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Histórico acuerdo para modificar la Constitución de Pinochet en Chile. Es considerado como uno de los pasos fundamentales para lograr la pacificación del país, después de 28 días de conflictos. Cuándo y cómo se realizará.

Parlamentarios del oficialismo y de la oposición, con la excepción del PC, anunciaron un acuerdo que establece un plebiscito para la reforma de la Constitución con dos alternativas, una que propone la opción de una convención constituyente compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor y otra con una instancia que incluya un porcentaje de participación de parlamentarios (50%) y la otra mitad con miembros electos para ese fin.

El acuerdo histórico, considerado como uno de los pasos fundamentales para lograr la pacificación del país, después de 28 días de conflictos, enfrentamientos, destrozos y saqueos en distintos lugares, pero con mayor epicentro en Santiago de Chile, fue oficializado esta madrugada tras una larga jornada en la que se reiteraron los hechos violentos.

Poco antes de las 3 de hoy, los representantes de todas los partidos, menos el Partido Comunista y la FRVS, anunciaron el acuerdo para reemplazar la Carta Magna que rige en Chile desde 1981 y le comunicaron la decisión al presidente Sebastián Piñera.

«Esta noche es histórica para Chile», «somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado», fueron algunas de las frases que pronunció Jaime Quintana, presidente del Senado, quien lideró el inicio de la conferencia de prensa conjunta, enfatizando que se trata de una «salida pacífica y democrática de la crisis», y que «es una victoria de toda la ciudadanía» porque se trata de una salida institucional «cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social».

El primero de los 12 puntos del acuerdo apunta al reestablecimiento del orden público (en medio de hechos de violencia que se han registrado a lo largo del país) y el respeto de los DD.HH, debido a las denuncias vulneraciones al respecto por parte de agentes del Estado.

Cómo será el plebiscito

El plebiscito para que la ciudadanía elija si desea modificar o no su Carta Magna, y en caso afirmativo, a través de qué mecanismos, se realizará en abril del año que viene.

La consulta resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución. En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución.

Las posibilidades son: una «convención mixta constitucional», compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos para la ocasión; o una «convención constitucional», para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.

Cuándo se iniciará el proceso

La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.

El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de dos tercios de sus miembros.

Ratificación y nueva consulta

Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.

El acuerdo, bautizado como «Por la paz social y la nueva Constitución», fue anunciado esta madrugada y se logró tras dos largas jornadas de debates entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras.

El presidente del Senado señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre «una serie de injusticias e inequidades» que los chilenos señalaron en las movilizaciones multitudinarias.

Las protestas en Chile comenzaron el 17 de octubre contra el cuarto aumento del precio del subte en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.

Un centenar de personas fueron detenidas en la Ciudad de Panamá en una semana de protestas contra un proyecto de reforma constitucional, aprobado a principios de esta semana por la Asamblea Nacional.

«Las personas que fueron capturadas en el día de ayer [jueves] fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. La Policía Nacional está facultada para actuar de acuerdo a lo establecido en las leyes», apuntó durante una entrevista este viernes el director general de la Policía, Jorge Miranda Molina.

Las protestas del jueves ocurrieron a última hora de la tarde cuando los manifestantes lanzaron fuegos artificiales contra los policías, y los agentes respondieron con gas pimienta. También en la Universidad de Panamá tuvieron lugar altercados entre estudiantes y las fuerzas del orden.

«Todas las manifestaciones son permitidas siempre y cuando sean pacíficas», aclaró Rolando Mirones, el ministro de Seguridad Pública.

El paquete de reformas de la Constitución, que data de 1972, fue elaborado por sindicatos, partidos políticos, indígenas, activistas y patronales, y tiene como eje principal la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. En un principio, el 90% del texto fue respetado por los diputados, pero después se introdujo un artículo que, según los manifestantes, entre otras cosas, facilita la impunidad.

«Tengan la plena seguridad que las reformas constitucionales se harán como se deben hacer. Llegamos aquí con una misión y la vamos a cumplir», aseguró el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

«Yo soy el presidente de la República, y no voy a permitir que nada, ni nadie, ponga a los panameños a confrontarnos», aseveró Cortizo, quien criticó a los diputados por modificar el texto original.

El presidente añadió que se hará una «revisión profunda» de los artículos aprobados en la Asamblea Nacional, y el próximo 7 de noviembre se presentará un informe que servirá de base durante los debates en enero de 2020, cuando comience la segunda legislatura. Después, el texto deberá pasar por referéndum.

Lo dijo al ser consultado por las declaraciones del vocero de la Corte Suprema de Justicia, Lamberto Cisternas, quien señaló que el país necesita una nueva Constitución.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, no descartó en el futuro impulsar “reformas estructurales” para solucionar la crisis social del país, que se ha traducido en diversas manifestaciones desde hace 12 días en Santiago y en varias regiones del país, que dejaron al menos 20 muertos y centenares de heridos y detenidos.

