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Así lo aclaró el penalista Fabián Gabalachis, quien defiende a varios de los condenados en primera instancia por las causas conocidas como Embrujo y enriquecimiento ilícito.

El abogado reconoció que pueda existir un malestar en la sociedad que percibe que muchos de los acusados y condenados recuperan la libertad pero en algunos casos, como Sandro Figueroa, no es porque se le morigeró la pena sino porque pasó el tiempo y se cumplió la expectativa impuesta a punto tal que ni siquiera se opuso la fiscalía.

De paso se permitió recordar que no sería conveniente que los bienes decomisados por estos casos sean utilizados o entregados a terceros porque ninguna de las causas tienen condena firme.

En el caso de algunos inmuebles que se pretendían dar en comodato, recordó que hay instancias en el plano de la justicia civil que todavía no se dirimieron y sería gravísimo para el estado dar marcha atrás luego si es que se lo sometió a uso intensivo y mucho más si se modificó la estructura.

Del mismo modo pidió cautela con los vehículos secuestrados sobre todo de alta gama.

Recordó que dos casos con vehículos de marcas caras que se secuestraron y que al poco tiempo se debieron guardar en un garage porque era tal el costo de mantenimiento que era imposible de sostener por un organismo estatal y ni hablar si se rompen o son afectados por un choque, señaló Radio Chubut.

Ayer se dio a conocer la confirmación de la sentencia de primera instancia para los diez integrantes de la banda que cometía ilícitos en perjuicio de la administración pública provincial.

Los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) Alex Williams y Omar Rodríguez estuvieron “muy satisfechos” con la confirmación del fallo, ambos coincidieron que es un momento muy especial, recordaron momentos difíciles de la investigación y los escasos recursos con lo que contaron. Fue una investigación muy compleja para los fiscales y la confirmación del fallo fue “culminante”.

Para ambos fiscales, es la primera vez en el país que se logra la confirmación de una condena bajo la figura de “asociación ilícita” y” lavado de dinero de la corrupción”, con penas altas y el recupero de aproximadamente $ 100 millones el Estado.

El Tribunal integrado por los jueces de Camara,  Alejandro Gustavo Defranco, Roberto Adrián Barrios y Rafael Lucchelli tras analizar cada una de las impugnaciones planteadas por los abogados defensores, en un  fallo de 247 páginas,  resolvieron confirmar la sentencia de primera instancia impuesta oportunamente por los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolon, en la cual fueran condenados  Diego Miguel Correa, Diego Lüters, Daniela Souza, Natalia Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Cristian Gisande, Jorge Aníbal Godoy y Federico Gatica. Cabe mencionar que en el fallo de segunda instancia, solo se modificó la condena a Natalia Mc Leod, los camaristas concluyeron en bajar su condena, a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación perpetua para acceso a cargos públicos y el pago de la multa de $ 525.000 y dispusieron su libertad.

Para ambos fiscales la difusión pública en la causa “Embrujo” fue muy importancia, ambos coincidieron en que la gente tiene que ver qué pasó y tiene que tener la publicidad que ha tenido este caso. “Fue uno de los objetivos nuestros que la sociedad sepa que hacíamos y cómo. Qué pasó en determinada época con determinados funcionarios. Consideramos que la sociedad es el único órgano que puede controlarnos a todos. ¿Qué hacen los fiscales?, ¿Hacen bien su trabajo?, ¿Lo hacen mal, más o menos? El gran desafío nuestro era primero mostrarles a los jueces lo que nosotros habíamos encontrado. Y después mostrar la película completa a la sociedad. Después vinieron por supuesto las sentencias, que son sentencias muy importantes, con penas altísimas, 10 años supera el mínimo de un homicidio. No son penas menores”. La sentencia de Cámara confirma el gran esfuerzo que realizaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Wiliams junto a todo su equipo de trabajo.

