el Código Penal y dio media sanción a otra iniciativa que también incluye como ilícito la violencia política contra las mujeres en sus ámbitos de trabajo.

Ambas propuestas buscan modificar la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y en espacios públicos como medios de transporte y centros comerciales en el caso del acoso.

El objetivo es tipificar la violencia política contra la mujer y castigar conducta con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres.

La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, la peronista Norma Durango, valoró esta noche la aprobación de las iniciativas y reivindicó la visibilización de las problemáticas sobre la violencia de género.

«La mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de este tipo de acoso por parte de los varones que tratan a las mujeres como simples objetos de deseo en la calle», sostuvo, y sobre la normativa de violencia política también afirmó que «todas sufrieron algún grado de violencia política, especialmente -dijo- desde los medios de comunicación».

En representación de Cambiemos, Gladys González, destacó el hecho de que «se obligue al Estado a implementar políticas públicas concretas» para que «las mujeres puedan caminar tranquilas por la calle» y para que se promueva la participación política de la mujer «en igualdad» con los hombres.

La norma describe como violencia pública política contra las mujeres a aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres.

En el caso del acoso callejero, el proyecto aprobado busca incorporar como delito la figura del acoso callejero en los casos de violencia hacia mujeres en espacios públicos como medios de transporte o centros comerciales.

Menciona en ese caso a las conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, libre circulación o generen ambiente hostil u ofensivo.

Propone incorporar una línea telefónica gratuita de asesoramiento para esos casos, destinada a la contención y a la elaboración de estadísticas en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres.

También busca articular en el seno del Consejo Federal de Educación la inclusión de contenidos mínimos curriculares sobre la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia y la libertad.

Por último, el proyecto insta a las fuerzas de seguridad a actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos.

Las iniciativas avaladas por el Senado deberán ser giradas ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

 

 

La Voz

Durante su informe en el Senado, el jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, le dedicó varios minutos a Chubut. El senador Juan Mario Pais (FPV), requirió información sobre avances de las obras de las autovías Trelew-Madryn y Comodoro-Caleta.

El funcionario nacional explicó la situación actual pero sin dejar de recordar los incumplimientos durante el kirchnerismo «con empresarios amigos». Llegó incluso a calificarlas como «el monumento a la corrupción».

Peña no dejó de reconocer que esas obras «están demoradas», pero «tratando de salir del entuerto de ser monumento a la corrupción y a la defraudación al Estado». Y en el caso puntual de la doble trocha entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, adelantó que en el segundo trimestre del año «la relicitaremos por diversos incumplimientos y los ya famosos desempeños de Lázaro Báez como empresa».

Fue en ese momento en que Peña hizo un paréntesis en su respuesta al senador de Chubut, «para contar un poco la historia» porque esa autovía «fue una obra prometida hace años y que debería estar hace décadas. La tenía a su cargo Lázaro Báez cuando asumimos la gestión; abandonó la obra». Entonces, continuó Peña, «la relicitamos y el adjudicatario fue Cristóbal López, y después pasó que incumplió los pasos de avance y retuvo los sueldos de los trabajadores y nos obligó nuevamente a rescindir el contrato».

Peña insistió en señalar que este tipo de situaciones como las obras inconclusas en Chubut «nos habla de lo que pasó en la década anterior en materia de obra pública y los empresarios amigos». Pese a ello, aseguró que las obras «las vamos a hacer».
«Lo mismo con la autovía Trelew-Madryn, más de diez años prometida», continuó el Jefe de Gabinete, quien repasó que en la actualidad está en ejecución con movimientos de suelo y alcantarillados. Aunque reconoció que «un poco lento, si se quiere, ante la ansiedad de diez años que te prometen una obra y no está. Pero la vamos a hacer con los precios que corresponde y la transparencia adecuada».

Concluyó Peña, en su respuesta a Pais, preguntando: «¿Qué hacen las provincias con este 10% más de recursos que se ha dado, cuánta obra pública y proyectos de inversiones están haciendo en estos momentos?».

 

 

El Chubut

Este miércoles, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de la Ley Nacional de Talles que busca establecer un registro único y estandarizado, accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años.

La iniciativa, que impondrá medidas contra la discriminación en los comercios y apunta a atacar enfermedades como la bulimia y la anorexia, fue girado a Diputados.

“Sabemos del difícil momento de la industria textil, pero arribamos a un acuerdo para que salga la ley nacional de talles. El talle único no es único talle”, enfatizó la senadora por Frente Para la Victoria y PJ, María de los Ángeles Sacnun, titular de la Comisión de Industria y Comercio y miembro informante del proyecto.

