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El Senado de la Nación comenzará esta semana a estudiar el proyecto de Ley de Reforma Judicial que el Poder Ejecutivo envió al Congreso y que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.

El primer paso será el plenario que las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales organizarán el martes 4 de agosto con la presencia de la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo.

Los senadores fueron convocados a sumarse a la videoconferencia que se iniciará desde las 16 y en la que la funcionaria nacional saldará las dudas que surjan desde el Senado.

Fuentes del oficialismo adelantaron que la audiencia de Losardo no será la única y que se abrirá la discusión a más invitados, por lo que el tema continuará siendo debatido en algunas otras reuniones.

El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal crea la nueva «justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica».

Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán.

Habrá un sistema de subrogancias con máxima transparencia en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, indicó, cuando presentó la iniciativa de manera pública, que «la nueva estructura en nada afecta el criterio del juez natural» en las causas que ya se estén sustanciando.

El proyecto también prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales.

Por otro lado, los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes en los nuevos juzgados deberán realizarse por prueba de oposición oral y pública.

Asimismo, se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales que se cometan en su territorio.

El proyecto unifica plenamente la materia Civil y Comercial Federal con la del Contencioso Administrativo. Con la iniciativa se buscará el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

En otro aspecto, el proyecto repondrá las reglas de actuación que deberán los jueces federales como: «mantener un trato equivalente con las partes, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o prejuicio, garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitario y comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos.

También se pretende «evitar que el clamor público y el miedo a las críticas incidan en sus decisiones judiciales», así como desalentar que los magistrados se valgan de su cargo para promover intereses privados.

Durante la presentación del proyecto, el Presidente también anunció la creación de un Consejo Consultivo, conformado por especialistas en derecho que deberán elevar a consideración del Poder Ejecutivo propuestas concretas sobre una mejora en el sistema de justicia, el mejor funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Los miembros de este cuerpo tendrán plena autonomía para recomendar al Presidente de la Nación lo que crean conveniente y, de esas recomendaciones, saldrán futuros proyectos de Ley que serán elevados al Congreso de la Nación.

Una manifestación que fue convocada por Twitter bajo el hashtag #1AYoVoy, reunió a un centener de personas que se expresan con motivo del rechazo a la reforma judicial anunciada por el Gobierno.

En medio de la pandemia de coronavirus, un grupo de manifestantes se acercó al microcentro a pie, mientras que otros realizan una caravana en sus autos particulares y circulan tocando bocina.

El proyecto de reforma judicial busca crear 23 nuevos tribunales y apunta a terminar con la Justicia que actúa «en función del clima político».

Luego de que Alberto Fernández presentara en Casa Rosada el proyecto de reforma judicial que enviará al Congreso -ingresará por el Senado-, muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires salieron a protestar a través de un fuerte cacerolazo rechazando la medida.

Como ocurrió en varias oportunidades desde que comenzó la pandemia del coronavirus, la protesta se convocó en las redes sociales y el horario de las cacerolas fue cerca de las 20.00.

Los barrios en los que más se escucharon fueron Palermo, Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, Colegiales, Almagro, Villa Devoto y Caballito. También hubo réplicas, aunque menores, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires como Avellaneda, Tigre y Acassuso.

“No a la reforma judicial por la impunidad de Cristina. Es grave. Reaccionemos. Argentina unidad en la República, la libertad y en contra de la impunidad de Cristina”, fue la convocatoria que produjo el fuerte cacerolazo.

El anuncio

El Presidente habló en el Salón Blanco de la Casa Rosada acompañado del consejo de asesores que designó para reformar la Corte Suprema, entre otras cuestiones, y ratificó sus críticas a la Justicia que había esbozado cuando brindó el discurso de apertura de sesiones ordinarias el primero de marzo.

“Solo existe una organización de jueces que buscan satisfacer el deseo del poderoso. Digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas y nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, expresó.

Y agregó: “Proponemos organizar mejor la Justicia federal. Estamos proponiendo una Justicia independiente que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estamos construyendo una Justicia proba sobre la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos. Si lo logramos habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene con los argentinos y argentinas. Y también habremos saldado una de esas deudas que la democracia tiene con la sociedad”.

Además, hizo hincapié en las acusaciones de la oposición sobre la búsqueda de impunidad y aseguró: “Las investigaciones en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces que las estén tramitando”.

El Gobierno nacional presentará la semana próxima el proyecto de reforma judicial que busca ampliar el servicio de justicia con un reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un consejo asesor de notables como pilares de la propuesta.

«A principios de semana va a estar el Presidente (Alberto Fernández) anunciando la reforma judicial y enviando el proyecto» al Congreso, confirmó esta mañana el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en declaraciones a radio Del Plata.

El proyecto de ley, que doblaría los actuales 23 juzgados federales y los llevaría a 46 y fusionaría los fueros criminales (12) con los penal económico (11), seguirá en proceso de desarrollo durante el fin de semana, en un trabajo conjunto entre Presidencia y el Ministerio de Justicia que dirige la abogada Marcela Losardo.

El mismo Alberto Fernández está involucrado con la letra chica del proyecto y desde el Ejecutivo ratificaron que será el propio Presidente el que explique, en principio el lunes, el espíritu de la reforma que pretende devolver a la justicia la confianza social y dotar al fuero federal de su dinamismo perdido.

Si bien el proyecto se sigue trabajando, todo indica que no involucrará la composición de la Corte Suprema ni el fuero nacional, es decir, todo aquello que no entra en la órbita de la justicia federal.

«Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho», anunció Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, el 1 de marzo de este año.

En ese discurso, el Gobierno prometió un «fuero federal penal» que pudiera actuar con mayor eficacia, y menos discrecionalidad, en los delitos contra la administración pública.

«Dejarán de estar (esas causas) en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados», dijo en aquel momento.

«Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido», definió Fernández ante la Asamblea Legislativa en su primera apertura de sesiones como Presidente.

El Presidente presentará la semana próxima el proyecto a la sociedad argentina.

Una de las claves para esa transformación es el consejo de notables que analizará el funcionamiento de las instituciones de la justicia como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público Fiscal.

En una entrevista con el diario Página/12 de la semana pasada, Fernández ratificó la voluntad  del gobierno de formar ese consejo para «afianzar la administración de Justicia» que, según anticipó, lo asesorará durante 60 días y tendrá «mucha pluralidad» y «mucha seriedad académica».

En la agenda del consejo estará el juicio por jurados, que está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853 pero se aplica solo en seis provincias; la integración numérica de la Corte Suprema, si está bien la actual conformación de cinco miembros o si debe llevarse a siete, nueve o más ministros; y revisar la figura del «arrepentido», cuya aplicación sobrellevó críticas por los usos políticos de esos testimonios.

En cuanto a la estrategia legislativa que seguirá el Gobierno, se anticipó en fuentes oficiales que la idea es que el proyecto ingrese por el Senado, en donde el oficialismo cuenta con mayoría y en donde la comisión de Justicia y Asuntos Penales, está presidida por el ex secretario General de la Presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli.

La discusión parlamentaria que planteará el bloque oficial estará determinada por el concepto que lanzó el Presidente en la apertura de sesiones: «Los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia».