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Nahuel Beber, de 17 años, estudiante del último año de la escuela técnica 725, de Sarmiento, el viernes último tuvo que aplicar la maniobra de Heimlich para salvar a Brenda, que sentada frente a él, se ahogaba.

El hecho ocurrió cuando los estudiantes realizaban sus prácticas profesionalizantes. Una joven se atragantó con pan y un compañero reaccionó de inmediato y aplicó la técnica de primeros auxilios que aprendió con el taller “RCP en las escuelas”.

“Eran las 8.30 del viernes y estábamos tomando mate y comiendo pan, haciendo chistes, riéndonos. En un momento Brenda empieza a toser sin parar y se ponía cada vez más colorada. Le pregunto si estaba bien y me hace señas de que no puede respirar, entonces me puse rápido atrás y empecé a hacerle la maniobra de Heimlich, que me había enseñado en la escuela el profe Gerónimo”, contó el protagonista.

El acuciante momento se vivió mientras estudiantes se encontraban en una chacra, a diez kilómetros de la escuela, donde realizan sus prácticas profesionalizantes.

Brenda y Nahuel egresan este año de la escuela técnica agropecuaria. Son compañeros desde primero. El año pasado, gracias al programa RCP en las Escuelas, aprendieron la importancia de conocer los procedimientos de RCP y Heimlich, para aplicar en momentos extremos de la vida cotidiana, como el que vivieron ayer.

Para el profesor que realiza las capacitaciones en la Región V, Gerónimo Actis, la decidida acción de Nahuel es la demostración fiel “de que los chicos logran apropiarse de lo que se transmite en las escuelas con este proyecto. Es una satisfacción muy grande ver que muchos, como Nahuel, dimensionan la importancia de lo que les estamos enseñando, se lo apropian y están preparados para actuar”.

El año último, a través de este programa que lleva adelante la Dirección General de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación, se capacitaron 9.800 estudiantes. Este año, en los últimos dos meses, ya son 3200 los estudiantes que participaron del taller en toda la provincia.

Conocer, actuar y salvar una vida

“Jamás pensé que iba a tener que salvar a una compañera. Esa capacitación es muy importante. No son técnicas complicadas, sí requieren decisión para actuar rápido y no quedarse paralizado por el miedo; cualquiera puede necesitarla y por eso los chicos y los grandes deben aprender a hacerla”, dijo Nahuel un día después del momento de angustia que vivieron todos.

Cuando Brenda se ahogó con un trozo pequeño de pan, estaban cerca suyo tres adultos tutores de la pasantía y otros compañeros. También estaba Nahuel, el único que reaccionó ante la situación.

“Fue la primera vez que viví por suerte una situación así; traté de no pensar la gravedad de lo que ocurría para que el miedo no me paralizara. Si tengo que explicar qué sentí en ese instante, fue como adrenalina, mucha decisión parar aplicar la maniobra. Decidí actuar antes que pensar, me acordé rápido lo que nos habían enseñado en la escuela y lo apliqué”, contó.

“Es verdad que cuando nos lo enseñan, como trabajamos con muñecos, no dimensionamos la importancia de las maniobras ni llegás a imaginar que algún día lo vas a hacer con una persona; pero es súper importante esa capacitación”, insistió.

La maniobra de Heimlich, llamada compresión abdominal, es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio.

Se aplica cuando una persona sufre atragantamiento. Hay que colocarse por detrás de ella, rodeándola con los brazos a la altura del abdomen. Uno de los puños debe colocarse apenas por encima del ombligo y lejos de la boca del estómago. La otra mano debe rodear el puño y se debe comprimir a la persona, con fuerza, para que elimine el cuerpo que provocó el atragantamiento. Si cae inconsciente, se debe llamar de inmediato a una ambulancia y comenzar a aplicar la técnica de RCP.

Rogelia Llancamil, más conocida como “Stefi” fue condenada a 8 años de cárcel por explotar al menos a cinco chicas que quedaron atrapadas en un sistema de multas y deudas diseñado para que no pudieran escapar. Les cobraba desde la comida hasta los preservativos, y se quedaba con su plata.

Le dicen “Stefi” y fue condenada a 8 años de cárcel por trata y explotación sexual de 5 mujeres. Se trata de Rogelia Cristina Llancamil. Era dueña del cabaret “Ensueño”, en Sarmiento. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia ordenó decomisar el boliche.

La primera pista fue un allanamiento que secuestró más de 120 libretas sanitarias expedidas por la Municipalidad de Sarmiento. Era octubre de 2014. Gendarmería detectó siete locales con mujeres en esa ciudad: “La Tía II”, “Tiffani”, “Esperanza”, “Bar Alicia”, “Yuli”, “Ibiza” y “Ensueño”. Encontró dos chicas dispuestas a declarar. Todas habían llegado al cabaret porque “Stefi” les prometió bienestar, les pagó los pasajes, las esperó en la terminal de ómnibus, las llevó y las alojó.

