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El Diputado Nacional por Juntos por El Cambio, Gustavo Menna, salió a pedir junto a su bloque, que el proyecto de ley de la Reforma Judicial sea tratado de manera presencial, y no virtual como podría llegar a ser.

Esta tarde, Menna estuvo en el recinto de Diputados junto con legisladores, donde publicó en sus redes sociales un claro mensaje de estar presente «para garantizar que los temas de fondo, como la reforma judicial, no se traten de modo virtual».

El chubutense consideró además que el proyecto impulsado por el oficialismo carece de «legitimidad jurídica», y observó «desprolijidades y falta de seriedad en su tratamiento”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que no hubo consenso con el oficialismo para realizar hoy la sesión virtual «porque se cayó el protocolo» de funcionamiento temático y advirtió que si se efectúa en forma telemática impugnarán «su validez».

Negri, junto al titular del bloque del Pro, Cristian Ritondo, y al presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, brindaron una conferencia en el Salón de Pasos Perdidos, tras mantener ocho horas de negociación con el oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria.

Un grupo de manifestantes que se acercó al Congreso para protestar contra la modalidad virtual parlamentaria y la reforma judicial intentó entrar al recinto tras forzar la puerta sobre la Avenida Rivadavia.

En un momento de la manifestación, unas 20 personas se acercó hasta la puerta y empezó empujarla para ingresar al Congreso. En medio de los empujones había quedado el diputado nacional Héctor «Toty» Flores, quien finalmente logró ingresar.

Luego de algunos minutos de tensión, alguien abrió la puerta desde adentro y salió personal de seguridad, que logró tranquilizar los ánimos.

Muchos de los manifestantes que hablaron con el canal América TV dijeron estar en contra de las medidas del Gobierno nacional, la reforma judicial y otros reclamos diversos.

Si bien la labor parlamentaria comenzó a las 11:40, la sesión se postergó tres veces. La oposición reclama un debate presencial.

La sesión convocada para este martes es para sancionar la Ley de Emergencia Turística -que ya tuvo luz verde del Senado- y un proyecto sobre la pesca ilegal en Malvinas, dos temas poco conflictivos.

Sin embargo, la pelea se generó por la continuidad del funcionamiento remoto. ​​El protocolo virtual venció semanas atrás y Juntos por el Cambio se niega a ratificar su continuidad si no hay un compromiso de que la Reforma Judicial no se debatirá bajo esa modalidad.

El Senado aprobó hoy, sin el apoyo de la oposición, el proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias, en una sesión especial en la que el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma «no era prioritaria» en medio de la pandemia de coronavirus.

En el final de la sesión, el oficialismo a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover la reforma judicial e intimidaciones contra los senadores que apoyaron el proyecto aprobado.

La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, crea un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias con la meta puesta en fortalecer el sistema de justicia, y desde el oficialismo se afirmó que se trata del «puntapié inicial» de una reforma que «debe ser más amplia».

Tras más de diez horas de debate en el Senado, el Frente de Todos apoyó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original del Poder Ejecutivo.

La mención a los medios de comunicación había sido introducida en el debate en comisiones por el propio Parrilli, quien hoy aceptó retirarla tras las críticas recibidas desde la oposición y desde algunos medios de prensa que opinaron que se trataba de un intento de cercenar la libertad de prensa.

No obstante, Parrilli afirmó que «las presiones mediáticas para incidir en la voluntad de los jueces» existen y manifestó que su inclusión funcionó como «un anzuelo» para descubrir a los dirigentes de la oposición que son «voceros» de algunos medios de comunicación.

La discusión en el Senado fue seguida durante la tarde de hoy desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.

Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de «oponerse por oponerse» y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones cuando tuvieron oportunidad de hacerlo y la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.

El jefe de la bancada del FdT, José Mayans, aseguró en el Senado que no cree «en las casualidades» respecto a la actitud de la oposición y que si hubo amenazas es porque el oficialismo «no hace lo que ellos dicen», y aseguró que reaccionan porque el presidente Alberto Fernández «está midiendo una barbaridad» de cara a los comicios del año próximo.

En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país «todavía se debe una verdadera reforma judicial», senadores peronistas como María de los Angeles Sacnún o Matías Rodríguez ratificaron que la de hoy «es una primera ley» pero que harán falta más para «completar» una reforma del Poder Judicial.

