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Santiago Maldonado

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Luego de que la Fiscalía Federal de Esquel solicitara que vaya a juicio un funcionario de la Policía Federal acusado de tomar imágenes durante el examen preliminar del cuerpo de Santiago Maldonado y después difundirlas por Whatsapp, su hermano, Sergio, pidió ser parte querellante.

“Werther Aguiar es el médico de la Policía Federal que rompió el protocolo de la privacidad”, acusó el propio Sergio Maldonado tras la presentación.

En diálogo con el periodista Francisco “Nano” Peralta confirmó que días atrás se presentó como parte querellante en la causa que investiga aquella jornada del 17 de octubre del 2017 donde se tomaron fotografías del cuerpo sin vida que luego se viralizaron por las  redes sociales.

El propio Maldonado recordó que la familia todavía no había reconocido a Santiago cuando las imágenes se compartían por whatsapp. “Más allá de la gravedad de todo, cuando lo hizo, ni yo ni mi familia siquiera había reconocido el cuerpo de Santiago. O sea que todavía no podíamos decir si era o no el cuerpo de Santiago el ya estaba difundiendo las fotos”.

Agregó que el médico procesado “prestaba servicios para el Hospital de Esquel, y de hecho siguió haciéndolo después. Siempre participó por parte del Estado, y todos tuvieron acceso en lugar de tener una investigación imparcial”. Indicó que “esa misma persona fue la que nos estuvo dando apoyo, que vino a hacerse el amigo cuando estuvimos casi 8 horas al lado del cuerpo. Venía y se hacía el amigo, el solidario, viendo en qué nos podía ayudar, actuando desde lo psicológico de una manera muy perversa”.

Se informó que tras analizar casi una veintena de elementos de prueba, Silvina Ávila le solicitó al Juzgado Federal de Esquel que envíe la causa a juicio oral, por el presunto incumplimiento de Aguiar de la obligación legal de guardar secretos derivada de su doble función de médico y funcionario policial. La acción está prevista y reprimida en el artículo 157 del Código Penal.

 

 

El Chubut

Cinco miembros de la comunidad mapuche de Resistencia en Cushamen fueron absueltos hoy por los delitos de abigeato y usurpación del cuadro Vuelta del Río, de la Estancia Leleque, propiedad de la firma Compañía Tierras del Sud Argentino, predio donde murió Santiago Maldonado.

La jueza de la justicia provincial de Esquel, Carina Estefanía, sobreseyó por esos cargos al hermano y a la pareja del lonco Facundo Jones Huala, Fernando Eloy Jones Huala y Andrea Jazmín Millañanco, junto a los mapuches Matías Santana, Rodrigo Ezequiel Jaramillo y Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan.

No obstante, encontró penalmente responsable a Fernando Jones Huala por tenencia de armas y cartuchos de bala, secuestradas en un allanamiento posterior a la ocupación de las tierras. El monto de esa sanción se conocerá en una nueva audiencia, todavía sin fecha, en la que se discutirán los agravantes y atenuantes del caso.

La magistrada ordenó, además, la conformación de una mesa de diálogo entre la comunidad mapuche asentada en Leleque y el grupo Benetton, querellante en la causa, para resolver la disputa territorial del cuadro usurpado.

Se trata de unas 1200 hectáreas del Grupo Benetton, que permanecen ocupadas desde el 13 de marzo de 2015 cuando un grupo de personas encapuchadas ingresó y reivindicó el lugar como territorio ancestral mapuche.

En el extenso fallo de 283 fojas, leído hoy durante más de cuatro horas, la jueza argumentó, en lo medular, que los acusados no fueron debidamente identificados como los autores de la usurpación y del robo de ganado (17 ovejas merino), y cuestionó en severos términos la instrucción, por parte del Ministerio Público Fiscal, a partir de allanamientos ejecutados, dijo, en violación de las normas procesales.

“Este juicio ha puesto al descubierto—alertó la magistrada— las graves consecuencias procesales que tuvo aquel allanamiento ordenado por el Juez el primer día de la toma, que la Policía del Chubut no llevara adelante en el tiempo y la forma en que el Juez Penal lo había ordenado, para lo cual debían prever cómo realizarlo, porque ya sabían de la negativa de las personas a identificarse”. Subrayó que “de allí en más los sucesivos desaciertos del Ministerio Público Fiscal, no han dejado de sorprenderme, durante todo el debate”.

Al abrir la instancia de diálogo en un plazo no mayor a 90 días para resolver el conflicto territorial, la jueza dispuso que las conversaciones sean presididas por el Poder Ejecutivo Provincial y que en ellas participen el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Consejo Consultivo Indígena.