El celular de Llancamil fue intervenido. Tenía 8 a su nombre: sospechaba que la escuchaban. La vigilancia encubierta descubrió pases –servicios sexuales por plata- mucho más frecuentes que en otros boliches. A las chicas “Stefi” les daba comida de “Ibiza”, su restaurant. A las más jóvenes las tenía bajo amenaza y si se negaban al sexo fuera del horario nocturno las llegaba a trompear.

Una madrugada de setiembre de 2015 Gendarmería allanó el cabaret, en Perito Moreno y 28 de Julio. Separaron a mujeres de clientes. Secuestraron cuadernos con anotaciones de nombres de fantasía de mujeres y sumas de dinero, precios de tragos, preservativos, celulares y plata. Los montos y porcentajes eran distintos según duración y lugar del pase. Era la contabilidad de la trata.

En su cartera “Stefi” tenía dos libretas sanitarias. Había una casa contigua con varios cuartos. Para llegar había que salir a la vereda. Había heladera, barras, cortinas, tarimas, sillones, consola grabadora de video de una cámara de seguridad de circuito cerrado. Se hallaron camas preparadas, caloventores y preservativos usados en el piso y también en un tarro. La puerta de emergencia estaba clausurada y era imposible salir.

El mismo día se allanó “Ibiza”, Perito Moreno 736. Estaba el hijo de la mujer. Hallaron documentación, cuadernos con anotaciones, un sobre con fotos de hombres y mujeres, y plata. Había una barra, dos freezers, una fonola digital, un equipo de música, un TV y mesas de billar.

Había chicas de Comodoro Rivadavia, Misiones y Buenos Aires. A varias las esperó en la terminal. Les impuso las condiciones: precio y duración de los servicios sexuales, horario de atención, limpieza del lugar y prohibición de usar celular. Sólo la primera copa era para ellas. El resto era mitad y mitad, como con los pases.

Les aplicaba un severo sistema de multas de hasta 3 mil pesos por desobedecerla, llegar tarde, dar el teléfono a un cliente, irse antes sin avisar, quedarse dormidas, negarse a atender a un cliente, romper cosas o pelearse o no regresar a las 23.30. Esto generaba una deuda forzada y continua para las chicas. Hasta las agredía. Así las sometió y las forzó a quedarse: siempre le debían dinero.

El fallo consideró que “Stefi” se aprovechó de la pobreza de las mujeres, sin familiares en la zona. Y que las cinco víctimas estaban “atrapadas”.

