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El fiscal Rivarola que fue cuestionado fuertemente a nivel nacional por usar las palabras «desahogo sexual» para referirse al hecho dijo este jueves que la «familia» de la víctima, «incluso su nueva abogada están hablando conmigo mientras todo el país hablaba de un caso que no conocen, una prueba que no conocen, un fiscal y un equipo de trabajo que tampoco conocen. Por supuesto que influyó. Daño a la víctima». Reconoció que se llegó a «replantear la renuncia».

La Cámara Penal de Trelew resolvió este jueves hacer lugar a la impugnación planteada ante el rechazo de un acuerdo de juicio abreviado presentado oportunamente por uno de los acusados. De esa forma, será un nuevo juez de instrucción el que resolverá el pedido de juicio abreviado sobre los imputados en La Manada de Chubut. En ese contexto, el fiscal Fernando Rivarola -duramente cuestionado tras utilizar la frase «desahogo sexual» para referirse al hecho- manifestó este jueves en conferencia de prensa que la trascendencia pública del caso causó «mucho daño. Todo el país hablaba de un caso que no conocen, una prueba que no conocen, un fiscal y un equipo de trabajo que tampoco conocen. Por supuesto que influyó. Daño a la víctima», remarcó.

Rivarola se quebró al recordar que un periodista nacional insultó a su madre. «Hubo un periodista que llegó a insultarme; insultó a mi madre ya fallecida. Lo hizo en defensa de las mujeres. Debería co

«Los juicios abreviados tienen muchos beneficios pero también sacrificios», dijo el fiscal. «Litigamos con cinco abogados particulares que pidieron cinco peritos de parte», agregó. «La víctima tomó la decisión acompañada incluso por su terapeuta personal. Esta es la propuesta seria y jurídica que la fiscalía presentó En el medio hubo un hecho que fue disruptivo. Me da profundo dolor decir por qué tomó estado público cuando era una causa que tenía que ser reservada. Lamentablemente la fiscalía se vio obligada a cargarlo en el sistema cerconex. Surgió una falla en la seguridad informática y sé que el Superior Tribunal ha tomado cartas en el asunto y se cometió un delito y una persona ingresó a un escrito que debió no ser público y se lo dio a la prensa».

En cuando a la frase «desahogo sexual», remarcó que «no se utilizó en el sentido en el que se empezó a manifestar en un medio. Nunca se utilizó para justificar el accionar de los hechos sino para describir el aspecto subjetivo de la figura penal».

«Se viola la confidencialidad, se tergiversa y luego una costumbre medieval de las redes sociales y medios no serios. Lamentablemente esto perjudicó una causa que iba en camino de un acuerdo», lamentó el fiscal Rivarola, quien mencionó que hubo «una resolución arbitraria de parte de un juez que hoy ha sido revocada por la Cámara de Trelew. Era una solución integral. Hoy la cámara en un fallo bien fundado y por unanimidad indicó que este fallo debe ser homologado», resaltó.

«Lamentablemente las cosas han cambiado y ahora habrá que ver el devenir de este proceso. El plexo probatorio no es el ideal. Corría muchos riesgos de que incluso los imputados fueran absueltos».

«Acusar para juicio era para la tribuna pero lo que hice siempre lo consulté con la víctima», dijo el fiscal. «La reparación económica es un derecho de la victima», agregó.

«No me importa la familia del imputado; no los conozco y aquí jugaron prejuicios», manifestó Rivarola, quien subrayó además que «la trascendencia pública (del caso) perjudicó a la víctima en su salud, lo que me causa profundo dolor».

Tras mencionar que la doctora Verónica Heredia será la nueva abogada de la víctima -y quien podrá presentarse como «querellante-, Rivarola dijo que «hay escraches y linchamientos que nos retrotraen a la edad media. El linchamiento mediático me afectó a mi y a mi equipo también a mí familia. Me he llegado a replantear mi futuro e incluso la renuncia», confesó el fiscal tras la polémica a nivel nacional.

«No se puede ejercer la república ni la democracia con este tipo de ataques. Es casi insostenible. Me siento muy tentado a renunciar; las fuerzas se agotan», explicó.

«¿Se merece semejante ataque un fiscal por hacer el trabajo que debe hacer? Si puedo saber cómo se motorizó ese ataque y demandarlo lo voy a hacer», anunció.

“La próxima sesión está prevista para el próximo lunes 27 del corriente a las 15 con la modalidad de videoconferencia. Se tratarán distintos puntos administrativas, entre ellos las dos denuncias contra el fiscal Rivarola” confirmó a Radio 3 el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Enrique Maglione

El funcionario del Ministerio Público fue duramente cuestionado por sus expresiones sobre el “desahogo sexual” en el marco de la causa judicial sobre la violación grupal que ocurrió el 21 de septiembre de 2012, en medio de una fiesta por el Día de la Primavera en una vivienda de Playa Unión y que tuvo como víctima a una adolescente de 16 años, y como victimarios a cinco jóvenes de distinguidas familias de Madryn, Rawson y Trelew. Fue la propia afectada que sacó a la luz los hechos el año pasado con un posteo de Facebook.

