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El senador nacional Juan Mario Pais presentó un Proyecto de Ley con el objetivo de que el Estado nacional transfiera a título gratuito a la Provincia del Chubut una serie de inmuebles ubicados dentro de la Península Valdés, para que sean incorporados al Área Natural Protegida de dicha Península y de ese modo proteger el medio ambiente, la flora y la fauna de la región.

En este marco, Pais explicó que “sin perjuicio de las gestiones realizadas por el Gobierno provincial, según el artículo 75 inc. 5° de la Constitución Nacional es facultad del Congreso Nacional disponer de la tierra pública, esa prerrogativa incluye la enajenación o concesión de uso y explotación de toda propiedad estatal”.

De este modo, el legislador chubutense busca concretar el reclamo que llevó adelante el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, a través de una nota presentada al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que contó con la firma de los ex gobernadores constitucionales Néstor Perl, Fernando Cosentino, Carlos Maestro, José Luis Lizurume, y Martín Buzzi.

La iniciativa contempla la transferencia de una docena de terrenos ubicados en distintos puntos de la Península, que totalizan una superficie aproximada de 12.500 hectáreas.

Pais fundamentó que “la propiedad y el manejo por parte del Estado provincial de las tierras cuya transferencia se solicita son fundamentales para atender a las especificidades de la región, desarrollando áreas naturales protegidas o parques provinciales una vez efectivizada la transferencia”.

Al mismo tiempo, el senador patagónico destacó que “dentro de las propiedades involucradas hay algunas de gran valor que ameritan su inmediata incorporación a los circuitos turísticos de acceso público, que el Estado provincial garantiza a quienes acceden a la Península”.

La Península Valdés fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad en 1999 por ser una zona de preservación de fauna terrestre, de mamíferos marinos de importancia mundial, y además de ser el sitio donde acuden a reproducirse ballenas francas en peligro de extinción.

Archivo histórico

Cabe señalar que, en la Legislatura Provincial ingresó una nota, en la que se solicita que la nota enviada al Presidente Mauricio Macri, y que lleva la firma de los ex gobernadores constitucionales de la provincia, sea preservado como un documento histórico y “que sea remitido para su custodia y conservación a la Biblioteca de esa Honorable Legislatura”.

El pedido aduce que se trata de “un documento único en la hostería provincial, dado que el mismo fue firmado por el actual mandatario y además por la totalidad de los hoy ex gobernadores constitucionales”.

“Se estima que ese documento debería ser debidamente resguardado, para servir de base y antecedente a una Política de Estado que defina acciones concretas por parte de un frente común en defensa de los intereses de la Provincia de Chubut”, cierra el pedido.

 

 

El Chubut

A casi cuatro años de el conflicto que se desató por el traspaso de mando entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, Cambiemos busca impulsar hoy a las 15 en el Senado la regulación de la transición presidencial. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el peronista Dalmacio Mera, comenzará a debatir la iniciativa para unificar las distintas posturas y lograr su aprobación antes de que finalice la actual gestión. Hasta el momento hay más de seis senadores de distintos bloques que presentaron sus proyectos: el punto más controversial está vinculado con el momento exacto en que el presidente saliente finaliza su mandato y en dónde debería realizarse la entrega de los atributos a su sucesor. También se contemplan limitaciones para las acciones que puede realizar el Gobierno saliente y se establece la creación de una «comisión de transición» que elaborará un informe para el mandatario entrante.

A principios de diciembre de 2015, un conflicto político sin precedentes derivó en la judicialización del traspaso presidencial. La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, determinó que el presidente termina su mandato exactamente a las 00:00 del 10 de diciembre, lo que dejaba un período de virtual acefalía hasta el momento de la jura del presidente electo ante la Asamblea Legislativa. Hasta entonces la primera magistratura quedó a cargo de quien era presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, segundo en la línea de sucesión luego del vicepresidente.