El Comodorense

Gastón Augusto Oringo (21), será investigado como presunto autor del delito de portación de arma de fuego si la autorización correspondiente. El joven fue detenido por la policía, el domingo a la salida del pub bailable “La Gota Fría”, luego de que apuntara con un arma de fuego contra un grupo de personas. La Fiscalía obtuvo un plazo de seis meses de investigación.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial, se realizo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación. El acto judicial fue presidido por el Juez Daniel Pérez. La Fiscalía estuvo representada por la Funcionaria Rita Barrionuevo. El imputado, en tanto, recibió el asesoramiento legal del abogado de la Defensa Publica, Marcelo Catalano.
En la oportunidad, Barrionuevo informo que el hecho que investigara, ocurrió el domingo 17 de junio a las 05:00, afuera del local bailable “La Gota Fría”, ubicado en la calles Argentina y León, del barrio “Parque 21 de junio”.
Según consta en la pieza de inicio, esa madrugada la policía observo que personas integrantes de dos grupos antagónicos, se empujaban entre sí. A los fines de evitar que se produzca una pelea, se acercaron al lugar.
Allí advierten que un hombre empujo a Gastón Oringo, quien cayó al suelo. Al levantarse, el procesado, saco un arma de fuego de entre sus ropas. Luego apunto contra la persona que lo había empujado, y el grupo que lo rodeaba.
En este marco, los policías procedieron a su detención . Al realizar la requisa del detenido confirmaron que Oringo, portaba un revólver calibre 22, color gris, cachas de color marrón, sin numeración visible.
También indicaron que el revolver contenía en su interior 3 cartuchos y que el detenido no contaba con autorización del organismo correspondiente ni para portar o tener ese arma de fuego.
A todo ello, la representante del Ministerio Publico Fiscal, solicito al magistrado que declare legal la detención de Oringo, y otorgue a los investigadores un plazo de seis meses para concluir sus tareas.
Con respecto a la calificación legal, postulo que se impute al joven como presunto autor del delito de portación de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización, en calidad de autor.
Al no existir riesgos procesales, no requirió medidas de coerción. Por último, pidió que el joven sea trasladado a las oficinas del Gabinete de Criminalísticas, a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.
A su turno, Catalano, no formulo oposiciones a la pieza de apertura y tampoco a los requerimientos de la parte investigadora. Asimismo, adelanto que oportunamente presentaran una propuesta de solución alternativa del conflicto para abordar esta causa.
Así las cosas , el magistrado resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio en orden a la calificación legal escogida por la Fiscalía. También dispuso la libertad del detenido y otorgo el plazo solicitado por Barrionuevo.
Por pedido de la Fiscalía, el Juez Jorge Novarino formalizó otra investigación preparatoria de juicio contra el ex intendente Sebastián Balochi y los ex funcionarios municipales Rubén Camarda y Daniel Miguenz. En el transcurso de los últimos dos meses, los dirigentes políticos y el ex asesor contable, fueron imputados en tres causas judiciales.
Las calificaciones legales provisorias contra los procesados es la de presuntos autores del delito de administración fraudulenta. La última denuncia fue por la licitación para la construcción de la obra Escuela de Artes y Oficios .
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrollo una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino.
Los imputados Balochi y Camarda, fueron asistidos legalmente por los abogados de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano. En tanto, Miguenz, recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur.
La pieza de apertura de investigación presentada por el representante del Ministerio Publico Fiscal indica que el 2 de junio del 2015, mediante resolución N° 526/15, el ex intendente municipal decidió instrumentar un proceso licitatorio para la construcción de la Obra Escuela de Artes y Oficios.
La fecha tope para la recepción de ofertas, fue establecida para el 3 de julio de ese año. En tanto, la apertura de sobres, se programo para tres días después.
Asimismo, se publicaron avisos haciendo saber que el presupuesto de la obra sería de 8.352.136 pesos. Ante la falta de oferentes, el gobierno municipal resolvió prorrogar dichos plazos.
Así las cosas, el 7 de agosto de dicho año se procedió a la apertura de sobres, con dictamen legal y de la comisión de pre adjudicación.
En este marco, la construcción de la obra se adjudico a la Empresa “Ledesma”. En este sentido, Meneses señalo que en esta ocasión el presupuesto fue por un monto de 10.406.079 pesos, es decir, un 24,59% por encima del presupuesto inicial,-
Por otra parte, la investigación sostiene que el 26 de noviembre del 2015, se adjudico la obra y el 2 de diciembre, se celebro el contrato de construcción de Escuela de Artes y Oficios, entre el ex mandatario municipal y el representante de la Empresa Constructora “Ledesma y Cía. S.R.L”.
Al día siguiente, la empresa constructora solicitó “Anticipo Financiero en Contrato”. La parte investigadora, afirma que la compañía realizo ese pedido , sin intervención de la Dirección de Rentas de la Provincia de Chubut y sin dar razones del apartamiento del pliego de bases y condiciones.
En tanto, el 4 de diciembre, Rubén Alberto Camarda (a cargo de la Intendencia Municipal) , con la participación de Graciela Nuñez ( a cargo de la Secretaria de Coordinación de Gabinete) resolvieron pagar el anticipo solicitado por la empresa Ledesma. El monto requerido fue de 2.081,216 pesos.
En este contexto, Meneses considero que el procedimiento resultó violatorio de las normativas existentes en la materia. El proceso establece que el Concejo Deliberante, debe efectuar la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.
