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En medio de la creciente propagación del coronavirus en Venezuela, Amnistía Internacional (AI) emitió una grave denuncia contra Nicolás Maduro, a la que acusó de “reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios” que a diario deben hacer frente al Covid-19. Asimismo, el organismo que vela por los derechos humanos advirtió que las autoridades chavistas “están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales”.

“Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de Covid-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable”, apuntó Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

“Mientras el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido a la población que aplauda a las y los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos que necesitan para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias”, agregó.

La organización Médicos Unidos de Venezuela reportó que 71 trabajadores sanitarios murieron entre el 1 de julio y el 16 de agosto. De esas muertes, 37 se produjeron en la primera quincena de agosto. Este balance representa casi el 30% del total de muertes por coronavirus en el país que reporta el régimen de Maduro, que son 288 -hasta el martes 18 de agosto, día que se emitió el comunicado de Amnistía Internacional-.

Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector, por lo que la gente no conoce en detalle la cantidad de trabajadores sanitarios fallecidos por coronavirus.

Amnistía Internacional también se hizo eco de las sospechas que existen respecto a las cifras que compartió hasta el momento la dictadura de Maduro. El organismo para los derechos humanos indicó que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de Covid-19 “sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas”. Es decir, el doble de la cifra de la semana anterior. “Esto plantea dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales diarias de casos en todo el país, ya que el gobierno informó de sólo 1.148 nuevos casos de Covid-19 en todo el país el mismo 16 de agosto”, señaló AI.

El grave informe de Amnistía Internacional sostuvo que Venezuela “es un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud”. “Desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes”, agregó.

“Aunque en muchos países de la región se han producido represalias contra las personas trabajadoras de la salud que actúan como denunciantes, según la información de que dispone Amnistía Internacional, Venezuela es el único país de la región que ha detenido a trabajadores de la salud y los ha llevado ante tribunales militares y civiles”, añadió el organismo.

AI denunció que, hasta la fecha, recibió información “sobre al menos 12 trabajadores de la salud que han sido detenidos y detenidas durante la pandemia”. “Amnistía Internacional ha informado desde hace años sobre la política de represión aplicada por el gobierno de Maduro para silenciar y controlar a la población, que incluye detenciones arbitrarias y tortura dirigidas a un amplio conjunto de personas que alzaron sus voces”.

La Federación Médica Venezolana (FMV) indicó que en los últimos años cerca del 50% de los médicos venezolanos dejaron el país, lo que dificulta la lucha contra el coronavirus. “Las personas trabajadoras de la salud que se quedaron en Venezuela ganan entre 4 y 18 dólares americanos al mes, y muchos han tenido que caminar para ir a trabajar, a veces más de 10 km, ya que no pueden pagar el transporte. Según el grupo de la sociedad civil Monitor Salud, el 68% de 296 trabajadores sanitarios de la ciudad de Caracas encuestados de marzo a junio llegaron al trabajo sin comida en el estómago para empezar con un su turno arduo. El promedio de gastos de subsistencia de comestibles y servicios básicos por mes para cada venezolano se estima en 513 dólares, según la organización nacional de investigación CENDAS”.

Amnistía Internacional recordó que la legislación venezolana “establece que los trabajadores deben ser protegidos de los riesgos en el trabajo”. No obstante, la ONG Provea advirtió que “los trabajadores están siendo dejados completamente expuestos sin equipo de protección personal (EPP)”. “En los casos en los que se suministra EPP a los trabajadores, se les está obligando a reutilizar los cubrebocas durante períodos prolongados de tiempo, lo que los hace ineficaces”.

El martes Venezuela registró 1.047 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone el séptimo día seguido con más de mil contagios diarios.

Mediante un comunicado APDH Noroeste del Chubut, expone su posición con respeto a los hechos que se llevan a cabo en la provincia de la mano del Gobernador Mariano Arcioni. 

Comunicado | La respuesta del pueblo ante un delito, no es delito sino un derecho.

Los gobernantes y funcionarios del Chubut son los verdaderos responsables de la crisis económica y sociopolítica que atraviesa la Provincia. Sin embargo, culpan al pueblo por decir basta.

