Tag

Senado

Browsing

El Senado aprobó esta tarde por unanimidad la ley de educación a distancia en una nueva sesión virtual en la que la oposición votó a favor de la norma, pero se desconectó luego de la videoconferencia tras objetar la inclusión de temas no vinculados a la pandemia de coronavirus.

Después de sancionar la nueva ley que regula la enseñanza a distancia en situaciones de crisis, los senadores del Frente de Todos comenzaron a tratar, pasadas las 18.40, la ley de alquileres, que busca mejores condiciones para los inquilinos en los contratos de locación.

En el final de la sesión, tienen previsto aprobar la suspensión por 180 días de la constitución e inscripción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

La cuarta sesión por videoconferencia que se realiza desde que comenzó el aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus fue abierta a las 14.37 por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presente en el recinto junto a cuatro senadores, autoridades de cámara.

El debate estuvo marcado por los planteos de la oposición que pidió retirar del temario los proyectos que no estén vinculados a la emergencia sanitaria, algo a lo que el bloque del Frente de Todos se opuso al señalar que «todos los temas están atravesados» por la emergencia sanitaria.

Los senadores de Cambiemos se desconectaron en conjunto de la videoconferencia por lo que el oficialismo sancionará las leyes de alquileres y de SAS sin los votos de esos legisladores.

La primera normativa sancionada hoy busca regular la modalidad de enseñanza a distancia implementada desde el comienzo del aislamiento dispuesto el 20 de marzo pasado.

En representación del Frente de Todos, la senadora del Frente de Todos por San Juan Cristina López Valverde explicó que lo que se busca con esta iniciativa es «darle un marco legal a las decisiones que se ha visto en la obligación de tomar el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la pandemia».

«Con esta ley se refuerza el derecho a la educación individual y social», sostuvo la legisladora del oficialismo y remarcó la característica de «excepcionalidad» que tiene esta modalidad de enseñanza al señalar que «la educación presencial es irreemplazable».

Por Cambiemos, Silvia Giacoppo (Jujuy) expresó que la propuesta «es necesaria» porque «garantiza continuidad al derecho a la educación», y señaló que «se debe garantizar el efectivo cumplimiento para los más vulnerables para que esto no sea solo un canto de sirena».

La nueva normativa de educación a distancia establece como «una excepcionalidad» a la modalidad de enseñanza en situaciones de emergencia.

Deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.

En el marco de esta excepcionalidad, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente.

Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

El intendente valoró la posibilidad de que los tres senadores nacionales por Chubut, Alfredo Luenzo, Nancy González y Juan Mario País, sesionen mediante videoconferencia desde el Concejo Deliberante de Comodoro. “Es parte de la tranquilidad de continuar sin casos en nuestra ciudad”, agregó.

Por las consecuencias de la pandemia que impide la realización de sesiones presenciales en el Senado de la Nación, la modalidad desde hace algunas semanas para cumplir con la labor parlamentaria es mediante videoconferencia. Desde Comodoro ya lo había hecho Juan Mario País, pero es histórico que los tres senadores nacionales sesionen desde nuestra ciudad.

“Es un honor que nuestros representantes en el Senado puedan sesionar desde Comodoro y poder ofrecerles garantías de tranquilidad al no presentar casos actualmente de Covid”, expresó el intendente Juan Pablo Luque.

Tanto Alfredo Luenzo, como Juan Mario Pais (ambos con domicilio en Comodoro) y Nancy González (Puerto Madryn), ocuparon su banca virtual desde el SUM del Concejo Deliberante, lugar acondicionado para el streaming.
“Las sesiones son una herramienta fundamental de la Democracia, por eso la importancia de que un acto de representación de los chubutenses se dé en nuestra ciudad”, agregó.

Los tres legisladores estuvieron además durante la mañana acompañando al intendente Juan Pablo Luque en la recepción del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

El Senado sancionó hoy por unanimidad las primeras tres leyes a distancia de la historia parlamentaria del país, con beneficios tributarios y de protección para los trabajadores esenciales que cumplen tareas en el combate del coronavirus, en la segunda sesión virtual desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

De los tres proyectos sancionados, la norma que exime de pagar ganancias al personal de la salud y de seguridad que efectúe guardias u horas extras mientras dure la pandemia fue la única que generó reparos de la oposición por considerar que la medida «se quedaba a medio camino».