Para mayor precisión, el Fiscal dio lectura al artículo 4 de la ordenanza, donde indica que: “Corresponde al Concejo Deliberante autorizar la contratación de ejecución de obras públicas municipales, su conservación y mantenimiento. En el acto de autorización el Honorable Concejo establecerá las modalidades de Contratación y aprobará en su caso el pliego de Bases y Condiciones dentro de lo establecido en la Ley XVI N° 46”.
Otra de las documentaciones incorporadas a la pieza enunciatoria, fue un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut. El organismo de control, comunico que se adjudicó la obra a la Empresa Ledesma , en un 24,59%, por encima del presupuesto inicial, sin precisar el mes base con el cual se calculó el precio.
También sostiene que los planos de obra, de planta, cortes, y cálculo de estructura deberían tener aprobación municipal. Por otra parte, el ente controlador agrega que no surgen de los planos aportados de servicios de agua, cloaca, energía eléctrica y gas, la firma de un profesional habilitado.
Por último, el Tribunal de cuentas afirmo que no existen constancias de partidas presupuestarias a la que se pretende afectar, ni saldos para la ejecución de la obra.
Sobre la calificación legal, la parte acusadora, propuso que se investigue a los ex funcionarios municipales como presuntos co autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Para finalizar su investigación, peticiono un plazo de seis meses.
Para Meneses, el accionar descripto, ha producido un claro perjuicio a la administración pública, local.
A su turno, los abogados defensores coincidieron en requerir al magistrado, que no aperture la investigación judicial contra sus asistidos. Los argumentos del abogado defensor de Balochi y Camarda se orientaron a que en el relato del Ministerio Publico Fiscal, no dice que si mediante esta operatoria los imputados obtuvieron un beneficio para ellos o para terceros. Tampoco determina cual es el perjuicio concreto que se le habría causado a la administración publica local.
A criterio de la parte de la Defensa Publico, en estas condiciones, sus asistidos no pueden ejercer una defensa concreta, porque desconocen circunstancias elementales de la atribución que les hace la Fiscalía.
En este marco, Novarino indico que el escrito de apertura presentado por la Fiscalía es sucinto y precario, en cuanto a la determinación concreta de los hechos que está investigando, de todos modos se logro identificar la calificación legal provisional y el accionar de los imputados.
En consecuencia, resolvió hacer lugar a la apertura de la investigación preparatoria de juicio contra los ex funcionarios municipales, bajo la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Publico Fiscal. También entendió que el plazo solicitado es razonable y otorgo a los investigadores seis meses para culminar las tres investigaciones.
Por último, el magistrado hizo lugar al pedido del abogado defensor Oyarzun, quien requirió la acumulación de las tres carpetas judiciales
El ex intendente Sebastián Balochi y los ex funcionarios municipales Rubén Camarda y Daniel Miguenz, fueron imputados en nueva causa judicial como presuntos autores del delito de administración fraudulenta. En esta oportunidad, la denuncia corresponde a la compra de palmas para alumbrado público, que debían ser colocadas en la Avenida 2 de abril.
La operación se habría realizado mediante una contratación directa, y para la Fiscalía, no se cumplió con lo establecido por la ordenanza aprobada para este tipo de compras. El Ministerio Publico Fiscal, obtuvo un plazo de seis meses para culminar las tareas investigativas.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrollo una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino.
La Fiscalía estuvo representada por el Fiscal Herminio Gonzales Meneses. Los imputados Balochi y Camarda, fueron asistidos por el abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun. En tanto, Miguenz, recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur.
En la oportunidad, Meneses relato los hechos que figuran en la pieza de apertura . En este sentido, sostuvo que investigara es el ocurrido entre los meses de junio y agosto del 2015, cuando mediante Resolución N° 528/15, el Intendente municipal Sebastián Ángel Balochi junto al secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete Rubén Alberto Camarda y el Secretario de Hacienda, Daniel Miguens deciden adquirir- mediante concurso privado de precios- 33 palmas de alumbrado público por el valor de 678.810 pesos.
Estos elementos debían ser destinados a la iluminación de la Avenida 2 de abril. Asimismo, los investigadores aseguran que estas columnas, eran diferentes a las que utiliza la prestadora de servicio de alumbrado público.
En este sentido, afirmaron que las palmas adquiridas por el gobierno municipal del periodo 2011-2015, no resultan útiles para la zona, por su escasa resistencia a los fuertes vientos. También fueron consideradas de baja calidad por el grosor del material y la baja estatura de las mismas.
Por otra parte, Meneses indico que la compra se realizo por un monto significativamente superior al valor de plaza, provocando un claro perjuicio económico a la administración pública municipal. En ese marco, agrego que las palmas se encuentran apiladas en la Planta Cementera Municipal ubicada en calle Elcira Sáez del barrio “progreso”.
En este contexto, el representante del Ministerio Publico Fiscal detallo que la operación de compra fue llevada adelante con la firma “Caño Sur S.A.”, en tres etapas durante el año 2015. La primera consistió en la compra de 23 palmas de alumbrado público, por el monto 473.110 pesos. Esta operación fue abonada el día 21 de julio, mediante concurso privado de precios.
Asimismo, la segunda adquisición consistió en la compra de 4 palmas por el valor 82.280 y fue remunerada el 31 de agosto . A todo ello, menciono la última compra de 6 palmas de alumbrado público, realizada el 17 de junio y por los que la Municipalidad pago 123.420 pesos.
La pieza de apertura de la investigación, asegura que estas dos últimas adquisiciones se efectuaron a través de la modalidad de compra directa.
