Tag

Rodríguez

Browsing

Al momento de describir los hechos en la causa “ñoquis calientes”, el fiscal general Omar Rodríguez dijo en la audiencia de apertura de investigación que la ex diputada provincial y ministro de familia Cecilia Torres Otarola, “obligaba al resto de los imputados a dejar sus sueldos en provecho propio”. La audiencia se inició en la mañana de este martes y los abogados defensores cuestionaron algunos de sus términos por lo que la jueza de garantías Ivana González se tomó algunas horas para analizar su resolución.

En la audiencia y ante los presentes en el edificio de la Oficina Judicial de Rawson solo ocupada por periodistas y los presuntos querellantes en representación de la Fiscalía de Estado, acompañado por el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch, el fiscal general Omar Rodríguez realizó consideraciones sobre la investigación realizada hasta el momento.

Dijo que Torres Otarola “contrataba asesores sabiendo que no existiría contraprestación, porque la mayoría ni siquiera residía en la provincia del Chubut. Algunos de ellos ni siquiera se comunicaban telefónicamente con ella, trabajaban de manera informal de los que comúnmente se lo conoce como en negro”. Agregó que “aún no está cuantificado el monto total de los ilícitos y que ello estará a cargo de los contadores que trabajan con los fiscales en la medida que avance la investigación”.

Manifestó además que “estamos trabajando también en la presunción de estar frente al delito de enriquecimiento ilícito por parte de Torres Otarola. Oportunamente pediremos la apertura de investigación”, anticipó Rodríguez.

En la causa existe un total de 13 personas imputadas y está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de la ex funcionaria, se encuentran imputados Silvana Cañumil, Patricia Claudina Antonio, Alberto Gilardino, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira,Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, el ingeniero Carlos Cundari, Miguel Reto Trelles, Pamela Matamala y Facundo Jofré.

La mayoría de los abogados defensores no se opusieron a la apertura de la investigación aunque en general coincidieron en rechazar el pedido de los fiscales en cuanto a se considere al caso como “complejo” que permitiría extender el tiempo de la investigación. Los fiscales dijeron que la gran cantidad de hechos a probar, la gran cantidad de imputados y las dificultades para la investigación que genera la cuarentena por el COVID 19 justifican la extensión de los plazos.

La jueza Ivana González se cree que convocará nuevamente a las partes en horas de esta tarde para dar a conocer su resolución.

El fiscal Omar Rodríguez se refirió a la variación de precios en insumos médicos de distintas empresas proveedoras durante la pandemia: “A partir de la publicación que hizo el diario Jornada me comuniqué con el Hospital de Trelew”, dijo el representante judicial.

A partir de que se conociera, de boca del propio director del Hospital de Trelew, Sebastián Restuccia, la existencia de sobreprecios de proveedores a nosocomios locales, el fiscal Omar Rodríguez explicó que “a partir de la publicación que hizo el diario Jornada respecto del aumento desproporcionado de insumos, me comuniqué con Restuccia y él me contó en qué consistió el problema”.

“Es una situación particular, porque ellos compraron en un marco apremiado por la emergencia, al proveedor que le compraban habitualmente. El marco es complejo desde el punto de vista jurídico. Porque, más que ser una situación estrictamente penal tiene algunos matices administrativos, porque lo que funciona es la Ley de Abastecimiento, que es una ley vieja, de la época del Proceso militar, que fue reformada en el 2014, y que establece una serie de medidas en caso de que haya aumentos desproporcionados como los que me contó Restuccia y que salió a la luz en Jornada”, mencionó Rodríguez.

“Es decir, tanto el gobernador como la autoridad de aplicación nacional que es la Secretaría de Comercio de la Nación, ellos pueden intervenir en esta suba de precios desproporcionada y pueden actuar administrativamente, inclusive llegar a una situación de clausura e inhabilitación de los locales, fabricas o empresas”, agregó el fiscal.

Para Rodríguez, “en principio no es que haya un caso penal claro, sino que se tendría que aplicar la ley de abastecimiento a través de Nación o Provincia, en cabeza del gobernador o el funcionario que se designe. Lo que me confirmó Restuccia es que ellos hicieron la denuncia respectiva, es decir que el trámite administrativo estaría en curso. A partir de esto, el proveedor habitual de barbijos ya les dejó de vender así que ellos tienen que comprar a otra empresa”, publicó Diario Jornada.

Hoy termina el debate oral y público de impugnación en la Cámara Penal.

La audiencia de impugnación de la sentencia finalizará este miércoles. Desde las 9 de la mañana en tribunales, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams buscarán sostener el fallo de primera instancia.

