Tag

Revelación

Browsing

En el marco de la investigación de la causa periodísticamente llamada “Revelación”, en la mañana de este lunes se realizaron dos audiencias en la Oficina Judicial de Rawson en la que el juez de garantías Sergio Piñeda resolvió analizar el ofrecimiento de los respectivos abogados defensores de tres de los imputados para acogerse a la figura de la “suspensión del juicio a prueba” o “probation”.

Se trata de los empresarios de la construcción Miguel Freile y Massoud Ighani que fueron los imputados de la primera de las audiencias, y por otro lado, el periodista Andrés Ninin, protagonista de la segunda de las audiencias.

Ighani, dueño de Rigel Construcciones, para no ir a juicio oral y obtener la probation, ofreció construir un edificio por más de cuatro millones de pesos en el barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia para la Fundación “Juntos por un Corazoncito Feliz”. Freile, también empresario de la construcción, ofreció ampliar en 72 m2 la sede del Centro de Rehabilitación de esa misma fundación, para evitar el juicio oral y público en su contra. En el caso de los dos empresarios, Piñeda resolverá en cinco días hábiles más.

Nínin dijo «acepto mi participación en los hechos y ratifico mi declaración, Yo forme parte de una organización para estafar a Canal 9». En 10 días hábiles el juez Sergio Piñeda decidirá si acepta el resultado del juicio abreviado o no. Los querellantes adhirieron a la petición del Ministerio Público Fiscal que además mantuvo contra Ninin, todo lo descripto en la acusación y los cargos en su contra. El periodista está imputado como partícipe de una asociación ilícita, así lo informó canal 9.

El fiscal Marcos Napoli pidió una condena de tres años de prisión de efectivo cumplimento para el imputado Nínin, aunque tiene la posibilidad de acceder a la libertad condicional, conforme a derecho, teniendo en cuenta los nueve meses de prisión que ya cumplió. Su defensor Guillermo Iglesias anticipó que solicitará la libertad condicional para Nínin. El juez Piñeda se tomará 10 días hábiles para resolver.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz recibieron, después de tres meses, las observaciones sobre las probation de 15 imputados en la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública.

EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al documento presentado por los fiscales dando un cierre a las ofertas de 15 empresarios para evitar el juicio oral y público.

La causa Revelación llegó a su etapa final: 14 empresarios más evitarán el juicio oral y público y en un mes los fiscales presentarán la tesis acusatoria contra exfuncionarios y un puñado de empresas que no aceptaron las probation con la finalidad de demostrar su inocencia en el juicio.

El 21 de febrero de 2019, el juez de Garantías, Sergio Piñeda, tomó la determinación de girar todas las propuestas al área de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura

Recién esta semana, la oficina de Obras Públicas terminó de analizar todos los presupuestos para comprobar si las ofertas presentadas por 15 empresarios contenían sobreprecios.

Los fiscales tomaron la decisión de aceptar todos pedidos de probation, con la excepción de la oferta presentada por el empresario Carlos Castro Blanco de Apicons Elaborados.

LAS OFERTAS ACEPTADAS

Luis Igarzábal de la empresa OCP Ingeniería realizará la construcción de un playón deportivo en Barrio Area 11 de la ciudad de Rawson por un monto de $ 1.272.685.

Jorge Barrionuevo de la firma IPE efectuará la obra de provisión de agua potable para 70 lotes sociales en la localidad de Dolavon.

Gustavo García Moreno de la constructora Pórtico 3 llevará a cabo la construcción de un galpón multiuso en la localidad de El Maitén con un presupuesto de $ 1.188.378.

Javier Ban de la empresa Ingar Construcciones estará a cargo de la reparación integral de la escuela inicial Nº 461 de Puerto Madryn por un monto de $ 2.251.000.

Diego Cagnolo de Diherco realizará la ampliación de la obra del jardín de infantes que funciona en la Escuela Nº 3 de la zona de chacras en Trelew con un costo de $ 2.034.826.

Gustavo Moretta de Libra Construcciones concretará la obra de ampliación y refuncionalización de consultorios en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Madre Teresa de Calcuta, en la ciudad de Puerto Madryn.

Daniel Russo titular de War Construcciones hará trabajos dentro de la obra ofrecida por el imputado Villegas, que tiene un costo que supera los 8 millones de pesos.

Claudio Gatica de la firma Gatica Construcciones estará al frente de las refacciones y remodelaciones en el hogar de día del Barrio San Miguel en la ciudad de Puerto Madryn.

Juan Carlos Villegas realizará la construcción de un edificio nuevo para el EDDIM, centro de educación especial en la ciudad de Puerto Madryn con un presupuesto que supera los $ 8 millones.

Carlos Di Benedetto de Didelco efectuará una mejora en el salón utilizado por el Comedor del Corazón de la ciudad de Trelew.
Claudio Díaz de la compañía CD Construcciones efectuará la construcción de una plaza pública en la localidad de Río Mayo.

Osvaldo Bergareche titular de Esquel Construcciones evitará el juicio oral y público con la obra de la construcción de tres canchas de tejos -una de ellas techada- para personas de la tercera edad en la ciudad de Esquel.

Marcelo Pasquini, dueño de Pasquini Construcciones, realizará la construcción de dos playones deportivos para el Club Independiente de ia ciudad de Esquel.

Juan Carlos Bossi de Auda S.R.L., iniciará una obra para Bomberos Voluntarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

EL CASO DE CASTRO BLANCO
En el caso puntual de Castro Blanco, el informe presentado por Iturrioz y Nápoli y al que accedió EL CHUBUT, sostiene que «los lotes beneficiarios de la obra a realizar -conexiones de agua potable- serín propiedad del imputado o su grupo familiar».

Por estos motivos, los fiscales afirman que «ante la sola y posible existencia de que tal relevamiento se corresponda con la realidad, desde este Ministerio Público hemos decidido no aceptar la reparación ofrecida y dejarla pendiente a una nueva propuesta por parte del imputado, desde luego variando completamente el tenor de la reparación».

El Consejo de la Magistratura sesiona en Gaiman. También citaron a declarar al ex ministro Bortagaray, al juez de la causa Revelación, Sergio Piñeda, y a varios testigos. Este jueves declaran los acusados.

En el marco del pedido de jury contra los fiscales de la causa Revelación, Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, y el juez Sergio Piñeda, por la detención del ex ministro de Familia Martín Bortagaray mientras tenía fueros, este miércoles sesiona el Consejo de la Magistratura en Gaiman. Para este jueves, según pudo confirmar ADNSUR, están citados a declarar Bortagaray, los tres acusados y varios testigos.

Según pudo saber ADNSUR, allí se convocó para mañana a que presten declaraciones testimoniales en el sumario que se está siguiendo a Martín Bortagaray a las 13 horas; a Jorge Valiña a las 14 horas (quien hizo la denuncia), luego a los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz. A las 15:30 declarará -ofrecido por el juez Piñeda, como testigo- el exjuez Jorge Pfleger. A las 18 horas fue convocada la titular de la Oficina Judicial, Ana Karina Breckle, también testigo de Piñeda, quien declarará a las 18 horas.

Cabe recordar que, tal como informó ADNSUR días atrás, el fiscal Iturrioz se refirió al proceso que atraviesa junto a su par Nápoli, en el Consejo de la Magistratura, tras el sumario por la detención del ex ministro de Familia Martín Bortagaray. Iturrioz aseguró en diálogo con Actualidad 2.0 que “van a hacer lo posible por echarme” ya que a algunos “les molesta esta investigación”.

Iturrioz argumentó al respecto: “Yo siempre demostré independencia» y disparó: «no les conviene que haya fiscales como yo”.

El año pasado, el Consejo de la Magistratura abrió el sumario para los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, de la Unidad Anticorrupción, y el juez Sergio Piñeda, luego de que los tres fueran denunciados por la detención presuntamente ilegal de Martín Bortagaray, mientras aún era ministro de Familia, en el marco de la causa Revelación, que investiga el pago de retornos en la obra pública en Chubut.

La discusión es si los investigadores y el juez incurrieron en mal desempeño al encarcelar a un funcionario que en ese momento contaba con fueros.

 

ADNSur

Uno de los fiscales de la causa “Revelación”, Héctor Iturrioz, lamentó la falta de acompañamiento de la sociedad en la investigación. “Todos saben cosas, pero a la hora de declarar no quieren presentarse”, manifestó.

