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Pasadas las 22 de este miércoles finalizó la audiencia acerca del pedido de cuatro empresarios de la causa “Revelación” de someterse de la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar obras en favor de la comunidad, sin que el juez Sergio Piñeda resuelva ya que se tomó el plazo de cinco días hábiles para dar a conocer su decisión.

Las distintas posturas entre los fiscales y los cinco querellantes, y a las vez las diferencias entre éstos, sumado a la férrea posición de los defensores, tornó en extensa a la audiencia que se había iniciado a las 18.30 en la Oficina Judicial de Rawson.

Se trata de los empresarios de la construcción Ignacio Salaberry, Esteban Torraca, Patricio Musante y  Oscar Peña. El ofrecimiento se realizó hace varias semanas y nunca pudo ser cerrado debido a la mutación de las posturas de los querellantes acerca de la reparación por el presunto perjuicio causado.

La audiencia estuvo a punto de no realizarse teniendo en cuenta que se venía de otros dos arduos debates acerca de la misma causa. Finalmente ante la insistencia del fiscal general Marcos Nápoli, la audiencia se realizó en Rawson y a través de video conferencia con la ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel, lugares de residencia de los empresarios Torraca y Peña respectivamente.

Durante la tarde del miércoles se desarrolló la audiencia de apertura de investigación en la Oficina Judicial de Rawson a once personas, en el marco de la Causa Revelación,investigación sobre presuntos sobornos ligados a las contrataciones de obra pública en la provincia de Chubut.

Estos nuevos imputados, en su mayoría empresarios de la construcción, se suman a los otros empresarios y ex funcionarios que se encuentran bajo la misma figura judicial en la causa.

Los 11 imputados que piden los fiscales que se investiguen, habrían pagado casi 14 millones de pesos en coimas para cobrar un total de 675 millones por el dinero que les debía la provincia por las obras públicas, sostienen los fiscales.

Ellos son García Moreno,Cagnolo, Pasquini, Indómito, Gatica Claudio, Freile, Rossi, Riquelme, Díaz, Inghani y Ban.

El Fiscal Nápoli, en una de sus intervenciones, explicó que  Fernández Díaz pagaba retornos a Correa por obras realizadas por un monto de 500.000 pesos en dinero en efectivo por el certificado de obra incluyendo a Bortagaray y Oca en el recorrido de sobornos.

El ex ministro de Familia y ex presidente del IPV, Martín Bortagaray, declaró que todos los pagos debían ser autorizados por la secretaria privada del gobernador y negó que alguna vez Diego Correa le haya ordenado pagar o no. Además dijo que, en bajo su figura como presidente del IPV, no tenía trato periódico con el ex gobernador Das Neves y tampoco con el ex ministro de Economía, Pablo Oca.

EQS Notas

Otras nueve personas, además de los exfuncionarios y empresarios que ya estaban imputados, fueron incorporados hoy a la investigación hechos de corrupción ligados a contrataciones de obra pública.

Se realizó este mediodía en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson la audiencia de apertura de investigación e imputación para otras nuevas personas en el marco de la denominada Causa Revelación.

Los nuevos imputados, en su mayoría empresarios, se sumaron a exfuncionarios provinciales y otros empresarios ya imputados en el misma causa, además de fiscales y defensores que participaron de la audiencia.
 

Diario Jornada

Federico Piccioni, de Comodoro Rivadavia: empresario de la construcción involucrado en la causa “Revelación” seguirá el proceso con arresto domiciliario

Ante el acuerdo de las partes el juez de garantías Sergio Piñeda, resolvió en el mediodía de este viernes, el arresto domiciliario para el empresario de la construcción Federico Piccioni involucrado en la causa “Revelación” que investiga el Ministerio Fiscal del Chubut acerca de una serie de negociados entre funcionarios públicos y empresarios de ese rubro de distintas ciudades de esta provincia.

Piccioni se encontraba detenido en la comisaría de la seccional de General Mosconi de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ahora con la tutela de su esposa Paula Rossi seguirá detenido en su casa del barrio Industrial de esa ciudad, con permiso además para trabajar en su empresa cuyas oficinas se encuentran en el mismo predio que su casa. Las partes y el juez Piñeda acordaron además que el empresario no podrá mantener ningún tipo de contacto personal o por medio informático alguno, con testigos de la investigación o coimputados en esa investigación.