El resto de las condenas fueron confirmadas de la siguiente manera, para Diego Correa, confirmaron la pena de 10 años de prisión y al pago de la multa de $ 22.294.000 más otros $ 5.000.000, e inhabilitación perpetua, por considerarlo autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para el Secretario Diego Lüters se confirmó la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de la multa de $ 750.000 por considerarlo autor de los delitos de miembro de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para Daniela Souza se confirmó la pena de 4 años de prisión por considerarla autora de los delitos de miembro de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para Sandro Figueroa se confirmó la pena de 3 años y cuatro meses de prisión por considerarlo autor del delito de miembro de asociación ilícita. Para Juan Carlos “Tato” Ramón se confirmó la pena de 3 años y tres meses de prisión por considerarlo autor de los delitos de miembro de asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario. Para Rubén Darío “Bedo” Reinosos se confirmó la  pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor. Para Cristian Gisande se confirmó la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor. Para Jorge Aníbal Godoy se confirmó la pena de 2 años y ocho meses de prisión en suspenso por considerarlo autor del delito de enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario. Para el contador de la ciudad de Trelew, Federico Gatica se confirmó la pena de 4 años de prisión y pago de una multa de $ 5.000.000 por considerarlo autor del delito de lavado de activos.

Los protagonistas de una lucha contra la corrupción y su difusión

Para ambos fiscales la difusión pública en la causa “Embrujo” fue muy importancia, ambos coincidieron en que la gente tiene que ver qué pasó y tiene que tener la publicidad que ha tenido este caso. “Fue uno de los objetivos nuestros que la sociedad sepa que hacíamos y cómo. Qué pasó en determinada época con determinados funcionarios. Consideramos que la sociedad es el único órgano que puede controlarnos a todos. ¿Qué hacen los fiscales?, ¿Hacen bien su trabajo?, ¿Lo hacen mal, más o menos? El gran desafío nuestro era primero mostrarles a los jueces lo que nosotros habíamos encontrado. Y después mostrar la película completa a la sociedad. Después vinieron por supuesto las sentencias, que son sentencias muy importantes, con penas altísimas, 10 años supera el mínimo de un homicidio. No son penas menores”. La sentencia de Cámara confirma el gran esfuerzo que realizaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Wiliams junto a todo su equipo de trabajo.

“Embrujo” una causa emblemática de asociación ilícita y lavado de dinero

La causa Embrujo nace cuando el olfato de un integrante del equipo multidisciplinario de la Procuración  General observa un dato clave: la dirección de una de las empresas involucradas en el contenido del denominado “sobre bomba” –el que fue dejado en la Legislatura Provincial- coincidía con la dirección particular de Diego Correa. Se trata de la empresa insignia denominada Dual Core. Allí, comienza una investigación donde se detecta que las cosas van mucho más de lo que se pensaba y los delitos por corrupción en el Estado se iban sumando sin solución de continuidad.

La causa recibe su nombre (Embrujo) después de que una escucha detecta que uno de los involucrados y posteriormente condenado, Juan Carlos Ramón, tenía una especie de “asesor” en su vinculación con Correa que lo guiaba en cuanto a los pasos que tenía que dar sobre todo cuando la plata comenzó a faltar en la organización. Con acento de algún país caribeño, el hombre comenzó a actuar con un verdadero “mano santa”. De allí, el “apodo” con el que se conoció la causa, primero entre los investigadores y después en la opinión pública.

En aquel momento, Diego Correa era el secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves y siempre fue sindicado como el verdadero jefe de la organización ilícita dedicaba a saquear al Estado. La figura de la Asociación Ilícita era la calificación justa para su rol. Y efectivamente Correa fue condenado por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta a 10 años de cárcel.

Producido por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Publico Fiscal -Oficina Rawson.

El secretario general del Sitrajuch, José Luis Ronconi, afirmó ayer que pese a la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores judiciales, garantizan la realización del juicio por la causa Revelación y lo que pudiera tratarse de causas por corrupción.

