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Ricardo Echegaray

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“Construyeron un relato de que yo me había puesto de acuerdo con ellos para un plan de pagos, cuando en realidad le habíamos dado planes de pago a todos”, resaltó Echegaray.

En este sentido, aseguró que no recibió ningún llamado del flamante Gobierno de Alberto Fernández y sobre esa posibilidad señaló: “Yo no quiero sumarle agenda judicial al Gobierno, quiero volver a mi carrera técnica y nada más”.

“La diferencia que tengo con varios (ex funcionarios detenidos) es que ya sea por mi carrera de abogado y venir del estado y conocer cómo funciona el sistema en Comodoro Py, tomé previsiones que me permitieron mantenerme con la cabeza fría, templanza, y buscar los procedimientos técnicos que me permitieran estar en libertad”, señaló Echegaray.

Sostuvo que por la causa judicial en la que se acusa a López y De Sousa por evasión fue “perseguido y proscripto”, y dijo que quedó como un “muerto civil”.

Sobre ese proceso, Echegaray explicó –según publica Ámbito– que: “Desde el día uno que dejamos la gestión (el 11 de diciembre de 2015), toda la deuda que pudieran tener (en Oil Combustibles) estaba declarada”.

“Era de 2.000 millones de pesos con un plan de pago que tenían un montón de empresas”, sostuvo el extitular de la AFIP, que también habló de “un millón de planes de pago” otorgados por el organismo en se momento.

“Tenían planes que se los habíamos otorgado a todo el mundo”, recalcó. Y expresó: “Hablan de evasión con una liviandad total y no se dan cuentan que la evasión requiere de una maniobra de ardid, de engaño”.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 4 Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado absolvieron al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa de la supuesta falsa denuncia al ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. Los ex funcionarios de la AFIP Horacio Curien y Pedro Roveda también fueron absueltos. Los fundamentos se darán a conocer el 8 de noviembre.

Echegaray fue acusado por Prat Gay de haber utilizado información fiscal confidencial para denunciarlo penalmente por una supuesta asociación ilícita que habría evadido impuestos a través de dos cuentas en Suiza de la familia de Amalia Fortabat, a quien Prat Gay le manejaba las finanzas. Los hechos son de 2014.

Durante los alegatos, el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, a través de su abogado Alejandro Carrió, había pedido condenarlo a doce años de prisión por presunta instigación al falso testimonio agravado, violación de secreto, a raíz de una falsa denuncia que lo vinculó con una asociación ilícita y evasión.

En tanto que la fiscal Dafne Palópoli pidió que la condena fuera de dos años de prisión en suspenso por presunta «violación de secreto y abuso de autoridad».

Cuando fue el turno de su declaración, Alfonso Prat Gay afirmó que el ex titular de la AFIP lo persiguió. “Yo fui diputado, conozco las reglas del juego aunque no las comparto. Pero una cosa es la denuncia política y otra que un organismo como la AFIP te denuncie penalmente”.

Otra causa. El ex titular de la AFIP enfrenta otro juicio oral en calidad de acusado: Oil Combustibles, en el que también están en el banquillo de los acusados los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dará a conocer este viernes el veredicto del juicio que se le sigue al ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por presunta violación de secreto e instigación a la falsa denuncia mientras dirigía el ente recaudador, indicaron fuentes judiciales.

Se trata de la causa iniciada por una denuncia que formuló el ex diputado y ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, contra Echegaray y otros ex funcionarios de la AFIP a los que acusó de haberlo denunciado falsamente como facilitador de una supuesta maniobra de evasión atribuida a la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat.

El juicio oral comenzó en mayo de este año y concluirá este viernes.

A las 12 será el turno de las últimas palabras de uno de los imputados que aún no hizo uso de esa posibilidad -Horacio Curien- y a las 13.30 el TOF 4 dará su veredicto, según detallaron a Télam fuentes del caso.

En agosto, la fiscal general de Investigaciones Administrativas, Dafne Palópoli, solicitó que el ex titular de la AFIP sea condenado a dos años de prisión en suspenso por violación de secreto y abuso de autoridad, al considerar que no hay pruebas para considerarlo culpable de «instigar» la falsa denuncia.

Cuando le tocó declarar como testigo en el juicio, Prat Gay aseguró que fue víctima de una «difamación inaceptable» como parte de una «persecución política» en su contra, que atribuyó a sus denuncias a la ex presidenta Cristina Kirchner.

La Cámara Federal, en fallo dividido, confirmó, sólo parcialmente, algunos de los procesamientos dictados en el marco de la causa conocida como “Oil 2”, que involucra a los funcionarios de la AFIP que participaron del trámite formal del otorgamiento de planes de refinanciación de la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles a los que se acogió la petrolera.