Con respecto al procedimiento de compra, Meneses afirmo que el mismo resultó violatorio, de las normativas existentes en la materia, por cuanto el Concejo Deliberante, no efectuó la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.
En dicha normativa, su artículo 4, establece: “Corresponde al Concejo Deliberante autorizar la contratación de ejecución de obras públicas municipales, su conservación y mantenimiento. En el acto de autorización el Honorable Concejo establecerá las modalidades de Contratación y aprobará en su caso el pliego de Bases y Condiciones dentro de lo establecido en la Ley XVI N° 46”.
Sobre la calificación legal, la parte acusadora, propuso que se investigue a los ex funcionarios municipales como presuntos co autores del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Para finalizar su investigación, peticionó un plazo de seis meses.
A su turno, los abogados defensores realizaron un planteo de excepción de competencia del Tribunal, al entender que este tipo de tramites ameritan la intervención previa del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chubut, a los fines de que cuando el organismo de contralor, emita su dictamen , se establezca si corresponde avanzar en el ámbito del derecho penal.
En este marco, el ex jefe municipal, utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso. Balochi sostuvo que la compra de palmas de alumbrad publico corresponden a la política de integración territorial desarrollada durante su gestión, en la cual se pavimentaron más de 100 cuadras.
También agregó que para esta operación se realizo el concurso de previos previsto por la ordenanza municipal. Con respecto a la calidad de los materiales, aseguro un informe realizado por profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) confirmaba que las palmas adquiridas eran las adecuadas para el alumbrado público en ese sector de la localidad.
Luego de un cuarto intermedio, Nomarino, resolvió no hacer lugar a las postulaciones de los abogados defensores. Así las cosas, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra los ex funcionarios municipales, bajo la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Publico Fiscal, fijando el plazo de seis meses para que se terminen las tareas investigativas.
Para el Ministerio Publico Fiscal, en aquella oportunidad, los sospechosos rompieron la puerta del local comercial ubicado sobre la calle España y Uruguay. Allí sustrajeron prendas de vestir, elementos deportivos y una impresora.
Asimismo, se informo que un móvil policial, persiguió a los sospechosos que se desplazaban a bordo de una camioneta. Al llegar a la zona de la Guarnición Militar, los imputados habrían efectuado disparos de arma de fuego contra el patrullero.
Finalmente, cuando transitaban el Kilómetro 111 sobre la ruta nacional n°26, dos sujetos abandonan el rodado y escaparon a pie. Los funcionarios sospechan que la mujer no subió al vehículo y se quedo en Sarmiento.
En la camioneta, en tanto, fueron hallados varios de los elementos sustraídos y documentación de los sospechosos. La Fiscalía obtuvo un plazo de seis meses para concluir las tareas investigativas. 
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial, se desarrollo una audiencia de apertura de la investigación. El acto judicial fue presidido por el Juez Daniel Pérez. En representación del Ministerio Publico Fiscal, asistió el Funcionario Ezequiel Castro.
El sospechoso, en tanto, participo de la audiencia mediante el sistema de video conferencia desde la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. Fue asistido por la abogada particular, Agustina Oyarzun Moreno.
En la oportunidad, Castro informo que el hecho que investigara ocurrió el 9 de mayo del año pasado entre las 21:30 y 23:30, en un local comercial ubicado sobre la calle España entre Uruguay y Alberdi.
En esa ocasión, Fernando Valdebellano, Ana Diana Levie , Luis Zelaya y otra persona no identificada, forzaron la cerradura de la puerta de reja, como así también la puerta del acceso trasero al comercio. Luego ingresaron y sustrajeron una importante cantidad de indumentaria deportiva.
También se llevaron elementos deportivos y una impresora. Desde la Fiscalía, sostienen que los sospechosos habrían cargado el botín a bordo de una camioneta y que realizaron varios viajes, desde el local comercial hasta un lugar que aun es ignorado por los investigadores.
Asimismo, el representante de Fiscalía, sostuvo que un testigo observo la maniobra de los imputados y realizo un llamado telefónico a la guardia policial de la Comisaría, para informar la situación.
En este contexto, el declarante brindo características del rodado, en el que los procesados se desplazaron por calle España.
Según la pieza de apertura, al llegar a la calle Alberdi, tomaron la misma en contramano y luego continuaron por la Avenida 9 de Julio hacia la ruta nacional N° 26, en dirección a Comodoro Rivadavia.
Castro, aseguro que un móvil policial con dos efectivos a bordo, alcanzo a la camioneta cuando circulaba en inmediaciones de la Guarnición Militar Sarmiento.
Al notar la presencia policial, los imputados hicieron caso omiso al encendido de luces y sirenas que les ordenaban la disminución de la marcha.
Por el contrario, respondieron efectuando disparos de arma de fuego contra el móvil policial y aceleraron la camioneta, iniciando una frenética persecución.
A todo ello, se supo que al llegar al Kilometro 111 de la ruta nacional 26, Zelaya y Valdebellano descendieron del vehículo y se dieron a la fuga a pie. En el interior de la camioneta, se hallaron varios de los elementos sustraídos.
En otro tramo de la audiencia , el Funcionario sostuvo que Ana Levie, no subió al vehículo y escapo caminando por las calles céntricas . 
Finalmente, el representante del Ministerio Publico Fiscal, explico que la calificación legal provisoria, escogida por los investigadores es la constitutiva del delito de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, por el empleo de arma de fuego y por su comisión por efracción.
También requirió que se formalice la investigación y un plazo de seis meses para concluir la investigación.