Un total de 71 senadores votaron en forma electrónica a favor de la exención de ganancias y de la creación de un programa que dispone un protocolo de protección para el personal de salud y un convenio con la Cruz Roja que regulariza la situación jurídica de ese organismo en el país.

La sesión de carácter remoto transcurrió esta vez sin ningún tipo de inconveniente técnico y se extendió durante cinco horas y media conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se alternó en el debate con la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma.

Los mayores contrapuntos durante el debate virtual se suscitaron entre senadores del oficialismo y de la oposición en torno a las responsabilidades sobre la situación económica en que el gobierno del Frente de Todos recibió al país en diciembre de 2015.

En el inicio de la sesión, la vicepresidenta aludió al altercado que mantuvieron durante la semana el senador del FdT Carlos Caserio y su par radical Martín Lousteau e ironizó con el episodio al señalar que si bien pensó que podía «volar un micrófono» la situación sirvió para demostrar que la virtualidad no ponía en riesgo la calidad de los debates.

Más tarde, los senadores del FdT, Oscar Parrilli y José Mayans, enumeraron medidas del macrismo a las que juzgaron como «perjudiciales» para el país.

Mayans, jefe de los senadores del oficialismo, valoró sin embargo «el apoyo unánime» a las tres leyes sancionadas, dijo que «esto no terminaba acá» y que había que seguir trabajando en más medidas para mitigar la pandemia, pero se expresó en duros términos ante las críticas de la oposición al proyecto sobre ganancias.

«Acá hay algunos que dicen ‘no miremos el pasado, miremos el futuro’ cuando hubo un gobierno que entregó al país, hizo un desastre y ahora se están preguntando por qué no le damos más a los trabajadores», disparó el senador formoseño y advirtió que había que revisar «la deuda impagable» que dejó el gobierno anterior.

La oposición votó a favor de las normas pero calificó a la ley sobre ganancias como «discriminatoria» porque el beneficio no abarcaba a la totalidad de los trabajadores esenciales y, si bien apoyó el proyecto sobre la Cruz Roja, se abstuvo en algunos artículos referidos a contrataciones directas y convenios de cooperación.

El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, ratificó el apoyo en general a las medidas pero dijo que eran insuficientes y advirtió que no estaba en desacuerdo con «mirar el pasado» pero consideró que sólo serviría si esto se hacía con una mirada también de futuro».

Parrilli también sumó cuestionamientos a la oposición y durante su exposición enumeró las medidas judiciales que se tomaron en contra de referentes del kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

La vicepresidenta tuvo que interrumpirlo para decirle que se la había acabado el tiempo y que necesitaría «una sesión complementaria» para detallar las causas que, según consideran, forman parte de «la persecución judicial» de la que fueron víctimas.

Unos minutos después de las 14 de este miércoles, Cristina Kirchner, presidenta de la Cámara alta, dio inicio a la primera sesión virtual en la historia del Congreso, que tuvo que modificar su protocolo habitual debido a la pandemia de coronavirus.

Después de tironeos y negociaciones entre el oficialismo y la oposición, este miércoles los legisladores sesionaron para tratar 20 Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Alberto Fernández en el marco del COVID-19.

En el recinto solo estuvieron los senadores Martin Lousteau, Maurice Closs, Claudia Ledesma Abdala y Laura Rodríguez Machado. La sesión la presidió la ex jefa de Estado. El resto de los legisladores estuvieron en sus despachos o en sus casas siguiendo el debate en forma virtual y esperando el turno para hablar.

El único ausente en esta jornada fue el tucumano José Alperovich, que permanece de licencia luego de que su sobrina lo denunciara por abuso sexual. El ex gobernador se encuentra licenciado desde noviembre del año pasado.