Los hechos de explosión social de 2019 en Rawson, con el detonante de las muertes de María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, compañeras docentes, tras una constante lucha de más de 2 años, desataron una serie de episodios que fueron en escalada, oscilando entre la violencia policial y la respuesta cada vez más firme del pueblo movilizado. Fue una noche de mucha represión y de reacción social. Esa noche la Legislatura y la Casa de Gobierno de Chubut, fueron incendiadas.

Hoy, en una clara práctica de aleccionamiento social, y si bien fueron varios los sectores sociales protagonistas de los disturbios, se persigue judicialmente al Secretario General de ATECh, Santiago Goodman y al Delegado Matías Schierlho; y a las dirigentes de la CTA Mariana Castro y Marcela Ancaleo, y se les acusa de ser responsables de esos hechos.

La acusación sobre sus personas no es más ni menos que el amedrentamiento institucionalizado, es el castigo a algunos cuerpos para demostrar que los otros cuerpos pueden ser aleccionados, frenados, acallados.

Ayer mismo también supimos de las notificaciones de la prórroga de sus causas a los seis compañeros asambleístas detenidos el 5 de diciembre de 2019, cuando protestaban contra la intención de abrir el camino a la megaminería que trataban en la Legislatura.

Desde la APDH Noroeste del Chubut, entendemos que perseguir a uno es perseguir a la lucha justa, es perseguir a todos los que luchamos; denunciamos estos atropellos del Gobierno de Mariano Arcioni, que no
está a la altura de su pueblo.

Arcioni ha implementado en la Provincia mecanismos de represión popular: la parálisis económica hacia los sectores trabajadores. Manipula los salarios y, con esto, las vidas individuales y de las familias; coarta la vida colectiva de las ciudades y localidades. Sólo las múltiples protestas y denuncias de organismos provinciales y nacionales pudieron frenar una serie de resoluciones salidas de una mente opresora.

El gobierno de Mariano Arcioni acude permanentemente a acciones que pretenden tapar el sol con un dedo. A esto le decimos ¡Basta!

Acompañamos a los trabajadores Santiago Goodman, Matías Schierlho, Mariana Castro y Marcela Ancaleo; y toda nuestra solidaridad con los luchadores socioambientales perseguidos.

¡Basta de persecución a la lucha!

APDH Noroeste del Chubut

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó su repudio y profunda preocupación por los crecientes casos de violencia institucional denunciados en distintas provincias, principalmente en Chubut, desde que comenzó la cuarentena.

“Desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio se han registrado más de un centenar de casos de violencia por parte de algunos efectivos de las fuerzas de seguridad, en su enorme mayoría contra personas de los sectores vulnerados. Entre las víctimas se registraron personas en situación de calle, vecinos de los barrios populares e inclusive trabajadores en tránsito hacia sus lugares de trabajo”, aseguraron desde la entidad gremial.

“Los casos se registraron en al menos unas diez provincias. Entre ellas Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Jujuy, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. En algunas de estas jurisdicciones miembros se constató el uso de formas de tortura y humillación pública. Este es el caso de Puerto Madryn, provincia de Chubut, donde dos mujeres fueron obligadas por personal policial a desnudarse en una Comisaría”, cuestionaron.

En Chubut, “la metodología represiva salió a la luz luego de que se filtrara un audio del comisario Paulino Gómez (director de Seguridad de la Policía del Chubut), en el que este le ordena a un subalterno que ‘saque detenga y demore gente’. Gómez afirma en el audio que el ministro, por el titular de Seguridad, Federico Massoni, le reclamaba que no había detenidos. Posteriormente al hecho, el ministro Massoni justificó los dichos filtrados en el audio y ratificó a Gómez en su cargo”, criticaron.

Algunas de las denuncias fueron presentadas formalmente por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Otras, no obstante, solo trascendieron por videos subidos a las redes sociales por las propias víctimas y sus vecinos. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha intervenido en varios de los casos mencionados.

Por esa razón, desde CTERA exigió a las autoridades de Chubut la urgente aplicación de las medidas para prevenir la violencia institucional, redoblando los mecanismos de control sobre los efectivos. “En igual sentido reclamamos el inmediato apartamiento de los efectivos acusados por hechos de ésta índole y el pronto procedimiento de los sumarios correspondientes”, plantearon.