Firmado ayer, fue la primera decisión judicial que acusa el impacto que generó los resultados de la pericia oficial de la Corte Suprema en la hipótesis difundida inicialmente respecto al supuesto perjuicio que habría ocasionado la deuda, que no era exigible al momento del cambio de Gobierno.

En tanto, el extitular del organismo recaudador Ricardo Echegaray finalizó ayer con su indagatoria –en la que subrayó contradicciones entre dos auditorías realizadas por la AFIP durante la gestión de Alberto Abad- y habilitó la instancia de las preguntas que continuará la próxima semana. Un tanto sinuosa, la dirección del interrogatorio apuntó a cuestiones laterales de comunicación entre funcionarios y cuál era el grado de conocimiento que Echegaray tenía con el matrimonio Kirchner.

La novedad en la Cámara no fue menor. Parte de las principales objeciones en el juicio oral es que Echegaray es acusado de autor del delito de defraudación pero todos los funcionarios de “línea” que autorizaron los planes a Oil quedaron fuera del debate, sin tener situación procesal firme, lo que les impide declarar como testigos. Con el voto de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resaltaron un punto que es una obviedad: nadie negó su participación formal en los pasos administrativos para otorgar los planes; lo que niegan es que fuese ilegal, irregular o distinto al resto de los planes oficiales para financiar deudas con el fisco.

Pero los jueces –según publica Ámbito– dieron por resuelta la figura penal de la defraudación contra la administración pública porque así ya lo había convalidado Casación, por lo que se detuvo en el rol de cada funcionario. En el resto de los conceptos, los camaristas apuntalaron la versión plasmada por Julián Ercolini y la AFIP era Abad. Pero en concreto, modificaron la calificación legal de coautores del delito y la moderaron a “partícipes necesarios”, poniendo en cabeza de Echegaray la responsabilidad final. Pero revocaron tres procesamientos a funcionarios jerárquicos, ratificaron las faltas de mérito que habían sido apeladas por la fiscalía y redujeron los embargos. Por eso, agregó confusión respecto a qué hipótesis se va a sostener cuando pase a la instancia de Casación.

Pero la disidencia de Mariano Llorens iluminó un aspecto clave: consideró que en todo caso, los funcionarios de AFIP habrían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario y que “las pruebas obrantes no permiten afirmar que exista una decisión común para la comisión de los hechos descriptos” por el otorgamiento de planes. Por eso, no iguala sus roles por no haber podido detectar el “dolo”, es decir la intención de cometer el ilícito. Y retoma que, pese a lo intentado por las defensas, no sería necesario incorporar la pericia oficial para resolver sus situaciones porque si se modifica el incumplimiento de funciones “no requiere para su consumación daño alguno para la administración pública”.

Es la primera alusión a que el mero otorgamiento de los planes –más allá de la deuda o el impuesto en cuestión- no generaba por sí mismo un daño al fisco, lo contrario del delito de defraudación contra la administración pública por el que hoy están en juicio Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Auditorías

A la vez, Echegaray culminó su extensa indagatoria remarcando contradicciones entre la auditoría N°14 (ordenada por Abad) y la N°15 en la que, a su criterio “intencionalmente” se postuló que una serie de 150 “desconfirmaciones” realizadas en el sistema informático habían impedido el reclamo de deuda a Oil en forma de cobro compulsivo. Pero la auditoría siguiente no cuestionó que hayan sido “desmarcadas”, sino que el motivo que se inscribió en el sistema no estaba incluido en los 20 previstos en el “manual de usuario”. “Falsearon informes y luego se construyó una acusación sobre bases falsas”, dijo Echegaray sobre procesos “ordinarios” de la AFIP. “Si todos los casos –de los planes otorgados sobre los que auditaron 300- fueron iguales ¿Por qué sólo en el caso de Oil hubo fraude?”, se preguntó Echegaray, levantando sospechas sobre por qué motivo se la había comparado con IECSA, también beneficiaria de planes y relacionada a la familia presidencial. Hubo un comienzo friccionado de las preguntas. Echegaray no reconoció a la AFIP como querellante y se negó a responder. Esa decisión pareció tomar por sorpresa a la fiscalía que ensayó distintos enfoques y mantuvo cruces con la defensa. Tanto que el presidente del TOF 3, Fernando Machado Pelloni hizo esfuerzos por reformular tanto cuando no se entendía el requerimiento, si ya había sido contestado o si no se aproximaba al objeto del juicio, así lo reseña El Comodorense.