La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca «garantizar la independencia de los jueces» y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado «una persecución judicial» contra la expresidenta y miembros de sus dos gobiernos.

En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para «licuar» el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es «un intento de colonizar la justicia» con «un reparto de cargos» para «proteger a los autores de delitos de corrupción».

La esencia del proyecto que el Gobierno envió al Congreso el 31 de julio y recibió modificaciones en el debate en comisiones busca el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad.

También aspira a equilibrar la administración de justicia en el interior del país con la creación de un total de 94 cargos nuevos en juzgados, fiscalías y defensorías y de cámaras de apelaciones en siete provincias (Catamarca, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa y San Luis), punto reclamado por los gobernadores.

La Cámara de Senadores debate en sesión especial el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias, mientras desde las redes sociales se hizo una convocatoria a marchar hacia el Congreso para expresar la oposición a la iniciativa.

La sesión especial solicitada por los líderes del Frente de Todos, los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, fue convocada mediante un Decreto Parlamentario firmado ayer por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa original sufrió varios cambios propuestos por los senadores del Frente de Todos, ya que sus pares de Juntos por el Cambio y sus aliados del Interbloque Parlamentario Federal rechazaron de plano la iniciativa.

Las voces en contra

De hecho, algunos de sus principales dirigentes volvieron hoy a negarse enfáticamente a apoyar el proyecto.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por ejemplo, volvió a cuestionar la reforma judicial al considerar que «ya está agotada en sí misma y no se va a votar” cuando llegue a la Cámara de Diputados.

En tanto, la ex gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que “no hay negociaciones ni acuerdos posibles” entre el oficialismo y la oposición” y reiteró que la posición de Juntos por el Cambio “sobre la reforma judicial es muy sólida” ya que “están en juego valores fundamentales que defendemos”.

Antes de que se hiciera pública la convocatoria, la presidenta del Senado había publicado un texto en redes sociales en el que había afirmado que el país «todavía se debe una verdadera reforma judicial», al advertir que el proyecto en el Senado no tiene ese fin sino que busca «implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994».

A través de un texto titulado «¿Reforma? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia», Cristina Fernández de Kirchner había planteado que la iniciativa «comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera» porteña.

Fuentes de la oposición y del oficialismo aseguraron que la jornada se extenderá hasta bien entrada la noche, ya que además del proyecto de Ley de Reforma Judicial los senadores debatirán dos proyectos de resolución presentados por el Frente de Todos para cubrir lugares en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, además de la autorización para el ingreso y salida de tropas para la realización de ejercicios militares.

La sesión especial se lleva a cabo mediante videoconferencia, como ocurre desde el principio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Sólo Fernández de Kirchner y las autoridades de la Cámara alta (la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora; el vicepresidente Martín Lousteau; el vice primero, Maurice Closs; y la vice segunda, Laura Rodríguez Machado) estarán presentes en el recinto de sesiones.

Fuente: Telefe Noticias

 

La protesta en rechazo a la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo se realizaba esta tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, con manifestantes portando banderas argentinas y carteles con mensajes de rechazo a la iniciativa que mañana se debatirá en el Senado a partir de las 14.

Los manifestantes se apostaron desde las 16 frente al Parlamento. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales con el#26AAcampeEnElCongreso, tal como ocurrió el 17 de agosto, cuando tuvo epicentro en el Obelisco.

Con el llamado a «abrazar» la sede del Poder Legislativo, en rechazo a la aprobación de la ley de Reforma Judicial, comenzó a las 16 la vigilia que se anunció que se prolongará durante la noche y hasta mañana cuando el Senado trate el proyecto en una sesión especial a partir de las 14.

Ya desde el inicio, la concentración de manifestantes obligó a interrumpir el tránsito sobre la Avenida Entre Ríos, donde muchos llegaron a pie y se manifestaron con el sonido de aplausos y cacerolas y otros participaron con bocinazos desde sus vehículos particulares, la mayoría portando banderas argentinas.

La protesta se desarrolló con total normalidad, hasta que un grupo de manifestantes comenzó a agredir con golpes de puño y patadas al periodista Ezequiel Guazzora, quien tuvo que ser auxiliado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Desde temprano, el Congreso estuvo vallado, sobre la avenida Entre Ríos, pero a las 15, por un pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue retirado.