En los primeros minutos hubo inconvenientes con el audio de algunos legisladores y del secretario parlamentario. Por momentos, Cristina Kirchner, también se quedó sin audio. Pero el problema se solucionó con rapidez. Luego, hubo un nuevo inconveniente. En el momento que se estaba leyendo la votación sobre los decretos hechos por la presidencia, se empezaron a superponer voces: la del secretario con la de los legisladores que ratificaban el voto que habían hecho porque el sistema no se los había computado, precisó Infobae.

Una vez resueltos esos primeros problemas, comenzó la ronda de exposiciones. La primera en hablar fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que destacó las medidas tomadas por el gobierno nacional y apuntó contra el sector de la oposición que pidió salir con mayor rapidez de la cuarentena debido al impacto económico que tendrá el parate de las actividades.

“La economía que recibió el Presidente no estaba bien antes de la pandemia. Todo lo contrario. Algunos dirigentes tienen una amnesia selectiva respecto de lo que es el pasado reciente”, sostuvo la senadora de La Cámpora. En esa línea, recordó que cuando llegaron al gobierno había “200 mil puestos de trabajo perdidos, un promedio de 16 pymes que se cerraban por día, deuda externa y 10% de desocupación”.

“Se puso de moda entre los opositores decir que la caída de la economía va a dejar tantas vidas en el camino como la pandemia. Es una falacia lo que intentan imponer. En este paquete de 20 DNU hemos salvaguardado la vida de muchos argentinos y garantizamos derechos sociales y económicos”, dijo, luego de comparar los datos sobre la caída de la economía con los que tienen Chile, Brasil y Estados Unidos, donde el aislamiento no fue tan estricto como en Argentina.

Esos minutos en los que hablo Fernández Sagasti fueron los únicos en los que estuvo presente Cristina Kirchner en las primeras dos horas de sesión. Luego, se levantó y se retiró a su despacho. La sucedió la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

Una de las palabras destacadas fue la de Martín Lousteau, que pidió ampliar el consejo de epidemiólogos que asesora al Presidente y sumar una mesa económica para poder evaluar los pasos a seguir una vez que termine el aislamiento.

“En materia sanitaria como económica si respondemos tarde, si demoramos, va a ser peor, va a ser muy difícil contener lo que está pasando. Hay efectos permanentes. Hay puestos de trabajo que se van a perder”, afirmó.

El legislador de la oposición dijo que “la salud es prioridad” pero también “es cierto que cuando termine la pandemia y pasen los años, habrá una evaluación en dos dimensiones: la cantidad de vidas que se pudieron salvar y el impacto económico que dejó el parate”.

“El objetivo prioritario es la salud pero tiene que ser con el menor costo económico posible”, sostuvo, al tiempo que pidió trabajar para ordenar y dotar de más datos al sistema del Estado, debido a que muchos de los beneficios otorgados por el Gobierno no fueron efectivizados en su totalidad debido a la falta de datos o el protocolo para poder obtenerlos.

La sesión fue escalando en tensión a medida que pasaba el tiempo y se acumulaban los discursos. La primera en subir el tono de la discusión fue la senadora opositora Silvia Elías de Pérez. “Somos una oposición que entiende perfectamente el rol que tenemos en este momento. Estuvimos a disposición del Presidente. Pero eso no significa que dejemos de cumplir nuestro rol y señalando las cosas en las que no estamos de acuerdo”, sostuvo.

La senadora radical dijo que “hay un sector del gobierno que ha escuchado y prestado atención a las cosas que dijo la oposición” y hay otros sectores “que le faltan el respeto a la oposición”. Luego, cuestionó la cantidad de DNU que sacó el Gobierno. “El problema de la cantidad de delegaciones que se dejan en manos del Presidente y el Jefe de Gabinete es que después es muy difícil volver atrás”, explicó. Y remató: “La democracia se consolida con más democracia”.

La tensión subió aun más cuando tomó la palabra la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado aseguró que “es tremendo que desde el Gobierno nos pidan elegir a los argentinos entre salud o quedarnos sin trabajo”.

