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Ayer quedaron imputados en la causa de la emergencia climática los dueños de las empresas «Blanquería Matices» y «Thor S.R.L.». El fiscal Omar Rodríguez afirmó que los reproches en la acusación será más elevados porque «no se trata de personas carenciadas».

En la audiencia de apertura de investigación que se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Mirta Moreno imputó provisoriamente como partícipes primarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a los dueños de ambas compañías.

A la titular de Blanquería Matices le imputan cinco hechos, de los cuales uno es en grado de tentativa. La defraudación estimada por los fiscales asciende a $ 2.911.385, vinculados a la venta de colchones, frazadas, toallas, mantas térmicas, luces led y botas de aguas, entre otros elementos.

A los dos dueños de Thor S.R.L. (Casa Maza), la imputación es de características similares y por una presunta defraudación de $ 2.100.000. En este caso, los fiscales denunciaron el pago de retornos por $ 210.000, según consta en las planillas confeccionadas por Diego Luthers y contrastado por una extracción en el Banco del Chubut de una partida idéntica.

«Estamos hablando de un hecho muy grave en la situación y el marco que se dio. Hay que recordar que no son personas carenciadas, que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos. Y lo que muestra acá, o el móvil de este tipo de maniobras, es justamente la codicia. Entonces, siempre el reproche es mucho más elevado», dijo Rodríguez ante una consulta de EL CHUBUT.

El fiscal explicó que la maniobra se repite en todos los casos: «Arreglaban generalmente con Luthers que era el que tenía el contacto directo con los proveedores, le daban facturas y remitos sin documentación alguna, se armaban los expediente y una vez que cobraban, los proveedores retornaban esa plata a mano de los funcionarios».

CONFORMARON FACTURAS ANTES DE QUE LLUEVA

Uno de los casos emblemáticos en la causa de la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia fue la confección de una factura solicitando colchones un día antes de que comenzara la catástrofe en la provincia del Chubut.

«Hay una venta antes de empezar a llover. Se trata de un remito de entrega de los colchones que fue el 28 de marzo de 2017, y el 28 todavía no había empezado a llover en Comodoro, comenzó el 29», sin embargo, «la entrega de mercadería en el marco de la emergencia tenía fecha del 28», relató el fiscal en conferencia de prensa.

La información fue confirmada a ADNSUR por el presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Martín Montenovo, quien explicó algunos detalles vinculados al reglamento interno del organismo y el período que se abre para la instrucción sumarial.

En una sesión desarrollada esta tarde en Rawson, la comisión de admisibilidad resolvió por unanimidad que corresponde abrir el sumario contra el juez que autorizó la detención del ministro en funciones, mientras que la misma comisión había resuelto en disidencia abrir también el sumario contra los fiscales.

Por razones reglamentarias, cuando se produce desacuerdo en esa instancia previa de admisión debe intervenir el Pleno del Consejo, por lo que éste resolvió, por absoluta mayoría, que también cabe el sumario para los acusadores públicos.

De este modo, según pudo saber ADNSUR, se procedió al sorteo y la responsabilidad de instruir el sumario recayó en el consejero popular de Trelew, Luis Torrijos, quien dispondrá de un plazo de 90 días hábiles (es decir que no se cuenta el lapso de la feria judicial durante el mes de enero) para emitir una dictamen, que luego debe ser sometido a tratamiento por el Pleno del organismo.

Las posibilidades que se abren son diversas, según el reglamento del organismo: el sumario puede concluir que hubo mal desempeño y, en ese caso, el organismo deberá definir si los magistrados deben ser sometidos a un juicio de destitución o a una sanción disciplinaria por parte del Superior Tribunal de Justicia. O también podría concluir que no hubo mal desempeño ni desconocimiento del derecho, por lo que las actuaciones quedarían archivadas.

De qué se los acusa

Lo cierto es que el juez y los dos fiscales que tuvieron a su cargo la imputación y todo el proceso preliminar en la causa conocida como “Revelación”, en la que hay 40 imputados por un circuito de coimas entre empresarios y funcionarios públicos, podrían quedar del lado de los acusados por irregularidades en su desempeño.

El cuestionamiento formulado por el particular que presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura es que ordenaron la detención y allanaron las oficinas de Martín Bortagaray en la Casa de Gobierno, cuando éste se desempeñaba aún como ministro de Familia.

Sin embargo, el artículo 248 de la Constitución Provincial garantiza fueros para ministros en funciones, impidiendo su detención o ser allanados, aunque sí pueden ser investigados.