Frente al Congreso se pudieron ver desplegadas banderas vinculadas a distintas agrupaciones, como Apertura Republicana, Argentinosunidos.org, Fuerza Unitaria Argentina, Unión por la República y Juntos por la Democracia y la República.

Apenas iniciada la concentración, un grupo de personas intentó instalar una carpa para hacer una vigilia hasta mañana, pero la Policía de la Ciudad lo impidió.

Ya sin el vallado, los manifestantes, entre los que se pudo ver a Juan Carlos Blumberg, cruzaron hasta la puerta principal del Congreso, con cánticos en contra de la reforma, pero la policía les impidió colgar banderas sobre la amplia reja del acceso.

El proyecto tiene dictamen mayoritario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta y comenzará a ser debatido mañana a las 14.

Esta será una semana muy intensa en el Congreso. El senado deberá tratar este jueves la polémica reforma judicial propuesta por el presidente Alberto Fernández, un proyecto que la oposición rechaza de lleno, en primer lugar, por el momento elegido para implementarla: una crisis social y económica sin precedentes por la pandemia y los cimbronazos de cuarentena.

Es claro que Juntos por el Cambio sospecha de las verdaderas intenciones en la iniciativa oficialista que, según el Presidente, persigue un propósito noble: mejorar la administración de Justicia en la Argentina. Para la principal fuerza opositora, en cambio, esconde deseos de impunidad, atropellos y presiones a la prensa.

Y la oposición no anda con vueltas. Los legisladores de la oposición le reiteraron el pedido al Presidente para que retire el proyecto antes de que llegue a tablas, tras la masiva manifestación del 17A.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, afirmó que «cada día que pasa, el pronunciamiento de la política, la sociedad y los empresarios es adversa a la aceleración de un proyecto que pomposamente se llama reforma judicial».

En declaraciones radiales, el cordobés advirtió que la Casa Rosada «se empecina en convertir al país en el Triángulo de las Bermudas entre Vicentín, la reforma judicial y esta autocensura al periodismo», en alusión al inciso que establece que los jueces deben comunicar al Consejo de la Magistratura si reciben «presiones» de «poderes mediáticos».

En ese sentido, el referente de la UCR afirmó que el jefe de Estado «ha desordenado las prioridades de la Argentina» y le envió un mensaje: «Retire el proyecto, salga del nivel de tensión política y arranque de cero, buscando los consensos necesarios, estableciendo las prioridades del país».

Al ser consultado sobre cómo prevé que sea el tratamiento de la reforma judicial en el Senado, el dirigente opositor afirmó que ve «muy difícil» que la iniciativa sea aprobada en ese cuerpo legislativo.

A días del banderazo por el #17A, usuarios afines a la oposición salieron a convocar a través de las redes sociales a una nueva protesta contra el proyecto de reforma judicial para la próxima semana, cuando el Senado intente darle sanción a la legislación, con la frase “Todos al Congreso”.

Bajo la consigna #26ATodosAlCongreso, la iniciativa comenzó a tomar fuerza ayer a la tarde, cuando el bloque del Frente de Todos se disponía a darle aprobación al dictamen del proyecto en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, para que luego sea tratado en el recinto.

Como reza el eslogan “Todos al Congreso”, la movilización está prevista para el próximo miércoles, pero podría modificarse en caso que la votación en el Poder Legislativo se defina en otra fecha.

En sintonía con la oposición de Juntos por el Cambio, los convocantes identificados con #Soydel41 se expresaron en su mayoría contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por eso, otros hashtags que circularon por las redes son #AlCongresoContraLaImpunidadDeCFK y #NoALaReformaJudicialK. Según pudo relevar este medio, el primer mensaje que impulsó la arenga virtual en Twitter fue la usuaria @josefinah05, y luego se desparramó por la red de microblogging.

Como contrapunto, hubo otros usuarios que confrontaron con el llamado a la protesta. «Millones de argentinos NO iremos a la convocatoria macrista #26ATodosAlCongreso, son el grupo minoritario inconsciente que existe en todo país y que ya perdieron en las urnas», señalaron.

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El debate llega al Congreso

El proyecto de Ley de Reforma Judicial enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo este miércoles dictamen de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado y está listo para ser debatido durante la próxima sesión.