“Cómo puede ser que el Presidente nos diga: ‘O se mueren todos o se quedan sin trabajo’. Y los argentinos nos quedamos con un gusto amargo y no sabemos como mantener nuestra fuente de trabajo”, indicó la legisladora, que se sentó en el recinto con un barbijo amarillo, color característico del PRO, partido del que es vicepresidenta segunda.

A su turno, Oscar Parrilli, ocupó su tiempo en repasar los decretos de necesidad y urgencia que sacó Mauricio Macri durante su presidencia. Mientras tanto, Cristina Kirchner asentía con la cabeza cada una de las acotaciones del ex secretario de la Presidencia. Cuando se terminó el tiempo la ex jefa de Estado le dijo:“Los 10 minutos de DNU del macrismo se terminaron. La próxima vez sigue contando los decretos que sacaron en los últimos 4 años”. Ambos esbozaron una sonrisa.

Al final, hablaron los presidentes de los bloques. Luis Naidenoff y José Mayans, que presidente los dos bloques más importantes, cerraron la sesión con sus discursos. El senador que presidente el bloque de Juntos por el Cambio manifestó su disconformidad por el tiempo que tardó el Senado en volver a funcionar y dijo: “Ya no hay margen en la Argentina para que no haya una normaliddad institucional. Es el momento para que el Congreso discuta las leyes”.

Por su parte, Mayans resaltó las medidas tomadas por el gobierno nacional durante la pandemia, cuestionó los cacerolazos que hubo contra la salida de presos y la baja de los sueldos de los políticos, aseguró que la deuda “es impagable” y afirmó: “Tenía miedo de que los bonistas acepten nuestra oferta. Porque si la aceptaban, no sé con que la íbamos a pagar. Si esta deuda es impagable”.

Finalmente, llegó el momento de la votación y Cristina Kirchner explicó como se llevaría acabo. Como había un acuerdo político previo para que 18 de los 20 DNU tuvieran un acompañamiento unánime, el secretario parlamentario leyó cada voto por separado y aclaró que senadores eran los que no acompañaban los dos decretos en cuestión. Uno de ellos era el que ordenó cerrar las fronteras y otro el que prohibió los despidos.

Hoy en la Argentina se vivió un momento histórico para el Senado, por primera vez se realizó una sesión a través de la dinámica de videollamadas.

El día de hoy, el Senado fue protagonsita este miércoles, de la primera sesión virtual de su historia. Esta sesión tiene como fin principal que se evalúen y se debatan los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) los cuales firmó el presidente del país, Alberto Fernández.

Entre las condiciones de la sesión, se estipulo que el tiempo de duración máximo sería de seis horas, para garantizar la seguridad y la calidad técnica. En tanto, desde el oficialista Frente de Todos y desde interbloque de Juntos por el Cambio, decidieron que en el temario de la sesión, se resuelvan únicamente cuestiones vinculadas a la pandemia.

Desde el Senado anunciaron: »AHORA comienza la primera sesión pública especial remota. Seguila en vivo por canal 20 de Telecentro HD, canal 90 de Cablevisión Digital o a través de nuestro canal de YouTube».

La presidenta de la Cámara y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, propuso sesionar el miércoles por videoconferencia, con ella en el recinto de sesiones, acompañada por el secretario parlamentario, el peronista Marcelo Fuentes; y el prosecretario parlamentario, el radical Juan Tunessi.

La idea es que Fernández de Kirchner modere el debate y dé la palabra a los legisladores que podrán estar en sus casas o en algún lugar oficial con un buen ancho de banda, incluso, en sus despachos, ubicados a pocos metros del recinto de sesiones.

Por el contrario, Juntos por el Cambio pretende que los jefes de los bloques y algunos senadores puedan ingresar al hemiciclo, aunque no sean más que una quincena, que se ubicarían en sus bancas, guardando una distancia prudencial.

El argumento de la Suprema Corte de Justicia de que sólo el Poder Legislativo debe resolver cómo sesionar, habilitó a avanzar con la que será la primera sesión virtual de la historia del Congreso nacional.

En la sesión del miércoles, se tratarían los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández desde la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus.

