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Lo decidió este jueves la Justicia. Se trata de una condena de cumplimiento efectivo.

El Tribunal de justicia confirmó este jueves la sentencia contra Abel Reyna, quien está acusado de recibir coimas durante su gestión como delegado del IPV en la ciudad de Comodoro.

A las 13 horas, en los Tribunales penales del barrio Roca, la justicia hizo lectura de la sentencia, donde se confirmó que Reyna fue condenado a tres años de prisión efectiva.

El ex delegado del IPV estaba acusado de entregar viviendas a cambio de dinero o favores sexuales, y de haber montado una estructura dentro de la institución para cometer estas irregularidades.

La sentencia se dio a conocer luego de que el jueves 4 de abril se diera por finalizado el juicio oral y público contra Reyna, acusado de 5 delitos:  incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

ADNSur

El exdelegado local del IPV es juzgado por los delitos cometidos durante su gestión. Fiscalía afirma que durante el debate se pudo comprobar la responsabilidad penal del imputado.

El juicio oral y público contra Reyna concluyó hoy con los alegatos de las partes y en ese marco la fiscal general, Camila Banfi, solicitó que el acusado sea declarado penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiscal Camila Banfi argumentó que a lo largo del debate se pudo probar con testigos y documentación pertinente la responsabilidad penal de Reyna en cada uno de los delitos que formaron parte de la acusación y en razón de ello solicitó a la presidente del tribunal unipersonal, Mónica García, que lo condena a una pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Guillermo Iglesias, defensor del acusado, cuestionó las pruebas y descalificó a los testigos de la causa. Además atribuyó las máximas responsabilidades al expresidente del IPV, Ricardo Trovant y al exgobernador, Martín Buzzi, requiriéndose la absolución de su asistido.

Se debe saber que a Reyna se lo acusa por haber cometido fraude para beneficiar a determinadas personas con la adjudicación de viviendas, así como de haber percibido coimas y también de pedirle favores sexuales a una mujer, madre de un chico discapacitado.

 

elcomodorense

En horas de la mañana del lunes se concretó en los tribunales penales ordinarios una nueva jornada en el juicio oral y público que tiene como imputado a Abel Reyna, ex delegado local del IPV. En la jornada pudo escucharse la última testigo, se incorporó la prueba documental y luego se escuchó la declaración del imputado. El próximo día jueves 4, a las 8:30, se concretarán los alegatos finales de las partes.

Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La última testigo, sostuvo que conocía a Reyna pero que no era su amigo. Recordó que por trámites que estaba haciendo en el IPV conoce a Reyna, y después me atendía él, yo iba por la parte de atrás. Seguidamente el ex delegado le pide su número de teléfono y la cita en un hotel. Ella asiste y Reyna le pide tener relaciones sexuales a cambio de otorgarle una vivienda. Luego, Reyna junto a la abogada del IPV le entregan una casa en Stándar Norte.

Por su parte el imputado Reyna accedió a declarar diciendo que en el momento que asume como delegado local del IPV se encontró con empleados difíciles. Y hasta algunos lo boicoteaban, aseguró. Dando a entender una interna entre Buzzi y Das Neves. Plantea la situación ante la Jefatura del IPV y lo autorizan a desplazar a personal, se le asigna otra tarea. Respecto de los datos falsos en los legajos, negó su participación en ello. Dijo que “no contestará preguntas de la fiscal y la querellante porque observa mala fe en su contra”. Toda la operación del otorgamiento de la vivienda a la testigo anterior fue autorizada por Rawson, refirió Reyna. Negando haber tenido relaciones íntimas con dicha testigo. Una vez que le otorgan la vivienda a dicha testigo iban personas del barrio a su casa particular y al IPV “diciendo que saque esa gente del barrio porque allí se ejercía la prostitución y se vendía droga”, refirió el imputado. Luego de los de las impugnaciones, renuncia porque no creía conveniente quedarse en el lugar perjudicando a otros.

Los hechos imputados

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

En el proceso deberán declarar testigos y se presentarán pruebas, algo que la defensa quería evitar al solicitar el juicio abreviado.

Fuentes judiciales confirmaron a ADNSUR que la jueza Daniela Arcuri rechazó el acuerdo de juicio abreviado que se había presentado en torno a la situación de Abel Reyna, ex delegado local del IPV, por lo que el caso tendrá que ventilarse en juicio oral y público. Entre los fundamentos de la magistrada se contaría la expectativa de pena mayor a la acordada entre defensa y fiscalía, que se situaba en 3 años de prisión en suspenso.

La audiencia de homologación del juicio abreviado se había realizado el viernes 15 de febrero, mientras que este lunes trascendió el pronunciamiento de la jueza Arcuri, en un extenso escrito en el que da sus fundamentos para el rechazo.

El camino que se abre ahora es el de un juicio oral y público, que podría concretarse antes del mes de mayo, en el que se tendrán que presentar los testigos y otras pruebas en torno a las irregularidades que se imputan al ex delegado en el manejo de planes de vivienda, en particular en lo que respecta al de 81 viviendas de barrio Ciudadadela.

Según supo ADNSUR, también cabe la posibilidad de que la defensa del ex imputado, el abogado Guillermo Iglesias, apele la decisión de la jueza Arcuri. Al acordar el juicio abreviado, el imputado acepta su participación en los delitos imputados, que la fiscalía había detallado como incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho y tráfico de influencias.

La perspectiva de un juicio oral y público puede implicar un proceso más espinoso, en el que la eventual condena podría ser más alta (ya que la del acuerdo estaba basada en los mínimos de cada delito), aunque también se abre la posibilidad de una absolución, en caso de no poderse probar los delitos imputados.

También podría haber otras derivaciones que surjan de los posibles testimonios del juicio. Por caso, el abogado defensor de Reyna, Guillermo Iglesias, ha sostenido públicamente que su cliente ha sido “víctima” y que en las irregularidades investigadas cabría involucrar también al ex titular provincial del IPV, Ricardo Trovant (quien actuó como denunciante del caso).

 

ADN Sur

El 25 la jueza determinará si se homologa el juicio abreviado.

En el mediodía de este viernes se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado por el caso de corrupción en el IPV, donde el ex delegado fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En los tribunales del barrio Roca se desarrolló la presentación de propuesta de juicio abreviado en la causa por corrupción en la delegación local del IPV, donde su ex delegado Abel Reyna, fue denunciado por realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, delitos por los que cuatro empleados ya fueron condenados – el pasado 8 de feberero- a realizar trabajo comunitario y pagar $228 mil, tal como informó días atrás ADNSUR.

En la audiencia de este viernes, Abel Reyna fue condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos. Asimismo, se espera que el lunes 25, la jueza resuelva su homologación.

Durante la presentación, la jueza Daniela Arcuri cuestionó que “(Abel) Reyna traficaba su influencia directa del gobernador (Martin) Buzzi. ¿Y por qué no está imputado?”, consultó la jueza Daniela Arcuri, mientras que la fiscal Camila Banfi explicó que es porque (el ex titular del IPV) Ricardo Trovant hizo la denuncia, según detalló TVeo Comodoro.

La fiscal agregó además que Ricardo Trovant alegaba que Buzzi lo mandó a denunciar. “Prometió audios como pruebas pero nunca los presentó“, añadió.

 

ADN Sur