«Nuestra Constitución Nacional en ningún momento se menciona que exista un lapso (entre las 0:00 hs del 10 de diciembre y el momento en que el presidente electo toma posesión y jura conforme a nuestra Constitución Nacional) dónde el Presidente Provisional del Senado es quien conduce los destinos de la República», advierte en su proyecto el senador del Bloque Justicialista Mario País. El legislador nacional por Chubut sostiene que el fallo de Servini de Cubría fue inconstitucional y propone que el mandato del presidente finalice a las 12 horas del mismo día en que se produce la jura del mandatario electo. Esta modalidad es tomada de la enmienda XX de la Constitución de los Estados Unidos. A diferencia de otros proyectos, Pais no regula la entrega de los atributos, cuestión que tampoco es mencionada en la Constitución Nacional.

En el texto propuesto por Mera, presidente de la comisión, sí se fija cómo será ese proceso que fue tan controvertido y reflejado en el reciente libro de la ex presidenta, Sinceramente. «Una vez realizada la jura, en el mismo día, el Presidente saliente le hará entrega de los atributos de mando al Presidente electo en un acto en la Casa de Gobierno, salvo que ambos de común acuerdo, convengan que se realice en el Congreso de la Nación», sostiene el artículo 16 de su iniciativa.

Lejos de aportar claridad, el ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, propuso un dictamen que no resuelve el conflicto del fin del mandato ni la entrega de los atributos: sostiene que «una vez proclamada la fórmula ganadora por la Asamblea legislativa, el presidente de la nación electo se encontrará en condiciones de asumir el cargo a las cero horas del día siguiente al de la finalización del mandato de cuatro años del presidente de la nación saliente, independientemente del juramento que prestará ante el honorable Congreso de la Nación, reunido en Asamblea conforme al artículo 93 de la Constitución Nacional». Según esta redacción, habría una suerte de asunción tácita previa a la jura ante la Asamblea Legislativa, acto formal que la Constitución establece para la toma de poseción del cargo.

Según fuentes parlamentarias, el objetivo de la reunión de comisión de hoy es unificar las distintas propuestas aunque las mismas fuentes reconocían que será difícil lograr dictamen esta tarde. Además de las de Mera, Pais y Bullirch, existen otras propuestas de Cristina López Valverde, Guillermo Snopek (Argentina Federal), Lucila Crexell (MPN), Magdalena Odarda (RIO) y Cristina Fiore Viñuales (Pares).

Pagina 12

El Senado de la Nación convirtió este martes en ley, en una votación por unanimidad, un proyecto que busca tipificar como delito el acoso callejero en el Código Penal y dio media sanción a otra iniciativa que también incluye como ilícito la violencia política contra las mujeres en sus ámbitos de trabajo.

Ambas propuestas buscan modificar la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y en espacios públicos como medios de transporte y centros comerciales en el caso del acoso.

El objetivo es tipificar la violencia política contra la mujer y castigar conducta con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres.

La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, la peronista Norma Durango, valoró esta noche la aprobación de las iniciativas y reivindicó la visibilización de las problemáticas sobre la violencia de género.

«La mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de este tipo de acoso por parte de los varones que tratan a las mujeres como simples objetos de deseo en la calle», sostuvo, y sobre la normativa de violencia política también afirmó que «todas sufrieron algún grado de violencia política, especialmente -dijo- desde los medios de comunicación».

En representación de Cambiemos, Gladys González, destacó el hecho de que «se obligue al Estado a implementar políticas públicas concretas» para que «las mujeres puedan caminar tranquilas por la calle» y para que se promueva la participación política de la mujer «en igualdad» con los hombres.

La norma describe como violencia pública política contra las mujeres a aquella que, mediante métodos de presión, persecución, acoso y/o amenazas, impide o limita sistemáticamente el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el ejercicio político o la carrera política de las mujeres.

En el caso del acoso callejero, el proyecto aprobado busca incorporar como delito la figura del acoso callejero en los casos de violencia hacia mujeres en espacios públicos como medios de transporte o centros comerciales.

Menciona en ese caso a las conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, libre circulación o generen ambiente hostil u ofensivo.

Propone incorporar una línea telefónica gratuita de asesoramiento para esos casos, destinada a la contención y a la elaboración de estadísticas en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres.

También busca articular en el seno del Consejo Federal de Educación la inclusión de contenidos mínimos curriculares sobre la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia y la libertad.

Por último, el proyecto insta a las fuerzas de seguridad a actuar en protección de las mujeres en espacios públicos cuando se vieran afectadas por este tipo de delitos.