La aclaración surgió a raíz de manifestaciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, quien había señalado en FM EL CHUBUT que por el paro estaba en duda el desarrollo de las audiencias. «De ninguna manera el sindicato va a boicotear el desarrollo de esas audiencias», aseguró Ronconi. Y agregó que «en todo caso, sino se realizan, será responsabilidad absoluta de quienes tienen que llevar adelante esos actos jurisdiccionales, ya sea jueces, fiscales o defensores».

Remarcó el dirigente del Sitrajuch que «si fuera necesario llevaremos a las compañeras y compañeros a sus lugares de trabajo», para asegurar la realización del juicio oral y público por la causa Revelación.

«De ninguna manera el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut será cómplice de quienes han contribuido a que esta provincia esté en esta situación de crisis y caos económico, social y político», aseveró Ronconi en un mensaje grabado y enviado a través de las redes sociales.

El juez de garantías Sergio Piñeda elevó a juicio oral y público la causa “Revelación” luego de la extensa audiencia preliminar en la que los defensores de los imputados realizaron numerosos planteos y observaciones a la imputación y acusación que realizaron los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Alejandro Franco. La causa Revelación investiga el presunto pago de coimas de empresarios de toda la provincia, a funcionarios del entonces gobernador Mario Das Neves, con el objetivo de poder destrabar pagos adeudados por el Gobierno provincial por obras ya ejecutadas.

De esta manera (se cree que la audiencia de debate en la que desfilarán los testigos de la investigación se realizará en el primer semestre del próximo año) estarán sentados en el banquillo de los acusados empresarios de la construcción y funcionarios de primer nivel de la última gestión del ex gobernador Mario das Neves. Se trata de Diego Correa que ocupaba la titularidad de la Unidad Gobernador y considerado jefe de la asociación ilícita. También Víctor Cisterna que fuera jefe de gabinete y Ministro de Economía, Gonzalo Carpintero secretario privado del gobernador fallecido, Pablo Oca, ex Ministro de Economía, Alejandro Pagani, ex Ministro de Infraestructura, Martin Bortagaray titular del IPV, y Diego Luters, también con funciones en la Unidad Gobernador.

Por el lado de los empresarios vinculados con empresas constructoras de la provincia, se trata de Pablo Bastida, Martín Castillo, Federico Piccioni y Pablo Menedín.

Confianza

El fiscal general Marcos Nápoli manifestó en declaraciones realizadas a la emisora de Rawson FM Bahía Engaño, que “estamos conformes (con la resolución de Piñeda) y confiamos en que en el debate vamos a tener éxito, aunque como se dice en la jerga, al partido hay que jugarlo”.

Se refirió a los términos de la investigación, la descripción de los hechos, pruebas ofrecidas e imputaciones que presentó y que motivó largos debates durante las tres jornadas que duró la audiencia preliminar. “El juez (Piñeda) ha declarado admisible a casi la totalidad de toda la prueba que hemos presentado, además del listado de todos los imputados que hemos pedido. Se trata no solo de los funcionarios involucrados integrantes de la asociación ilícita, sino también de los empresarios que están fuera de ese delito y que no han aceptado la suspensión del juicio a prueba”, indicó.

Se cree que el juicio oral y público se produciría en los primeros meses del próximo año, luego de la realización del juicio por la causa de la “Emergencia climática” en Comodoro Rivadavia.

En la misma resolución Piñeda dictó el sobreseimiento para los empresarios de Esquel Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel.

El fiscal Marcos Nápoli, se refirió a los avances en la Causa “Revelación” que investiga el presunto pago de coimas de empresarios al Gobierno del entonces ex Gobernador Mario Das Neves con la finalidad de destrabar pagos adeudados por el Gobierno Provincial. “Estoy muy satisfecho con la decisión del Juez Piñeda, nos posiciona con posibilidades ciertas de lograr una sentencia condenatoria”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “estoy muy satisfecho con la decisión del Juez Piñeda, nos posiciona con posibilidades ciertas de lograr una sentencia condenatoria”.