Las palabras de Piñera se produjeron al ser consultado por las declaraciones del vocero de la Corte Suprema de Justicia, Lamberto Cisternas, quien dijo que Chile necesita una nueva Constitución. También es uno de los reclamos de amplios sectores que se han movilizado y de varios partidos políticos con representación parlamentaria.

«Vamos a analizar las reformas estructurales después de escuchar con atención y honestidad a todos los chilenos (…). No descarto ninguna solución, ninguna reforma estructural», dijo Piñera preguntado por la prensa sobre si está dispuesto a emprender un proceso constituyente.

El mandatario comentó que antes de entrar en la fase de analizar posible reformas estructurales, va abrir «un proceso de diálogo» con los ciudadanos a lo largo de todo el país para escuchar sus inquietudes.

«Queremos poder la agenda social por encima de la agenda política, el orden por encima del caos, la justicia por encima de la impunidad. Es el tiempo de escuchar con atención a la gente y lo que la gente está pidiendo hoy día son mejores pensiones, mejores ingresos, mejor salud», expresó Piñera.

Chile vive un estallido social sin precedentes con cientos de miles de manifestantes en las calles desde la noche del viernes 18 de octubre reclamado reformas que eliminen las inequidades que en su opinión generan los actuales sistemas de pensiones, educación y salid del país, entre otros.

La ciudadanía y parte del espectro político reclama también una nueva Constitución para el país que sustituya a la actual, vigente desde agosto 1980, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Piñera hizo estas declaraciones tras visitar a los agentes de Carabineros hospitalizados a causa de los enfrentamientos con los violentos que generan disturbios en las calles en paralelo a la ciudadanía que se manifiesta en paz para reclamar profundos cambios estructurales, así como la dimisión del propio Piñera, para generar una sociedad más equitativa.

Asimismo, se refirió a las denuncias de presuntos abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por carabineros y por militares, en este caso mientras gran parte del país estuvo en estado de emergencia la pasada semana.

«Para este presidente, para nuestro Gobierno y para Carabineros de Chile los derechos humanos son un compromiso inquebrantabley, por lo tanto, estamos siempre preocupados de cumplir con nuestras labores y nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, proteger los derechos de todos», dijo Piñera.

En ese sentido, explicó que «si algún carabinero se aparta de lo que establecen los protocolos, que están establecidos en las reglas de uso de la fuerza, que siempre debe ser legal dentro del marco de la ley, racional cuando sea necesaria, proporcional evitando el uso excesivo de la fuerza, cada vez que eso ocurre Carabineros de Chile inicia un sumario interno y cuando corresponde pone los antecedentes a disposición de la Fiscalía». 

Piñera insistió que su prioridad hoy es la seguridad ciudadana y las reformas sociales: “Queremos poner la agenda social primero, antes que la agenda política. El orden por encima del caos, queremos poner la justicia por encima de la impunidad. Eso es lo que estamos trabajando. Vamos a analizar las reformas estructurales después de escuchar a los chilenos”, añadió, informó El Clarín.

Los uruguayos deberán votar sobre una reforma constitucional que busca combatir el delito con recetas polémicas.

Hay un tema que quita al sueño a los uruguayos y esla inseguridad. Un flagelo que esta sociedad padece y reclama solucionar desde las épocas en que Jorge Batlle era candidato. Y los taxis empezaban a funcionar con pesados vidrios entre el chofer y los pasajeros. Los taxis se han modernizado desde los 90, los vidrios siguen.

La gente percibe con horror como la periferia de Montevideo es presa de robos y homicidios, en una marea oscura que asocian a las «bocas» de venta de droga.

De poco ha servido «eso de la legalización de la marihuana«, porque lo que se vende ahí es otro tipo de drogas, explica a esta enviada un uruguayo que prefiere no revelar su nombre y que hace poco menos de un año regresó a Montevideo, escapando de su exilio venezolano. «Si seguimos así, vamos a terminar igual que en Venezuela», pronostica y avisa que no sabe a quién votar. No es el único. Hay varios votantes, según pudo comprobar Clarínque no saben qué hacer. O al menos no lo quieren revelar.

Sí es claro que la inseguridad desvela a todos. El país registró un récord de homicidios en 2018 (414); un alza de 45% respecto a 2017.

A raíz de esa inseguridad, este domingo se vota en plebiscito una reforma constitucionalque prevé medidas radicales contra el delito como la presencia de militares en las calles. El autor de este proyecto es el senador del partido Nacional,Jorge Larrañaga.

El apoyo a la propuesta oscila entre el 39% y 53%. Quienes lo apoyan van cayados. Los otros, no. El centro de Montevideo se llenó de panfletos anónimos con letras negras sobre fondo blanco que rezan «militares nunca más, no a la reforma». Cada poste de luz y de semáforo a lo largo de la avenida 18 de julio está envueltoen velos rosados, como parte de esa misma protesta, informó El Clarín.