Pese a ello, los fiscales pidieron al juez la orden de detención sin haber fundado, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora del caso, los motivos para desconocer los fueros (lo que debió hacerse mediante un planteo de inconstitucionalidad), resultando además llamativo que al día siguiente de la detención fuera liberado, es decir que los motivos para requerir la prisión preventiva en un primer momento podrían no haber sido suficientemente sólidos.

Todo esto será materia de investigación, según aclaró Montenovo, por lo que tanto el juez y los fiscales deben ser responder a la notificación del sumario y tienen derecho a recusar al sumariante, para una vez cumplida esa etapa comience a instruirse el sumario.

Fuente: ADNSUR

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió otorgarle la morigeración a Tato Ramón solicitada por el defensor Omar López, la fiscalía se opuso a la medida. La querella presente, Fiscalía de Estado, estuvo representada por el Dr. Javier Dominguez quien acompaño al Ministerio Público Fiscal.

La rectificación de las imputaciones y las medidas de morigeración, fueron los principales ejes de la audiencia. El defensor Omar López, mencionó que son cuatro los hechos que pueden imputarle a mi defendido, y especifico, uno consumado y tres tentados.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal, representado por los Dres. Alex Williams y Omar Rodríguez, defendieron su postura, “se metieron en el auto de elevación a juicio quiero dejarlo aclarado” dijo Rodríguez en su locución y Williams agregó, “si deberíamos tomar lo que solicita el defensor de Tato Ramón, ahora con este nuevo planteo cambia la plataforma fáctica, por lo tanto se estima una pena posible que iría de tres años a 16 años. La querella adhirió a lo solicitado por el MPF.

Al concluir los fundamentos de ambas partes el Juez Sergio Piñeda resolvió rectificar el punto seis del auto de elevación a juicio, por lo que le correspondería a Tato Ramón, la imputación por un hecho consumado y tres tentados, por lo que deberá cumplir con arresto domiciliario con custodia policial, y de esta forma preservar el derecho de legítima defensa, expuso el Juez en su veredicto.

Un vez más se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson otra audiencia por la causa denominada “Embrujo” tras varios intentos de morigeración el imputado Tato Ramón cumplirá arresto domiciliario custodiado por la policía.

Cabe recordar que Juan Carlos “Tato” Ramón es investigado por la conformación de una presunta asociación ilícita para defraudar al Estado chubutense y que tendría como cabecilla al exfuncionario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

El abogado penalista Fabián Gabalachis, reconoció abiertamente que actúa ante el juez Sergio Piñeda con “resignación”, porque el magistrado que lidera las audiencias por las causas “Relevación”, “Embrujo” y la que investiga el destino dado a los fondos para la emergencia climática de Comodoro Rivadavia jamás le concede nada de lo que pide.
“Todo lo que se consiguió para mis representados fue a través del convencimiento de los fiscales o de la cámara revisora” reveló con cierto fastidio el penalista que de antemano percibe un “no” a cualquier petición que realicen ante el juez Sergio Piñeda.

En este terreno reconoció que uno de sus defendidos, Diego Correa, directamente presenta un escrito cuando no tiene que estar presente en la audiencia en la que se revisa la prisión preventiva, pidiendo que lo dejen directamente donde está, porque sabe que otra solicitud es perder el tiempo.

El penalista se prepara para dos audiencias esta semana.

Una que se realizará este miércoles, donde los fiscales aportarán más acusaciones en la causa por la que se investiga el desvío de los elementos destinados a los inundados de Comodoro Rivadavia.

Y la restante será el jueves, por la causa “Revelación” en la que también se ampliarán los cargos contra los empresarios acusados de dar “retornos” para verse favorecidos en el pago de certificados de obra.

Correa y Luthers seguirán en la cárcel. Cisterna, Oca, Pagani, Carpintero, Piccione y Bastida continuarán con arresto domiciliario. El único beneficiado fue el exministro de Infraestructura, que podrá viajar a La Plata para el egreso de su hijo.

Ayer se cumplieron seis meses de las detenciones a exfuncionarios y empresarios en la causa que investiga los presuntos retornos de la obra pública y que sacudió el tablero político y económico en la provincia del Chubut. En este marco, se realizó la audiencia para revisar todas las medidas de coerción de los imputados que aún mantenían prisiones preventivas o domiciliarias.

El juez de Garantías Sergio Piñeda mantuvo todas las medidas que recaían sobre los imputados hasta antes de la audiencia.
Diego Correa y Diego Luthers, protagonistas estelares de la conformación de la asociación ilícita, según la hipótesis de los fiscales, continuarán presos.