“Ahora resta el sorteo del tribunal y a partir de allí se fijará la fecha de juicio”, dijo en diálogo con Radio 3.

Asimismo, aclaró que “tenemos escuchas telefónicas, mensajes de texto, los cheques originales que es la prueba estrella, que es una prueba poco rebatible”.

“Al tener comprobada la composición de una asociación ilícita, se tiene garantizada la sentencia condenatoria”, indicó.

En este marco, destacó que “la maniobra de Bortagaray es clara, incluso aparece cobrando sobresueldos. Va a tener que enfrentar la instancia de juicio oral y público”.

Finalmente, Nápoli concluyó que “sobre Castillo que dijo que no conocía a Das Neves, el declarar tiene sus costos, esa expresión puede ser utilizada en su contra”.

Con la jornada de hoy jueves termino la audiencia preliminar en la causa “revelación” en la que se encuentran imputados ex funcionarios y empresarios de la construcción. Ahora en más el juez Sergio Piñeda tiene seis días hábiles para resolver.

La causa tiene como imputados a ex funcionarios de altísimo nivel provincial y también a empresarios de la construcción durante la última gestión del ex gobernador Mario Das Neves.

Durante cuatro extensas jornadas que se iniciaron la semana pasada los defensores realizaron distintas objeciones a las pruebas, testigos, hechos y la acusación que elaboró el fiscal Marcos Napoli, en esta oportunidad acompañado por el fiscal Alejandro Franco y el funcionario Gustavo Nuñez. Los cuestionamientos además incluyeron la posibilidad de que ex imputados en esta causa puedan o no ser testigos en el juicio oral y público. El juez Sergio Piñeda deberá resolver en los próximo seis días y para ello no se realizará una nueva audiencia sino que se notificara solamente a las partes vía correo electrónico. La audiencia preliminar que finalizó se efectuó en la oficina judicial de la ciudad de Rawson.

Cuestionamientos de los defensores a la investigación de los fiscales

Durante la audiencia preliminar en lo que constituyó la cuarta jornada de debate entre defensores y acusadores, antes de las numerosas resoluciones que deberá tomar el juez de garantías Sergio Piñeda si se tiene en cuenta la variedad y cantidad de planteos que realizaron los defensores de los 11 imputados en la causa, entre ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción.

Por los querellantes estuvieron los representantes de la Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción y de los diputados provinciales del Frente Para la Victoria, denunciantes del caso investigado. Se trata del pago de retornos de la obra pública por parte de los empresarios de la construcción para poder cobrar del Estado los certificados por las obras realizadas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el defensor Federico Ruffa que asistió a Gonzalo Carpintero, el imputado que al momento de los hechos investigados, era secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves.

Carpintero está imputado de los delitos de ser miembro de una asociación ilícita, además del delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia se realizó con las ausencias de algunos imputados y sus respectivos abogados que ya cuestionaron en las primeras audiencias la investigación que se pretende llevar a juicio oral el año que viene. Desde Puerto Madryn y por video conferencia estuvieron presentes el imputado Alejandro Pagani y su defensor Carlos Villada.

“Nunca fue mencionado”

Respecto de la imputación de ser miembro de una asociación ilícita, Ruffa dijo que Carpintero “no tuvo ninguna participación en la asociación ilícita que se investiga y ningún empresario de la construcción lo mencionó en la acusación presentada”. Lo único que lo vincula es “el acercamiento al ex gobernador Das Neves lógicamente por la función que cumplía, y la cercanía física de su despacho”, indicó el defensor.

Respecto del delito de enriquecimiento ilícito, Ruffa dijo que la gran cantidad de hechos que le achacan a Carpintero, han prescripto. También hizo alusión a los datos que no brindó Carpintero al momento de realizar sus declaraciones juradas de bienes.

“Amenaza solapada”

Napoli pidió además que Alberto Gilardino no sea tenido en cuenta como testigo en el juicio oral. Fue ex ministro coordinador en el gobierno de Mario Das Neves. “Su testimonio estará encorsetado: o se calla, o va preso”, dijo Ruffa de manera contundente para luego brindar una lacónica explicación.