En la audiencia de ayer, los defensores de todos los acusados pidieron revocar la decisión, o bien, aliviar la situación de sus clientes.

Según explicó el fiscal Rodríguez: “Esta banda sin dudas se puso de acuerdo para engañar al Estado usando presupuestos mellizos para dibujar competencias que nunca existieron”, así lo publicó Diario Jornada.

El Fiscal Omar Rodríguez, titular de la Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública, dio detalles de la investigación para conocer el destino de U$S 5 millones que una empresa debía pagar a provincia por un daño ambiental.

Rodríguez confirmó en diálogo con Cadena Tiempo que la investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una vecina de Caleta Córdova y aseguró que en principio “no damos por certero nada, tenemos que investigar todos los hechos, inclusive hasta el propio acuerdo, para determinar si fue homologado por la Justicia o fue un acuerdo extrajudicial” indicó el funcionario judicial.

“Todo empezó a partir de una denuncia que se hizo ahora durante la feria judicial, y ya hemos empezado a darle tratamiento a la denuncia y lo que tenemos que determinar en principio, es si lo que se denuncia encuadra en una denuncia penal y eventualmente una vez que tengamos verificado ese extremo, verificar si existe una persona o individualizar a la persona responsable”.

Rodríguez explicó que la investigación “tiene que ver con este acuerdo que hizo el gobierno provincial con la empresa Antares Naviera; en donde la empresa abona 5 millones de dólares en principios, convertidos en pesos, y ese dinero habría ingresado a las arcas del estado y en función de la denuncia y documentación que se aporta, esos fondos tenían como destino en principio, en función de los anuncios que había hecho el gobernador de entonces, Martín Buzzi, a obras para el barrio de Caleta Córdova”.

La denuncia fue radicada por una mujer, vecina de Caleta Córdova, “que cuenta un poco los periplos por donde paso y que nunca se hizo nada en el barrio; de las promesas que se habrían anunciado en su momento, y por eso ella entiende que eventualmente está en presencia o en el marco de algún delito, por lo cual solicita que fiscalía investigue”.

El titular de la Oficina de Delitos contra la Administración Pública indicó que el camino a recorrer tiene que ver con verificar si esa plata ingresó, cuál fue la fuente de financiamiento, y si había alguna documentación concreta sobre el destino de esos fondos.

El fiscal Omar Rodríguez, indicó que “el incremento patrimonial materializado en cabeza de Oscar Alarcón mientras ejercía la función pública no fue justificado”.

“También se ha corroborado que Alarcón, en el lapso de tiempo señalado (2003-2018), no contó con ningún otro ingreso que no sea su sueldo como agente de la Municipalidad de Trevelin, director en el Área Ceremonial o empleado en el IPV”.

Asimismo, aclaró que “de la valuación histórica y la actual, se comprobó la incapacidad económica para comprar y en su caso desarrollar las propiedades de las que es titular, siendo palmario que el patrimonio de Alarcón excede sus posibilidades económicas”.

En este marco, el fiscal Rodríguez describe los bienes: 4 lotes en Playa Unión con dimensiones entre 334 m2 y 364 m2, un local de dos plantas en Rawson y una propiedad en la capital provincial.

Los bienes de Alarcón

Oscar Alarcón cuenta con seis propiedades distribuidas entre Playa Unión y Rawson. En la Villa balnearia posee cuatro terrenos a dos cuadras del mar que tienen entre 335 y 363 metros cuadrados.

En Rawson construyó un edificio de dos plantas que, según los fiscales, estaba destinado al alquiler de locales comerciales. La edificación está ubicada a dos cuadras de la Legislatura y según la tasación, supera los 10 millones de pesos, así lo indicó el Comodorense.

Por último, hay una propiedad en Rawson que está en litigio por inconvenientes en la compra.

Omar Rodríguez, Fiscal en la causa El Embrujo, se refirió al rechazo del tribunal al beneficio de la probation solicitada por las defensas para los imputados.

“La posición de la fiscalía fue siempre la oposición del otorgamiento de la probation por varias razones, el tribunal de juicio comunicó la decisión y resolvió que los doce imputados deberán ser juzgados en un juicio oral y público”, aseveró Rodríguez.

Esa decisión se basó en tres argumentos “una es la teoría del caso porque funcionó con la asociación ilícita, la otra con una pretensión punitiva y también el compromiso que asumió el estado argentino de combatir la corrupción, creemos que la probation estaría en contra de este propósito de sancionar esta conducta”, repasó el fiscal.

Rodríguez aclaró que esta decisión va a ser apelada y que tiene un plazo de cinco días “lo van a presentar ante la cámara de impugnación de Trelew y lo resolverá la cámara. Como las partes están pidiendo la suspensión del juicio, no se puede iniciar hasta que quede firme esa situación”.