La entidad gremial recomendó denunciar todo caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales en los canales dispuestos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que son el teléfono 0800 122 5878 y el correo electrónico dnpcvi@jus.gov.ar

Fallecieron otros tres manifestantes por las heridas sufridas. Otras 125 personas resultaron heridas y 110 manifestantes fueron detenidos.

Tres manifestantes murieron en Bolivia por las heridas sufridas cuando policías y soldados reprimieron a tiros una marcha de partidarios del ex presidente Evo Morales en Cochabamba, en el centro del país, informaron hoy autoridades, con lo que sube a ocho la cifra de víctimas en esa protesta.

El representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo además que otras 125 personas resultaron heridas y 110 manifestantes fueron detenidos, en la que fue la jornada más violenta desde la renuncia y salida del país de Morales.

La policía dijo que los manifestantes llevaban armas de fuego y objetos contundentes y que arrojaron bombas molotov a soldados y policías durante los enfrentamientos, y agregó que hubo varios heridos entre las fuerzas de seguridad.

La violencia se inició sobre un puente que une el municipio de Sacaba con Cochabamba y luego de que un grupo de 400 productores cocaleros intentaran llegar al centro de Cochabamba.

Militares y policías locales les impidieron el paso y trataron de convencerlos de que no avanzaran, pero las negociaciones colapsaron rápidamente y comenzaron los disturbios, informó CNN en Español.

El comandante de la Policía en el Departamento de Cochabamba, Jaime Zurita, indicó que la institución sólo usó agentes químicos, aunque dijo que los militares tenían armamento letal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CISH) condenó el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba.

«Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales», dijo en un comunicado.

Zurita dijo que la policía se incautó de «petardos, hondas, palos con clavos, fierros, escopetas, bazucas artesanales, dinamitas y otros artefactos explosivos» que llevaban los cocaleros, y afirmó que se investigarán las causas de las muertes registradas.

La situación en Bolivia se ha ido agudizando tras las elecciones en las que Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de irregularidades que luego fueron corroboradas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que pidió repetir esos comicios.

Morales renunció el domingo luego de que la policía se amotinara y que las Fuerzas Armadas lo presionaran para que dimitiera.

Al día siguiente viajó a México en condición de asilado, no sin antes pedir a sus bases condenar lo que él considera un «golpe de Estado», que «se consumó» luego de que la senadora opositora Jeanine Áñez asumiera la Presidencia interina de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum.

Áñez le advirtió ayer a Morales que tiene cuentas pendientes con la Justicia si regresa a Bolivia, por un supuesto delito electoral y presuntos casos de corrupción de su Gobierno.

Con las muertes en Cochabamba, el número de fallecidos en Bolivia desde el comienzo de la crisis subió a 21 mientras que el de los heridos supera los 500.

Es por las lesiones agravadas a integrantes de la Lof en Resistencia Cushamen durante la represión ordenada por ex Gobernador Mario Das Neves en donde hubieron varios intentos de asesinatos a miembros de la comunidad que catalogaron como lesiones graves.

Das Neves quiere asesinar Mapuches en Chubut

La acusación fue presentada por la fiscal María Bottini. La magistrada relató en hecho que lleva a juicio indicando que sucedió el 11 de enero de 2017, entre las 19 y las 20 horas, en la Ruta Nacional 40, a la altura de Leleque, km 1848, provincia del Chubut.

En dichas circunstancias un grupo de la policía de la provincia del Chubut (compuesto por un total de 20 efectivos), perteneciente a la Guardia de Infantería de dicha fuerza, a cargo del Oficial Principal Javier Alberto Solorza, circulaba por el lugar a bordo del móvil R.I. 554, tipo Furgón, marca Iveco, dominio MSL-208, con dirección a la ciudad de Esquel.

Al ingresar a la ruta Nacional 40 (de asfalto) justo en la zona donde existe un conflicto de larga data con un grupo autodenominado Lof en resistencia del departamento de Cushamen, y en virtud de una posible agresión con piedras hacia el furgón, por orden y bajo directivas impartidas por el jefe del grupo, Oficial Principal Javier Alberto Solorza, quien asume un rol activo, indicando a los policías que estaban bajo su mando lo que tenían que hacer; parte del grupo, baja de la camioneta, se acercan al alambrado perimetral que separa el predio de la ruta, y realizan disparos con escopetas con municiones antitumulto, a corta distancia (menos de 10 metros) y direccionados a la parte superior del cuerpo de las personas que se hallaban en el lugar, impactando al menos a cuatro de ellos, ocasionándoles lesiones de distinta gravedad.

