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El juez de garantías Sergio Piñeda elevó a juicio oral y público la causa “Revelación” luego de la extensa audiencia preliminar en la que los defensores de los imputados realizaron numerosos planteos y observaciones a la imputación y acusación que realizaron los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Alejandro Franco. La causa Revelación investiga el presunto pago de coimas de empresarios de toda la provincia, a funcionarios del entonces gobernador Mario Das Neves, con el objetivo de poder destrabar pagos adeudados por el Gobierno provincial por obras ya ejecutadas.

De esta manera (se cree que la audiencia de debate en la que desfilarán los testigos de la investigación se realizará en el primer semestre del próximo año) estarán sentados en el banquillo de los acusados empresarios de la construcción y funcionarios de primer nivel de la última gestión del ex gobernador Mario das Neves. Se trata de Diego Correa que ocupaba la titularidad de la Unidad Gobernador y considerado jefe de la asociación ilícita. También Víctor Cisterna que fuera jefe de gabinete y Ministro de Economía, Gonzalo Carpintero secretario privado del gobernador fallecido, Pablo Oca, ex Ministro de Economía, Alejandro Pagani, ex Ministro de Infraestructura, Martin Bortagaray titular del IPV, y Diego Luters, también con funciones en la Unidad Gobernador.

Por el lado de los empresarios vinculados con empresas constructoras de la provincia, se trata de Pablo Bastida, Martín Castillo, Federico Piccioni y Pablo Menedín.

Confianza

El fiscal general Marcos Nápoli manifestó en declaraciones realizadas a la emisora de Rawson FM Bahía Engaño, que “estamos conformes (con la resolución de Piñeda) y confiamos en que en el debate vamos a tener éxito, aunque como se dice en la jerga, al partido hay que jugarlo”.

Se refirió a los términos de la investigación, la descripción de los hechos, pruebas ofrecidas e imputaciones que presentó y que motivó largos debates durante las tres jornadas que duró la audiencia preliminar. “El juez (Piñeda) ha declarado admisible a casi la totalidad de toda la prueba que hemos presentado, además del listado de todos los imputados que hemos pedido. Se trata no solo de los funcionarios involucrados integrantes de la asociación ilícita, sino también de los empresarios que están fuera de ese delito y que no han aceptado la suspensión del juicio a prueba”, indicó.

Se cree que el juicio oral y público se produciría en los primeros meses del próximo año, luego de la realización del juicio por la causa de la “Emergencia climática” en Comodoro Rivadavia.

En la misma resolución Piñeda dictó el sobreseimiento para los empresarios de Esquel Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel.

El fiscal Marcos Nápoli, se refirió a los avances en la Causa “Revelación” que investiga el presunto pago de coimas de empresarios al Gobierno del entonces ex Gobernador Mario Das Neves con la finalidad de destrabar pagos adeudados por el Gobierno Provincial. “Estoy muy satisfecho con la decisión del Juez Piñeda, nos posiciona con posibilidades ciertas de lograr una sentencia condenatoria”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “estoy muy satisfecho con la decisión del Juez Piñeda, nos posiciona con posibilidades ciertas de lograr una sentencia condenatoria”.

“Ahora resta el sorteo del tribunal y a partir de allí se fijará la fecha de juicio”, dijo en diálogo con Radio 3.

Asimismo, aclaró que “tenemos escuchas telefónicas, mensajes de texto, los cheques originales que es la prueba estrella, que es una prueba poco rebatible”.

“Al tener comprobada la composición de una asociación ilícita, se tiene garantizada la sentencia condenatoria”, indicó.

En este marco, destacó que “la maniobra de Bortagaray es clara, incluso aparece cobrando sobresueldos. Va a tener que enfrentar la instancia de juicio oral y público”.

Finalmente, Nápoli concluyó que “sobre Castillo que dijo que no conocía a Das Neves, el declarar tiene sus costos, esa expresión puede ser utilizada en su contra”.