Al momento de la contrarréplica, el fiscal general Marcos Nápoli dijo que en el debate se podrá probar las responsabilidades de Carpintero en la mayoría de los ilícitos que se investiga. Por ejemplo su participación de la asociación ilícita. Consideró como “temerarios” los dichos de Ruffa sobre el testigo Gilardino por tratarse de –según Nápoli- “una amenaza solapada”. Nápoli ratificó la presencia de Gilardino como testigo en el juicio afirmando expresamente que “ningún testigo se irá esposado por contar en el juicio lo que sabe”.

Para Nápoli además los hechos de enriquecimiento ilícito que se investigan contra Carpintero, no han prescrito, tras lo cual defendió en todos sus términos el informe que en la investigación realizó la contadora Viviana Karlem. La profesional es integrante del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal.

Nápoli concluyo en rechazar el sobreseimiento de Carpintero y que las imputaciones en su contra sean elevadas a juicio “en todos sus términos”.

Tras un cuarto intermedio se reanudo la audiencia, llegó el turno del defensor Jorge Rubiolo, asistió a Martin Bortagaray, quien manifestó que su defendido “cumplió órdenes de niveles superiores”. Además recalco que Bortagaray en el año 2016 no trabajó en el IPV, se desempeñó en CORFO, agregó que “nadie puede decir que Bortagaray se enriqueció con la función pública, vive en una casa en construcción en un barrio de Dolavon sin muebles ni autos de lujo”. Rubiolo concluyo que Brotagaray no formó parte de ninguna banda criminal y pidió su sobreseimiento. Por su parte, el fiscal Alejandro Franco replicó, diciendo “las ordenes deben cumplirse, pero no las ordenes ilegales”. Continuó el fiscal Marcos Napoli, recordando que “Bortagaray cobró sobresueldos y aclaró que no es acusado de enriquecimiento ilícito sino de cohecho activo y de alimentar la banda que producía delitos, y lo encuadró como partícipe necesario”, un verdadero soldado dijo el fiscal y concluyó pidiendo la elevación a juicio para Martin Bortagaray.

Los querellantes en todas las peticiones del Ministerio Publico Fiscal adhirieron en todas sus formas.

La misma comenzó a las 8:30 en la Oficina Judicial de Rawson. El abogado defensor de Martín Castillo, Abdo Manyauik, acusó «falsedades en la acusación» y pidió ante el Tribunal el sobreseimiento de su cliente. El empresario imputado también indicó que Correa «nunca me pidió plata».

Martín Castillo, empresario imputado en la causa, solicitó la «necesidad» del sobreseimiento «somos una empresa que tiene cuentas en el exterior», fundamentó este viernes ante el Tribunal, encabezado por Sergio Piñeda. También indicó que el otro acusado, Diego Correa, «nunca me pidió plata».

Su abogado defensor, Abdo Manyauik también solicitó el sobreseimiento de cliente, manifestó que hay «falsedades en la acusación».

Castillo explicó que su empresa se dedicaba a la construcción de puentes y muelles. Lo cierto, es que la la empresa enviaba documentación con la dirección de remitente del estudio jurídico de Martínez Zapata.

Karina Breckle, su directora, adelantó que el próximo gran proceso por corrupción no se hará en la sala de audiencias habitual debido a la cantidad de imputados. Contó detalles del juicio que se termina y destacó el esfuerzo del personal, que pese al paro trabajó para que los casos no se estancaran.

La Oficina Judicial de Rawson busca lugar para el juicio oral y público por el Caso Revelación. Ya saben que la sala de audiencias 2, donde hoy se debate El Embrujo, quedará chica. Dos opciones para el año próximo son el Tribunal de Cuentas y el Retiro Espiritual Salesiano, donde se concretaron las recordadas audiencias por el asalto al cajero en la capital.