La audiencia en la que Piñeda adoptó esa decisión se realizó en la oficina judicial de Rawson. Fue a pedido de uno de sus abogados defensores, el doctor Federico Ruffa. Desde Comodoro Rivadavia y sentado al lado del imputado, el fiscal Héctor Iturrioz estuvo de acuerdo con el pedido, destacando que no existen riesgos procesales “en esta etapa ya avanzada de la investigación”.

Los querellantes en representación de la Fiscalía de Estado presentes en la audiencia, estuvieron también de acuerdo y siguieron la argumentación del fiscal general Iturrioz.

El fiscal Héctor Iturrioz anticipó que habrá una nueva investigación como desprendimiento del expediente conocido como “Revelación”, para investigar en concreto si el dinero usado para pagar coimas a funcionarios públicos provino de sobreprecios en las obras contratadas por el Estado. Admitió que en ese caso se presume el delito de “colusión”, que es la misma figura que el juez Bonadío imputa a los empresarios involucrados en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

El fiscal fue consultado ante cuestionamientos que se hacen a la investigación, por no avanzar sobre la cuestión vinculada al costo de las obras facturadas al Estado, frente a la desconfianza que genera en muchos sectores de que la plata de las coimas haya “salido del bolsillo de los empresarios” involucrados, es decir restando ganancias, como sostienen sus abogados defensores.

“Una causa no puede abarcar todos los delitos que andan por la orbe –señaló Iturrioz en principio, el objeto procesal de esta investigación puntual, es la imputación que se hizo por el delito de ofrecer y pagar dádivas, es decir de sumas de dinero para seguir trámites que estaban trabados por los motivos espurios que ya conocemos”, añadió, en referencia a la exigencia de funcionarios para cobrar antes un 3 ó 5 por ciento de las facturas reclamadas, para luego autorizar el pago de las mismas.

“Esa acusación tiene la finalidad loable de que los imputados puedan defenderse –continuó explicando-. En la investigación surge algún indicio y abre la posibilidad de cierta de que pudieron existir sobre precios en las obras contratadas, pero eso será objeto de otra investigación específica. Esa nueva investigación demanda una cantidad de recursos técnicos que aún no los tenemos en la fiscalía, pero los vamos a tener”.

En ese marco detalló que se requieren pericias específicas y la obtención de un cúmulo de pruebas aun mayor que en la causa “Revelación”, en tanto “los valores de la obra pública surgían del Ministerio de Infraestructura (de la nación) y hay gente que duda de que esos sean los valores que se pagaban, ahí está la piedra basal para empezar a investigar, pero nos excede a nosotros”.

Señaló en ese marco que si bien no se podría hablar aún de una “complicidad” entre empresarios y funcionarios, la figura que cabría investigar es la de “colusión”, es decir un concierto de voluntades que se ponen de acuerdo para perjudicar al Estado. Causalmente, fue la misma figura utilizada por el juez Jorge Bonadío para imputar a los empresarios que admiten haber pagado coimas a los funcionarios del gobierno kirchnerista.

En ese caso, la investigación podría ser parecida a la de “los cuadernos de la corrupción”, admitió el fiscal, pero advirtió que “lo cierto es que ellos (a nivel nacional) tienen otros recursos a la vista, incluso Casación en Buenos Aires ordena unificar las causas, pero acá para ser prolijos debemos abrir varias investigaciones y desdoblarlas. Siempre hago la referencia de que la causa Nisman tenía 75 personas investigando, nosotros no podríamos llegar a eso porque en el Ministerio Público Fiscal no tenemos esa cantidad de personas, sería imposible”.

 

 

ADN Sur

El fiscal Marcos Nápoli dijo que la denuncia contra él y contra su colega Héctor Iturrioz en el Consejo de la Magistratura es para “correrlo” de la Causa Revelación. La presentación incluye al juez Sergio Piñeda y es por la detención del exministro de Familia, Martín Bortagaray. Nápoli confirmó que la presentó Jorge Valiña, pareja de Patricia Bortagaray, hermana del exfuncionario y enjuiciada por el incendio en la Cooperativa Eléctrica de Dovalon. La acusa el mismo fiscal.

Nápoli e Iturrioz indicaron que antes de la detención estudiaron bien el tema y actuaron “en claro convencimiento de que estamos a Derecho y amparados en normas de carácter nacional e internacional, tratados ratificados por el Congreso Nacional que tuvieron como principal manda a los Estados que radiquen y culminen con todo tipo de inmunidades y privilegios”.

El fiscal Nápoli señaló que con Bortagaray se dio algo particular ya que son fueros de un ministro “designado a dedo por un gobernador, no es la persona nucleada dentro de un cuerpo como puede ser un legislador”. Admitió que estaban preparados para señalar en la audiencia de control de detención la inconstitucionalidad del artículo 248 de la Constitución Provincial pero como el propio Bortagaray, a través de su abogado, retiró el pedido de habeas corpus presentado, consideraron innecesario dar la discusión jurídica. “Hubiéramos defendido nuestra posición porque estamos convencidos que ese artículo es inconstitucional, porque es incongruente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, afirmó Nápoli.

“Queremos que nos controlen, que nos investiguen, estamos totalmente dispuestos a que así sea porque estamos convencidos de nuestro trabajo. Lo que no perdemos de vista es que hay ultrafinalidades detrás de todo esto que van de la mano de intentar correr a los fiscales que hemos profundizado una investigación de esta naturaleza”, aseguró Nápoli.

Los fiscales deslizaron que con su pesquisa atacaron judicialmente “a gran parte del arco político del gobierno de Mario Das Neves, porque justamente la asociación ilícita se circunscribe a ese período”, afirmó Nápoli. “Tocar fibras tan sensibles genera y dispara mecanismos y factores de presión y de poder que no están al alcance de nuestras manos”.

Nápoli afirmó que la denuncia lo afecta ya que le dan más ganas de seguir investigando. “Estoy convencido de que este tipo de investigaciones además de ser inéditas, tienen como fin correr el velo de una organización que nació al calor del poder y para enriquecerse ilícitamente un montón de personas. Es tan pernicioso como los que se enuncian como flagelos y esto es un flagelo que termina afectando a la comunidad. No es un simple robo aislado”.

“Me genera un mayor desafío, mayores ganas de continuar y si en algún momento se nos llegara a apartar del cargo o cosa semejante, veremos el modo de que esto continúe, pero con Iturrioz somos los dos únicos fiscales que conocemos a ultranza el caso, porque lo hemos trabajado desde el primer día. Sería un despropósito y lo único que haría es esmerilar las posibilidades de la Fiscalía de poder condenar a esta gente”, concluyó el fiscal.

 

 

Diario Jornada

La organización Iniciativa Ciudadana, como querellante en la causa Revelación, pretende que todos los imputados de la causa vayan a juicio. El abogado Eduardo Hualpa expuso que no sólo se ha puesto en evidencia una matriz de presunta corrupción, sino algunos financiamientos supuestamente espúreos de campañas electorales.

“Acá está claro que ha habido aportes espúreos a las campañas del partido de gobierno. Y seguramente si investigamos para atrás, los anteriores partidos que han gobernado también los tuvieron”, consideró ayer Hualpa durante una entrevista con FM EL CHUBUT.

El conocido abogado de Trelew representa a la organización Iniciativa Ciudadana como querellante en la causa por presuntos aportes de constructoras a la caja negra de la política. Estimó que algunos sectores que tuvieron críticas al accionar judicial en las causas por presunta corrupción, «deberían participar de la discusión que tenemos muchos otros, de cómo se llegan a lograr los aportes de campañas políticas».

Dejó en claro Hualpa que «no digo que sean elecciones espúreas o candidatos ilegítimos» los elegidos en los últimos tiempos, «pero creo que sí hay que hacer un esfuerzo por legitimar esta democracia, esta capacidad de elegir, porque sino ocurre que a los candidatos los eligen los intereses atrás de algunas empresas».

Tomando el caso puntual de la causa «Revelación», expuso que «en la propia lista excel (elaborada por el ex secretario de la Privada de la Gobernación, Diego Luthers), hay varias líneas que demuestran aportes de campaña ilegítimos producto de retornos de la obra pública». Pero también planteó que no se trata de un solo sector político que tendría que poner claridad sobre aportes de campaña.

«Esta es una oportunidad, con estas causas, para ir a fondo con una matriz que tiene que ver con los negocios y la política, que como trasfondo tiene el financiamiento de la política. Y por eso me parece muy importante para el sistema democrático y para la calidad de nuestras instituciones», consideró Hualpa.

El Embrujo

Por otra parte, Hualpa estimó que están dadas las condiciones para que en octubre se realice la audiencia preliminar al juicio oral y público en la causa «Embrujo», por la que el ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, y otras personas están imputadas como parte de una presunta asociación ilícita.

Todas las querellas ya presentaron sus acusaciones y pedidos de pena y, teniendo en cuenta que hay personas detenidas, habría que darle prioridad. «Además porque la ciudadanía se merece que se investigue con seriedad pero lo más rápido posible», sostuvo Hualpa.