En tanto que los exministros Víctor Cisterna (Jefe de Gabinete), Pablo Oca (Economía) y Alejandro Pagani; el exsecretario privado, Gonzalo Carpintero; y los empresarios Federico Piccione y Pablo Bastida, mantendrán el arresto domiciliario.
Correa presentó un escrito solicitando su continuidad en la cárcel. Los fiscales adhirieron a esta petición y Piñeda lo ratificó en la resolución dictada.

En el caso de Luthers, su abogado Lisandro Benítez había solicitado una visita semanal a la familia desde las 13 a las 17, aunque el juez otorgó solamente una salida.

Pagani fue autorizado a viajar a La Plata para asistir al egreso de su hijo en diciembre y también podrá visitar a su madre dos veces a la semana, con la condición de avisar a la Comisaría más cercana cuando llegue a su domicilio.

El juez rechazó el pedido de libertad para Cisterna y también la ampliación de salidas laborales, argumentando que el exministro de Coordinación de Gabinete es una de las piezas clave de este entramado que investiga el Ministerio Público Fiscal.

En el caso de Oca y Bastida, Gabalachis no requirió nuevos pedidos, con lo cual continuarán con el régimen que mantenían.

El empresario Piccione sufrió un revés judicial en torno al pedido delineado por su abogado Marcos Salt, para flexibilizar las salidas laborales del comodorense. Los fiscales alegaron que el requerimiento fue «muy general» y «sin precisiones» y el juez rechazó la solicitud.

Despejando cuestionamientos de los abogados defensores sobre las decisiones adoptadas por Piñeda, el juez dejó en claro que «pareciera que soy la persona que si dice blanco es blanco. No señores, hay instancias que controlan mis decisiones y que la evalúan dos jueces de revisión. Si me equivoco, existen dos jueces que revisan mis resoluciones».

La presentación fue formulada por esa organización que es querellante en las causas por presuntos cargos de corrupción en el ámbito de la administración pública que involucra a ex funcionarios y empresarios de la construcción.

En el caso de la investigación llamada “Revelación”, los fiscales aceptaron la solicitud de los abogados defensores de los empresarios arrimados a proceso acusados de generar “retornos” en el pago de los certificados de obra.

De esta manera lograron la suspensión del juicio a prueba a cambio de hacer obras menores consideradas de interés público.

Sin embargo desde “Iniciativa ciudadana” apelaron la medida ante el juez Sergio Piñeda, quien deberá elevar las actuaciones ante el Superior Tribunal de Justicia para que resuelva por una cuestión de competencia.

Interpreta Eduardo Hualpa que los empresarios deben seguir vinculados al proceso y no debe otorgársele la figura de la probation.

El abogado reconoció que en un principio eran bastante cautelosos porque no es fácil encontrar argumentos para una apelación de ese tipo, sobre todo cuando los fiscales estuvieron de acuerdo.

Sin embargo reveló que tras estudiar el caso encontraron suficientes antecedentes en el plano nacional e incluso internacional como para avalar el pedido.

Entre otras consideraciones, el aceptar que un empresario involucrado en una sospecha tan grande logre zafar de la situación a cambio de una obra, es en sí mismo un llamado a la desconfianza pública sobre las instituciones, por lo que entran en juego otros aspectos que están por encima de la causa en sí.

 

 

Radio Chubut

El juez Sergio Piñeda justificó el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Pablo Oca y Víctor Cisterna a una decisión que está atada en forma directa a lo que argumenta el Ministerio Público Fiscal.

En su alocución, Piñeda esgrimió que «el juez puede resolver igual o por debajo del Ministerio Público Fiscal, porque es quien lleva adelante la investigación». Profundizando, dijo que «si el Ministerio Público Fiscal acepta la morigeración, yo no puedo oponerme. Por más que yo quiera, no puedo dictaminar en contra».

 

 

El Chubut

De una lista de casi 30 imputados en la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política, ya no quedan detenidos en establecimientos carcelarios. Las únicas excepciones son Correa y Luthers, que están en la cárcel por estar imputados en la causa «Embrujo».

El efecto de la causa que generó un sismo político y económico en Chubut ya no cuenta con detenidos en la cárcel.