La iniciativa enviada por Alberto Fernández contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.

El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica. El oficialismo informó las modificaciones al proyecto del Ejecutivo. Finalmente, no se unificarán el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia.

En un principio, el proyecto del Gobierno planteaba, por un lado, la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con otros fueros penales de la Ciudad para crear un nuevo “fuero federal penal” y por otro lado, la fusión del fuero Contencioso Administrativo Federal y el Civil y Comercial Federal.

No obstante el proyecto que llevarán al recinto la semana que viene podría seguir siendo modificado hasta el momento de iniciar el debate.

En tanto, la oposición dijo que «la justicia se reforma en interés de la política», que «lo que desvela a los argentinos pasa por una crisis sanitaria y económica asfixiante» e hizo alusión a la movilización del lunes pasado interpretando que «la sociedad se manifestó por el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico y esto de ir de cuarentena en cuarentena».

Tras casi tres horas de discusión, y veinticuatro horas después de que la oposición le pidiera públicamente a Alberto Fernández que retirara el proyecto, el kirchnerismo consiguió esta tarde en el Senado dictamen de mayoría por la reforma judicial y buscará darle media sanción la semana próxima sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que adelantó que rechaza de cuajo la iniciativa y que no buscará introducir modificaciones.

“Lo que quedó demostrado en estos quince días es que ustedes avanzan en soledad. Avanzar en soledad y redoblar la apuesta. Por estas consideraciones rechazamos el proyecto”, resaltó el jefe del interbloque opositor, el radical Luis Naidenoff, antes de que finalizara el debate virtual en el senado, que transcurrió sin mayores sobresaltos.

A pesar de la marcha del lunes, que concentró buena parte de las múltiples consignas en el proyecto en discusión, el Gobierno aceleró en los últimos días el debate y tras el cuarto intermedio de ayer, después de la exposición de más una quincena de especialistas, obtuvo hoy el dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del senado, por lo que se encamina a tener la media sanción la semana próxima: Cristina Kirchner pretende hacer valer su hegemonía parlamentaria.

“Cualquier cosa que plantea el gobierno dicen que no es oportuno, conveniente o necesario. Esta es una buena reforma. No pierdo la esperanza de que la oposición cambie”, remarcó sobre el cierre del plenario José Mayans, jefe de la bancada oficialista del senado, cuando las cartas ya estaban echadas desde hacía rato.

Al inicio de la discusión, la coalición opositora del senado ya había adelantado que no acompañaría el proyecto, que entre otras cuestiones apunta a diluir los tribunales federales porteños de Comodoro Py -unifica el fuero criminal correcional con el penal económico- y que ni siquiera buscaría introducir modificaciones, a pesar de que el Frente de Todos buscó mostrarse conciliador. Desde la tropa K incluso celebraron algunos cambios, como la no unificación del fuero contencioso y civil comercial.

“Más allá de que nuestro bloque no vaya a proponer modificaciones y que vayamos por el rechazo, sí queremos saber qué está firmando la comisión y qué despacho se va a circular”, adelantó Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza María de los Ángeles Sacnun. Rodríguez Machado pidió además saber si había cambios en los “279 cargos” creados por la iniciativa. Y Esteban Bullrich se lamentó porque el texto no pasó por Presupuesto: Sacnun informó al comienzo que, en teoría, el costo de la reforma es de unos $1.900 millones. Así lo subrayó la senadora en base a un informe de la ministra Marcela Losardo.

Pasadas las 20.30, desde la oposición remarcaban que todavía no tenían notificación del despacho de comisión. “No hemos logrado ningún senador de la oposición ver qué es lo que se ha firmado y ver cuáles son las modificaciones concretas sobre el texto”, aseguró a este medio Rodríguez Machado entrada la noche.

“¿Tenemos voluntad de modificar y escuchar? No, no hay voluntad. Hemos hecho un maquillaje al proyecto en el dictamen. Y vamos a avanzar pero nosotros no vamos a acompañar. No sería responsable”, remarcó, por su parte, la senadora Silvia Giacoppo.

El Presidente y Cristina Kirchner descontaban de antemano que conseguirían dictamen a última hora de la tarde, y la posición de rechazo de Juntos por el Cambio ya era harto conocida. Ayer, tras una reunión virtual que contó con la participación europea de Mauricio Macri -de viaje por Suiza-, la coalición opositora hizo pública una carta dirigida a Alberto Fernández en la que le pidieron que retirara la iniciativa del Congreso y enfocara sus esfuerzos en la administración de la pandemia.