Fernando Eloy Jones Huala, sufrió una equimosis en región lateral izquierda del tórax, de carácter leve.

Malvina Soledad Encina, sufrió una lesión en la cara interna del antebrazo izquierdo (hematoma), de carácter leve.

Fausto Horacio Jones Huala, sufrió un traumatismo de cráneo en la región mastoidea izquierda de su cabeza, el cual le produjo una lesión intracerebral que en el momento inmediato deprimió su censorio y al momento del alta institucional e incluso 3 (tres) meses después, le produjo disminución de su función de habla o lenguaje y audición como secuela, tratándose en principio de lesiones de carácter grave.

Emilio Sebastián Jones, sufrió una fractura atípica de rema derecha del maxilar inferior hasta cóndilo, que disminuye la apertura de la cavidad bucal, lesión ésta de carácter grave, por generar una inhabilidad laboral mayor a 1 (un) mes.

Cabe destacar que el episodio descripto ocurre en un contexto de gran conflictividad dado que días anteriores, otras fuerzas de seguridad, habían realizado procedimientos en el predio, encontrándose en ese momento, varias personas vinculadas con los ocupantes del predio, privadas de su libertad en la ciudad de Esquel, lo que tornaba aún más vulnerables a los ocupantes del predio; y al proceder como se describió el Jefe del Grupo operativo, incumplió con la normativa aplicable y con los deberes a su cargo (art. 122 de la Constitución Provincial, art. 1 de la Ley XIX nro. 5 del Digesto Jurídico Provincial y Protocolo de Actuación de las Unidades Antidisturbios de la Policía del Chubut), además de incumplir con las precauciones que deben tenerse al utilizar proyectiles antitumulto, en particular la dirección del disparo y la distancia aconsejada.-

Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como constitutivos del delito Lesiones leves agravadas por haberse cometido con abuso de la función policial (2 hechos), Lesiones Graves Agravadas por haberse cometido con abuso de la función policial (2 hechos) en concurso ideal con abuso de autoridad (arts. 89 y 90 en función del 92 y 80 inc. 9 y 248 del Código Penal).

Texto Radio 3, Titulo, subtitulo y fotos Cholila Online

La Prefectura reprimió a quienes se concentraron a protestar en el Puente Pueyrredón en el marco de la jornada de paro nacional convocada por la CGT, las demás centrales sindicales y las organizaciones sociales. Los efectivos de esa fuerza de seguridad arrojaron gas pimienta y dispararon balas de goma cuando los manifestantes mostraron intención de avanzar hacia la Capital Federal. La represión dejó heridos.

Agrupaciones de izquierda y trabajadores de distintas empresas en crisis realizan desde cortes de tránsito en distintos puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Las protestas se desarrollan bajo un fuerte operativo de seguridad y está previsto que luego los manifestantes se trasladen hasta la zona del Obelisco para participar de un acto.

El piquete en Puente Pueyrredón estuvo marcado por la tensión desde un primer momento. Allí los manifestantes pertenecientes a partidos de izquierda cortaron el tránsito en la subida de la avenida Mitre en la mano hacia la Capital Federal.

La Prefectura montó una fuerte custodia para bloquear el acceso de los manifestantes al puente e instaló una valla que fue utilizada durante la cumbre del G20 para impedir que avancen. Los autos que circulan desde la zona sur hacia la Ciudad de Buenos Aires tienen la alternativa de entrar al puente por el otro acceso.

Alrededor de las 9.30 los manifestantes hicieron algunos movimientos y la Prefectura respondió con balas de goma y gas pimienta. Hubo heridos por los disparos.

Las fuerzas de seguridad también montaron fuertes operativos en los otros lugares de protestas. Así, los manifestantes convocados en el Acceso Oeste y la calle Vergara y en la Panamericana a la altura de la ruta 197 se mantienen sobre las colectoras de mano hacia la Capital Federal. El tránsito está liberado en la calzada principal de ambas autopistas.