«Revelación» provocó fuertes expectativas en la sociedad, principalmente por los protagonistas involucrados y por la génesis de la causa que comenzó con una ola de 11 detenciones: Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Patricio Musante, Juan Carlos Villegas, Oscar Peña, Esteban Torraca, Federico Piccione, Juan Ignacio Salaberry, Daniel Russo y Andrés Ninín. A estos nombres hay que sumarles los de Diego Correa y Diego Luthers (ya estaban detenidos por la causa «Embrujo»); y meses después detuvieron al empresario Pablo Bastida. Hubo más empresarios imputados, aunque siempre afrontaron el proceso en condiciones de libertad.

Próximo a cumplirse los seis meses de la etapa de investigación, la causa por los presuntos pagos de coimas de empresarios a funcionarios del gobierno provincial no tiene detenidos en la cárcel, con la salvedad de Correa y Luthers, que estarán en prisión por lo menos hasta febrero de 2019, fecha en la que se llevaría a cabo el juicio oral y público por el «Embrujo».

 

 

El Chubut

Cuando ya las partes se habían puesto de acuerdo y el juez Sergio Piñeda se aprestaba a homologar  las posiciones del Ministerio Público Fiscal y los defensores de Pablo Oca, Victor Cisterna y Alejandro Pagani, el fiscal general Marcos Nápoli pidió nuevamente la palabra para señalar un aspecto que según su expresión, “se me había pasado por alto”.

Nápoli fue breve en sus dichos. Y esa brevedad no hizo más que destacar lo que no dijo. “Señor juez. Se me había pasado y lo quiero destacar, felicitando la presencia en esta audiencia y el permanente acompañamiento de los representantes de la Fiscalía de Estado, querellante en esta causa”, indicó en alusión a la presencia de los dos abogados sentados a su lado.

En la audiencia iniciada a las 11,23 de este viernes no estuvieron los querellantes representantes de Iniciativa Ciudadana. Tampoco estuvieron presentes los diputados del Frente para la Victoria denunciantes de esta causa, de la Oficina Anticorrupción y el abogado comodorense Eduardo Conde.

A instancias del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Sergio Piñeda resolvió la morigeración de las condiciones de detención de tres ex ministros del Gobierno del Chubut involucrados en la causa “Revelación” que investiga un entramado de negociaciones entre funcionario públicos y empresarios de la construcción y que tiene a 37 personas imputadas.

Se trata de los contadores Pablo Oca y Víctor Cisterna, el ingeniero Alejandro Pagani, todos ministros del ex gobernador Mario Das Neves durante su última gestión al frente de la provincia del Chubut.

Oca fue ministro de economía y desde que se produjo su imputación, hace casi seis meses, se hallaba privado de la libertad en un centro de detención. Cisterna, ex ministro coordinador, compartía el mismo lugar de encierro. Ahora estarán con arresto domiciliario con posibilidades, según adelantó el fiscal general Marcos Nápoli, de que recuperen la libertad a la espera del juicio oral y público que se prevé se inicie a fines del año que viene. Ambos contarán con permiso para salir a trabajar, Oca a la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad local, y Cisterna a su estudio contable. Mientras que para Oca su esposa será garante del cumplimiento de las condiciones del arresto domiciliario, la situación de Cisterna estará garantizada por dos de sus hijos.

Respecto del contador Pagani para quien su abogado defensor Carlos Villada pidió la libertad, esta posibilidad le fue negada. Por lo tanto seguirá con el arresto domiciliario aunque con posibilidades de salir diariamente a trabajar para controlar la marcha de las obras de refacción del muelle Almirante Storni de Puerto Madryn.

Los tres imputados no tendrán rondines sorpresivos por parte de la policía. En favor de esta medida, el fiscal Nápoli tuvo en cuenta el comportamiento ejemplar que han tenido durante el tiempo en que han permanecido privados de la libertad.

Sin embargo deberán abstenerse de mantener todo tipo de contacto con testigos de la causa en la que se encuentra involucrados, gente vinculada con la militancia política de ambos a fin de no entorpecer lo que queda de la investigación, teniendo en cuenta que en los próximos meses los fiscales Nápoli y Héctor Iturrioz, ya estarán en condiciones de elaborar la acusación que será la base del futuro juicio oral y público. En la audiencia de este viernes realizada en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson,  el fiscal general Nápoli consideró que el paso del tiempo y el avance de la investigación hizo que ya no existan riesgos de posible entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga, las dos condiciones que impone el Código Procesal Penal del Chubut al momento de morigerar la situación de imputados privados de su libertad.

Oca y Cisterna fueron defendidos por los abogados particulares Fabián Gabalachis y Emilio Galende respectivamente. En la audiencia estuvieron presentes además los abogados de la Fiscalía de Estado, querellantes, que convalidaron la posición del Ministerio Público Fiscal