El lonco Facundo Jones Huala también estaba imputado en esta causa y no pudo ser sometido a proceso ya que purga una condena a nueve años de cárcel en Valdivia, Chile, por el incendio de un fundo en la región de los Ríos.

En el entorno del Grupo Benetton, en tanto, hubo indignación por el fallo. Señalaron a Infobae que si bien se  probaron todos los hechos investigados, por cuestiones de forma y por impericia de la propia justicia provincial, no hubo sanciones y el predio continúa siendo usurpado.

La argumentación del fallo

Tras enumerar una larga lista de desprolijidades procesales tanto en las imputaciones como en las medidas de prueba recolectadas durante la instrucción por el fiscal provincial Oscar Oro, la magistrada enfatizó que “no hay doctrina ni jurisprudencia que sostenga que el delito de usurpación es un delito continuado, que se prolonga mientras dure la permanencia en el predio usurpado”.

Le apuntó así a las falencias para identificar a los encapuchados que en marzo de 2015 ocuparon el predio y más tarde sustrajeron y faenaron ganado perteneciente al grupo Benetton y a la falta pruebas legítimas para vincular esa acción con los acusados.

Estefanía alertó además sobre las responsabilidades internacionales que ante supuestas violaciones al debido proceso podrían recaer sobre el estado Nacional, la provincia y los funcionarios judiciales actuantes por haber llevado adelante un proceso con innumerables irregularidades. No sólo al derecho indígena sino también a garantías elementales en la administración de justicia.

La disputa por el territorio

En relación al conflicto  territorial indígena y a la usurpación, añadió que la política expansionista y de distribución del territorio, que comenzó a gestarse en 1970, nunca debió incluir los territorios de la ‘Conquista del Desierto’, ya que con la excusa de lograr una unidad geopolítica se violaron los derechos humanos más elementales de personas sólo por su condición de aborígenes.

“A la luz de todo lo ocurrido en este debate, ese estereotipo aún perdura con fuerza en la sociedad argentina”, dijo y añadió: “Entonces, esa realidad le da sentido a la decisión procesal de las defensas de presentar pericias antropológicas para que ilustren al Tribunal sobre la historia de los pueblos originarios, en tanto no es raro que muchos ciudadanos –cualquiera sea su oficio o profesión- todavía se refieran a los mapuches como chilenos que exterminaron a los tehuelches argentinos, ignorancia del conocimiento académico acumulado en estas décadas”.

De allí que la magistrada resolviera que la vía del diálogo será, según dictaminó,  la forma más eficiente para dirimir los derechos en pugna.

La jueza de Esquel, también dejó en claro que un estado democrático no puede tolerar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, aún cuando formen parte de una protesta social, dijo, en relación a las virulentas estrategias  de los mapuches para reivindicar territorios.

Pero también fustigó los medios utilizados en Chubut para combatir delitos: “La frase El fin justifica los medios, nunca ha sido utilizada para fines dignos”, alertó la magistrada y agregó: “Nada que sea producto de la violencia será bueno como tampoco lo será la venganza. No se puede avalar la historia oficial en punto a justificar el exterminio de los pueblos originarios, pero tampoco se puede avalar que bajo la excusa de haber sido víctimas de esa violencia se la utilice para reivindicar derechos que el Estado no les ha reconocidos”, sentenció.

Fue bajo esa argumentación que llamó al diálogo entre las partes.
Luego ordenó que se investigue la conducta del ex jefe de policía de Chubut, comisario Rubén Cifuentes, y del ex titular de la Unidad Regional de Esquel, Oscar Marinao, por excesos que se habrían cometido contra miembros de la comunidad mapuche.

 

 

 

Infobae

La Fiscalía Federal de Esquel solicitó que vaya a juicio oral la causa en la que se imputa al doctor Werther Aguiar, un médico legista, por los delitos de violación de secreto profesional e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber divulgado el día 17 de octubre de 2017 a través de las redes sociales fotos del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, sacadas por el mismo profesional en la morgue de la ciudad de Esquel durante un examen preliminar del cadáver.

En la causa se presentó el hermano de la víctima, Sergio Maldonado, patrocinado por el doctor Alejandro Fernández Vecino, para ser tenido por parte querellante.

El impacto que tuvo en la sociedad la divulgación de las fotos que se le atribuye al doctor Aguiar causó gran indignación por la enorme lesión que se produjo a la intimidad de la familia, además de la exaltación del morboso propósito de exponer innecesariamente tales imágenes.

Con posterioridad a los hechos se comprobó que el Aguiar escondió su teléfono celular y entregó como propio el móvil de un hijo menor haciéndolo pasar como propio.

El médico legista está imputado por los delitos presuntamente cometidos, que tienen pena de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión (artículo 157 del Código Penal).

Se cree que en el curso de los próximos meses se llevará adelante el juicio oral y público que ha solicitado la Fiscalía federal respecto a este resonante caso.