No solo las expresiones de Rivarola, sino su actuación en la causa con un cambio de caratula que propició el acuerdo entre las partes y podría minimizar las condenas de los acusados, provocó un fuerte repudio de todo el arco político, judicial y agrupaciones feministas.

El acuerdo de juicio abreviado fue rechazado en principio por el juez Marcelo Nieto Di Biase y como lógicamente hubo una apelación del fallo, ahora debe resolver la Cámara del Crimen de Trelew.

Maglione indicó que “se efectuará el sorteo para la Comisión de Admisibilidad de las dos denuncias, una formulada por el Gobernador y otra por una ciudadana de Rawson, Elena Rubilar Acevedo, que tienen la misma finalidad. Es muy probable que el Consejo unifique ambas denuncias en un solo expediente”.

“La Comisión de Admisibilidad está integrada por cuatro consejeros, uno por cada estamento: uno por los abogados, otro por los funcionarios judiciales, otro por los consejeros populares y el restante a los empleados judiciales”, precisó.

“En la práctica la comisión se expide de una sesión para otra, entre 30 y 60 días, aunque de todas formas ya se han mandado a pedir todos los expedientes de la causa para que la Comisión de Admisibilidad estudie la situación si admite las denuncias presentadas contra el funcionario fiscal”, adelantó Maglione.

Explicó que el próximo lunes “tratarán las denuncias, cada uno estará en su lugar de origen, en su oficina, en su casa, a donde nos encuentre la sesión, en mi caso estaré en la sede del Consejo, con el secretario y el personal operativo. Ya hicimos esto en la sesión de mayo, aunque con algunas dificultades propias de la nueva realidad, los problemas de conexión, la falta de coordinación, las cuestiones de audio, etc.”.

“Son tres consejeros de la Cordillera, dos en Esquel y uno en Trevelin; dos en Sarmiento, dos en Comodoro, dos en Madryn y cuatro que somos de Trelew, más el presidente del Superior que vive en Madryn o que podría estar en Rawson”, remarcó.

Maglione reveló que “hay otra denuncia formulada por la señora (Patricia) Bortagaray en contra de los fiscales Rodríguez, Heiber y Pereira Dos Santos”.

“La Comisión de Admisibilidad ya emitió su dictamen y consideró que tratarán los motivos para investigar los hechos denunciados por la señora Bortagaray y ahora tiene que decidir el Consejo en pleno, son 14 miembros en total y se necesita la mayoría simple (ocho)”, señaló.

Destacó que “otros de los puntos que tratarán será la aprobación del nuevo reglamento de Designación de Magistrados y llamados a concursos para que los podamos hacer vía on line por esta situación de pandemia. Hay diferentes dificultades, hasta septiembre al menos los vuelos seguirán suspendidos, que nos impiden los exámenes presenciales. No sabemos cómo va a continuar todo esto en el país”.

“Seríamos el primer Consejo de la Magistratura que podríamos hacer los llamados a concursos y Designación de Magistrados de manera virtual”, ponderó.

Sobre estas eventuales evaluaciones puntualizó que “les hemos pedido tanto a los Ministerios Públicos y al Superior Tribunal que nos remita los pedidos de llamados a concurso y hay varios. Son cuatro a cinco cargos para la Defensa Pública en toda la Provincia, el procurador también lo hizo, son siete u ocho cargos, y también el Superior Tribunal presentó la solicitud un juez penal y otro civil de Comodoro”.

“El llamado a concurso ya está cerrado, hay que tomar las evaluaciones. Para el Consejo estas solicitudes serían la prioridad”, enfatizó Maglione.

La petición se publicó en la plataforma Change.org con el objetivo de solicitar el juicio político contra el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola.

De aceptarse la rebaja en la calificación del hecho, los acusados podrían quedar en libertad.

Luego de que el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, se refiriera a la violación en manada de una adolescente de 16 años como «desahogo sexual» desde la plataforma Change.org se reunieronon más de 800 mil firmas pidiendo el juicio político del fiscal, señaló El Extremo Sur.

El matutino Jornada publicó el texto completo de la solicitud de juicio abreviado del fiscal de Rawson para los tres imputados de «La Manada». Allí surge el desdichado concepto de «desahogo sexual» que planteó el fiscal Rivarola en la búsqueda de un acuerdo con la víctima.

La solicitud de la aplicación de «Procedimiento Abreviado» (más conocida como juicio abreviado) para el resonante caso de «La Manada de Chubut» que la semana pasada causó impacto público en todo el país, se firmó el pasado 26 de mayo. En el escrito de 40 páginas, el fiscal de Rawson Fernando Rivarola formula la acusación contra los tres imputados a los que pide condenar y, además, le solicita al juez Marcelo Nieto Di Biase que se habilite la feria y se fije fecha para una audiencia.