Estos DNU ya recibieron dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, por lo que están listos para ser debatidos en el pleno, que cuenta con mayoría oficialista.

Para debatir otros proyectos vinculados a la pandemia que no sean los DNU se necesitaría una mayoría importante, porque debería hacerse sobre tablas y sin dictamen de comisión, para lo que se requeriría el apoyo del interbloque de Juntos por el

Cambio, cuyos integrantes asistirán a una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este lunes.

El acuerdo político resulta imprescindible para la habilitación de un criterio para sesionar que no está previsto en el Reglamento de la Cámara.

Aunque la Corte se haya declarado prescindente en las decisiones de otro poder del Estado, el Senado debería resolver mediante una sesión presencial o un acuerdo político muy bien fundado la adopción de otra forma para sesionar que no sea la presencial.

En la reunión de este lunes, no obstante, las partes deberán llegar a otro acuerdo debido a que mientras el oficialismo aceptó las condiciones de sesionar que propuso Fernández de Kirchner, Juntos por el Cambio presentó una propuesta diferente.

El escollo que deberán resolver las partes mañana es, entre otros, contar con la anuencia de que a ningún senador se le ocurra ingresar al recinto ya que nadie podría impedírselo porque, en caso contrario, se estaría violando un derecho constitucional.

Los puntos en los que sí están de acuerdo el oficialismo y la oposición tienen que ver con cuestiones menores pero que harán a la organización de la sesión.

Por ejemplo, que los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias o desde sus domicilios particulares, si las condiciones de conectividad lo permiten.

Otra cuestión tiene que ver con flexibilizar al máximo la lista de oradores y los tiempos de uso de la palabra, siempre que las posibilidades técnicas así lo permitan.

Finalmente, que la modalidad de videoconferencia sea utilizada para iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia dentro del período que las circunstancias sanitarias así lo exijan.

El Senado aprobó este jueves con 41 votos a favor y 21 en contra, el proyecto que busca limitar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso.
En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el senador por La Pampa Daniel Lovera, declaró que «no se busca eliminar el carácter diferencial del régimen» sino que «sea consecuente con el esfuerzo que se hace a nivel general para una distribución de los recursos más equitativa».
Este proyecto debe ser analizado de manera integral, y con mirada solidaria y en el cotexto tremendamente complejo en el que se encuentra hoy nuestro país«, explicó Lovera, quien es además presidente de la comisión de Trabajo del Senado.

El senador señaló que «estos regímenes especiales tienen un déficit importante» y consideró que el «sistema previsional pasó de ser un sistema solidario a ser un sistema tremendamente injusto», ya que existe «una gigantesca asimetría».

El legislador del Frente de Todos aclaró que «no se trata de una iniciativa aislada sino que es parte de un programa de gobierno» que tiene como premisa que «deje de ser la clase trabajadora la única que haga todos los esfuerzos en la Argentina».

El proyecto que busca aprobar el oficialismo establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que hoy es del 82 por ciento del último sueldo y que, en el futuro, se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado.

Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres. Para acceder a este régimen deberán haber trabajado 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida de los 30 años que deberán haber aportado al sistema jubilatorio.

La propuesta recibió críticas de la oposición, que adelantó que compartía «el espíritu» de la norma en general pero cuestionó artículos específicos y resolvió presentar un dictamen en minoría.

En representación de la bancada de Cambiemos, el senador radical Martín Lousteau, se preguntó por qué razón el oficialismo no proponía incluir a otros regímenes diferenciales y sólo se incluya al Poder Judicial y al servicio exterior, que, dijo, «son apenas el 7 por ciento del resto de los regímenes especiales».

El Senado de la Nación se sumó a los organismos del Estado que adoptaron medidas preventivas ante el avance del coronavirus en el país, donde hay 12 casos confirmados, entre los que se registró un muerto.

Desde la Cámara alta comunicaron que otorgarán una «licencia especial para todo el personal que retorne a sus puestos de trabajo tras regresar de un viaje al exterior», que podrá ser tramitada de forma on line o por teléfono.