Con la jornada de hoy jueves termino la audiencia preliminar en la causa “revelación” en la que se encuentran imputados ex funcionarios y empresarios de la construcción. Ahora en más el juez Sergio Piñeda tiene seis días hábiles para resolver.

La causa tiene como imputados a ex funcionarios de altísimo nivel provincial y también a empresarios de la construcción durante la última gestión del ex gobernador Mario Das Neves.

Durante cuatro extensas jornadas que se iniciaron la semana pasada los defensores realizaron distintas objeciones a las pruebas, testigos, hechos y la acusación que elaboró el fiscal Marcos Napoli, en esta oportunidad acompañado por el fiscal Alejandro Franco y el funcionario Gustavo Nuñez. Los cuestionamientos además incluyeron la posibilidad de que ex imputados en esta causa puedan o no ser testigos en el juicio oral y público. El juez Sergio Piñeda deberá resolver en los próximo seis días y para ello no se realizará una nueva audiencia sino que se notificara solamente a las partes vía correo electrónico. La audiencia preliminar que finalizó se efectuó en la oficina judicial de la ciudad de Rawson.

Cuestionamientos de los defensores a la investigación de los fiscales

Durante la audiencia preliminar en lo que constituyó la cuarta jornada de debate entre defensores y acusadores, antes de las numerosas resoluciones que deberá tomar el juez de garantías Sergio Piñeda si se tiene en cuenta la variedad y cantidad de planteos que realizaron los defensores de los 11 imputados en la causa, entre ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción.

Por los querellantes estuvieron los representantes de la Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y de los diputados provinciales del Frente Para la Victoria, denunciantes del caso investigado. Se trata del pago de retornos de la obra pública por parte de los empresarios de la construcción para poder cobrar del Estado los certificados por las obras realizadas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el defensor Federico Ruffa que asistió a Gonzalo Carpintero, el imputado que al momento de los hechos investigados, era secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves.

Carpintero está imputado de los delitos de ser miembro de una asociación ilícita, además del delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia se realizó con las ausencias de algunos imputados y sus respectivos abogados que ya cuestionaron en las primeras audiencias la investigación que se pretende llevar a juicio oral el año que viene. Desde Puerto Madryn y por video conferencia estuvieron presentes el imputado Alejandro Pagani y su defensor Carlos Villada.

“Nunca fue mencionado”

Respecto de la imputación de ser miembro de una asociación ilícita, Ruffa dijo que Carpintero “no tuvo ninguna participación en la asociación ilícita que se investiga y ningún empresario de la construcción lo mencionó en la acusación presentada”. Lo único que lo vincula es “el acercamiento al ex gobernador Das Neves lógicamente por la función que cumplía, y la cercanía física de su despacho”, indicó el defensor.

Respecto del delito de enriquecimiento ilícito, Ruffa dijo que la gran cantidad de hechos que le achacan a Carpintero, han prescripto. También hizo alusión a los datos que no brindó Carpintero al momento de realizar sus declaraciones juradas de bienes.

“Amenaza solapada”

Napoli pidió además que Alberto Gilardino no sea tenido en cuenta como testigo en el juicio oral. Fue ex ministro coordinador en el gobierno de Mario Das Neves. “Su testimonio estará encorsetado: o se calla, o va preso”, dijo Ruffa de manera contundente para luego brindar una lacónica explicación.

Al momento de la contrarréplica, el fiscal general Marcos Nápoli dijo que en el debate se podrá probar las responsabilidades de Carpintero en la mayoría de los ilícitos que se investiga. Por ejemplo su participación de la asociación ilícita. Consideró como “temerarios” los dichos de Ruffa sobre el testigo Gilardino por tratarse de –según Nápoli- “una amenaza solapada”. Nápoli ratificó la presencia de Gilardino como testigo en el juicio afirmando expresamente que “ningún testigo se irá esposado por contar en el juicio lo que sabe”.

Para Nápoli además los hechos de enriquecimiento ilícito que se investigan contra Carpintero, no han prescrito, tras lo cual defendió en todos sus términos el informe que en la investigación realizó la contadora Viviana Karlem. La profesional es integrante del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal.