El dato lo adelantó Karina Breckle, directora de la OJ. Hasta ahora irán a juicio 17 imputados. La audiencia preliminar de Revelación sí será en la sede actual porque el Código de Procedimientos permite que los acusados de otras ciudades estén presentes por videoconferencia. No para el debate.

En cuanto a El Embrujo, mañana a las 9 serán los alegatos de las defensas. Las exposiciones anteriores de Fiscalía y de las querellas destacaron al personal de la OJ, atentos para tener a disposición desde un caramelo hasta la documentación.

Cuando las causas por corrupción se acumularon “hubo que comprar tecnología. Teníamos un sistema de videoconferencia básico pero con el nuevo, de los más adelantados, pudimos conectar hasta tres puntos. Sin eso no hubiésemos podido, por ejemplo, conectarnos con España de una forma tan fácil”, explicó Breckle. Costó $ 350 mil. También una consola de 12 micrófonos; la mayoría de las salas tienen solo de 4.

“Si uno se mueve a otro lugar, no puede desarmar toda su sala. Y se necesitan redes, wi-fi y muchos otros requerimientos que si no, hay que alquilar”.

Si hay condenas en El Embrujo, la Judicatura y el Ministerio Público Fiscal elevarán sus informes de gastos extraordinarios para incluir en las costas, incluyendo las pericias, que exceden la tasa de justicia. El primer cálculo fue de $ 20 millones. Pero hay dinero que no estaba previsto. Por eso el juicio costará más que esa cifra.

Breckle recordó que “debimos cambiar la estructura para poder dar respuesta a audiencias de este tipo”. En 2018, las primeras fueron en el Superior Tribunal de Justicia. “Buscar un lugar de dimensiones especiales también es un costo y un cambio. Cuando las causas se empiezan a disparar no pudimos dar respuesta, hasta ese momento Rawson posiblemente tuviera algún hecho grande que necesitara algún requerimiento especial y salíamos a buscarlo, pero ahora era todos los días y para mucha gente”. Se encontró una casa de familia que se cableó y se readecuó.

Una carpeta promedio incluye la audiencia de apertura de investigación, la preliminar al juicio y el debate, además de alguna incidencia. Pero El Embrujo ya tuvo más de 100 cien audiencias y el juez Sergio Piñeda fue el magistrado de la provincia con más horas en sala el año pasado, y por mucha diferencia. “Esto hace que la carpeta tenga costo adicional de traslado porque están todos en distintos lugares de detención”.

La directora destacó que el Superior Tribunal de Justicia haya decidido sortear a los jueces de la causa. “Es un gasto que se ve, porque hay que trasladarlos y darles hotel”. Lo contrario era gasto “que no se ve, porque traer magistrados de Trelew era afectar la agenda de esa circunscripción ya que iban a estar mucho tiempo acá, donde no es una causa sino 14 y siguen entrando”.

Breckle explicó que “si tenía una seguidilla de 3 o 6 magistrados haciendo debates de estas características, en Rawson los delitos comunes que tanto le interesan al vecino no iban a tener respuesta”.

En este sentido “era estropear otra circunscripción porque los jueces iba a estar permanentemente metidos en sala”. El sorteo público “aportó trasparencia porque son 3 jueces que se conocieron acá y debaten cada punto”. De otra forma “había dos Oficinas que hasta dentro de dos años no hubieran podido dar el servicio de justicia común y habitual”.

La jueza Marcela Pérez llega a Rawson en su coche desde Puerto Madryn un día antes de cada audiencia. A Alejandro Soñís y Claudio Rolón los busca un chofer. “Ofrecieron venir en su coche pero podía haber problemas de seguro”. Se quedan en un hotel y se les brinda un vehículo para que se muevan en el Valle, “como comprar comida en Playa Unión un martes a las 22”.

Breckle explicó que “hay que cuidar los recursos y gestionarlos para que todo salga un precio razonable. Hasta peleamos el precio de las viandas para buscar el menor gasto posible”.