Las 40 páginas abundan en detalles de la causa que investigó desde febrero del año pasado un hecho ocurrido en la madrugada del 22 de septiembre de 2012. El caso fue caratulado inicialmente como «abuso sexual agravado» de una menor que al momento del hecho tenía 16 años e involucró a seis jóvenes, tres de los cuales eran mayores de edad cuando todo ocurrió.

Ahora, en el pedido de juicio abreviado, lo que el fiscal hizo fue bajar esa calificación inicial a la de «abuso sexual simple», luego de un acuerdo de partes que incluyó a la Fiscalía, a los defensores de los imputados y a la propia víctima, sin cuya anuencia no se podría haber avanzado en este pedido.

Acusación

La acusación presentada por el fiscal, que hoy deberá ser evaluada en una audiencia por videoconferencia que será presidida por el juez Nieto Di Biase, es contra los tres mayores de edad que participaron del abuso.

Casi la mitad del escrito del fiscal Rivarola está destinado a contar en detalle lo ocurrido aquella noche en una vivienda de la segunda fila de Playa Unión, pero también una parte importante a recordar los inicios de la causa, seis años y cuatro meses después de ocurrido el hecho.

«Se inicia esta investigación a partir de la difusión dada por redes sociales (Twitter, Instagram, etc,) de una publicación en la que aparecen los seis sindicados como autores y/o partícipes del hecho, con fotografías y un texto que en líneas generales cuenta en primera persona el hecho sufrido por la víctima cuando tenía 16 años de edad, y brinda los detalles de circunstancia tiempo y lugar. La publicación provenía del usuario Magdalenas PtoMadryn @magdas madryn, de la cual se ha incorporado captura de pantalla en el legajo», relata el fiscal.

«Llegado a conocimiento del MPF, y ante la posible existencia de un delito de acción pública dependiente de instancia privada, y existiendo de algún modo una denuncia pública, se dispuso desde la Oficina Única de Rawson la apertura de una investigación penal preparatoria a los fines fundamentalmente de permitir a la víctima el ejercicio de su derecho a instar la acción penal y con ello el de la tutela judicial efectiva».

Sigue diciendo el fiscal: «Sin perjuicio de lo dispuesto a nivel local, en la localidad de Puerto Madryn, la Sra. Fiscal General María Alejandra Hernández, encargada de la unidad especializada en violencia de género, ya había iniciado averiguaciones para contactarse con la víctima a los mismos fines. Cabe aclarar que en Puerto Madryn el hecho fue públicamente conocido en aquella época no obstante no haberse radicado denuncia formal, de modo que se tenía algún conocimiento de la identidad de la víctima».

Primer contacto

Rivarola relata cómo se tomó contacto con la familia y detalla que el día 29 de enero de 2019 compareció ante las oficinas de la Fiscalía de Rawson la Dra. Alejandra Viviana Tolosa. «La mentada profesional del derecho, quien manifestó que estaba en contacto telefónico con la víctima, quien le transmitió su deseo de instar la acción penal por el hecho que había tomado conocimiento público en el modo antes señalado, tomando nota de tal voluntad y haciéndole saber que por el modo que se entendiera más adecuado a la situación actual de la víctima habría de formalizarse dicha manifestación de voluntad».

Según el fiscal, el 1° de febrero de 2019, la víctima -desde La Plata, en donde reside desde hace varios años- «manifestó formalmente su deseo de instar la acción penal, relevando además del secreto a los profesionales de la salud que la atendieran en virtud del hecho sufrido».

A partir de allí, la Fiscalía dispuso «una serie de medidas investigativas tendientes a establecer tanto la existencia del hecho como la participación que en los mismos habrían tenido cada uno de los sindicados. Por un lado, se procedió a mantener entrevistas testimoniales con familiares directos de la víctima. De lo manifestado por cada uno de ellos, con un cuadro emocional propio de la situación vivida, se desprende la manifestación de la existencia de un abuso sexual, cometido por aparentemente cuatro de los sindicados», señala Rivarola.

Calificación

«A los fines del presente acuerdo para juicio abreviado, se ha acordado con los señores defensores, la siguiente calificación jurídica definitiva: abuso sexual simple, agravado por su comisión por dos o más personas en carácter de coautores.

Como se podrá apreciar se han efectuado algunas correcciones tanto en la descripción de los hechos, como en la calificación legal sostenida por el MPF, sin perjuicio de destacar que la que se sostiene ahora ha sido siempre la residual considerada por la Fiscalía para una eventual y concreta acusación. Ello en virtud de las controversias planteadas por las defensas técnicas en el marco de las discusiones previas a este acuerdo, y las características transaccionales del mismo», argumenta el fiscal Rivarola para explicar el cambio de la imputación que beneficia a los ahora tres acusados.

Y sigue: «Las adecuaciones de las calificaciones legales se corresponden además con la reformulación de los hechos que ha efectuado este MPF a la luz de los antecedentes con vocación probatoria colectados en la investigación penal preparatoria, de los que se desprende a criterio de los firmantes, que se ha podido acreditar la existencia de conductas que resultaron constitutivas de abusos sexuales simples, consistentes en tocamientos, mediando desnudez, en pechos y zona genital, como el abuso sexual mediante la aplicación de besos u otras conductas orales similares».