Para la oposición, el proyecto de reforma -que el Presidente presentó en Casa Rosada el miércoles 29 de julio-, la comisión de especialistas que estudiará el trabajo de la Corte Suprema -en la que sobresale Carlos Beraldi, abogado penalista de CFK-, el intento por desplazar al procurador interino Eduardo Casal y la revisión de los traslados de jueces durante la administración anterior, en la que ayer avanzó el Frente de Todos, forman parte de un mismo combo.

“Es un proyecto de intervención de la Justicia. Como en Vicentin trataban de intervenir para hacerse cargo y después dieron marcha atrás, acá están tratando de intervenir en la Justicia, por eso nos oponemos al proyecto”, cargó Silvia Elías de Pérez.

No solo el Gobierno hizo oídos sordos, como era previsible, y el jefe de Estado dio vía libre para avanzar tras el almuerzo que compartió ayer en Olivos junto a Santiago Cafiero, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Axel Kicillof y un grupo de intendentes del Gran Buenos Aires, donde se hizo un minucioso análisis de las protestas del feriado con epicentro en los principales centros urbanos.

Si no que algunos de los senadores del oficialismo aprovecharon el debate de hoy en el senado para machacar en las internas de Juntos por el Cambio, que volvieron a generar ruido tras la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta en el Zoom de este martes, el día después de las protestas, de las que el jefe de Gobierno buscó desentenderse, y que fueron festejadas por el sector más duro de la oposición.

“Veo que hay problemas de conducción, no se quién es (el líder), si es Macri… Por ejemplo, Rodríguez Larreta no estaba de acuerdo con este movimiento del 17 de agosto. Y otra gente también está en desacuerdo por la dimensión que ha tomado la pandemia. Están trabajando juntos el Presidente, Rodríguez Larreta, el gobernador, en un tema tan serio”, azuzó Mayans, que se refirió al traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad, un tema que el jefe de la Ciudad negocia en paralelo con la Casa Rosada.

Para el jefe de Gobierno se plantea en ese sentido un dilema en el horizonte. Como en los anteriores anuncios, hacia finales de la próxima semana debería volver a mostrarse junto al Presidente y el gobernador bonaerense para comunicar cómo sigue el aislamiento en torno a la crisis por el coronavirus, horas después de que la Casa Rosada consiguiera eventualmente la media sanción del proyecto de reforma de la Justicia.

Guillermo Snopek, del oficialismo, había sido el primero en poner el dedo en la llaga de la interna opositora. “¿Quién es la oposición? “¿Macri, (Patricia) Bullrich, Emilio Monzó, (Elisa) Carrió? Incluso han desplazado de la cúpula a María Eugenia Vidal…”, tiró el senador jujeño, que está enfrentado a su cuñado, el gobernador Gerardo Morales.

El avance de la reforma judicial, que vuelve a radicalizar el vínculo entre el Gobierno y Juntos por el Cambio, se da justo cinco meses después de la foto entre el oficialismo y los principales líderes opositores en Casa Rosada, horas antes de que Alberto Fernández decretara por primera vez el aislamiento social y preventivo. “Presidente, usted es el comandante en esta batalla, somos uno solo en esta pandemia”, dijo en aquel momento Mario Negri, uno de los firmantes de la carta de ayer en la que solicitaron al jefe de Estado el retiro del proyecto.

Por estas horas, el Frente de Todos buscaba negociar con un sector del PJ federal los votos en Diputados que todavía le faltan al Gobierno. Es una incógnita, tras la media sanción que buscará la Casa Rosada la semana que viene, el destino de la reforma en la Cámara baja.

El oficialismo avanzó hoy en el Senado con la discusión de la reforma del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, con la intención de llevar al recinto la iniciativa la semana próxima, tras un último plenario de comisiones en el que la oposición ratificó su rechazo y una nueva tanda de expositores se expresó a favor y en contra del proyecto.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, quien conduce el debate, anunció esta tarde -tras cinco horas de exposiciones- un cuarto intermedio hasta mañana a las 16 y reafirmó que hasta entonces se podrán acercar propuestas para unificar en el proyecto y avanzar así en la firma del dictamen.