La causa “Revelación” fue la segunda en tomar estado público en relación a hechos de corrupción en el Gobierno provincial y en la que el Ministerio Público Fiscal del Chubut trabaja tras la creación de una unidad especial para tal fin. La misma está a cargo de Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli.

Al respecto de la causa, el fiscal Iturrioz cuestionó que “hay poca responsabilidad social para que estos temas se aclaren. Debo decir que la sociedad no acompañó en estas denuncias. Todo el mundo decía saber cosas y por eso temí una catarata de presentación de testigos”, reconoció.

“Pero no fue así, al contrario. Por ejemplo, hubo un testigo que decía por las redes que la investigación era un circo. Cuando pudimos lograr que declare, con el apoyo de la Policía, terminó aportando datos relevantes sobre las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre un ex funcionario”, añadió por otra parte.

“La presentación de testigos que puedan aportar hasta el más mínimo dato, resulta por demás importante para la continuidad de la investigación de la causa y dar definitivamente con sus responsables”, añadió en este sentido.

Remarcó que lo que se investiga “son delitos contra el Estado. Esto es, contra los ciudadanos. Y es por eso que desenredar una larga y compleja madeja de movimientos ilegales, pagos de retornos y una cantidad importante de ilícitos requiere no solo del trabajo de la Justicia sino también del compromiso de la sociedad toda”.

“Hasta el momento esto último no se dio, al menos como se esperaba. Y lo que es peor: como se pregonaba”, remarcó.

El fiscal Iturrioz sostuvo que sólo los empresarios Federico Piccione y Pablo Bastidas podrían tener condenas de cumplimiento efectivo y alcanzaría los tres años porque ambos siguen imputados por integrar una asociación ilícita en las causas que investigan corrupción y las fuentes de la caja negra de la política en Chubut.

Pero reiteró que “la sociedad no nos acompañó” en reforzar cada una de las denuncias para ampliar la investigación. “Pensamos que íbamos a tener un aluvión de testigos pero esto no ocurrió. Tampoco nos ayudaron los querellantes”, expresó.

Iturrioz aseguró que “todos sabían” sobre este entramado de corrupción. “No sólo que nadie hizo una denuncia, sino que no vino ni un solo testigo. Pensé que iban a venir en avalancha, voluntariamente pero a muchos tuvimos que traerlos con situación policial. Estamos absolutamente solos”, lamentó.

“La sociedad que tanto demanda, no colabora en nada. Y esto nos apena porque los delitos contra el Estado son graves y su resolución nos debe involucrar a todos. Critican desde la casa con un Nick falso. No sea cosa que los identifiquemos y los traigamos a declarar. Es duro pero es así. Se esconden, hay que decirlo”, sentenció.

Por otra parte, recordó que cuando comenzó su trabajo en la Unidad Anticorrupción “vi que había muchísima gente que sabía cómo era esto. O por lo menos que decía que sabía. Creí que inmediatamente iba a haber una catarata de testigos presentándose voluntariamente para declarar en la Fiscalía”.

“Hasta el día de hoy muchos dicen ‘yo sé esto, yo sé aquello’. A mi colega Marcos Nápoli le dije que mínimo vamos a tener unos diez testigos por día. Pero no se presentó nadie. Todos sabían pero nadie se presentó, ni hubieron testigos”, se lamentó.

Agregó que “en la causa hay un centenar de testigos, casi todos se mostraron reticentes a dar su testimonio y en algunos casos hubo que apelar a la fuerza policial para que vengan a declarar”.

Iturrioz se refirió también a la situación particular de un testigo. “Tuvimos la experiencia particular y muy desagradable con un testigo que no se presentaba a pesar de las reiteradas citaciones. Decía en las redes sociales que todo era un circo. Pero resulta que él mismo era el responsable de aportar la información que necesitábamos, porque tenía datos sumamente relevantes sobre el enriquecimiento ilícito de Gonzalo Carpintero”, reveló.

“El trabajo de convocarlo demandó varios meses, hasta que finalmente pudimos traerlo para que declare. Esa es la responsabilidad social. Por eso veo las críticas en las redes sociales y me parece que no tienen ningún sentido. Es una mera declamación. Critico cómodo desde mi casa, pero al momento de los testimonios no sé nada. Porque todos saben pero ante los fiscales no hubo un solo testigo que se viniera a presentar. Por eso digo que no hay responsabilidad social”, concluyó.

Prensa Ministerio Público Fiscal

Ayer quedaron imputados en la causa de la emergencia climática los dueños de las empresas «Blanquería Matices» y «Thor S.R.L.». El fiscal Omar Rodríguez afirmó que los reproches en la acusación será más elevados porque «no se trata de personas carenciadas».

En la audiencia de apertura de investigación que se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Mirta Moreno imputó provisoriamente como partícipes primarios por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a los dueños de ambas compañías.

A la titular de Blanquería Matices le imputan cinco hechos, de los cuales uno es en grado de tentativa. La defraudación estimada por los fiscales asciende a $ 2.911.385, vinculados a la venta de colchones, frazadas, toallas, mantas térmicas, luces led y botas de aguas, entre otros elementos.

A los dos dueños de Thor S.R.L. (Casa Maza), la imputación es de características similares y por una presunta defraudación de $ 2.100.000. En este caso, los fiscales denunciaron el pago de retornos por $ 210.000, según consta en las planillas confeccionadas por Diego Luthers y contrastado por una extracción en el Banco del Chubut de una partida idéntica.

«Estamos hablando de un hecho muy grave en la situación y el marco que se dio. Hay que recordar que no son personas carenciadas, que tienen posibilidad de salir adelante, de tener ingresos legítimos. Y lo que muestra acá, o el móvil de este tipo de maniobras, es justamente la codicia. Entonces, siempre el reproche es mucho más elevado», dijo Rodríguez ante una consulta de EL CHUBUT.

El fiscal explicó que la maniobra se repite en todos los casos: «Arreglaban generalmente con Luthers que era el que tenía el contacto directo con los proveedores, le daban facturas y remitos sin documentación alguna, se armaban los expediente y una vez que cobraban, los proveedores retornaban esa plata a mano de los funcionarios».

CONFORMARON FACTURAS ANTES DE QUE LLUEVA

Uno de los casos emblemáticos en la causa de la emergencia climática en la ciudad de Comodoro Rivadavia fue la confección de una factura solicitando colchones un día antes de que comenzara la catástrofe en la provincia del Chubut.

«Hay una venta antes de empezar a llover. Se trata de un remito de entrega de los colchones que fue el 28 de marzo de 2017, y el 28 todavía no había empezado a llover en Comodoro, comenzó el 29», sin embargo, «la entrega de mercadería en el marco de la emergencia tenía fecha del 28», relató el fiscal en conferencia de prensa.

La información fue confirmada a ADNSUR por el presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Martín Montenovo, quien explicó algunos detalles vinculados al reglamento interno del organismo y el período que se abre para la instrucción sumarial.

En una sesión desarrollada esta tarde en Rawson, la comisión de admisibilidad resolvió por unanimidad que corresponde abrir el sumario contra el juez que autorizó la detención del ministro en funciones, mientras que la misma comisión había resuelto en disidencia abrir también el sumario contra los fiscales.

Por razones reglamentarias, cuando se produce desacuerdo en esa instancia previa de admisión debe intervenir el Pleno del Consejo, por lo que éste resolvió, por absoluta mayoría, que también cabe el sumario para los acusadores públicos.

De este modo, según pudo saber ADNSUR, se procedió al sorteo y la responsabilidad de instruir el sumario recayó en el consejero popular de Trelew, Luis Torrijos, quien dispondrá de un plazo de 90 días hábiles (es decir que no se cuenta el lapso de la feria judicial durante el mes de enero) para emitir una dictamen, que luego debe ser sometido a tratamiento por el Pleno del organismo.

Las posibilidades que se abren son diversas, según el reglamento del organismo: el sumario puede concluir que hubo mal desempeño y, en ese caso, el organismo deberá definir si los magistrados deben ser sometidos a un juicio de destitución o a una sanción disciplinaria por parte del Superior Tribunal de Justicia. O también podría concluir que no hubo mal desempeño ni desconocimiento del derecho, por lo que las actuaciones quedarían archivadas.