Nápoli concluyo en rechazar el sobreseimiento de Carpintero y que las imputaciones en su contra sean elevadas a juicio “en todos sus términos”.

Tras un cuarto intermedio se reanudo la audiencia, llegó el turno del defensor Jorge Rubiolo, asistió a Martin Bortagaray, quien manifestó que su defendido “cumplió órdenes de niveles superiores”. Además recalco que Bortagaray en el año 2016 no trabajó en el IPV, se desempeñó en CORFO, agregó que “nadie puede decir que Bortagaray se enriqueció con la función pública, vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo”. Rubiolo concluyo que Brotagaray no formó parte de ninguna banda criminal y pidió su sobreseimiento. Por su parte, el fiscal Alejandro Franco replicó, diciendo “las ordenes deben cumplirse, pero no las ordenes ilegales”. Continuó el fiscal Marcos Napoli, recordando que “Bortagaray cobró sobresueldos y aclaró que no es acusado de enriquecimiento ilícito sino de cohecho activo y de alimentar la banda que producía delitos, y lo encuadró como partícipe necesario”, un verdadero soldado dijo el fiscal y concluyó pidiendo la elevación a juicio para Martin Bortagaray.

Los querellantes en todas las peticiones del Ministerio Publico Fiscal adhirieron en todas sus formas.

La misma comenzó a las 8:30 en la Oficina Judicial de Rawson. El abogado defensor de Martín Castillo, Abdo Manyauik, acusó «falsedades en la acusación» y pidió ante el Tribunal el sobreseimiento de su cliente. El empresario imputado también indicó que Correa «nunca me pidió plata».

Martín Castillo, empresario imputado en la causa, solicitó la «necesidad» del sobreseimiento «somos una empresa que tiene cuentas en el exterior», fundamentó este viernes ante el Tribunal, encabezado por Sergio Piñeda. También indicó que el otro acusado, Diego Correa, «nunca me pidió plata».

Su abogado defensor, Abdo Manyauik también solicitó el sobreseimiento de cliente, manifestó que hay «falsedades en la acusación».

Castillo explicó que su empresa se dedicaba a la construcción de puentes y muelles. Lo cierto, es que la la empresa enviaba documentación con la dirección de remitente del estudio jurídico de Martínez Zapata.

Karina Breckle, su directora, adelantó que el próximo gran proceso por corrupción no se hará en la sala de audiencias habitual debido a la cantidad de imputados. Contó detalles del juicio que se termina y destacó el esfuerzo del personal, que pese al paro trabajó para que los casos no se estancaran.

La Oficina Judicial de Rawson busca lugar para el juicio oral y público por el Caso Revelación. Ya saben que la sala de audiencias 2, donde hoy se debate El Embrujo, quedará chica. Dos opciones para el año próximo son el Tribunal de Cuentas y el Retiro Espiritual Salesiano, donde se concretaron las recordadas audiencias por el asalto al cajero en la capital.

El dato lo adelantó Karina Breckle, directora de la OJ. Hasta ahora irán a juicio 17 imputados. La audiencia preliminar de Revelación sí será en la sede actual porque el Código de Procedimientos permite que los acusados de otras ciudades estén presentes por videoconferencia. No para el debate.

En cuanto a El Embrujo, mañana a las 9 serán los alegatos de las defensas. Las exposiciones anteriores de Fiscalía y de las querellas destacaron al personal de la OJ, atentos para tener a disposición desde un caramelo hasta la documentación.

Cuando las causas por corrupción se acumularon “hubo que comprar tecnología. Teníamos un sistema de videoconferencia básico pero con el nuevo, de los más adelantados, pudimos conectar hasta tres puntos. Sin eso no hubiésemos podido, por ejemplo, conectarnos con España de una forma tan fácil”, explicó Breckle. Costó $ 350 mil. También una consola de 12 micrófonos; la mayoría de las salas tienen solo de 4.