La iniciativa crea el “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), correspondiente a medidas corporales estandarizadas, con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad.

Este sistema será de aplicación obligatoria, y el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo correspondiente, deberá realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, con el fin de actualizar la base de datos.

Además, se indica que “todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria debe identificar cada prenda de acuerdo con el SUNITI”, y la etiqueta debe ser “de fácil comprensión para el consumidor” y debe estar “adherida a la prenda”.

Los comercios, por su parte, estarán obligados a exhibir un cartel de un mínimo de 15 x 21, en un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas.

Otro aspecto novedoso es que los locales tendrán que “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores”, y en ese sentido “deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

Ante el incumplimiento de la ley, habrá sanciones que son las contempladas en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios.

“Esta ley nacional de talles es un paso más en los derechos de las mujeres y contra la discriminación”, destacó la rionegrina Magdalena Odarda.

 

 

cba24n

El oficialismo en el Senado eludió la incorporación de los medios digitales nacionales a la ley de financiamiento político, que este miércoles se debatirá en la Cámara alta.

Adepa y la Asociación de Periodismo Digital (APD) presentaron a los legisladores un proyecto para incorporar un artículo en la norma que regula la publicidad electoral para favorecer a los medios digitales argentinos. Las entidades periodísticas propusieron que del total de la inversión en publicidad en plataformas digitales y redes sociales, al menos 50% se destine a sitios periodísticos digitales de producción nacional. O sea, medios de alcance nacional, provincial y local.

La propuesta fue muy bien recibida entre senadores del peronismo y de la UCR. Hasta Dalmacio Mera, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales que lleva el tratamiento de la ley, dio su apoyo. Pero Cambiemos la rechazó.

La exclusión propiciada por el bloque macrista pretende sostener el actual modelo de distribución de pauta, donde por decisión de la Casa Rosada Facebook y Google aglutinan la mayor proporción de publicidad oficial, a pesar de que no tributan en el país, mantienen una escasa plantilla de empleados locales y de que sus ganancias se acumulan en el exterior.

En detrimento de los medios periodísticos nacionales que vieron caer su participación en la pauta de campaña, en las elecciones legislativas de 2017 el Gobierno destinó el 30% de la publicidad electoral a las redes sociales, principalmente a Facebook, Twitter y Google. En 2011 ese montó fue de apenas 4%. Este comportamiento se replica con las partidas estatales en tiempos no electorales.

A pesar de que muchos senadores radicales se manifestaron a favor de establecer un porcentaje de la publicidad digital durante las campañas a medios argentinos, se impuso la resistencia de Cambiemos a aceptar un nuevo artículo a la ley en debate.

En la UCR entendieron que el planteo sigue la tendencia de los países más importante del mundo, que se preocupan por proteger a los medios locales ante el avance desmedido de las plataformas globales, que no producen contenido local y son el trampolín para la diseminación de fake news.

 

 

 

 

Ambito

El senador nacional, Alfredo Luenzo,se refirió al proyecto de ley que presentó con modificaciones para avanzar en el debate sobre  la aprobación de una Ley de aborto legal, seguro y gratuito.

«Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y que el Congreso de manera madura pueda volver a debatir este tema, que creo estamos cerca de poder impulsarlo», aseguró.

Asimismo, señaló que es necesario «sacar del código penal la criminalización de quien deba atravesar una situación tan dolorosa», dijo al explicar el nuevo proyecto presentado.

«Se trata de un consenso de 27 senadores,  con modificaciones, como por ejemplo que la interrupción del embarazo sea en la semana 12 y no 14, y no llevarlo a la justicia. Muchos senadores se sumaron al proyecto modificado», aseguró.

Asimismo, el senador destacó que «es un tema que veces incomoda a muchos porque divide a la sociedad, pero yo no estoy a favor del aborto estoy en contra de situaciones como la de la nena de 11 en Tucumán. Estamos en una discusión de orden jurídico y hasta moral, pero acá hay un problema de carácter sanitario, de educación y el estado debe responsabilizarse».

 

 

 

ADN Sur

La senadora y ex presidenta Cristina Kirchner hizo un fuerte descargo contra la Justicia vinculada al gobierno de Mauricio Macri por la causa de las fotocopias de los cuadernos y la denuncia por extorsión a un empresario, que salpica al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio.