Caso Gatica

En torno a la situación de Gatica, Rodríguez expresó que “la justicia federal se pronunció en tres oportunidades y lo rechazaron, porque el caso ya está avanzado, por otro lado las partes ya habían consentido que sea la justicia ordinaria la que juzgue el caso”.

Intento de traslado de la causa a la justicia federal

“Creo que lo perseguían era una cuestión estratégica porque no hemos accedido a ningún tipo de juicio abreviado o la probation, quizás la estrategia sea llevarla a la justicia federal para que sea más benévola. Nosotros estamos convencidos de que estos actos tienen que ser juzgados, la sociedad tiene que saber lo que pasó y podamos explicar cómo funcionó este grupo dentro de una estructura de poder”, comentó Rodríguez.

Evidencias

“Tenemos muchísima vivencia entre documentos recogidos en soporte papel en los distintos domicilios, como también en los expedientes que hemos recolectado en las oficinas del Estado, pero también tenemos muchos testimonios e información de los teléfonos“, se refirió a las evidencias.

Rodríguez apuntó a la relevancia del teléfono “es muchísimo más rico, en cuanto a la evidencia, el teléfono analizado en sí mismo que las escuchas telefónicas. Hay 26 mil contactos, entre mediados de 2016 hasta marzo de 2018”.

Ruta del dinero

Al ser consultado por la identificación de la ruta del dinero, el fiscal ofreció importantes detalles “llegamos hasta un punto donde logramos ubicar la mayoría de los bienes que fue producto del robo o la apropiación indebida de fondos del Estado que los fueron convirtiendo en bienes inmuebles o muebles. Diego Correa tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos, el resto un poco menos, toda la organización funcionaba bajo la dirección y en pos de Correa”.

En ese sentido, acotó “Correa, antes de asumir como secretario, ya tenía movimientos dinerarios. Ahí empieza a trabajar con la empresa Dualcore, en donde figuraba su mujer como titular y una amiga íntima de ella, iban agarrando obras de manera irregular e ilícita, a partir de ahí empieza a generar ingresos mal habidos y los incrementa cuando llega al gobierno de Das Neves”.

Sobreprecios en la refacción de escuelas

El fiscal Omar Rodríguez fue asignado para investigar la denuncia respecto a los sobreprecios en la refacción de escuelas. “Esta semana el procurador general me asignó trabajar en el caso, vamos a empezar con las primeras medidas para establecer si existe un acto delictivo y posteriormente identificar el autor del delito. Son delitos complejos porque no se ve la conducta delictiva a simple vista, sino que hay que rascar para llegar hasta donde realmente nos muestren un hecho delictivo“, culminó.

 

lacienpuntouno

El fiscal general de Trelew, remarcó que hoy se planteó el pedido de suspensión de juicio a prueba por parte de la defensa, con la oposición de la fiscalía y la querella, marco en el cual indicó que se trata de una estrategia de la defensa de atacar y refutar la posición tomada por los funcionarios de fiscalía.

“Desde nuestra postura entendemos que es bastante claro en este caso particular, en función de la modalidad del caso, que es necesario el juzgamiento de todas las 12 personas y ahí el defensor ha puesto que no se puede hacer el juicio si se muere la mitad, lo que nos parece que es un disparate porque es obvio que no vamos a hacer un juicio con personas muertas”, enfatizó sobre lo que rodea a la causa ‘El Embrujo’.

Y agregó que “otra cuestión es que Argentina firmó convenios internacionales de combatir la corrupción y la probation no establece determinar responsabilidades porque, justamente, se suspende el juicio a prueba; es decir que no vamos a saber si fueron culpables o no y la Fiscalía entiende que hay un derecho de la sociedad a conocer la verdad. Por eso, es necesario hacer el juicio”.

“Entiendo que es distinto a las probation que se determinaron en la causa ‘Revelación’, creo que sí, por la particularidad del caso, esto es una asociación ilícita de un grupo bien conformado de miembros que actuaron desde 2013 hasta el día de la detención el año pasado, fueron cinco años operando de manera ilegal no solamente integrando ese grupo, sino los colaboradores que como satélite lo hacían indirectamente”, dijo en declaraciones reproducidas hoy por FM La Petrolera 89.3 MHz.

“Por eso es necesario que se juzgue a las doce personas, porque cada uno cumplía un rol específico dentro de la maquinaria de la corrupción. Ahí vamos a poder determinar cómo había un jefe, cómo distribuían las instrucciones, cómo cometían los hechos delictivos y cómo colaboraban estos participes que no tienen pena de expectativa alta, pero sí participaban directamente con Correa y el grupo”, agregó.