“Si uno se mueve a otro lugar, no puede desarmar toda su sala. Y se necesitan redes, wi-fi y muchos otros requerimientos que si no, hay que alquilar”.

Si hay condenas en El Embrujo, la Judicatura y el Ministerio Público Fiscal elevarán sus informes de gastos extraordinarios para incluir en las costas, incluyendo las pericias, que exceden la tasa de justicia. El primer cálculo fue de $ 20 millones. Pero hay dinero que no estaba previsto. Por eso el juicio costará más que esa cifra.

Breckle recordó que “debimos cambiar la estructura para poder dar respuesta a audiencias de este tipo”. En 2018, las primeras fueron en el Superior Tribunal de Justicia. “Buscar un lugar de dimensiones especiales también es un costo y un cambio. Cuando las causas se empiezan a disparar no pudimos dar respuesta, hasta ese momento Rawson posiblemente tuviera algún hecho grande que necesitara algún requerimiento especial y salíamos a buscarlo, pero ahora era todos los días y para mucha gente”. Se encontró una casa de familia que se cableó y se readecuó.

Una carpeta promedio incluye la audiencia de apertura de investigación, la preliminar al juicio y el debate, además de alguna incidencia. Pero El Embrujo ya tuvo más de 100 cien audiencias y el juez Sergio Piñeda fue el magistrado de la provincia con más horas en sala el año pasado, y por mucha diferencia. “Esto hace que la carpeta tenga costo adicional de traslado porque están todos en distintos lugares de detención”.

La directora destacó que el Superior Tribunal de Justicia haya decidido sortear a los jueces de la causa. “Es un gasto que se ve, porque hay que trasladarlos y darles hotel”. Lo contrario era gasto “que no se ve, porque traer magistrados de Trelew era afectar la agenda de esa circunscripción ya que iban a estar mucho tiempo acá, donde no es una causa sino 14 y siguen entrando”.

Breckle explicó que “si tenía una seguidilla de 3 o 6 magistrados haciendo debates de estas características, en Rawson los delitos comunes que tanto le interesan al vecino no iban a tener respuesta”.

En este sentido “era estropear otra circunscripción porque los jueces iba a estar permanentemente metidos en sala”. El sorteo público “aportó trasparencia porque son 3 jueces que se conocieron acá y debaten cada punto”. De otra forma “había dos Oficinas que hasta dentro de dos años no hubieran podido dar el servicio de justicia común y habitual”.

La jueza Marcela Pérez llega a Rawson en su coche desde Puerto Madryn un día antes de cada audiencia. A Alejandro Soñís y Claudio Rolón los busca un chofer. “Ofrecieron venir en su coche pero podía haber problemas de seguro”. Se quedan en un hotel y se les brinda un vehículo para que se muevan en el Valle, “como comprar comida en Playa Unión un martes a las 22”.

Breckle explicó que “hay que cuidar los recursos y gestionarlos para que todo salga un precio razonable. Hasta peleamos el precio de las viandas para buscar el menor gasto posible”.

El personal no hizo paro para que el juicio se hiciera. “Les agradezco mucho porque distinguieron esta causa para colaborar. Eso hizo que contemos con personal estable”.

“Somos la Oficina Judicial más chica aunque tengo más causas y de más entidad, por ejemplo, que Sarmiento”, agregó. Son 9 empleados y no era posible organizar dos turnos para mañana y tarde. Hubo días que trabajaron hasta 18 horas, incluso domingos. “Debimos aprender y hacer varias cosas nosotros, es un trabajo extra y enorme pero lo hicimos bien”.

En cada cuarto intermedio los detenidos se van a un lugar aparte con comida que costea la Jefatura de Policía. “La OJ ni la Judicatura se iban a hacer cargo de ese costo porque no corresponde. Se ofició al jefe haciéndole saber que debían sacarlos de este ámbito porque si no, son muchos policías para cuidarlos”.

-¿Cómo toma los elogios de las partes?

-A mi sueldo lo paga el vecino y lo devuelvo de esta manera, tratando de hacer la mejor labor. Es una satisfacción personal y un orgullo por el personal, que responde de la misma manera, así lo informó Diario Jornada.