Las iniciativas avaladas por el Senado deberán ser giradas ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

 

 

La Voz

Durante su informe en el Senado, el jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, le dedicó varios minutos a Chubut. El senador Juan Mario Pais (FPV), requirió información sobre avances de las obras de las autovías Trelew-Madryn y Comodoro-Caleta.

El funcionario nacional explicó la situación actual pero sin dejar de recordar los incumplimientos durante el kirchnerismo «con empresarios amigos». Llegó incluso a calificarlas como «el monumento a la corrupción».

Peña no dejó de reconocer que esas obras «están demoradas», pero «tratando de salir del entuerto de ser monumento a la corrupción y a la defraudación al Estado». Y en el caso puntual de la doble trocha entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, adelantó que en el segundo trimestre del año «la relicitaremos por diversos incumplimientos y los ya famosos desempeños de Lázaro Báez como empresa».

Fue en ese momento en que Peña hizo un paréntesis en su respuesta al senador de Chubut, «para contar un poco la historia» porque esa autovía «fue una obra prometida hace años y que debería estar hace décadas. La tenía a su cargo Lázaro Báez cuando asumimos la gestión; abandonó la obra». Entonces, continuó Peña, «la relicitamos y el adjudicatario fue Cristóbal López, y después pasó que incumplió los pasos de avance y retuvo los sueldos de los trabajadores y nos obligó nuevamente a rescindir el contrato».

Peña insistió en señalar que este tipo de situaciones como las obras inconclusas en Chubut «nos habla de lo que pasó en la década anterior en materia de obra pública y los empresarios amigos». Pese a ello, aseguró que las obras «las vamos a hacer».
«Lo mismo con la autovía Trelew-Madryn, más de diez años prometida», continuó el Jefe de Gabinete, quien repasó que en la actualidad está en ejecución con movimientos de suelo y alcantarillados. Aunque reconoció que «un poco lento, si se quiere, ante la ansiedad de diez años que te prometen una obra y no está. Pero la vamos a hacer con los precios que corresponde y la transparencia adecuada».

Concluyó Peña, en su respuesta a Pais, preguntando: «¿Qué hacen las provincias con este 10% más de recursos que se ha dado, cuánta obra pública y proyectos de inversiones están haciendo en estos momentos?».

 

 

El Chubut

Este miércoles, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de la Ley Nacional de Talles que busca establecer un registro único y estandarizado, accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años.

La iniciativa, que impondrá medidas contra la discriminación en los comercios y apunta a atacar enfermedades como la bulimia y la anorexia, fue girado a Diputados.

“Sabemos del difícil momento de la industria textil, pero arribamos a un acuerdo para que salga la ley nacional de talles. El talle único no es único talle”, enfatizó la senadora por Frente Para la Victoria y PJ, María de los Ángeles Sacnun, titular de la Comisión de Industria y Comercio y miembro informante del proyecto.

La iniciativa crea el “Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria” (SUNITI), correspondiente a medidas corporales estandarizadas, con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad.

Este sistema será de aplicación obligatoria, y el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo correspondiente, deberá realizar en todo el país y cada 10 años un estudio antropométrico de la población, con el fin de actualizar la base de datos.

Además, se indica que “todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria debe identificar cada prenda de acuerdo con el SUNITI”, y la etiqueta debe ser “de fácil comprensión para el consumidor” y debe estar “adherida a la prenda”.

Los comercios, por su parte, estarán obligados a exhibir un cartel de un mínimo de 15 x 21, en un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas.

Otro aspecto novedoso es que los locales tendrán que “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores”, y en ese sentido “deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

Ante el incumplimiento de la ley, habrá sanciones que son las contempladas en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios.

“Esta ley nacional de talles es un paso más en los derechos de las mujeres y contra la discriminación”, destacó la rionegrina Magdalena Odarda.

 

 

cba24n

El oficialismo en el Senado eludió la incorporación de los medios digitales nacionales a la ley de financiamiento político, que este miércoles se debatirá en la Cámara alta.

Adepa y la Asociación de Periodismo Digital (APD) presentaron a los legisladores un proyecto para incorporar un artículo en la norma que regula la publicidad electoral para favorecer a los medios digitales argentinos. Las entidades periodísticas propusieron que del total de la inversión en publicidad en plataformas digitales y redes sociales, al menos 50% se destine a sitios periodísticos digitales de producción nacional. O sea, medios de alcance nacional, provincial y local.