El personal no hizo paro para que el juicio se hiciera. “Les agradezco mucho porque distinguieron esta causa para colaborar. Eso hizo que contemos con personal estable”.

“Somos la Oficina Judicial más chica aunque tengo más causas y de más entidad, por ejemplo, que Sarmiento”, agregó. Son 9 empleados y no era posible organizar dos turnos para mañana y tarde. Hubo días que trabajaron hasta 18 horas, incluso domingos. “Debimos aprender y hacer varias cosas nosotros, es un trabajo extra y enorme pero lo hicimos bien”.

En cada cuarto intermedio los detenidos se van a un lugar aparte con comida que costea la Jefatura de Policía. “La OJ ni la Judicatura se iban a hacer cargo de ese costo porque no corresponde. Se ofició al jefe haciéndole saber que debían sacarlos de este ámbito porque si no, son muchos policías para cuidarlos”.

-¿Cómo toma los elogios de las partes?

-A mi sueldo lo paga el vecino y lo devuelvo de esta manera, tratando de hacer la mejor labor. Es una satisfacción personal y un orgullo por el personal, que responde de la misma manera, así lo informó Diario Jornada.

La funcionaria destacó que en causas como El Embrujo, “los imputados tienen una cantidad de requerimientos diarios diez mayor a cualquier detenido”.

Hay carpetas con 12 cuerpos “que fueron pedidos que pasan por la OJ, para que resuelva el juez o la Dirección, con peticiones lógicas hasta descabelladas; todo se resolvió bastante en tiempo”. El margen de error es pequeño y si se comete “siempre se sobredimensiona porque les sirve a las defensas, al fiscal o al juez, como una fecha mal puesta, un horario, un detenido que no vino a horario o una notificación que quedó en la puerta. Trabajar eso es una presión extra. Muchas veces cuando uno cree que la última hoja de la carpeta está para proveer, se da cuenta de que entraron otras cinco hojas”.

En el marco de la investigación de la causa periodísticamente llamada “Revelación”, en la mañana de este lunes se realizaron dos audiencias en la Oficina Judicial de Rawson en la que el juez de garantías Sergio Piñeda resolvió analizar el ofrecimiento de los respectivos abogados defensores de tres de los imputados para acogerse a la figura de la “suspensión del juicio a prueba” o “probation”.

Se trata de los empresarios de la construcción Miguel Freile y Massoud Ighani que fueron los imputados de la primera de las audiencias, y por otro lado, el periodista Andrés Ninin, protagonista de la segunda de las audiencias.

Ighani, dueño de Rigel Construcciones, para no ir a juicio oral y obtener la probation, ofreció construir un edificio por más de cuatro millones de pesos en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia para la Fundación “Juntos por un Corazoncito Feliz”. Freile, también empresario de la construcción, ofreció ampliar en 72 m2 la sede del Centro de Rehabilitación de esa misma fundación, para evitar el juicio oral y público en su contra. En el caso de los dos empresarios, Piñeda resolverá en cinco días hábiles más.

Nínin dijo «acepto mi participación en los hechos y ratifico mi declaración, Yo forme parte de una organización para estafar a Canal 9». En 10 días hábiles el juez Sergio Piñeda decidirá si acepta el resultado del juicio abreviado o no. Los querellantes adhirieron a la petición del Ministerio Público Fiscal que además mantuvo contra Ninin, todo lo descripto en la acusación y los cargos en su contra. El periodista está imputado como partícipe de una asociación ilícita, así lo informó canal 9.

El fiscal Marcos Napoli pidió una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimento para el imputado Nínin, aunque tiene la posibilidad de acceder a la libertad condicional, conforme a derecho, teniendo en cuenta los nueve meses de prisión que ya cumplió. Su defensor Guillermo Iglesias anticipó que solicitará la libertad condicional para Nínin. El juez Piñeda se tomará 10 días hábiles para resolver.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz recibieron, después de tres meses, las observaciones sobre las probation de 15 imputados en la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública.

EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al documento presentado por los fiscales dando un cierre a las ofertas de 15 empresarios para evitar el juicio oral y público.

La causa Revelación llegó a su etapa final: 14 empresarios más evitarán el juicio oral y público y en un mes los fiscales presentarán la tesis acusatoria contra exfuncionarios y un puñado de empresas que no aceptaron las probation con la finalidad de demostrar su inocencia en el juicio.

El 21 de febrero de 2019, el juez de Garantías, Sergio Piñeda, tomó la determinación de girar todas las propuestas al área de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura

Recién esta semana, la oficina de Obras Públicas terminó de analizar todos los presupuestos para comprobar si las ofertas presentadas por 15 empresarios contenían sobreprecios.

Los fiscales tomaron la decisión de aceptar todos pedidos de probation, con la excepción de la oferta presentada por el empresario Carlos Castro Blanco de Apicons Elaborados.

LAS OFERTAS ACEPTADAS

Luis Igarzábal de la empresa OCP Ingeniería realizará la construcción de un playón deportivo en Barrio Area 11 de la ciudad de Rawson por un monto de $ 1.272.685.

Jorge Barrionuevo de la firma IPE efectuará la obra de provisión de agua potable para 70 lotes sociales en la localidad de Dolavon.

Gustavo García Moreno de la constructora Pórtico 3 llevará a cabo la construcción de un galpón multiuso en la localidad de El Maitén con un presupuesto de $ 1.188.378.

Javier Ban de la empresa Ingar Construcciones estará a cargo de la reparación integral de la escuela inicial Nº 461 de Puerto Madryn por un monto de $ 2.251.000.

Diego Cagnolo de Diherco realizará la ampliación de la obra del jardín de infantes que funciona en la Escuela Nº 3 de la zona de chacras en Trelew con un costo de $ 2.034.826.

Gustavo Moretta de Libra Construcciones concretará la obra de ampliación y refuncionalización de consultorios en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Madre Teresa de Calcuta, en la ciudad de Puerto Madryn.

Daniel Russo titular de War Construcciones hará trabajos dentro de la obra ofrecida por el imputado Villegas, que tiene un costo que supera los 8 millones de pesos.

Claudio Gatica de la firma Gatica Construcciones estará al frente de las refacciones y remodelaciones en el hogar de día del Barrio San Miguel en la ciudad de Puerto Madryn.

Juan Carlos Villegas realizará la construcción de un edificio nuevo para el EDDIM, centro de educación especial en la ciudad de Puerto Madryn con un presupuesto que supera los $ 8 millones.

Carlos Di Benedetto de Didelco efectuará una mejora en el salón utilizado por el Comedor del Corazón de la ciudad de Trelew.
Claudio Díaz de la compañía CD Construcciones efectuará la construcción de una plaza pública en la localidad de Río Mayo.

Osvaldo Bergareche titular de Esquel Construcciones evitará el juicio oral y público con la obra de la construcción de tres canchas de tejos -una de ellas techada- para personas de la tercera edad en la ciudad de Esquel.

Marcelo Pasquini, dueño de Pasquini Construcciones, realizará la construcción de dos playones deportivos para el Club Independiente de ia ciudad de Esquel.

Juan Carlos Bossi de Auda S.R.L., iniciará una obra para Bomberos Voluntarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

EL CASO DE CASTRO BLANCO
En el caso puntual de Castro Blanco, el informe presentado por Iturrioz y Nápoli y al que accedió EL CHUBUT, sostiene que «los lotes beneficiarios de la obra a realizar -conexiones de agua potable- serín propiedad del imputado o su grupo familiar».

Por estos motivos, los fiscales afirman que «ante la sola y posible existencia de que tal relevamiento se corresponda con la realidad, desde este Ministerio Público hemos decidido no aceptar la reparación ofrecida y dejarla pendiente a una nueva propuesta por parte del imputado, desde luego variando completamente el tenor de la reparación».