«Desahogo sexual»

En la página 24 del pedido de juicio abreviado aparece el término legal de la discordia: «En este accionar doloso de desahogo sexual analizado en forma individual, cobra especial relevancia el estado (semiinconsciencia) en que se hallaba la víctima, sumado a su situación de vulnerabilidad de base que surge de la pericia psicológica llevada a cabo en el presente caso, lo que ha determinado la no existencia de recuerdos concretos del accionar abusivo llevado a cabo por cada uno de los imputados».

Y agrega el fiscal: «Es posible inferir, y así lo permite el análisis en conjunto de todos los testimonios recibidos, que el consumo de alcohol haya incidido asimismo en el accionar de los imputados, en tanto todos los asistentes a aquella fiesta dieron cuenta de la existencia y consumo de alcohol en un modo desmedido por todos los adolescentes y jóvenes que concurrieran».

Según el fiscal, las evidencias colectadas no alcanzan para hablar de «acceso carnal», lo que explica en parte que en ninguna de las 40 páginas se haya mencionado la palabra «violación»: «Entiende la Fiscalía que los antecedentes y evidencias con vocación probatoria reunidos se presentan como insuficientes para acreditar que hubieran existido acciones concretas de acceso carnal por parte de algunos de los coimputados, todo lo cual entendemos además debemos analizar a la luz de la norma penal vigente para el momento de los hechos y la doctrina legal imperante al respecto».

«Sin perjuicio de ello, no pasa por alto este MPF que todo el accionar podría ser analizado como constitutivo de un abuso sexual gravemente ultrajante con la participación al menos de tres personas, teniendo en cuenta las circunstancias de su realización. Pero tampoco pueden obviarse las serias dificultades que deberá afrontar la Fiscalía para acreditar, fuera de toda duda razonable, la reconstrucción de los hechos que hemos propuesto y la existencia de cada uno de los requisitos objetivos y subjetivos requeridos por el tipo penal».

El «éxito» de los imputados

Rivarola le explica al juez más razones por las que es necesario un juicio abreviado: «Sobre esta base de análisis, habremos de concordar con los señores defensores que desde la óptica de la defensa de cada uno de los imputados, cuentan con elementos para sostener con posibilidad de éxito en un juicio distintas teorías del caso. Algunas que pueden dirigirse a cuestionar la propia existencia del hecho, o el estado de inconsciencia o semiinconsciencia de la víctima; la participación de cada uno de los imputados, la entidad o intensidad del abuso eventualmente cometido, e incluso la existencia del elemento subjetivo requerido por el tipo penal», asegura el fiscal.

«Entendemos (y así lo admiten las respectivas defensas técnicas) que el accionar concreto que es posible demostrar en juicio, a criterio de esta parte acusadora, da cuenta de acciones abusivas llevadas a cabo por al menos tres de los imputados, con una víctima expuesta o a merced de cada uno de los hombres presentes en aquella habitación, no contando con mayores elementos para establecer las acciones concretas llevadas a cabo por cada uno de ellos, y la secuencia de las mismas. Tampoco sobre el marco concreto en que se habrían desenvuelto en el plano subjetivo las conductas individuales de cada uno de los encartados».

«En síntesis, entendemos que desarrollando eventualmente el juicio oral y produciendo la totalidad de la prueba con la que dispone la Fiscalía, sin perjuicio de los aportes que en contra pudieran efectuar cada uno de los defensores, los extremos fácticos que estamos en condiciones de acreditar fuera de toda duda razonable, nos dan cuenta de una situación de abuso sexual simple, cometida al menos en la faz activa (con dominio del hecho común) por tres de los imputados, que resultaron además los mayores en edad».

«Endeble y atacable»

«El MPF ha sostenido como hipótesis acusatoria la del abuso sexual gravemente ultrajante, teniendo en cuenta las circunstancias de realización de las acciones abusivas previstas en el primer párrafo del art. 119 del C.P.A. (abuso sexual simple). El mayor desafío probatorio que deberá afrontar en un eventual debate, está directamente relacionado con la reconstrucción fáctica concreta de las circunstancias de realización, que sin perjuicio de las condiciones de tiempo y lugar (fiesta de adolescentes, Día de la Primavera, excesivo consumo de alcohol, habitación sin iluminación, música a alto volumen, la presencia de otra pareja intimando en el mismo lugar, etc.) requiere de cierta precisión de las acciones concretas desarrolladas sobre el cuerpo de la víctima por cada uno de los imputados y fundamentalmente el orden o secuencia en que ello se produjo; y es allí donde el cuadro probatorio, que no obstante considerarlo complejo e importante, se presenta cómo ciertamente endeble o al menos atacable», concluye el fiscal Rivarola.

Rivarola y su relación con la denunciante

Los duros cuestionamientos de la opinión pública al fiscal Rivarola no incluyeron, en su gran mayoría, menciones a un aspecto clave del caso: la aprobación que realizó la víctima a todo lo actuado, sobre todo al pedido más reciente de juicio abreviado.

En su escrito al juez, el fiscal resalta esta situación en particular: «Hago saber al señor Juez que integra el pleno convencimiento de este representante del MPF, el cabal y completo conocimiento que sobre el plexo probatorio tiene desde el comienzo de esta investigación la víctima, quien ha prestado en forma libre, voluntaria y debidamente informada y documentada su plena conformidad con los términos de este acuerdo».

«Revictimización»

Según el fiscal, «esta conformidad, reitero, expresada con previa y debida información por parte del MPF, ha sido tomada entendiendo que las condenas así dictadas podrán conformar un hito importante para cerrar un capítulo de su historia vital y como peldaño de apoyo en aras de la reparación del daño a su salud integral».

«Dificultades probatorias»

Rivarola destaca que «hemos estado de acuerdo con la víctima que afrontar un juicio oral y público, con la necesaria producción de la totalidad de la prueba recopilada por la Fiscalía, con más la propia a producir por cada una de las defensas técnicas, partiendo de las dificultades probatorias antes analizadas, aún que fueren debidamente valoradas por el tribunal de juicio con ‘perspectiva de género’ y ‘debida diligencia reforzada’, nos ponen frente a un panorama de mucho riesgo en orden a la necesidad de protección de su salud integral, por la inevitable revictimización que implicaría en los hechos su necesaria participación en el debate».

En este sentido, este dato también pesó para que en definitiva, la joven decidiera avalar el acuerdo con las defensas.

Tienes un e-mail

El pedido de juicio abreviado firmado por Rivarola incluye como anexos las conformidades de todas las partes, entre ellos los defensores de los tres imputados, Fabián Gabalachis, Carlos Del Mármol y Guillermo Iglesias.

Todos ellos enviaron un correo electrónico al fiscal dando su aprobación formal al acuerdo que ahora debe homologar el juez Nieto Di Biase.

Entre los e-mails también figura el pedido formal que le hace Rivarola a la víctima para que exprese su aprobación. El 21 de mayo pasado, el fiscal le envió un correo en el que le adjunta el acta del acuerdo: «Si podés mandame un mail, manifestando que estás en total conocimiento tanto del acuerdo para juicio abreviado en todos sus términos, como del pedido de sobreseimiento de (N. de la R: el fiscal pone las iniciales de un imputado para el que no pidió condena). Que prestás tu conformidad para que se homologuen ambos pedidos y que es tu decisión no participar en las audiencias que se fijen por la Oficina Judicial, por decisión personal y consejo profesional», le dice el fiscal antes de despedirse.

Cinco días después, el 26 de mayo, la joven respondió formalmente el pedido del fiscal: «Yo (…), estoy el acuerdo (SIC) para juicio abreviado y el pedido de sobreseimiento formulado. Estoy de acuerdo con todo lo propuesto por la Fiscalía de Rawson y que es mi decisión no participar de las audiencias que fije la Oficina Judicial al respecto», aclaró la joven.

En menos de 24 horas, la plataforma Change.org recibió una adhesión casi récord contra Fernando Rivarola, quien acordó un juicio abreviado contra los imputados de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años en Chubut.

En menos de 24 horas, más de 300 mil personas firmaron una petición publicada en la plataforma Change.org para solicitar el juicio político contra el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, quien aseguró que la violación grupal de una chica de 16 años en Chubut fue un “desahogo sexual”.

Si el juez Marcelo Nieto di Biase, que entiende en la causa, finalmente acepta esa rebaja en la calificación del hecho; los tres acusados podrían terminar en libertad.

La petición fue publicada por Romina, una joven porteña que estudia música en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, quien le contó a Télam que “ayer por la tarde estaba en casa chateando en distintos grupos de WhatAapp con amigas y compañeras sobre el quinto aniversario de la marcha de #NiUnaMenos y de repente una tira esta bestialidad de este fiscal (Rivarola) y sentí que algo tenía que hacer”.

“La verdad que no esperaba que se junten más de treinta mil firmas en menos de un día, pero lo que me parece importante es que firman tanto hombres como mujeres, y eso es importante porque la lucha contra la violencia de género es entre todos”, completó.

En el texto de la petición, Romina escribió: “Cinco chicos de Chubut, hijos de empresarios que la violaron en manada en 2012, van a quedar absueltos porque el Fiscal Fernando Rivarola pidió un cambio de carátula – que en origen era de abuso sexual con acceso carnal”.

Y cuestionó que el fiscal haya considerado que se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual”. Frente a esas situación, aseguró: “Esto es una vergüenza, un atropello a la víctima que ahora va a ver a sus abusadores libres y sin castigo”, cuestionó.

“Por eso te pido que me acompañes con tu firma para pedirle al juez Marcelo Nieto di Biase que no cambie la carátula de la causa y que estos delincuentes se encuentren con la pena que merecen y para que el fiscal Fernando Rivarola sea elevado a jury de enjuciamiento para que la Justicia remueva a este tipo de personas que condonan el abuso sexual”, completa el texto de la petición. Quienes deseen sumar su firma a esta iniciativa pueden hacerlo aquí.