La propuesta fue muy bien recibida entre senadores del peronismo y de la UCR. Hasta Dalmacio Mera, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales que lleva el tratamiento de la ley, dio su apoyo. Pero Cambiemos la rechazó.

La exclusión propiciada por el bloque macrista pretende sostener el actual modelo de distribución de pauta, donde por decisión de la Casa Rosada Facebook y Google aglutinan la mayor proporción de publicidad oficial, a pesar de que no tributan en el país, mantienen una escasa plantilla de empleados locales y de que sus ganancias se acumulan en el exterior.

En detrimento de los medios periodísticos nacionales que vieron caer su participación en la pauta de campaña, en las elecciones legislativas de 2017 el Gobierno destinó el 30% de la publicidad electoral a las redes sociales, principalmente a Facebook, Twitter y Google. En 2011 ese montó fue de apenas 4%. Este comportamiento se replica con las partidas estatales en tiempos no electorales.

A pesar de que muchos senadores radicales se manifestaron a favor de establecer un porcentaje de la publicidad digital durante las campañas a medios argentinos, se impuso la resistencia de Cambiemos a aceptar un nuevo artículo a la ley en debate.

En la UCR entendieron que el planteo sigue la tendencia de los países más importante del mundo, que se preocupan por proteger a los medios locales ante el avance desmedido de las plataformas globales, que no producen contenido local y son el trampolín para la diseminación de fake news.

 

 

 

 

Ambito

El senador nacional, Alfredo Luenzo,se refirió al proyecto de ley que presentó con modificaciones para avanzar en el debate sobre  la aprobación de una Ley de aborto legal, seguro y gratuito.

«Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y que el Congreso de manera madura pueda volver a debatir este tema, que creo estamos cerca de poder impulsarlo», aseguró.

Asimismo, señaló que es necesario «sacar del código penal la criminalización de quien deba atravesar una situación tan dolorosa», dijo al explicar el nuevo proyecto presentado.

«Se trata de un consenso de 27 senadores,  con modificaciones, como por ejemplo que la interrupción del embarazo sea en la semana 12 y no 14, y no llevarlo a la justicia. Muchos senadores se sumaron al proyecto modificado», aseguró.

Asimismo, el senador destacó que «es un tema que veces incomoda a muchos porque divide a la sociedad, pero yo no estoy a favor del aborto estoy en contra de situaciones como la de la nena de 11 en Tucumán. Estamos en una discusión de orden jurídico y hasta moral, pero acá hay un problema de carácter sanitario, de educación y el estado debe responsabilizarse».

 

 

 

ADN Sur

La senadora y ex presidenta Cristina Kirchner hizo un fuerte descargo contra la Justicia vinculada al gobierno de Mauricio Macri por la causa de las fotocopias de los cuadernos y la denuncia por extorsión a un empresario, que salpica al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio.

«Estamos frente a un esquema perverso y de extrema gravedad constitucional e institucional», lanzó. «En mi vida como legisladora nacional he visto y he escuchado algo similar a lo que nos ha tocado ver y escuchar en los chats, en las fotos, en las filmaciones», sumó en referencia a la denuncia por extorsión de Pedro Etchebest contra Marcelo D’Alessio, señalado como emisario de Stornelli para pedir coimas a empresarios y así quedar al margen de la investigación de las fotocopias de los cuadernos.

«Siempre, detrás de un sistema perverso, está la instauración de un modelo de despojo, de miseria y de hambre para el pueblo argentino», sumó visiblemente enojada al plantear una cuestión de privilegio que dirigió a la Corte Suprema de Justicia.

La senadora considera que el máximo tribunal debe intervenir en la causa que involucra a D’Alessio porque involucra, según dijo, a la Embajada de Estados Unidos. La ex Presidenta señaló que «debería ser la Corte Suprema la que intervenga» en esa causa porque «desde la propia sentencia del juez» Alejo Ramos Padilla «se puede colegir la actuación de una embajada extranjera en esta cuestión».

La senadora también vinculó a D’Alessio con las causas judiciales en su contra y disparó: «Esta senadora de la Nación, ex presidenta de la República elegida dos veces por el voto popular, ni siquiera tiene las garantías que tiene cualquier ciudadano común de este país».