La funcionaria destacó que en causas como El Embrujo, “los imputados tienen una cantidad de requerimientos diarios diez mayor a cualquier detenido”.

Hay carpetas con 12 cuerpos “que fueron pedidos que pasan por la OJ, para que resuelva el juez o la Dirección, con peticiones lógicas hasta descabelladas; todo se resolvió bastante en tiempo”. El margen de error es pequeño y si se comete “siempre se sobredimensiona porque les sirve a las defensas, al fiscal o al juez, como una fecha mal puesta, un horario, un detenido que no vino a horario o una notificación que quedó en la puerta. Trabajar eso es una presión extra. Muchas veces cuando uno cree que la última hoja de la carpeta está para proveer, se da cuenta de que entraron otras cinco hojas”.

En el marco de la investigación de la causa periodísticamente llamada “Revelación”, en la mañana de este lunes se realizaron dos audiencias en la Oficina Judicial de Rawson en la que el juez de garantías Sergio Piñeda resolvió analizar el ofrecimiento de los respectivos abogados defensores de tres de los imputados para acogerse a la figura de la “suspensión del juicio a prueba” o “probation”.

Se trata de los empresarios de la construcción Miguel Freile y Massoud Ighani que fueron los imputados de la primera de las audiencias, y por otro lado, el periodista Andrés Ninin, protagonista de la segunda de las audiencias.

Ighani, dueño de Rigel Construcciones, para no ir a juicio oral y obtener la probation, ofreció construir un edificio por más de cuatro millones de pesos en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia para la Fundación “Juntos por un Corazoncito Feliz”. Freile, también empresario de la construcción, ofreció ampliar en 72 m2 la sede del Centro de Rehabilitación de esa misma fundación, para evitar el juicio oral y público en su contra. En el caso de los dos empresarios, Piñeda resolverá en cinco días hábiles más.

Nínin dijo «acepto mi participación en los hechos y ratifico mi declaración, Yo forme parte de una organización para estafar a Canal 9». En 10 días hábiles el juez Sergio Piñeda decidirá si acepta el resultado del juicio abreviado o no. Los querellantes adhirieron a la petición del Ministerio Público Fiscal que además mantuvo contra Ninin, todo lo descripto en la acusación y los cargos en su contra. El periodista está imputado como partícipe de una asociación ilícita, así lo informó canal 9.

El fiscal Marcos Napoli pidió una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimento para el imputado Nínin, aunque tiene la posibilidad de acceder a la libertad condicional, conforme a derecho, teniendo en cuenta los nueve meses de prisión que ya cumplió. Su defensor Guillermo Iglesias anticipó que solicitará la libertad condicional para Nínin. El juez Piñeda se tomará 10 días hábiles para resolver.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz recibieron, después de tres meses, las observaciones sobre las probation de 15 imputados en la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública.

EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al documento presentado por los fiscales dando un cierre a las ofertas de 15 empresarios para evitar el juicio oral y público.

La causa Revelación llegó a su etapa final: 14 empresarios más evitarán el juicio oral y público y en un mes los fiscales presentarán la tesis acusatoria contra exfuncionarios y un puñado de empresas que no aceptaron las probation con la finalidad de demostrar su inocencia en el juicio.

El 21 de febrero de 2019, el juez de Garantías, Sergio Piñeda, tomó la determinación de girar todas las propuestas al área de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura

Recién esta semana, la oficina de Obras Públicas terminó de analizar todos los presupuestos para comprobar si las ofertas presentadas por 15 empresarios contenían sobreprecios.

Los fiscales tomaron la decisión de aceptar todos pedidos de probation, con la excepción de la oferta presentada por el empresario Carlos Castro Blanco de Apicons Elaborados.

LAS OFERTAS ACEPTADAS

Luis Igarzábal de la empresa OCP Ingeniería realizará la construcción de un playón deportivo en Barrio Area 11 de la ciudad de Rawson por un monto de $ 1.272.685.