«Estamos frente a un esquema perverso y de extrema gravedad constitucional e institucional», lanzó. «En mi vida como legisladora nacional he visto y he escuchado algo similar a lo que nos ha tocado ver y escuchar en los chats, en las fotos, en las filmaciones», sumó en referencia a la denuncia por extorsión de Pedro Etchebest contra Marcelo D’Alessio, señalado como emisario de Stornelli para pedir coimas a empresarios y así quedar al margen de la investigación de las fotocopias de los cuadernos.

«Siempre, detrás de un sistema perverso, está la instauración de un modelo de despojo, de miseria y de hambre para el pueblo argentino», sumó visiblemente enojada al plantear una cuestión de privilegio que dirigió a la Corte Suprema de Justicia.

La senadora considera que el máximo tribunal debe intervenir en la causa que involucra a D’Alessio porque involucra, según dijo, a la Embajada de Estados Unidos. La ex Presidenta señaló que «debería ser la Corte Suprema la que intervenga» en esa causa porque «desde la propia sentencia del juez» Alejo Ramos Padilla «se puede colegir la actuación de una embajada extranjera en esta cuestión».

La senadora también vinculó a D’Alessio con las causas judiciales en su contra y disparó: «Esta senadora de la Nación, ex presidenta de la República elegida dos veces por el voto popular, ni siquiera tiene las garantías que tiene cualquier ciudadano común de este país».

Sobre esto último, se refirió a los allanamientos a sus propiedades, pedidos por Bonadio y que el Senado autorizó. «Los allanamientos fueron violatorios de lo mínimo que se le asegura a cualquier ciudadano: hicieron con mis casas lo que no hicieron con nadie estos mismos que fueron filmados y grabados mandando WhatsApp pidiendo coimas», denunció.

 

 

El Destape Web

Con 45 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones (por parte los justicialistas Alfredo Luenzo, Mario Pais e Inés Blas) la Cámara alta le dio sanción definitiva a la ley propuesta por el diputado nacional justicialista Diego Bossio y aprobada la semana pasada por la Cámara baja.

La nueva norma deroga ocho artículos de la ley 26.736 que declaró de interés público la producción de papel prensa y establecía la regulación de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa.

En sentido contrario, el proyecto convertido en ley elimina esos controles y fomenta la importación de la pasta celulosa, al establecer que por diez años no se podrán modificar los derechos de importación que actualmente están en cero por ciento.

La ley 26.736 fue aprobada en 2011 a instancias de la entonces presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, quien en la sesión afirmó que la sanción de la nueva norma “tiene una contraprestación” que sería “un blindaje mediático increíble” para el Gobierno, en alusión a los diarios Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios de Papel Prensa S.A.

“Esto es tener poder, un poder que no ocupa estas bancas pero que se conecta de diferentes maneras, hasta telefónicamente, pidiéndoles que acompañen la ley, pese a que es contraria a los intereses de todos los medios de las provincias”, agregó la ex mandataria.

El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, defendió el proyecto al afirmar que “la desregulación de la importación del papel es un elemento que alienta el esquema de competencia y mejora de precios”.

“Lo que criticábamos antes a las posiciones monopolizadoras, cuando aparece una ley ligada al libre mercado y la competencia me parece que por ese lado no puede ser criticada”, afirmó Pichetto.

En un tiro por elevación al kirchnerismo, agregó: “Seguir discutiendo el neoliberalismo y el Consenso de Washington. No tiene nada que ver con la actualidad, no son los problemas del mundo hoy. Atrasa 40 años”.

“Es una modesta norma que permite activar algún mecanismo de mejoramiento del precio del papel. Ninguna utopía, ningún hecho de dominación del Parlamento, no hay nada de eso, ninguna conspiración en marcha”, concluyó.

Para cerrar el debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, subrayó que “de 204 mil toneladas de papel que se producían en 2011, hoy el mercado indica que solamente se producen 117 mil toneladas”.

 

 

Aire de Santa Fe

Este miércoles el Senado aprobó la Ley Micaela García, que establece un programa nacional permanente para capacitar a funcionarios contra la violencia de género. La normativa recibió media sanción de Diputados este martes.

La Cámara Alta convirtió en Ley este miércoles el proyecto que propone la creación de un «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres».

El Gobierno nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento de este proyecto de capacitación obligatoria para combatir la violencia de género para todos los que integran los tres poderes del Estado.

Se trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, bautizado «Ley Micaela García», en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.

La decisión fue plasmada en el decreto 1135/2018, que surgió luego que diputados de distintos bloques reclamaran al Ejecutivo nacional, a través de una carta pública, la necesidad de que el proyecto se incluya en el temario de sesiones extraordinarias.