De qué se los acusa

Lo cierto es que el juez y los dos fiscales que tuvieron a su cargo la imputación y todo el proceso preliminar en la causa conocida como “Revelación”, en la que hay 40 imputados por un circuito de coimas entre empresarios y funcionarios públicos, podrían quedar del lado de los acusados por irregularidades en su desempeño.

El cuestionamiento formulado por el particular que presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura es que ordenaron la detención y allanaron las oficinas de Martín Bortagaray en la Casa de Gobierno, cuando éste se desempeñaba aún como ministro de Familia.

Sin embargo, el artículo 248 de la Constitución Provincial garantiza fueros para ministros en funciones, impidiendo su detención o ser allanados, aunque sí pueden ser investigados.

Pese a ello, los fiscales pidieron al juez la orden de detención sin haber fundado, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora del caso, los motivos para desconocer los fueros (lo que debió hacerse mediante un planteo de inconstitucionalidad), resultando además llamativo que al día siguiente de la detención fuera liberado, es decir que los motivos para requerir la prisión preventiva en un primer momento podrían no haber sido suficientemente sólidos.

Todo esto será materia de investigación, según aclaró Montenovo, por lo que tanto el juez y los fiscales deben ser responder a la notificación del sumario y tienen derecho a recusar al sumariante, para una vez cumplida esa etapa comience a instruirse el sumario.

Fuente: ADNSUR

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió otorgarle la morigeración a Tato Ramón solicitada por el defensor Omar López, la fiscalía se opuso a la medida. La querella presente, Fiscalía de Estado, estuvo representada por el Dr. Javier Dominguez quien acompaño al Ministerio Público Fiscal.

La rectificación de las imputaciones y las medidas de morigeración, fueron los principales ejes de la audiencia. El defensor Omar López, mencionó que son cuatro los hechos que pueden imputarle a mi defendido, y especifico, uno consumado y tres tentados.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal, representado por los Dres. Alex Williams y Omar Rodríguez, defendieron su postura, “se metieron en el auto de elevación a juicio quiero dejarlo aclarado” dijo Rodríguez en su locución y Williams agregó, “si deberíamos tomar lo que solicita el defensor de Tato Ramón, ahora con este nuevo planteo cambia la plataforma fáctica, por lo tanto se estima una pena posible que iría de tres años a 16 años. La querella adhirió a lo solicitado por el MPF.

Al concluir los fundamentos de ambas partes el Juez Sergio Piñeda resolvió rectificar el punto seis del auto de elevación a juicio, por lo que le correspondería a Tato Ramón, la imputación por un hecho consumado y tres tentados, por lo que deberá cumplir con arresto domiciliario con custodia policial, y de esta forma preservar el derecho de legítima defensa, expuso el Juez en su veredicto.

Un vez más se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson otra audiencia por la causa denominada “Embrujo” tras varios intentos de morigeración el imputado Tato Ramón cumplirá arresto domiciliario custodiado por la policía.

Cabe recordar que Juan Carlos «Tato» Ramón es investigado por la conformación de una presunta asociación ilícita para defraudar al Estado chubutense y que tendría como cabecilla al exfuncionario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

El abogado penalista Fabián Gabalachis, reconoció abiertamente que actúa ante el juez Sergio Piñeda con “resignación”, porque el magistrado que lidera las audiencias por las causas “Relevación”, “Embrujo” y la que investiga el destino dado a los fondos para la emergencia climática de Comodoro Rivadavia jamás le concede nada de lo que pide.
“Todo lo que se consiguió para mis representados fue a través del convencimiento de los fiscales o de la cámara revisora” reveló con cierto fastidio el penalista que de antemano percibe un “no” a cualquier petición que realicen ante el juez Sergio Piñeda.

En este terreno reconoció que uno de sus defendidos, Diego Correa, directamente presenta un escrito cuando no tiene que estar presente en la audiencia en la que se revisa la prisión preventiva, pidiendo que lo dejen directamente donde está, porque sabe que otra solicitud es perder el tiempo.

El penalista se prepara para dos audiencias esta semana.

Una que se realizará este miércoles, donde los fiscales aportarán más acusaciones en la causa por la que se investiga el desvío de los elementos destinados a los inundados de Comodoro Rivadavia.

Y la restante será el jueves, por la causa “Revelación” en la que también se ampliarán los cargos contra los empresarios acusados de dar “retornos” para verse favorecidos en el pago de certificados de obra.