Jorge Barrionuevo de la firma IPE efectuará la obra de provisión de agua potable para 70 lotes sociales en la localidad de Dolavon.

Gustavo García Moreno de la constructora Pórtico 3 llevará a cabo la construcción de un galpón multiuso en la localidad de El Maitén con un presupuesto de $ 1.188.378.

Javier Ban de la empresa Ingar Construcciones estará a cargo de la reparación integral de la escuela inicial Nº 461 de Puerto Madryn por un monto de $ 2.251.000.

Diego Cagnolo de Diherco realizará la ampliación de la obra del jardín de infantes que funciona en la Escuela Nº 3 de la zona de chacras en Trelew con un costo de $ 2.034.826.

Gustavo Moretta de Libra Construcciones concretará la obra de ampliación y refuncionalización de consultorios en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Madre Teresa de Calcuta, en la ciudad de Puerto Madryn.

Daniel Russo titular de War Construcciones hará trabajos dentro de la obra ofrecida por el imputado Villegas, que tiene un costo que supera los 8 millones de pesos.

Claudio Gatica de la firma Gatica Construcciones estará al frente de las refacciones y remodelaciones en el hogar de día del Barrio San Miguel en la ciudad de Puerto Madryn.

Juan Carlos Villegas realizará la construcción de un edificio nuevo para el EDDIM, centro de educación especial en la ciudad de Puerto Madryn con un presupuesto que supera los $ 8 millones.

Carlos Di Benedetto de Didelco efectuará una mejora en el salón utilizado por el Comedor del Corazón de la ciudad de Trelew.
Claudio Díaz de la compañía CD Construcciones efectuará la construcción de una plaza pública en la localidad de Río Mayo.

Osvaldo Bergareche titular de Esquel Construcciones evitará el juicio oral y público con la obra de la construcción de tres canchas de tejos -una de ellas techada- para personas de la tercera edad en la ciudad de Esquel.

Marcelo Pasquini, dueño de Pasquini Construcciones, realizará la construcción de dos playones deportivos para el Club Independiente de ia ciudad de Esquel.

Juan Carlos Bossi de Auda S.R.L., iniciará una obra para Bomberos Voluntarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

EL CASO DE CASTRO BLANCO
En el caso puntual de Castro Blanco, el informe presentado por Iturrioz y Nápoli y al que accedió EL CHUBUT, sostiene que «los lotes beneficiarios de la obra a realizar -conexiones de agua potable- serín propiedad del imputado o su grupo familiar».

Por estos motivos, los fiscales afirman que «ante la sola y posible existencia de que tal relevamiento se corresponda con la realidad, desde este Ministerio Público hemos decidido no aceptar la reparación ofrecida y dejarla pendiente a una nueva propuesta por parte del imputado, desde luego variando completamente el tenor de la reparación».

El Consejo de la Magistratura sesiona en Gaiman. También citaron a declarar al ex ministro Bortagaray, al juez de la causa Revelación, Sergio Piñeda, y a varios testigos. Este jueves declaran los acusados.

En el marco del pedido de jury contra los fiscales de la causa Revelación, Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, y el juez Sergio Piñeda, por la detención del ex ministro de Familia Martín Bortagaray mientras tenía fueros, este miércoles sesiona el Consejo de la Magistratura en Gaiman. Para este jueves, según pudo confirmar ADNSUR, están citados a declarar Bortagaray, los tres acusados y varios testigos.

Según pudo saber ADNSUR, allí se convocó para mañana a que presten declaraciones testimoniales en el sumario que se está siguiendo a Martín Bortagaray a las 13 horas; a Jorge Valiña a las 14 horas (quien hizo la denuncia), luego a los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz. A las 15:30 declarará -ofrecido por el juez Piñeda, como testigo- el exjuez Jorge Pfleger. A las 18 horas fue convocada la titular de la Oficina Judicial, Ana Karina Breckle, también testigo de Piñeda, quien declarará a las 18 horas.