También hay un corte total en el acceso hacia la ciudad del Puente La Noria. Quienes manifiestan en ese lugar son trabajadores de empresas de colectivos de la zona que están paralizadas desde hace meses.

 

Pagina12

Tras el llamado a la rebelión hecho por militares disidentes desde el comando de Cotiza, vecinos que manifestaban su apoyo fueron dispersados por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro y realizaban una barricadas en la zona.

Poco después de que se conocieran a través de las redes sociales los videos del llamado a sublevarse contra el gobierno de parte de un grupo de oficiales de las Guardia Nacional Bolivariana este lunes por la madrugada, vecinos que salieron a las calles de Cotiza fueron dispersados con bombas de gas lacrimógeno.

Integrantes de la misma fuerza a la que pertenecen los sublevados fueron los encargados de reprimir a los manifestantes, que de todos modos instalaron una barricada e incendiaron vehículos para cortar una calle de la zona.

En las imágenes que fueron registradas en el lugar se pudo ver a personas que corrían huyendo de la zona tratando de filtrar los gases que afectaban su salud, mientras que a la distancia se aprecia el humo de las bombas.

Más tarde, vecinos salieron a retomar la iniciativa instalando una barricada que consistía en elemento varios, un vehículo incendiado entre ellos, para demostrar su repudio al accionar de las fuerzas de seguridad que defienden al régimen de Nicolás Maduro.

El gobierno por su parte, no emitió comunicado alguno, aunque sí lo hizo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el mismo expresa que los sediciosos fueron detenidos y que se les aplicará «todo el peso de la ley» tras la convocatoria al pueblo y al Ejército a levantarse contra el gobierno.

Desde la investidura de Maduro, el pasado 10 de enero, el líder chavista no es el presidente reconocido por una gran cantidad de países y organizaciones internacionales, entre las que se encuentran la Unión Europea, el Grupo de Lima que integran los países más importantes de Latinoamérica y los Estados Unidos.

Infobae

Vecinos irrumpieron en la Municipalidad de Quitilipi. Se llevaron donaciones para las familias evacuadas tras las inundaciones. La Policía tiró gases y balas de goma.

Un grupo de personas irrumpió en la municipalidad de la localidad chaqueña de Quitilipi y se llevaron artículos que iban a ser destinados a las familias evacuadas tras las la inundación que afecta a esa provincia. La Policía tiró gases y balas de goma al aire para dispersar a los atacantes. Al igual que otras localidades cercanas, como Machagai y Sáenz Peña, Quitilipi se vio afectada por la intensa lluvia desatada en la madrugada y que continuó durante toda la jornada del lunes.

Ante este panorama, cerca de 200 vecinos se agolparon en el edificio municipal para pedir ayuda, pero la situación se descontroló y atacaron el inmueble, tiraron piedras y rompieron los vidrios del lugar, según consignó el medio local Diario Chaco.

Las personas abrieron a la fuerza el portón de acceso e ingresaron a la playa de estacionamiento de la Municipalidad, donde robaron mercadería de la camioneta de un funcionario que iban a ser llevadas a las escuelas donde hay evacuados.  Frente a esta situación, arribaron al lugar efectivos policiales que intentaron controlar la situación, pero en ese momento comenzaron los incidentes.

Los vecinos arrojaron todo tipo de elementos contundentes contra los agentes, quienes para dispersar a los manifestantes utilizaron gases lacrimógenos y dispararon con posta de goma al aire.

Antes de retirarse, los atacantes destruyeron todos los vidrios de puertas y ventanas del frente de la Municipalidad, ubicado sobre calle Córdoba esquina Mendoza. Hasta el momento no hay personas detenidas.

Más provincias afectadas

Por las inundaciones en el centro y el litoral del país debido a los temporales de la última semana, 2200 personas fueron evacuadas, según confirmó la Cruz Roja Argentina.  “La mayor cantidad de evacuados están en Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe, donde hay alrededor de 1300, 700 y 200 personas, respectivamente”, precisó Rodrigo Cuba, director nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres de la Cruz Roja, según consignó la agencia Télam.