Declaraciones
El imputado utilizo su derecho a declarar en esta etapa del proceso judicial. Zelaya, aseguro que el 9 de mayo del año pasado, estuvo con Valdebellano, y realizaron un trabajo particular en un domicilio, ubicado en cercanías de la sucursal del Banco Francés en Comodoro Rivadavia.
Asimismo, detallo que finalizaron las tareas a las 15 horas y luego fue contactado por otro vecino para efectuar una nueva “changa”, que concluyo cerca de las 18:40.
Luego, agrego que aproximadamente a las 19:00, regresaba a su domicilio y al llegar al sector denominado “La saladita”, el tablero de camioneta comenzó a indicarle que le faltaba aceite al rodado.
Según la declaración del imputado, al detenerse para revisar la camioneta, se le acercaron dos sujetos. Uno de ellos lo amenazo con un arma. Después lo obligaron a subir al vehículo. También indico que circularon por la ruta y caminos alternativos, hasta que finalmente lo dejaron en una zona descampada, en cercanías de Rada Tilly y se llevaron su rodado.
Por último, declaro que camino varias horas por el campo, hasta llegar a la rotonda de las rutas nacionales 3 y 26, donde fue auxiliado por Gendarmería. Más tarde, la policía lo llevo detenido a la Seccional Cuarta 
A su turno, Oyarzun no formulo objeciones a la pieza de apertura presentada por la Fiscalía. Tampoco se opuso al plazo de investigación requerido por los investigadores.
Al concluir la audiencia, el magistrado resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra Luis Zalaya, en orden a la calificación legal propuesta por los investigadores. Asimismo, otorgo el plazo requerido por la Fiscalía y ordeno que el imputado se presente a la Oficina de Identificación de personas de Comodoro Rivadavia.
El Juez Alejandro Rosales, emitió el fallo condenatorio contra Luis Ángel Carmona, en el marco del denominado “Caso Muñeco”.
El magistrado impuso al condenado la pena de 2 años y 2 meses de prisión, en suspenso, por ser autor responsable por los delitos de abigeato, en concurso real con el delito de actos de crueldad animal mediante sufrimientos innecesarios. Asimismo le impuso el acatamiento de reglas de conducta durante el tiempo que dure la condena
Se debe recordar que la Fiscalía, había peticionado una pena de cuatro años de prisión. En tanto, el representante de la Defensa Publica, durante el juicio de cesura, requirió que su asistido, reciba una pena de dos años de prisión de ejecución condicional.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial, se desarrollo la audiencia de lectura de la sentencia, en el marco del juicio del denominado “Caso Muñeco”.
El acto judicial, fue presidido por el magistrado Alejandro Rosales. La Fiscalía, estuvo representada por el Funcionario Ezequiel Castro. Carmona, en tanto, recibió el asesoramiento técnico del abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun .
En este contexto, el magistrado dio lectura a la parte resolutiva de su fallo. Su decisión judicial fue imponer al condenado la pena de 2 años y 2 meses de prisión, por hallarlo autor penalmente responsable del delito que le imputo el Ministerio Publico Fiscal.
También dispuso que Carmona, debe cumplir reglas de conducta, durante el tiempo que dure la condena. Las mismas son: fijar domicilio y presentarse cada cuatro meses, ante el organismo de Control de la Oficina Judicial.
Los hechos 
En la pieza acusatoria, la Fiscalía afirma que el 7 de mayo del año pasado, en horas de la tarde, Luis Ángel Carmona, habría sustraído un animal equino manso de pelaje tobiano, de unos siete años aproximadamente.
En este sentido, se supo que el propietario poseía el animal desde potrillo, y que le había asignado el nombre “Muñeco”.
Según los investigadores, en esa jornada el dueño había dejado al mencionado animal en un predio ubicado en la chacra lote 81 de Sarmiento, junto a otro caballo. Ambos, eran utilizados por sus propietarios para apadrinar en eventos de doma.
Con respecto al accionar del imputado, sostienen que Carmona habría trasladado a “Muñeco” hacia una chacra ubicada sobre ruta provincial n° 270. Este lugar se encuentra a unos 4 kilómetros de la intersección de la ruta nacional n° 26, en dirección al Bosque Petrificado.
A ello, el investigador describió que encontrándose “Muñeco” tendido en el suelo y con sus patas maniatadas, Carmona le aplico un primer puntazo con un cuchillo de grandes dimensiones.
El caballo fue herido en la zona del canal yugular. Luego, el procesado clavo el cuchillo por segunda vez. En esta ocasión, la lesión se produjo a escasos centímetros arriba, de donde se ubica la primer herida.
Seguidamente, apoyo sus piernas y manos sobre la cabeza del animal, obligándolo a que realice movimientos bruscos intentando vanamente librarse de sus ataduras.
En consecuencia, le provoco un sangrado a borbotones. Después se ubico al costado del caballo y lo dejo desangrarse lentamente, hasta su muerte. Más tarde procedió a las tareas de faenado.
Todo este accionar quedo grabado en un video que fuera captado por otro individuo, cuya identidad se desconoce. Ese material audiovisual fue publicado en distintas redes sociales.
La causa fue formalizada por el Juez Pérez en el mes de agosto del 2017 y Luis Carmona resulto imputado como presunto autor del delito de abigeato en concurso real con infracción al artículo 3, inciso 7 de la Ley 14.346. (articulo 167 ter, 55 Código Procesal Penal, Ley 14.346, articulo 3, inciso 7del Código Procesal Penal).