También suspende de forma provisoria «todas las visitas guiadas abiertas al público en general, que se realizan en el Palacio Legislativo de lunes a viernes».

Ya el viernes pasado el Ministerio de Trabajo de la Nación había dispuesto que las empresas privadas y los organismos del sector público otorguen una «licencia excepcional» a las personas que vienen del exterior, y que «en forma voluntaria» permanezcan en sus hogares ante la sospecha de tener coronavirus.

Este lunes, en tanto, el Ministerio de Salud porteño dispuso que alumnos, maestros, personal administrativo y de maestranza de colegios públicos y privados que hayan estado en países con coronavirus circulante (China, Italia, Corea del Sur, Japón, Irán, España, Alemania y Francia) permanezcan 14 días en sus casas sin tener contacto social.

Lo mismo decidieron en la Universidad de Buenos Aires para los docentes y estudiantes que estuvieron de viaje y en la Universidad Nacional de La Plata.

El Covid-19 ya tuvo una víctima fatal en la Argentina, donde hay 11 casos confirmado: todos importados.

El oficialismo en el Senado logro este miércoles firmar un dictamen de mayoría sobre el proyecto del Gobierno para eliminar las llamadas “jubilaciones especiales” de jueces y diplomáticos, mientras que la oposición presentó sus reparos y presentará un despacho en minoría. La iniciativa llegará el próximo jueves al recinto.

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunieron pasadas las 17 para analizar el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

Informa AMBITOFINANCIERO que a la reunión concurrieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de la Anses, Alejandro Vanoli; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), entre otros invitados.

En Juntos por el Cambio no hay un rechazo cerrado a la iniciativa del Gobierno, pero sí dudas sobre la posibilidad de una renuncia masiva de jueces y fiscales que ya tienen otorgada la jubilación y no quieren que sus haberes sean afectados por la nueva legislación.

El  ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que el Gobierno nacional “no tiene ningún objetivo de expulsar jueces” con su propuesta de limitar las jubilaciones especiales del Poder Judicial y el cuerpo diplomático y consideró que si la iniciativa oficial “provoca un éxodo” de magistrados y fiscales sería por “un exceso de sensibilidad”.

“La verdad es que se trata de una reforma prudente y si esto provoca un éxodo nos preocupa. Es un exceso de sensibilidad”, opinó el funcionario.

Moroni aclaró que el objetivo del Gobierno es “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional” y que no busca “expulsar jueces”.

El esquema actual de esos sectores genera un déficit anual de “$9.200 millones”, precisó, e informó que el haber promedio que perciben es de $280 mil. “No pretendemos que con su aporte financien al resto de los beneficiarios, sino reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, adujo.

Ante una crítica del senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, que criticó al proyecto oficialista por “quedarse corto”, Moroni aclaró que el Poder Ejecutivo busca hacer “una reforma prudente” y que no se trata de “eliminar el carácter diferencial del régimen que deben tener las jubilaciones” de jueces y diplomáticos, como lo establece la Constitución nacional.

“Entendemos que el régimen de los jueces debe ser diferencial porque eso exige la Constitución”, sostuvo Moroni, quien no obstante, aclaró que el proyecto del oficialismo “no elimina el carácter diferencial del régimen sino que requiera menos aportes del régimen general”.

Tras cuestionamientos de la oposición sobre el motivo por el cual se comienza por estos dos regímenes especiales y no por otros sectores, el ministro señaló que el Gobierno está “abierto” a dar la discusión sobre el resto de los sistemas. Moroni advirtió ante los senadores que con el proyecto de ley se busca modificar el hecho de que “el 5% de los beneficiarios más altos consuman casi el 24 por ciento de los recursos”.

En tanto, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, advirtió que “si uno mira el sistema previsional en su conjunto, no el resultado solamente de la Anses, uno puede ver que, de niveles de equilibrio hasta 2014, el déficit aumenta significativamenteen los cinco años posteriores”.

“Estas son reformas paramétricas que dejan vigentes, para el Poder Judicial, cuestiones vinculadas a garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de jueces y de magistrados de Ministerio Público”, dijo a su turno, Luis Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social.