En la última audiencia de esta tarde, una quincena de expositores, entre jueces, fiscales y abogados convocados por las bancadas mayoritarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se expresó a favor y en contra del texto y, en algunos casos, con propuestas de modificaciones y correcciones.

Desde la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio envió una carta al presidente Alberto Fernández para pedir el retiro del proyecto, al considerar que su discusión «no es oportuna» en medio de la pandemia de coronavirus, un día después de la movilización social en la que también se rechazó la iniciativa.

El primero de los expositores de hoy, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, dijo que el proyecto busca «terminar con la acumulación de poder en pocas manos» y consideró que «no es inconstitucional» y que en todo caso el DNU que firmó Mauricio Macri suspendiendo la implementación del Código Procesal Penal «fue inconstitucional».

Lucila Larrandart. exjueza de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, declaró que no vio «un nivel de arbitrariedad y falta de justicia como hoy», en alusión a los tribunales de Comodoro Py, y elogió el consejo consultivo creado por el Presidente.

La exmagistrada declaró además que «hay que lograr que la Justicia cumpla su función y que no sea utilizada para lawfare: en vez de los tanques, la guerra jurídica», enfatizó.

El exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal 3 Miguel Caminos evaluó que «este proyecto denota una urgencia inusitada», cuestionó que «se deje de lado la participación de sectores académicos» y criticó «el aumento desmedido de jueces» que propone, «sobre todo en CABA en relación con su población».

El Procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, quien participó de la videoconferencia previa aclaración de que estaba cumpliendo aislamiento estricto por coronavirus positivo, consideró que «hay que ir cuanto antes al sistema acusatorio» y advirtió que el actual proyecto «nos lleva en sentido contrario».

El Defensor del Ministerio Público de la Defensa, Carlos Seijas, coincidió con quienes sostienen que se crea «una innecesaria cantidad de juzgados» y enfatizó que «hay un despropósito de personal y nadie va a aceptar traspaso a la ciudad», en alusión al traslado de competencias al Poder Judicial de CABA.

El juez de cámara del tribunal 18 de la capital Ricardo Rojas planteó objeciones a la iniciativa en cuanto a la creación de cargos y al sistema de subrogancias, al entender que «habrá 23 jueces federales subrogantes que no van a tener la misma garantía y protección constitucional para funcionar».

Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de CABA, calificó como «inoportuna» la discusión de la normativa en este momento y consideró que si se aprueba «sin consensos carecerá de legitimidad y será la reforma de un gobierno para que después venga otro gobierno que alcance la mayoría necesaria e imponga su propia reforma».

«No podemos hacer leyes por cuestiones personales, tenemos que ir más allá. Lo que nos debería preocupar es cómo se eligen los jueces y cómo se remueven los malos jueces», añadió.

Ernesto Marcer, abogado y profesor de la UBA, destacó que el mayor problema que enfrenta la justicia federal es que «hay innumerables conflictos de competencia».

Consideró que «ese es el propósito del proyecto que busca resolver y eso es loable y valioso», y añadió que no encuentra «ninguna objeción a la unificación desde el punto de vista constitucional».

Para Héctor Chayer, coordinador del programa del macrismo Justicia 2020, es «inconstitucional» el sistema de subrogancias propuesto y consideró que la creación de 23 juzgados federales más «es innecesario y no tiene ningún fundamento empírico».

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el proyecto de reforma judicial, que el gobierno nacional envió al Congreso, «busca que el sistema no funcione a partir del gobierno de turno».

«Podrán decirme lo que quieran pero la reforma judicial que propongo busca que el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso», sostuvo el mandatario esta mañana.

En otro orden, el jefe de Estado afirmó que «nos jactamos de darle de comer a 400 millones de personas pero el modo en que se distribuye el ingreso en Argentina es totalmente injusto».

«Estamos en el continente en que más desigualdad existe, es peor que África porque la distancia entre ricos y pobres es más grande», consideró Fernández.

El mandatario dialogó cerca de una hora con Roberto Pettinato, en una entrevista plagada de referencias musicales, en la que afirmó -entre otros conceptos- que «los argentinos no somos conscientes de la generación musical que tuvimos, con exponentes como Los Gatos, Moris y otros», señaló Télam.