 

 

El Chubut

Pablo Bastida, imputado en la causa Revelación como el “cobrador” de presuntas coimas que recibían exfuncionarios del gobierno provincial, obtuvo este miércoles el beneficio de las saldias laborales.

Pablo Bastidas es representado por el abogado Fabián Gabalachis en la audiencia que se hizo esta mañana en Rawson y si bien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, solicitó y obtuvo permiso para salir los días lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 12.

Además, pidió que se amplíe la solicitud para que se lo autorice para asistir a su oficina, llevar a su hija a inglés, e ir al psicólogo y odontólogo.

Finalmente el Juez Sergio Piñeda, accedió al pedido entendiendo que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de causa.

 

 

Diario Jornada

Los Jueces de la cámara penal de Trelew Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Florencio Minatta resolvieron el rechazo a la impugnación presentada por el defensor Lisandro Benítez contra la decisión adoptada por el doctor Sergio Piñeda, quien no
había hecho lugar al recurso de hábeas corpus a favor del imputado Diego Luters, involucrado en las causas “embrujo” y “revelación”.

Esta determinación fue comunicada cerca de las 17,30 en la sala del sexto piso de los tribunales en Trelew, después de haber deliberado acerca de los agravios presentados por el defensor, al argumentar que no se cumplen por parte del Estado las normas vigentes en las constituciones nacional y provincial, ni en el código procesal. Aludió a la respuesta dada en su momento por el Ministerio de Gobierno, respecto de una solicitud del Juez Piñeda, al indicar que no se podía garantizar la integridad física del detenido por las condiciones carcelarias existentes, existiendo la alternativa del arresto domiciliario controlado con tobillera electrónica.

Según expuso el defensor, su cliente aportó datos claves en la investigación dentro de la causa “revelación”, dando a conocer nombres de funcionarios y ex funcionarios que habrían participado de acciones ilícitas. Es por esto que habría existido una iniciativa para conceder la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta el resguardo de su integridad, pero en una revisión relacionada con la causa “embrujo”, se dispuso el mantenimiento de la prisión preventiva, por lo que presentó el recurso de hábeas corpus, el que finalmente fue denegado, llegándose a esta instancia de apelación ante la cámara penal.

Después de la audiencia de la tarde de hoy, los magistrados se pronunciaron al indicar que el doctor Piñeda había resuelto en base a derecho, no encontrándose agravadas las condiciones de forma expuesta por el defensor. En cuanto a las condiciones
carcelarias manifestaron que son las mismas que tienen todos los detenidos, al igual que los riesgos a la integridad física, por lo que descartaron la posibilidad de morigeración de la medida que lleva adelante, confirmando de este modo la resolución del Juez Piñeda y en consecuencia la continuidad de la medida de coerción para Diego Luters, tal lo dispuesto oportunidad de llevarse adelante los controles respectivos.

Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz presentaron ayer el escrito de imputación por cohecho contra seis empresarios por la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública. La Oficina Judicial de Rawson ahora definirá la fecha de apertura de investigación.

La denuncia recae sobre los titulares de las firmas Rigel, Pórtico 3, Pasquini, CD Construcciones, Ingar y Diherco.

Los empresarios sospechados de pagar retornos son Diego Cañolo (Diherco); Javier Ban (Ingar Construcciones); Gustavo García Moreno (Pórtico 3); Massoud Ighani (Rigel); Marcelo Pasquini (Pasquini Construcciones); y por último la empresa CD Construcciones.

La presentación la materializó ayer el fiscal Héctor Iturrioz y ahora la Oficina Judicial a Rawson a cargo de la directora Karina Breckle definirá la fecha en la que se realizará la apertura de investigación.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, a partir de ahora, las imputaciones son más complejas porque «ya no existen cheques que comprueben el pago de retornos. Todos los empresarios que intentaremos sumar al proceso habrían hecho los aportes en efectivo».

Hoy audiencia por Luthers

A las 9:30 en la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew, se realizará una audiencia para aceptar o rechazar el habeas corpus presentado por el abogado Lisandro Benítez, que patrocina a Diego Luthers.

El habeas corpus argumentaba que la Comisaría Cuarta de Trelew no contaba con las condiciones necesarias para la detención de Luthers. El juez de Garantías, Sergio Piñeda, rechazó la petición, mientras que el gobierno provincial respondió en forma polémica que no podía garantizar la seguridad de Luthers y debido a eso recomendaba la detención domiciliaria con tobillera electrónica del imputado en las causas «Embrujo» y «Revelación».

 

 

El Chubut