Ficha de la audiencia
Juez: Rosales Alejandro
Ministerio Publico Fiscal: Laura Castagno
Ministerio Publico de la Defensa: Marcelo Catalano- Gustavo Oyarzun
Imputado: Luis Carmona (29)
Calificación legal: Abigeato en concurso real con infracción al artículo 3, inciso 7 de la Ley 14.346. (articulo 167 ter, 55 Código Procesal Penal, Ley 14.346, articulo 3, inciso 7del Código Procesal Penal).
El Juez Jorge Novarino, dicto sentencia condenatoria, en el marco de un juicio contra un sujeto de 35 años, acusado por el delito de abuso sexual .
En este contexto, el magistrado impuso al depravado a la pena de 2 años y 8 meses de ejecución condicional, por considerarlo autor del delito de abuso sexual simple, cometido en reiteradas oportunidades.
Asimismo, le fijo el cumplimiento obligatorio de reglas de conducta. Durante el tiempo que dure la sentencia , el condenado deberá: fijar domicilio, presentarse cada tres meses ante el Servicio de Control, abstenerse del consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas. También le prohibió establecer contacto, por toda vía, con la víctima.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial, se desarrollo una audiencia de lectura de la sentencia. El acto judicial fue presidido por el Juez Jorge Novarino. En representación de la Fiscalía, asistió el Fiscal Herminio Gonzales Meneses. Por la Defensa Publica, participaron los abogados Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano.
En esta instancia, Novarino, dio lectura a la parte resolutiva de su fallo. En este contexto, informo que no hacia lugar al pedido de nulidad sobre la Cámara Gesell, efectuado por la Defensa Publica. Luego, indico que declaraba al acusado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple. Con respecto a la pena, le impuso una condena de 2 años y 6 meses de prisión, de ejecución condicional.
Según consta en la acusación publica presentada del Ministerio Publico Fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre diciembre del 2015 y febrero del 2016, en el domicilio que el acusado-familiar directo de la víctima- compartía con una menor de edad y su grupo familiar.
En ese contexto, aprovechando la ausencia momentánea (por motivos laborales) de los padres de la niña, el sujeto incurrió en tocamientos impúdicos, en partes intimas de la menor, en reiteradas oportunidades.
Síntomas y secuelas del abuso
UNICEF sostiene que los niños, niñas y adolescentes que han sido o son abusados sexualmente pueden estar aparentemente asintomáticos. Muchos muestran síntomas que no son específicos ni exclusivos del abuso sino que se asemejan a otros tipos de trauma, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, haber sido testigos de violencia o haber vivido catástrofes. Las manifestaciones adquieren diferentes expresiones súbitas o solapadas.
– Incremento de pesadillas y problemas para dormir.
– Conducta retraída.
– Estallidos de angustia.
– Ansiedad.
– Depresión.
– Rechazo a quedarse solos con una persona en particular.
– Conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizados.
Los niños menores de tres años pueden presentar lesiones genitales y reacciones inespecíficas que, en un principio, parecen inexplicables: irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito. En cualquiera de estos casos, no debería descartarse la sospecha antes de una cuidadosa evaluación por parte de profesionales especializados.
La denuncia
Según el artículo 9 de la Ley 26.061, cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psí- quica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Los adultos que tienen a cargo la responsabilidad parental y quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos y de salud del ámbito público o privado no solamente deben comunicar al organismo de niñez la situación de abuso para que puedan tomarse las medidas de protección necesarias, sino que además tienen la obligación legal de realizar la denuncia judicial. El primer organismo interviniente debe denunciar el hecho y para hacerlo no es necesario cumplir con ninguna condición. Para formular la denuncia no se requiere el pedido de autorización de un superior jerárquico ni la asistencia de un abogado.
Si tomás conocimiento de una situación de abuso o tenés sospechas de ella. Ponete en contacto con la Fiscalía o el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.
En Sarmiento podes acercarte al edificio ubicado en Avenida Ingeniero Coronel n°556 o llamar al (0297) 4898090-4898067. Tambien atienden en las oficinas de la calle 28 de julio n°430 y el teléfono (0297) 4898327.
Walter Xavier Hernández (27) fue imputado como presunto autor del delito de daño agravado. El joven fue detenido el ultimo martes, luego que arrojara piedras contra los ventanales de la comisaria. La Fiscalía obtuvo el plazo de dos meses para concluir la investigación.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial, se desarrollo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio.
El acto judicial fue presidido por el Juez Alejandro Rosales. En representación del Ministerio Publico Fiscal asistió la Funcionaria Marisol Sandoval. El imputado, en tanto, recibió el asesoramiento de el abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun.
Según relato Sandoval, la pieza de apertura indica que los hechos a investigar son los ocurridos el 05 de junio a las 05:35 horas , en la Comisaría de Sarmiento, ubicada en Avenida San Martín entre Avenida Ingeniero Coronel y calle Patagonia.
En ese marco, el personal policial de guardia escucho estallidos de vidrios en el frente de la dependencia. Al salir al exterior, observaron a Walter Xavier Hernández quien arrojaba piedras hacia los ventanales y puerta principal de la comisaría.
Así las cosas, el joven fue detenido inmediatamente. Por otra parte, se informo que constataron los daños en ambos ventanales del frente y puerta de ingreso a la dependencia policial.