Sobre esto último, se refirió a los allanamientos a sus propiedades, pedidos por Bonadio y que el Senado autorizó. «Los allanamientos fueron violatorios de lo mínimo que se le asegura a cualquier ciudadano: hicieron con mis casas lo que no hicieron con nadie estos mismos que fueron filmados y grabados mandando WhatsApp pidiendo coimas», denunció.

 

 

El Destape Web

Con 45 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones (por parte los justicialistas Alfredo Luenzo, Mario Pais e Inés Blas) la Cámara alta le dio sanción definitiva a la ley propuesta por el diputado nacional justicialista Diego Bossio y aprobada la semana pasada por la Cámara baja.

La nueva norma deroga ocho artículos de la ley 26.736 que declaró de interés público la producción de papel prensa y establecía la regulación de la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa.

En sentido contrario, el proyecto convertido en ley elimina esos controles y fomenta la importación de la pasta celulosa, al establecer que por diez años no se podrán modificar los derechos de importación que actualmente están en cero por ciento.

La ley 26.736 fue aprobada en 2011 a instancias de la entonces presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, quien en la sesión afirmó que la sanción de la nueva norma “tiene una contraprestación” que sería “un blindaje mediático increíble” para el Gobierno, en alusión a los diarios Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios de Papel Prensa S.A.

“Esto es tener poder, un poder que no ocupa estas bancas pero que se conecta de diferentes maneras, hasta telefónicamente, pidiéndoles que acompañen la ley, pese a que es contraria a los intereses de todos los medios de las provincias”, agregó la ex mandataria.

El jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, defendió el proyecto al afirmar que “la desregulación de la importación del papel es un elemento que alienta el esquema de competencia y mejora de precios”.

“Lo que criticábamos antes a las posiciones monopolizadoras, cuando aparece una ley ligada al libre mercado y la competencia me parece que por ese lado no puede ser criticada”, afirmó Pichetto.

En un tiro por elevación al kirchnerismo, agregó: “Seguir discutiendo el neoliberalismo y el Consenso de Washington. No tiene nada que ver con la actualidad, no son los problemas del mundo hoy. Atrasa 40 años”.

“Es una modesta norma que permite activar algún mecanismo de mejoramiento del precio del papel. Ninguna utopía, ningún hecho de dominación del Parlamento, no hay nada de eso, ninguna conspiración en marcha”, concluyó.

Para cerrar el debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, subrayó que “de 204 mil toneladas de papel que se producían en 2011, hoy el mercado indica que solamente se producen 117 mil toneladas”.

 

 

Aire de Santa Fe

Este miércoles el Senado aprobó la Ley Micaela García, que establece un programa nacional permanente para capacitar a funcionarios contra la violencia de género. La normativa recibió media sanción de Diputados este martes.

La Cámara Alta convirtió en Ley este miércoles el proyecto que propone la creación de un «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres».

El Gobierno nacional incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento de este proyecto de capacitación obligatoria para combatir la violencia de género para todos los que integran los tres poderes del Estado.

Se trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres, bautizado «Ley Micaela García», en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gualeguay en abril de 2017.

La decisión fue plasmada en el decreto 1135/2018, que surgió luego que diputados de distintos bloques reclamaran al Ejecutivo nacional, a través de una carta pública, la necesidad de que el proyecto se incluya en el temario de sesiones extraordinarias.

El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes del Estado Nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.

El debate del proyecto fue impulsado por un grupo de diputadas, luego de la denuncia realizada la semana pasada por el colectivo de actrices argentinas que acompañó a Thelma Fardin, quien acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual.

A través de la iniciativa se establece además que quienes se nieguen a realizar las capacitaciones serán intimados en forma fehaciente por la autoridad de aplicación.

Según el proyecto, el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave, dando lugar a una sanción disciplinaria pertinente, a la vez que se habilita a hacer pública la negativa de participación a través de la página web del Instituto nacional de las Mujeres.

El proyecto se convirtió así en Ley luego de la media sanción en Diputados este martes, con 171 votos afirmativos, uno en contra y ninguna abstención. En el Senado, este miércoles, la normativa fue aprobada por unanimidad, con 59 votos.

Fuente: Radio3 Cadena Patagonia