Cabe recordar que, tal como informó ADNSUR días atrás, el fiscal Iturrioz se refirió al proceso que atraviesa junto a su par Nápoli, en el Consejo de la Magistratura, tras el sumario por la detención del ex ministro de Familia Martín Bortagaray. Iturrioz aseguró en diálogo con Actualidad 2.0 que “van a hacer lo posible por echarme” ya que a algunos “les molesta esta investigación”.

Iturrioz argumentó al respecto: “Yo siempre demostré independencia» y disparó: «no les conviene que haya fiscales como yo”.

El año pasado, el Consejo de la Magistratura abrió el sumario para los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, de la Unidad Anticorrupción, y el juez Sergio Piñeda, luego de que los tres fueran denunciados por la detención presuntamente ilegal de Martín Bortagaray, mientras aún era ministro de Familia, en el marco de la causa Revelación, que investiga el pago de retornos en la obra pública en Chubut.

La discusión es si los investigadores y el juez incurrieron en mal desempeño al encarcelar a un funcionario que en ese momento contaba con fueros.

 

ADNSur

Uno de los fiscales de la causa “Revelación”, Héctor Iturrioz, lamentó la falta de acompañamiento de la sociedad en la investigación. “Todos saben cosas, pero a la hora de declarar no quieren presentarse”, manifestó.

La causa “Revelación” fue la segunda en tomar estado público en relación a hechos de corrupción en el Gobierno provincial y en la que el Ministerio Público Fiscal del Chubut trabaja tras la creación de una unidad especial para tal fin. La misma está a cargo de Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli.

Al respecto de la causa, el fiscal Iturrioz cuestionó que “hay poca responsabilidad social para que estos temas se aclaren. Debo decir que la sociedad no acompañó en estas denuncias. Todo el mundo decía saber cosas y por eso temí una catarata de presentación de testigos”, reconoció.

“Pero no fue así, al contrario. Por ejemplo, hubo un testigo que decía por las redes que la investigación era un circo. Cuando pudimos lograr que declare, con el apoyo de la Policía, terminó aportando datos relevantes sobre las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre un ex funcionario”, añadió por otra parte.

“La presentación de testigos que puedan aportar hasta el más mínimo dato, resulta por demás importante para la continuidad de la investigación de la causa y dar definitivamente con sus responsables”, añadió en este sentido.

Remarcó que lo que se investiga “son delitos contra el Estado. Esto es, contra los ciudadanos. Y es por eso que desenredar una larga y compleja madeja de movimientos ilegales, pagos de retornos y una cantidad importante de ilícitos requiere no solo del trabajo de la Justicia sino también del compromiso de la sociedad toda”.

“Hasta el momento esto último no se dio, al menos como se esperaba. Y lo que es peor: como se pregonaba”, remarcó.

El fiscal Iturrioz sostuvo que sólo los empresarios Federico Piccione y Pablo Bastidas podrían tener condenas de cumplimiento efectivo y alcanzaría los tres años porque ambos siguen imputados por integrar una asociación ilícita en las causas que investigan corrupción y las fuentes de la caja negra de la política en Chubut.

Pero reiteró que “la sociedad no nos acompañó” en reforzar cada una de las denuncias para ampliar la investigación. “Pensamos que íbamos a tener un aluvión de testigos pero esto no ocurrió. Tampoco nos ayudaron los querellantes”, expresó.

Iturrioz aseguró que “todos sabían” sobre este entramado de corrupción. “No sólo que nadie hizo una denuncia, sino que no vino ni un solo testigo. Pensé que iban a venir en avalancha, voluntariamente pero a muchos tuvimos que traerlos con situación policial. Estamos absolutamente solos”, lamentó.

“La sociedad que tanto demanda, no colabora en nada. Y esto nos apena porque los delitos contra el Estado son graves y su resolución nos debe involucrar a todos. Critican desde la casa con un Nick falso. No sea cosa que los identifiquemos y los traigamos a declarar. Es duro pero es así. Se esconden, hay que decirlo”, sentenció.