Correa y Luthers seguirán en la cárcel. Cisterna, Oca, Pagani, Carpintero, Piccione y Bastida continuarán con arresto domiciliario. El único beneficiado fue el exministro de Infraestructura, que podrá viajar a La Plata para el egreso de su hijo.

Ayer se cumplieron seis meses de las detenciones a exfuncionarios y empresarios en la causa que investiga los presuntos retornos de la obra pública y que sacudió el tablero político y económico en la provincia del Chubut. En este marco, se realizó la audiencia para revisar todas las medidas de coerción de los imputados que aún mantenían prisiones preventivas o domiciliarias.

El juez de Garantías Sergio Piñeda mantuvo todas las medidas que recaían sobre los imputados hasta antes de la audiencia.
Diego Correa y Diego Luthers, protagonistas estelares de la conformación de la asociación ilícita, según la hipótesis de los fiscales, continuarán presos.

En tanto que los exministros Víctor Cisterna (Jefe de Gabinete), Pablo Oca (Economía) y Alejandro Pagani; el exsecretario privado, Gonzalo Carpintero; y los empresarios Federico Piccione y Pablo Bastida, mantendrán el arresto domiciliario.
Correa presentó un escrito solicitando su continuidad en la cárcel. Los fiscales adhirieron a esta petición y Piñeda lo ratificó en la resolución dictada.

En el caso de Luthers, su abogado Lisandro Benítez había solicitado una visita semanal a la familia desde las 13 a las 17, aunque el juez otorgó solamente una salida.

Pagani fue autorizado a viajar a La Plata para asistir al egreso de su hijo en diciembre y también podrá visitar a su madre dos veces a la semana, con la condición de avisar a la Comisaría más cercana cuando llegue a su domicilio.

El juez rechazó el pedido de libertad para Cisterna y también la ampliación de salidas laborales, argumentando que el exministro de Coordinación de Gabinete es una de las piezas clave de este entramado que investiga el Ministerio Público Fiscal.

En el caso de Oca y Bastida, Gabalachis no requirió nuevos pedidos, con lo cual continuarán con el régimen que mantenían.

El empresario Piccione sufrió un revés judicial en torno al pedido delineado por su abogado Marcos Salt, para flexibilizar las salidas laborales del comodorense. Los fiscales alegaron que el requerimiento fue «muy general» y «sin precisiones» y el juez rechazó la solicitud.

Despejando cuestionamientos de los abogados defensores sobre las decisiones adoptadas por Piñeda, el juez dejó en claro que «pareciera que soy la persona que si dice blanco es blanco. No señores, hay instancias que controlan mis decisiones y que la evalúan dos jueces de revisión. Si me equivoco, existen dos jueces que revisan mis resoluciones».

La presentación fue formulada por esa organización que es querellante en las causas por presuntos cargos de corrupción en el ámbito de la administración pública que involucra a ex funcionarios y empresarios de la construcción.

En el caso de la investigación llamada “Revelación”, los fiscales aceptaron la solicitud de los abogados defensores de los empresarios arrimados a proceso acusados de generar “retornos” en el pago de los certificados de obra.

De esta manera lograron la suspensión del juicio a prueba a cambio de hacer obras menores consideradas de interés público.

Sin embargo desde “Iniciativa ciudadana” apelaron la medida ante el juez Sergio Piñeda, quien deberá elevar las actuaciones ante el Superior Tribunal de Justicia para que resuelva por una cuestión de competencia.

Interpreta Eduardo Hualpa que los empresarios deben seguir vinculados al proceso y no debe otorgársele la figura de la probation.

El abogado reconoció que en un principio eran bastante cautelosos porque no es fácil encontrar argumentos para una apelación de ese tipo, sobre todo cuando los fiscales estuvieron de acuerdo.

Sin embargo reveló que tras estudiar el caso encontraron suficientes antecedentes en el plano nacional e incluso internacional como para avalar el pedido.

Entre otras consideraciones, el aceptar que un empresario involucrado en una sospecha tan grande logre zafar de la situación a cambio de una obra, es en sí mismo un llamado a la desconfianza pública sobre las instituciones, por lo que entran en juego otros aspectos que están por encima de la causa en sí.

 

 

Radio Chubut