 

 

 

Diario Jornada

La audiencia será mañana a las 10. La causa la cerró el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral. El tribunal revisor tendrá diez días para decidir si la archiva o revoca la decisión del magistrado. Siguen las dudas por la autopsia.

Mañana a las 10 será la audiencia de apelación de la resolución dictada por el juez Gustavo Lleral que cerró la causa por desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. Participarán como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos y La Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre además del hermano de Maldonado, quien volverá a visitar Comodoro Rivadavia.

Verónica Heredia, abogada de la familia, recordó que el 29 de noviembre, Lleral sentenció que Santiago se había suicidado. “Voluntariamente ingresó al agua aún sabiendo que no sabía nadar, Sólo faltó decir que se había suicidado y que no había ninguna responsabilidad del Estado”, le dijo a la Cien Punto Uno.

Ante la apelación de las querellas, finalmente se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones para intentar demostrar que la causa no puede cerrarse así. “Falta una investigación. El juez reconoció que más de cincuenta gendarmes ingresaron, dispararon inclusive hasta con armas 9 milímetros hasta cruzar el río cuando había personas cruzando. Como mínimo hay una responsabilidad en el accionar para enfrentarse a una protesta”. “Tenemos todas las dudas respecto a la autopsia y estamos solicitando que se inicie una investigación para determinar las razones por las cuales desaparece el 1º de agosto y aparece el 17 de octubre en un lugar que había sido rastrillado en varias oportunidades”.

Heredia cuestionó el accionar del juez Lleral quien invocó un artículo del Código Procesal Penal para no responder preguntas sobre la autopsia. Reconoció arbitrariedad del testimonio del testigo Lucas Pilquimán. “El Ministerio Público Fiscal delimitó el objeto procesal que fue la desaparición forzada. Desde la audiencia de Habeas Corpus ya quería cerrar la causa. El procurador Casal ocultó información que tenía para aportar”.

Objetivos

Para Heredia hay elementos objetivos que demuestran que Gendarmería desplegó un accionar violento. “La sentencia de Lleral aclara que en otra causa que está a cargo de la fiscal Ávila y del juez Otranto, se estaría investigando el accionar de Gendarmería”, cuestionó.

La Cámara dispondrá de un lapso de diez días para resolver. Puede archivar la causa o revocar la resolución de Lleral ordenando que continúe la investigación de las dos causas abiertas. Y con otro juez. En caso de un fallo adverso la familia acudirá a la Cámara de Casación Penal y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Diario Jornada

Lleral dio por probado que en el procedimiento realizado por Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en el marco de una protesta de la comunidad Mapuche “no resultó detenido Santiago Maldonado ni persona alguna”.

También determinó que Maldonado falleció “a causa de una asfixia por sumersión coadyuvado por un cuadro de hipotermia” el mismo día de su desaparición.

A partir de las pericias realizadas, Lleral sostuvo que el cuerpo del artesano permaneció todo el tiempo en el Río Chubut, desde el 1 de agosto hasta el hallazgo del cuerpo, el 1 de octubre de 2017.

Fuente. El Chubut

Un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra la puerta del teatro ND Ateneo, en el centro porteño, en la previa de la proyección del documental El camino de Santiago”, escrito y dirigido por Tristán Bauer y Florencia Kirchnery que hace un repaso de la vida del tatuador que desapareció el 1° de agosto del año pasado.

Una de las personas que quedó en medio de los incidentes fue el dirigente social Juan Grabois, quien en diálogo con C5N contó que “vinieron unos pibes y tiraron piedras. Nadie los vio, de repente empezaron a tirar piedras y salieron corriendo“.

Por su parte, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni contó que “esto fue una agresión física. En ese caso cualquier ciudadano está autorizado por la ley para hacer cesar un delito. Eran encapuchados que salieron corriendo“.

Tras los incidentes, el periodista Gustavo Sylvestre levantó una copia de los panfletos que arrojaron al aire los agresores: “Venganza por el compañero anarquista Santiago Maldonado, secuestrado, torturado y asesinado por el Estado. Repudio a la película ‘El camino de Santiago’ por uso de su imagen y activismo en el anarquismo”.

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau dijo que los incidentes se dieron en “un mal momento que reinstala un clima de violencia institucional y política. Sabíamos que más temprano que tarde esto iba a volver a suceder en la república. Se transmite desde algunos medios de comunicación desde el gobierno mucho odio”.

En el teatro todavía no estaba Sergio Maldonado, quien media hora después del ataque contra el ND Ateneo contó que “nos enteramos de los incidentes antes de venir acá. Es repudiable. No puedo entender cómo en un día como hoy tengamos que soportar estas cosas“.

Fuente: Infobae