Por otra parte, recordó que cuando comenzó su trabajo en la Unidad Anticorrupción “vi que había muchísima gente que sabía cómo era esto. O por lo menos que decía que sabía. Creí que inmediatamente iba a haber una catarata de testigos presentándose voluntariamente para declarar en la Fiscalía”.

“Hasta el día de hoy muchos dicen ‘yo sé esto, yo sé aquello’. A mi colega Marcos Nápoli le dije que mínimo vamos a tener unos diez testigos por día. Pero no se presentó nadie. Todos sabían pero nadie se presentó, ni hubieron testigos”, se lamentó.

Agregó que “en la causa hay un centenar de testigos, casi todos se mostraron reticentes a dar su testimonio y en algunos casos hubo que apelar a la fuerza policial para que vengan a declarar”.

Iturrioz se refirió también a la situación particular de un testigo. “Tuvimos la experiencia particular y muy desagradable con un testigo que no se presentaba a pesar de las reiteradas citaciones. Decía en las redes sociales que todo era un circo. Pero resulta que él mismo era el responsable de aportar la información que necesitábamos, porque tenía datos sumamente relevantes sobre el enriquecimiento ilícito de Gonzalo Carpintero”, reveló.

“El trabajo de convocarlo demandó varios meses, hasta que finalmente pudimos traerlo para que declare. Esa es la responsabilidad social. Por eso veo las críticas en las redes sociales y me parece que no tienen ningún sentido. Es una mera declamación. Critico cómodo desde mi casa, pero al momento de los testimonios no sé nada. Porque todos saben pero ante los fiscales no hubo un solo testigo que se viniera a presentar. Por eso digo que no hay responsabilidad social”, concluyó.

Prensa Ministerio Público Fiscal

Ayer quedaron imputados en la causa de la emergencia climática los dueños de las empresas «Blanquería Matices» y «Thor S.R.L.». El fiscal Omar Rodríguez afirmó que los reproches en la acusación será más elevados porque «no se trata de personas carenciadas».

En la audiencia de apertura de investigación que se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Mirta Moreno imputó provisoriamente como partícipes primarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a los dueños de ambas compañías.

A la titular de Blanquería Matices le imputan cinco hechos, de los cuales uno es en grado de tentativa. La defraudación estimada por los fiscales asciende a $ 2.911.385, vinculados a la venta de colchones, frazadas, toallas, mantas térmicas, luces led y botas de aguas, entre otros elementos.

A los dos dueños de Thor S.R.L. (Casa Maza), la imputación es de características similares y por una presunta defraudación de $ 2.100.000. En este caso, los fiscales denunciaron el pago de retornos por $ 210.000, según consta en las planillas confeccionadas por Diego Luthers y contrastado por una extracción en el Banco del Chubut de una partida idéntica.

«Estamos hablando de un hecho muy grave en la situación y el marco que se dio. Hay que recordar que no son personas carenciadas, que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos. Y lo que muestra acá, o el móvil de este tipo de maniobras, es justamente la codicia. Entonces, siempre el reproche es mucho más elevado», dijo Rodríguez ante una consulta de EL CHUBUT.

El fiscal explicó que la maniobra se repite en todos los casos: «Arreglaban generalmente con Luthers que era el que tenía el contacto directo con los proveedores, le daban facturas y remitos sin documentación alguna, se armaban los expediente y una vez que cobraban, los proveedores retornaban esa plata a mano de los funcionarios».

CONFORMARON FACTURAS ANTES DE QUE LLUEVA

Uno de los casos emblemáticos en la causa de la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia fue la confección de una factura solicitando colchones un día antes de que comenzara la catástrofe en la provincia del Chubut.

«Hay una venta antes de empezar a llover. Se trata de un remito de entrega de los colchones que fue el 28 de marzo de 2017, y el 28 todavía no había empezado a llover en Comodoro, comenzó el 29», sin embargo, «la entrega de mercadería en el marco de la emergencia tenía fecha del 28», relató el fiscal en conferencia de prensa.