Según el relato de la víctima de la violación, un grupo de seis jóvenes abusó sexualmente de ella en una fiesta en la zona de Playa Unión (Chubut), en 2012, cuando tenía 16 años. La denuncia recién la pudo realizar en enero del año pasado, debido a las amenazas y el hostigamiento al que fue sometida luego del hecho.

En el medio, entre la violación y la denuncia, hubo un intento de suicidio por parte de la víctima, que finalmente en 2019 logró judicializar el caso tras recibir asistencia psicológica y psiquiátrica.

Sin embargo, este miércoles se conoció que el fiscal a cargo de la causa, Fernando Rivarola, avanzó en el cierre de la misma. Según adelantaron medios locales y pudo confirmar Infobae con fuentes de acceso directo al expediente, Rivarola acordó un juicio abreviado con los imputados, lo que implica una aceptación de la culpa y una pena menor.

Lo más aberrante no fue solo su decisión, sino la justificación al modificar la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas” para tres de los seis jóvenes imputados (dos fueron sobreseídos por ser menores de edad y aseguran que el restante no participó del hecho).

Rivarola argumentó el pedido de juicio abreviado utilizando la definición “accionar doloso de desahogo sexual”. Ese fragmento se viralizó en las redes sociales, donde apuntaron al juez y a los imputados, sobre todo luego de que se conociera en una fecha emblemática para el colectivo feminista, ya que ayer se cumplieron 5 años de la primera marcha #NiUnaMenos.

“Llamar ‘desahogo sexual’ al abuso sexual en el marco de una causa judicial es absolutamente repudiable. Es la clara evidencia de la falta de perspectiva de género en la administración de justicia y de la ausencia de capacitación de muchxs integrantes del Poder Judicial”, señaló El Comodorense.

El cuestionado fiscal Fernando Rivarola –que podría pedir licencia en los próximos días—tiene a su cargo varias causas de alto impacto mediático y entre ellas están –por ejemplo– las que deberían investigar una sucesión de graves delitos que le atribuyen al (por ahora) ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni, a miembros de la plana mayor de la policía y a unos cuantos efectivos de la fuerza.

Rivarola actuó de oficio cuando llegó a su conocimiento el audio del Whatsapp en el que el, todavía, director de Seguridad de la policía del Chubut, el comisario Paulino Gómez, le pedía a un dependiente suyo de una comisaría de Trelew que mandará a sus subordinados a “meter gente en cana” para contentar a Massoni.

Así fue como el fiscal –que ahora no está pasando por un buen momento—recibió de colegas suyos varias denuncias contra la policía y contra Massoni de presuntas detenciones ilegales que se registraron en esos días y que coincidían con lo expresado por Gómez en una intimidad que terminó filtrándose a la prensa y tomó estado público.

Actualmente esas causas están congeladas. Algunos dicen que por presión del Gobierno y otros desde el mismo Poder Judicial le echan la culpa a la cuarentena. Lo cierto es que las denuncias están (la mayoría son respaldadas por los Derechos Humanos), se sabe quiénes son los imputados; pero no hay ni siquiera especulaciones de cuándo serían llevados ante un juez, porque aún faltaría la realización de diligencias que serían importantes para iniciar las causas.

La carrera de Rivarola está prácticamente destruida si uno lo ve con los ojos con los que lo observan en la Argentina y el mundo por su cuestionadísimo desempeño en la causa de la Manada de los hijos de ricos de Chubut que violaron a una menor en playa Unión. En consecuencia, podría ser altamente probable que no sea él quien lleve adelante las causas que deberían iniciársele a Massoni, a los Gómez de la Jefatura de Policía, y a otros efectivos de la fuerza por graves delitos que les endilgan contra la libertad y otros derechos humanos. Y si es así; ¿a quién pondrían?

Allegados a Massoni por lo bajo dicen que está preocupado porque con Rivarola parecía tener todo acordado.

Los colectivos de Rawson se expresaron duramente este viernes frente al Ministerio Público y pidieron la renuncia del fiscal general, gravemente cuestionado por sus declaraciones en torno a la causa conocida como «La Manada de Chubut». Consideraron que «hablar de desahogo sexual es un burla para todas nosotras». Una de las voceras comparó la violación grupal con el deliberado avance megaminero: «el patriarcado hace con nuestros cuerpos lo que el neoliberalismo hace con nuestros recursos naturales».

«Nos preguntamos como todo el sistema judicial, comprado históricamente por apellidos importantes y políticos corruptos ha podido dar vuelta una causa de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal por la participación de dos o más personas por un abuso sexual simple basado en una acción dolosa de desahogo sexual. ¿Fue por el resultado de la investigación de más de 60 testigos que confirmaron el hecho, porque le pagaron bien para torcer la causa, porque llegaron al final más cómodo para todos?», cuestionó una de las oradoras.