En este contexto, señalo que la calificación legal provisoria escogida por la parte investigadora, es la de presunto autor del delito de daño agravado por ser cometido contra bienes públicos.
También requirió que se le otorgue un plazo de dos meses de investigación, y la declaración de legalidad de la detención. Por último, peticionó que se lo traslade al gabinete de Criminalísticas de la Fiscalía, a los fines de la aplicación del protocolo único de identificación.
Asimismo, Sandoval señalo que Walter Hernández está cumpliendo una condena en la Comisaria Séptima de Comodoro Rivadavia, y cometió este hecho en el marco del beneficio de salidas transitorias. En consecuencia propuso que el imputado regrese a esa dependencia policial.
A su turno, Oyarzun no formulo oposición a la pieza de apertura, la declaración de legalidad de la detención, la calificación legal escogida y tampoco al plazo de investigación. en tanto, dejo planteada una propuesta de reparación integral del daño a la institución damnificada.
Finalmente, el magistrado resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra Walter Xavier Hernández, en orden a la calificación escogida por el Ministerio Publico Fiscal. También hizo lugar al resto de los requerimientos, y dispuso que el imputado regrese a su lugar de detención.
Condena Previa
El 4 de mayo de este año, Walter Xavier Hernández (27), fue condenado a la pena de tres meses de prisión por ser hallado autor penalmente responsable del delito de daño agravado por ser cometido contra bienes de uso público.
El joven se encuentra cumpliendo una condena por una causa de robo. El año pasado provoco roturas en las instalaciones de la Comisaria de Sarmiento, cuando había sido trasladado desde la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, para comparecer a una audiencia en esta localidad.
Los hechos
El 13 de agosto del 2017 a las 16:37, en el sector de pabellón general de la Comisaría, Walter Xavier Hernández se encontraba alojado junto a otros internos. En ese momento, el detenido mediante dos patadas provoco la rotura de los vidrios de una puerta de marcos metálicos, por la cual se accede al patio interno del establecimiento carcelario.
Asimismo, se supo que el accionar de Hernández, quedó registrado por la cámaras de seguridad del lugar.
Jonathan Emanuel Taboada (25), fue condenado como autor penalmente responsable del delito de robo agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa . Asimismo, el Juez Alejandro Rosales le impuso una pena de 1 años y 6 meses de prisión en suspenso. El magistrado homologo la propuesta de juicio abreviado, solicitadas por los representantes del Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio de la Defensa Publica.
En la sala de audiencias de la Oficina judicial, se desarrollo una audiencia de juicio abreviado, en el marco de una causa por robo agravado. El acto judicial, estuvo presidido por el magistrado Alejandro Rosales. La Fiscalía fue representada por el Fiscal Herminio Gonzales Meneses. Mientras que el imputado, recibió el asesoramiento legal de los abogados de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano.
En este contexto, las partes presentaron la solicitud de aplicación del instituto de juicio abreviado. Luego, Meneses relato el hecho investigado.
Según la pieza acusatoria, la causa se inicio el lunes 26 de junio del año pasado, a las 04:15 en el Pub “Las Tres Hermanas”, ubicado en calle Angulo y 21 de Junio en el barrio” Juan XXIII”.
En esa ocasión, Jonathan Taboada, junto a dos sujetos – que aun no fueron identificados- rompieron el vidrio de un ventanal, y luego ingresaron al local.
En la denuncia efectuada por la encargada del local, informo que le sustrajeron: dos botellas de licor, una caja de vino tetra brick , una botella de champagne, una botella de café al cogñac, una botella de granadina, dos botellas de cervezas, una botella de vodka, dos botellas de vino tinto, y dos latas de cervezas.
Asimismo, los investigadores, indicaron que mediante un llamado telefónico anónimo a la Comisaría, se informo del hecho ilícito. En forma inmediata, los policías llegaron al lugar y observan a tres personas, cuando salían por la ventana del pub.
Los sospechosos llevaban bebidas alcohólicas en sus manos. Al percatarse de a presencia policial, escaparon corriendo del lugar y dejaron caer los elementos sustraídos. En este contexto, los empelados policiales pudieron detener a Taboada. En tanto, los otros dos integrantes del grupo se dieron a la fuga.
Así las cosas, el representante del Ministerio Publico Fiscal detallo los medios de prueba testimoniales y documentales, propuestos para esta instancia judicial.
Por su parte, los abogados Oyarzun y Catalano, adhirieron a la petición de la Fiscalía e indicaron que habían explicado el alcance y contenido de la propuesta a su asistido. En este contexto, Taboada manifestó que estaba de acuerdo con la propuesta y el monto de la pena acordado entre las partes.
También reconoció ante el tribunal, la existencia del hecho y su participación ,en el grado que le endilgo la parte acusadora.
Con respecto a la calificación legal, se sostuvo la imputación del delito de robo agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. En tanto, la pena acordada por las partes y aceptada por el acusado fue de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso.
Luego de analizar la seriedad del acuerdo, el magistrado resolvió homologar el procedimiento de juicio abreviado. En consecuencia, condeno a Jonathan Taboada, como autor penalmente responsable del delito descripto en la pieza acusatoria. Asimismo, le impuso la condena de un año y seis meses de prisión en suspenso.
Por último, le impuso como reglas de conducta, la presentación cada cuatro meses, ante el cuerpo de delgados de control y mantener el domicilio.