El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes del Estado Nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.

El debate del proyecto fue impulsado por un grupo de diputadas, luego de la denuncia realizada la semana pasada por el colectivo de actrices argentinas que acompañó a Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual.

A través de la iniciativa se establece además que quienes se nieguen a realizar las capacitaciones serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación.

Según el proyecto, el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto nacional de las Mujeres.

El proyecto se convirtió así en Ley luego de la media sanción en Diputados este martes, con 171 votos afirmativos, uno en contra y ninguna abstención. En el Senado, este miércoles, la normativa fue aprobada por unanimidad, con 59 votos.

Fuente: Radio3 Cadena Patagonia

Cristina Fernández de Kirchner mantendrá sus fueros parlamentarios, probablemente por lo que resta del año. Cambiemos, que había convocado una nueva sesión en el Senado para debatir el desafuero de la expresidenta, solo consiguió 26 de los 37 legisladores que necesitaba para sesionar.

La sesión fue programada para las 16, pero media hora después sólo dos docenas de legisladores del oficialismo, más otros dos del justicialismo, estaban presentes en el recinto. Transcurrida la espera reglamentaria de media hora, Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, decidió levantar la sesión y abrir las expresiones en minoría.

Además de los representantes de la coalición gobernante, los peronistas que bajaron al recinto fueron Carlos Reutemann y Lucila Crexell, del Interbloque Parlamentario Federal, informó la agencia Noticias Argentinas. El Bloque Justicialista, que comanda Miguel Pichetto, y el Frente para la Victoria (conducido por CFK pero formalmente encabezado por Marcelo Fuentes) no asistieron al encuentro.

Cambiemos quería debatir el pedido de desafuero que envió en diciembre pasado el juez federal Claudio Bonadio en diciembre pasado, que investiga a Cristina en la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Luego de levantada la sesión, Pinedo expresó que con este intento el oficialismo cumple con su «obligación» dado que el plazo para tratar el pedido de Bonadio comenzó a regir «el primero de marzo» y desde esa fecha «se cumplen 180 días» este martes, límite para tratar el tema.

El legislador indicó que la coalición gobernante busca demostrar que «no hay espíritu corporativo para el no tratamiento de los temas». «Tampoco hay lo que se ha dicho acerca de una persecución política o jurídica, lo que hay es una investigación judicial en marca. Fuimos cuidadosos en que sea eso lo que está en discusión», agregó. «De ninguna manera pensamos que puede haber ningún tipo de impunidad corporativa», finalizó el presidente provisional del Senado.

Tras el encuentro, Pichetto afirmó en declaraciones a la prensa acreditada que el oficialismo «debería haber levantado la sesión» porque al mediodía llegó al Senado una nota del Tribunal Oral Federal N°8 que, a su entender «hace caer el desafuero».

La nota responde a un pedido de información que realizó el Senado sobre la situación procesal de la expresidenta en esa causa judicial. En el documento, el tribunal subrayó que «todas las personas imputadas se encuentran en libertad y están a derecho y dando cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones procesales».

El TOF 8 recordó que a otros imputados en la misma causa, como Carlos Zannini (exsecretario de Legal y Técnica), Luis D’Elía y Jorge Alejandro Khalil, se les concedió la excarcelación luego de apelar.

«El pedido llegó al mediodía. Deberían haber levantado la sesión», subrayó Pichetto, y remarcó «absolutamente» al ser consultado sobre si la nota del tribunal significa que el pedido de desafuero está caído.

 

 

 

Perfil

El senador nacional por la Provincia de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, se mostró nuevamente en favor de la explotación minera. Fue en la última sesión donde se trató la Ley de Presupuesto.

“Tenemos que hacer minería”, enfatizó sin empachos uno de los que suena para competir por la Presidencia de la Nación el año próximo en las elecciones. A los gritos y haciendo ademanes aseguró que “este país es rico en oro y plata”.

Valoró a Santa Cruz por explotar la actividad y de inmediato le pegó a Chubut. “Tiene la mina más grande de américa que se llama Navidad”, soltó en un discurso que por lo polémico comenzó a circular rápido por los grupos de WhatsApp de la zona.

“No se puede extraer la plata porque hay una cultura de que contamina”, siguió diciendo el dirigente justicialista y advirtió que así “es imposible que la Argentina crezca”. Elevó el tono y repitió sin tapujos frente a sus pares, “hay que hacer minería”.

“Nosotros no hacemos minería porque contamina y aparecen los ambientalistas. Estamos liquidados”, disparó Pichetto.

 

 

 

Diario La Portada