Perfil

El conflictivo Ministro de Gobierno Federico Massoni sumó una nueva represión a su currículum extenso en la toma de decisiones en contra de los trabajadores.
A la represión a los docentes a principios de año, hay que sumarle esta nueva represión a los trabajadores de la pesca nucleados en el gremio del SUPA (Sindicato Unido Portuarios Argentinos) los cuales están cansados de la presión política al sector pesquero con pedidos de coima para la entrega de permisos de pesca, los excesivos «impuestazos» como el canon pesquero que terminan pagando los trabajadores de la pesca y la falta de diálogo del gobierno para brindarle soluciones a través de la Secretaria de Trabajo.
Hace apenas una semana Massoni apuntó con un arma de guerra a un vecino de Trelew que lo denunció por este hecho del cual se espera que el Gobernador tome la decisión de apartarlo del cargo por sus actitudes extremistas e ilícitas que ponen en peligro la integridad física de muchos trabajadores y ciudadanos de Chubut.
Esta vez el Ministro no sólo reprimió al gremio del SUPA sino que también se jactó de esto a través de las gacetillas de prensa que hizo enviar a los medios tradicionales pagos con la millonaria pauta publicitaria de información pública. En las gacetillas de Taito a los medios titularon: “Intervino Policía y MASSONI por cortes de ruta en Rawson”. Este exceso de protagonismo que le permite Arcioni lo único que está logrando es un monstruo represor que pone en riesgo la gobernabilidad de la provincia.
Las pruebas de la represión están a la vista. Gases lacrimógenos, balas de gomas, golpes de puños y cahiporros. Uno de los detenidos padeció un momento muy difícil ya que su hijo se encontraba con la niñera no pudiendo avisar de su situación hasta su liberación.
Parece que para Massoni los únicos trabajadores son los policías a los cuales le dieron aumento no porque los reivindiquen sino porque los necesitan para darle las órdenes de reprimir a la sociedad y poner a trabajadores contra trabajadores.
Desde varios sindicatos, organizaciones sociales, políticas y la sociedad en su conjunto han emitido repudios por está nueva represión de Massoni al sector de la pesca que con su esfuerzo laboral genera riquezas para que esta provincia funciona al contrario de lo que hace Mariano Arcioni que vive de esas riquezas a través de los retornos al sector empresarial como figura en la lista de Diego Luthers recibiendo coimas del sector industrial para pagar colectivos de militantes y hasta pagar las viandas que almuerza

 

 

Dicen que las comparaciones son odiosas pero en este caso ayudaran a traer luz sobre la brutal represión ordenada por el Ministro Federico Massoni contra trabajadores de la pesca que reclaman por sus derechos mientras el Gobierno Provincial criminaliza la protesta social y utiliza las fuerzas públicas y los medios para estigmatizar estos reclamos.

Si el objetivo era despejar la ruta Massoni se excedió más de la cuenta ya que como muestran las fotografías la ruta estaba totalmente despejada cuando reprimieron, es más a los detenidos se los atrapo muy lejos de la ruta incluido a los dirigentes gremiales Ricardo Franco y Juan Gabriel Aguilar abogado de la entidad sindical SUPA.

En el caso del presunto asesinato a Santiago Maldonado la gendarmería ya tenía despejada la ruta, ya poseía el control sobre la mismas, ¿Entonces porque correr a Santiago hasta el río en donde presuntamente lo ahogaron?.

En este corte parcial de ruta de los trabajadores de la pesca como muestras las fotos dejaban pasar a los que la transitaban a intervalos de 15 minutos. Cuando Federico Massoni dio la orden a la policía de Chubut de reprimir esta fue despejada por los trabajadores portuarios a los cuales fueron a capturar hasta en propiedad privada del otro lado de los alambrados en donde los cazaban como animales.

Las comparaciones son odiosas pero Cholila Online viene advirtiendo al Gobernador Arcioni que Federico Massoni no se encuentra en sus cabales, ya advertimos sobre el arma que había transportado de manera presuntamente ilícita el Ministro y luego de esto Massoni protagonizó un hecho tremendo apuntando a la cabeza a un vecino de Trelew.


Volvemos a advertir al Gobernador sobre estas represiones y acciones de su amigo, en las próximas manifestaciones Cholila Online pondrá el drone a disposición de la sociedad y todos nuestros recursos para que el Gobernador y la Justicia puedan observar esta nueva advertencia para evitar así males mayores que ensucien la institución policial y a nuestra provincia a nivel nacional con tragedias voluntarias evitables.