«Fue porque el sistema judicial y estatal lo permiten, porque el patriarcado y el capitalismo creen que pueden tapar la violencia con un arreglo entre partes negando las aberraciones ejercidas sobre nuestros cuerpos. Hoy en Chubut, provincia de la vergüenza y la injusticia, nos pretenden violar a todas y todes, a cada uno de nosotres y a nuestra lucha», reprocharon.

«Querer hacernos creer que la violencia sexual de individuos o de grupos organizados como el de La Manada son un acto de desahogo, casi basado en instintivo de seres animales, es una burla para todas las mujeres y disidencias de la tierra», aseveraron.

«No sólo queremos la destitución del fiscal Fernando Rivarola, queremos a los violadores presos; queremos que todo el sistema judicial se haga cargo de sus graves falencias en perspectivas de género, que la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal haga el trabajo que le corresponde y deje de ser un adorno para el sistema judicial de la provincia, queremos cumplimiento y presupuesto de la ley 1.526 de Protección Integral de Igualdad de Oportunidad de Género, queremos que estos violadores y violentos, y de todos los días, vayan presos, como los violadores de Rawson, quienes también violaron en grupo, y fue este mismo fiscal Rivarola el que los dejó libres», exigieron.

«El rol del aparato judicial en el armado de esta causa se sostiene en una red de complicidad demasiado profundo. La Fiscalía no sólo hizo lo suficiente para beneficiar a los imputados, sino que atentó contra todas nosotras», recriminó otras de las voceras.

«Que se aproveche la oportunidad de un fallo histórico, exigimos que ningún fiscal del país participe en un caso de estas características sin haberse capacitado en la Ley Micaela sobre perspectiva de género», reclamó otras de las mujeres.

«Todo está relacionado en esta Provincia, la política y la Justicia se dan la mano para gobernarse entre ellos y no al pueblo. El primer arrepentido y liberado es Joaquín Pérez, el hermano de Genaro Pérez, el intendente de Gastre, el lobbysta minero más grande que hay en Chubut, que ha hecho hasta un hotel para recibir a las mineras y de ese modo ir en contra del pueblo quiere», acusó otras de las oradoras.

«Si uno empieza a rever los hechos, nos damos cuenta que la torta se corta entre cuatro o cincos. Fui una de las presas el año pasado en la Legislatura en una protesta en contra de la megaminería, y quien nos está culpando es el fiscal Rivarola», expuso.

«Genaro Pérez, el intendente de Gastre, viola nuestra tierra, es un ecocida; y su hermano, Joaquín Pérez, viola nuestros cuerpos. El patriarcado hace con nuestros cuerpos lo que el neoliberalismo hace con nuestros recursos naturales», sentenció.

Este sábado a partir de las 14 horas habrá una concentración en la Plaza Kompuchewe para luego movilizarse por el centro y exigir la renuncia del fiscal Fernando Rivarola, tras su intervención en el caso de abuso sexual en manada en Playa Unión.  

La marcha es convocada por diversas organizaciones políticas y sociales, ente ellas el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Movimiento Evita (ME), la Corriente Clasista y Combativa, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR).

“En la Provincia de Chubut, seis hijos de grandes empresarios y actores políticos, violaron en manada a una adolescente de 16 años en el año 2012. Nos movilizamos con juntada de firmas y marcha para pedir justicia”, aseguran en las redes, y  agregan: “Con justicia patriarcal es imposible el Ni Una Menos”, señaló El Comodorense.

Este viernes el fiscal de Estado, presentó ante el Consejo de la Magistratura, la denuncia del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni por “mal desempeño de sus funciones” contra el fiscal Rivarola, en el marco de la causa de la violación en manda ocurrida en Playa Unión.

Tal como adelantó ayer jueves ADNSUR, el gobernador chubutense finalmente avanzó en la presentación de una denuncia  contra el fiscal Fernando Rivarola, que en su dictamen accedió a bajar la calificación de los acusados por la denuncia de “violación en manada” ocurrida en 2012 en Playa Unión. La causa tomó mayor transcendencia, tras conocer que el fical  utilizó del concepto de «desahogo sexual» en su dictamen.

En la mañana este viernes, viernes el fiscal de Estado de Chubut, Andrés Giacomone, confirmó a esta agencia de noticias, que se presentó la denuncia por “mal desempeño de  las funciones y desconocimiento inexcusable del derechopor parte del fiscal Rivarola, en el marco de la causa de público conocimiento, comúnmente denominada La Manada”, indicó.

Asimismo, el fiscal aclaró queel gobernador Mariano Arcioni es quien presenta la denuncia ante el Consejo de la Magistratura “y en este caso con mi patrocinio, en carácter de fiscal de Estado”.

Giacomone además detalló que se presentó la denuncia para que el Consejo inicie  las actuaciones correspondientes,se lleve adelante el sumario y sea elevado para la destitución en el cargo “en caso de comprobar estas cuestiones del dictamen”.