Mientras enfrenta el juicio por haber acusado falsamente a Alfonso Prat Gay de ayudar a varias personas a evadir impuestos, Ricardo Echegaray suma más problemas. La justicia analiza las operaciones de persecución que con frecuencia se desarrollaron desde la agencia recaudadora contra opositores al entonces gobierno kirchnerista. En este marco el juez Daniel Rafecas llamará en breve a declaración indagatoria al ex funcionario por «inventar» una causa contra Elisa Carrió.

El juez Daniel Rafecas procesó meses atrás a Germán Bravo, jefe interino de Dirección Regional Centro de la AFIP, como responsable de encabezar un operativo en una causa que se inició contra Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. El paso siguiente fue ampliar los procesamientos al superior de Bravo, Roberto Mazal (jefe de jurídicos Regional Centro) y a su vez, al superior de este último, es decir al Director de la Regional Centro Fidel Chiapperi. Finalmente, el superior de Chiapperi, que es el Subdirector de Operaciones Impositivas, Fabián di Risio terminó indagado y procesado.

La causa no se detuvo y sumó la confirmación por parte de la Cámara Federal Porteña y antes de avanzar hacia una elevación a juicio oral, el juez Rafecas llamará a indagatoria a Ricardo Echegaray y al ex jefe de la DGI, Ángel Toninelli.

«La causa inició con las responsabilidades de las líneas de mando inferiores y avanzó hacia los rangos más elevados», explicaron fuentes judiciales a Clarín. Además, el juzgado sigue de cerca uno de los juicios que afronta Echegaray procesado por ser instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal en perjuicio de Prat-Gay, junto al los delitos de revelación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Prat Gay declaró en el juicio oral contra Ricardo Echegaray y dijo que sufrió «persecución política»

Según explicaron a Clarín, la maniobra investigada es la misma y que en este caso tiene como protagonista a Elisa Carrió. Hay entonces un «modus operandi», remarcaron.

Echegaray también enfrenta un juicio por fraude y evasión junto a Cristóbal López por los $ 8.000 millones que el empresario no pagó a la AFIP del Impuesto al Combustibles.

La acusación contra todos los imputados es por haber incurrido en los delitos de «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público». En su resolución, Rafecas consignó que todo se hizo con el fin de «incentivar y motivar una campaña de desprestigio a quien por entonces, era legisladora Elisa Carrió».

En 2013 en pleno año electoral de medio término, Carrió fue denunciada por presunto enriquecimiento ilícito por el abogado Gustavo Ogni, después de que la Revista Veintitrés, de Sergio Szpolzki publicó que la legisladora estaba construyendo una chacra que no se correspondía con sus ingresos.

La empresa involucrada en las operaciones denunciadas era Urbaland.SA, que «había vendido algunos lotes de un emprendimiento que tenía en la localidad de Capilla del Señor a precio subfacturado, lo cual constituiría una hipótesis de evasión».

A partir de dicha noticia, se desencadenó en forma inmediata un operativo de la AFIP que apuntó a involucrar a Carrió en una supuesta investigación impositiva, al desplegarse un allanamiento en el barrio de chacras donde aquella había adquirido un lote, procedimiento del cual participaron altos funcionarios (como Mazal y Bravo) y unos treinta agentes del organismo.

El allanamiento fue pedido por la AFIP en un «juzgado que no era el competente, a raíz de una actuaciones armadas en las 48 horas previas, y por razones muy escasamente fundadas».

El juez dio por probado que Chiapperi fue quien le ordenó a Mazal y a Bravo «llevar adelante el trámite exprés en contra de Carrió, y que Mazal, en persona, viajó a la localidad de Campana junto con su subordinado Bravo, para gestionar personalmente la obtención del allanamiento y luego ambos participaron del mismo». Así, los tres altos funcionarios quedaron procesados. Para Rafecas todo el operativo de la AFIP «fue exagerado y desviado de su función, con el único fin de utilizar el poder de policía del organismo para una campaña de desprestigio de una opositora política en plena etapa pre-electoral de las elecciones de medio término a fines de 2013».

La causa ​por supuesto enriquecimiento ilícito finalmente se cerró porque se probó que no había ningún tipo de inconsistencia patrimonial de la diputada.

 

Clarín

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) dará inicio este jueves al juicio oral por corrupción contra los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray.

Los dueños del Grupo Indalo y el el extitular de la AFIP están procesados por el delito de administración fraudulenta agravada al haber cometido un perjuicio contra el Estado. Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible que la petrolera Oil Combustibles SA (OCSA) no tributó.

Con más de 30 testigos y una audiencia semanal, se estima que el juicio durará cinco meses. El TOF 3 está integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

En el expediente, a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que “habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-“, durante los periodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015.

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Por ello los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray se encuentran procesados por haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones al no pagar a la AFIP.

El Gobierno, por su parte, reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

Mientras López y De Sousa fueron procesados por el juez Ercolini como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado, Echegaray fue señalado como coautor de la maniobra.