Rodríguez indicó que “entendemos que el ofrecimiento no podemos ni discutirlo porque entendemos que no reúnen los requisitos del cuarto párrafo ni para poder plantearlo, pero esto es una cuestión de la estrategia defensiva del caso. Nosotros lo sostenemos y lo vamos a sostener que deben ser juzgados la totalidad de los imputados”.

“El no ser funcionario público para el caso particular, no necesariamente se le puede otorgar la probation. No es un mecanismo automático, nosotros consideramos que en caso de ser juzgado y condenado, las penas van a ser de cumplimiento efectivo más allá de la facultad que tiene el Tribunal en su caso de otorgar alguna pena en suspenso, pero la totalidad de los imputados están en condiciones -en caso de un veredicto de culpabilidad- de recibir las penas de cumplimiento efectivo”, aseguró el fiscal.

La estrategia de la defensa

Por su parte el Dr. Fabián Gabalachis, abogado defensor de Diego Correa y otros imputados, dijo que “lo revisado se divide en cuatro contrataciones que ascienden a un monto de $33.600 el monto de la contratación es ese, no dice en ese caso si hay un perjuicio de esa magnitud.. Asumimos para la aplicación que en ese sentido se devolvería ese dinero”.

“En el caso de Natalia McLeod y Sandro Figueroa la fiscalía les atribuye ser accionistas de la empresa Dual Core y que en tal carácter se han enriquecido e ilegítimamente a través de la compra de un terreno en Trelew, un terreno en Lago Puelo, un vehículo Ford Ranger y 4.000 dólares que secuestran en la casa de McLeod”, explicó.

Y dijo que están un tanto limitados en el análisis de los hechos: “debo decir que es cierto que esto fue anterior a la asunción de Mario Das Neves, por lo tanto no pareciera que tuviera implicancia en la actividad que podría haber desarrollado o no Diego Correa”.

“El 25% de Dual Core en 2013 era de Natalia McLeod y en 2014 se lo cede a su tío, que es Sandro Figueroa. Quise poner de resalto que los hechos de corrupción que acá se están investigando son a partir de diciembre de 2015, por lo tanto poco importaba lo que sucedía antes de ese momento”, amplió Gabalachis.

Finalmente, dijo que “ambos ofrecen la realización de tareas comunitarias a coordinar con una oficina que hay en ese aspecto, que se llama Oficina de Ejecución de Probados, en la jurisdicción de cada oficina judicial”, y sobre si esos bienes se entregan con alguna finalidad, señaló que “la misma la dispone el Estado y tendrá sus canales para ver qué se hace con esos bienes”.

 

elcomodorense

Causas por corrupción: Fiscal advirtió que bancos en la provincia no reportaron operaciones sospechosas a la UIF.

El fiscal general Omar Rodríguez cuestionó que las entidades financieras de la provincia del Chubut nunca emitieron información sobre operaciones sospechosas a la UIF, a pesar de que en la causa «Embrujo» y «Revelación» hubo «infinidades» de hechos llamativos.

Una de las conclusiones del encuentro que se desarrolló semanas atrás entre fiscales de Chubut y las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC, fue que ninguno de los bancos de la provincia del Chubut giró información sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a los organismos nacionales.

«Dentro de los bancos existen áreas específicas para informar a la UIF todas las operaciones sospechosas y situaciones que tengan un elemento llamativo. Hay muchos casos de funcionarios que tenían plazos fijos, cajas de seguridad y Chubut es una de las pocas provincias que no tiene reportes a la UIF», relató Rodríguez en diálogo con Radio 10 de Trelew.

El fiscal consideró llamativo este supuesto proteccionismo de las entidades bancarias, fundamentalmente porque las causas de corrupción que se desataron en Chubut tienen un común denominador: «Se bancarizaba mucha plata».
Sin embargo, indicó que la bancarización de fondos se materializaba sin complejidades y «sin ningún tipo de riesgo, porque no se reportaban esas operaciones sospechosas».

Citó algunos ejemplos en donde exfuncionarios actualmente imputados, «tenían plazos fijos de $1.500.000 ó $ 2.000.000 con un único sueldo de 40.000 pesos». Describió que esta situación «te tiene que llamar la atención».
«Cuando fuimos a Buenos Aires, desde la UIF y la PROCELAC nos notificaron esta situación que desde los bancos de Chubut no había ninguna operación sospechosa reportada», confió Rodríguez en declaraciones a Radio 10 de Trelew.

Puntualizó que en las causas que llevan adelante junto al fiscal Alex Williams, «tenemos datos de que han existido múltiples hechos de operaciones sospechosas».