Al respecto, aseguró que no tuvieron acceso al expediente “solicitamos que sea remitido para su análisis. De estas expresiones vertidas al igual que la modificación dela calificación  penal, que creemos va en desmedro de los derechos de la víctima y del colectivo de las mujeres que están en desamparo de la justicia y esto es un claro ejemplo de lo que creemos que no debe ocurrir”, manifestó.

Por último, el fiscal destacó que una vez que se realicen todas las investigaciones necesarias “una vez efectuado el inicio de sumario, en caso de corresponder que creemos que sí, se debe iniciar el juicio político para el apartamento del cargo”, señaló ADN SUR.

El fiscal duramente cuestionado por haber acordado con los defensores de los acusados del abuso sexual de una adolescente un recurso de juicio abreviado -que en caso de ser aceptado por el juez se traducirá en una pena leve, que evitará que los imputados vayan a prisión-, rompió el jueves el silencio.

Asegura que se han tergiversado los hechos. Reconoció que la frase «desahogo sexual» que utilizó en la presentación de ese juicio abreviado, debe ser erradicada, «pese a su amplio y arraigado uso judicial», se justificó.

«Escribo estas líneas luego de una profunda reflexión generada a partir del impacto social y mediático producido por un acuerdo de juicio abreviado (artículo 355 del Código Procesal Penal), presentado en el marco de un proceso por abuso sexual, decisión cuyo objetivo fue lograr la condena de los acusados y que fuera tomada con expresa y libre conformidad de la joven damnificada el caso, quien tuvo participación activa durante toda la investigación. El actual sistema acusatorio de Chubut, modelo en el país, le ha devuelto a la víctima una intervención relevante en el proceso, circunstancia que se manifiesta particularmente en el derecho a ser oída y que su opinión sea tenida en cuenta en todas las decisiones que la afecten», señala el inicio de un comunicado difundido este jueves por el fiscal Fernando Rivarola, a cargo de la acusación en una causa judicial por un abuso sexual perpetrado por un grupo de hombres contra una adolescente, ocurrido en 2012 en Playa Unión.

«Debe ser erradicada»

En ese sentido se refirió a la frase que utilizó para referirse al abuso sexual y que causó indignación pública, con una amplia repercusión en todo el país, generando el repudio en esferas sociales y políticas. «Como funcionario público debo reconocer que la frase ‘desahogo sexual’ utilizada en dicha presentación, pese a su amplio y arraigado uso judicial, debe ser erradicada. Soy consciente, hoy más que nunca, de la importancia que tienen las palabras como instrumentos de cambio en la deconstrucción de estereotipos machistas».

«Sin embargo, es necesario aclarar que lejos de haber utilizado la expresión para minimizar o justificar conducta alguna, su empleo tuvo el único sentido de describir los delitos imputados como acciones de cosificación de la víctima y de degradación de su dignidad, así como la voluntad del agresor de cometerlo sin el consentimiento de la víctima», argumenta.

«En el año 2019 decidí abrir la investigación de un episodio ocurrido en 2012, hecho que de otra manera hubiera quedado impune pues no se había realizado la denuncia judicial y se trataba de un delito de abuso sexual – no violación- que depende de la instancia privada. Inicié el proceso de oficio, aun avizorando las dificultades que podían presentarse en virtud del tiempo transcurrido, a partir del breve relato de los hechos efectuado por la víctima en redes sociales», agrega.

«Desde un primer momento y a lo largo de toda la investigación, mi actuación como la de todo el Ministerio Público Fiscal-en especial el Servicio de Atención a la Víctima-, estuvieron dirigidas a escuchar, acompañar y proteger a la joven damnificada con el fin de preservar su integridad y defender su interés en el proceso», subraya.

«La reserva y el pacto de confidencialidad que impone la investigación en este tipo de delitos me impide dar mayores detalles sobre el caso, más allá de señalar las enormes dificultades probatorias que debí enfrentar a pesar del exhaustivo trabajo realizado -que incluyó allanamientos, secuestros de computadoras y celulares, intervenciones telefónicas, recepción de testimonios, de prueba documental y pericial-. Tales obstáculos, muchos de ellos derivados de los años transcurridos, atentaron contra la obtención de mayor cantidad de pruebas que permitieran reconstruir la totalidad de los hechos con la certeza que el proceso penal exige», afirma.

«Al haber trascendido parcialmente el contenido del mencionado escrito judicial -cuya publicidad está legalmente restringida por tratarse de un delito contra la integridad sexual de una persona menor de edad y que involucra a dos menores como imputados- se ha generado una importante tergiversación de los hechos, cuya inmediata repercusión masiva ha impactado negativamente en la víctima, revictimizándola e invadiendo nuevamente su intimidad», dimensiona.

«Todo lo anterior quedará ampliamente verificado en la audiencia a realizarse -en lo inmediato- ante el Juez de Garantías interviniente, en la que tendrá participación activa la propia damnificada y las profesionales de su confianza que la acompañan. En dicha ocasión el Juez deberá recabar la libre conformidad de la víctima con el acuerdo de condena presentado, voluntad personalísima e intransferible que representa el interés supremo que el proceso está llamado a proteger», concluye.