De esta manera, los dueños del Grupo Indalo generaron una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaban los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, según determinó la Justicia.

Con el juicio en pleno desarrollo, se incorporará una prueba relevante que solicitó Cristóbal López y el ex funcionario K: una pericia contable para determinar si hubo discrecionalidad en la adjudicación de planes de facilidad de pago a favor de Oil Combustibles. Por otro lado, se sumará una pericia impulsada por la AFIP para especificar el perjuicio económico ocasionado al Estado al no ingresar durante casi dos años, el pago del ITC.

El ex titular de la AFIP fue procesado por disposición de la Cámara Federal porteña. Es en el marco de las investigaciones relacionadas a las empresas de Lázaro Báez.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por “encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público”.

Según el fallo, el procesamiento se enmarca en las investigaciones vinculadas a las empresas del detenido Lázaro Báez.

El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Angel Toninelli, según la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens a la que accedió Télam.

“El suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Dirección General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras”, recordaron los camaristas.

El Tribunal confirmó los procesamientos dictados en el caso por el juez federal Sebastián Casanello, el magistrado que detuvo y envió a juicio a Báez y a sus cuatro hijos por presunto lavado de dinero.

“Existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido a esta altura de las actuaciones, la existencia del hecho investigado y la responsabilidad endilgada a los imputados”, concluyeron los camaristas al confirmar los procesamientos.

Las fiscalizaciones a empresas que facturaban para las firmas de Lázaro Báez mostraban un “avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa, cuyo beneficiario era presuntamente en forma directa o indirecta, dependiendo del caso, la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95 %) es Lázaro Antonio Báez”.

“Las irregularidades detectadas en esas firmas y vínculos con Austral Construcciones S.A., que surgieron con el devenir de las fiscalizaciones referidas, habrían derivado en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca -mediante las disposiciones AFIP n° 299/12, dictada por Ricardo Echegaray y n° 285/12 SGRH- (obrantes a fs, 214/227 y 246/51), provocando reubicaciones de cargos”, añadió la resolución judicial.

Las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización 5, dependiente de Mar del Plata, “lo que provocó que perdieran el curso que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de Austral Construcciones S.A., de parte de las firmas antes referidas”.

Además, “en ese contexto y luego de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, concretamente el 1° de noviembre de 2012, Ángel Rubén Toninelli realizó un viaje en un vuelo privado que compartió con su hijo y con Martín Báez, desde el aeropuerto de San Fernando hasta la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones SA”.

La aeronave usada “resultó ser propiedad de la firma Top Air S.A., que en su mayoría pertenece a ACSA y era regularmente utilizada por Lázaro Antonio Báez”, concluyeron los jueces.

 

Diario Popular

La Cámara Federal confirmó este miércoles el procesamiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y del ex titular de la Dirección General Impositiva Ángel Toninelli por el presunto encubrimiento del empresario detenido Lázaro Baéz al cerrar la delegación de Bahía Blanca de la AFIP que investiga a la empresa Austral Construcciones por el uso de facturas falsas.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia ratificaron los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. También rechazaron un pedido de las defensas para cerrar la causa por cosa juzgada.

La Cámara sostuvo que en la causa se investiga el «montado de estructuras societarias para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero a través de las cuales se emitían facturas apócrifas cargando un precio ficticio a la obra pública, de lo cual se obtenía una amplia ventaja patrimonial ilegal, en desmedro de las arcas públicas, lucro indebido que, además, debía reingresar al sistema, y que, en orden a realizar todo este circuito, se habría contado con la participación de quien debía velar por los intereses del Estado Nacional».

Para el tribunal, «esta presunta connivencia espuria entre funcionarios públicos y empresarios tejió un entramado de impunidad que, para desandarlo, requiere de máximos esfuerzos humanos y técnicos que muchas veces aparecen endebles ante la efectividad de los grupos empresarios y políticos que se valen de sus vínculos con los tres poderes del Estado para llevar adelante conductas perjudiciales al Estado Nacional y permanecer indemnes».

La AFIP cerró la delegación regional de Bahía Blanca, reubicó a personal y desplazó a directores y supervisores cuando investigaba a Baéz por facturas truchas, hecho por el cual luego fue citado a indagatoria. La investigación fiscal pasó a Mar del Plata que dejó de lado la acusación sobre Báez y se centró solo en las empresas que emitieron las facturas falsas.

En la causa penal también se detectó que Martín Báez, hijo del empresario, viajó en avión privado con Toninelli.

Con la confirmación de los procesamientos, el juez Casanello puede avanzar con el envío a juicio oral de los acusados.

 

 

 

Infobae