Para el jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, “hay un núcleo de coincidencias” con la propuesta del oficialismo, pero advirtió que “en lo esencial no cambia nada más que el sistema de actualización de remuneraciones”, y recriminó que puede provocar “un vaciamiento” del Poder Judicial.

Al término de la discusión, el senador Lovera opinó, no obstante, que esperaba que la oposición “acompañe en general” el proyecto durante el tratamiento en el recinto el próximo jueves.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, mantuvo durante el debate un picante intercambio con senadores de la oposición cuando les recriminó su falta de acompañamiento y que “no entiendan” que “hicieron mierda el país”, lo que le valió un pedido de prudencia del senador del PRO, Esteban Bullrich.

La idea de la bancada opositora es incorporar al proyecto una cláusula transitoria para evitar un éxodo en los tribunales, algo que el Frente de Todos ya rechazó en la Cámara de Diputados y volvería a hacerlo en el Senado, donde tienen una mayoría mucho más holgada.

En el Senado, el oficialismo goza de una cómoda mayoría, lo que vuelve menos probable que acepte devolver la iniciativa a Diputados por introducirle cambios.

La iniciativa eleva del 11 al 18% los aportes adicionales al régimen general y, si bien mantiene para los funcionarios judiciales el 82% móvil, establece que el cálculo se haga sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo.

El Senado, con el apoyo de la oposición, sancionó la Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las Pymes y a las economías regionales, en el marco de la política gubernamental para combatir la suba de los precios de los alimentos.

El oficialismo consiguió dar aval a la normativa con 56 votos a favor, ninguno negativo y cuatro abstenciones, en una sesión en la que el interbloque de Cambiemos calificó como «inocua», al considerar que «no resuelve el problema de la inflación», aunque decidió acompañar el proyecto en la votación en general y en particular.

El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, dijo que le «alegraba» el acompañamiento de la oposición a la iniciativa; afirmó que servirá para avanzar en la búsqueda de «una Argentina más justa» y consideró que se trata de «una ley más con la intención de tener precios justos».

Desde la oposición, senadores de Cambiemos encabezados por Luis Naidenoff objetaron la medida al calificarla de «inocua» y advirtieron que ya existen «herramientas» como las leyes de defensa de la competencia y de defensa del consumidor que sirven para controlar la suba de precios, pero que «lamentablemente no se aplican por falta de decisión política».

Los bloques opositores, incluido el del ex gobernador Alberto Weretilnek de Juntos Somos Río Negro, apoyaron no obstante la nueva ley, con excepción de Martín Lousteau, Lucila Crexel, Esteban Bullrich y el santacruceño Eduardo Costa, a quien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dirigió un gesto irónico por su abstención.

El proyecto establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30 por ciento del espacio de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores.

También determina que se le deberá brindar 25 por ciento a los productos de las Pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.

Además, dispone que en las islas de exhibición y anaqueles contiguos a las cajas -que configuran los sectores más codiciados para la venta- se deberán presentar en un 50 por ciento del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales o por cooperativas y mutuales.

La senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, que preside la comisión de Legislación General y fue la encargada de exponer los argumentos en favor de la iniciativa, destacó la necesidad de sancionar la ley en «un momento muy complejo del país en el que está en juego la pobreza y el hambre».

«Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias», sostuvo la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo.

Almirón también cuestionó la posición del sector empresarial «que se aprovecha», dijo, «del hambre de los argentinos», con decisiones que impactan en la suba de precios.

La senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la meta de la nueva normativa es impedir que «los grandes oligopolios se queden con la mejor tajada», en desmedro de los pequeños productores y de los consumidores.Según el portal de noticias diario la Jornada .

Sagasti cuestionó a quienes sostienen que «el Poder Ejecutivo pretende ir góndola por góndola con una reglita viendo en qué lugar está cada cosa» y consideró que esa afirmación «simplifica la discusión y es poco seria».

La normativa había sido promovida desde la Cámara de Diputados por la diputada Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, y recibió media sanción en esa cámara la semana pasada con el nuevo impulso que le imprimió la administración de Alberto Fernández.