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El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que el impuesto del 30% para atesoramiento de dólares y gastos en el exterior es una “medida antipática”, pero argumentó que el Gobierno debe “cuidar los pocos dólares” con los que cuenta. Anticipó además que “estamos preparando un ajuste en el gasto político de la Casa Rosada”, que incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, entre otras medidas.

“También tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo”, aclaró en diálogo con CNN radio, en las que detalló que el Poder Ejecutivo está preparando “normativas administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, por ejemplo, para ajustar ahí”.

Por otro lado el funcionario consideró que la moneda estadounidense se encuentra en este momento en un nivel adecuado, pero alertó: “Necesitamos cuidar nuestros dólares”.

En ese sentido, puntualizó que no están las divisas “para importar productos industriales, mejorar el perfil exportador, para Vaca Muerta, ampliar el aparato productivo”.

“Nos han dejado un Banco Central que está muy complicado”, advirtió y admitió que el impuesto al dólar es una “medida antipática”.

Sin embargo, señaló: “Realmente, necesitamos de ese esfuerzo porque tenemos que cuidar los pocos dólares que nos han dejado. Queremos también favorecer el turismo el local, que se reactive”.

“Tenemos una visión amplia con el tema”, aseguró y apuntó: “Cuando hago un gasto y lo pago en pesos, esos dólares salen de algún lado”.

Con relación a la deuda, indicó: “Se va a ir resolviendo, si nosotros somos capaces de unirnos como argentinos en dar una señal de que nos preocupa a todos el tema, de que tenemos que resolverlo”.

En diálogo con el programa “Digamos todo”, consideró: “Esa resolución no puede ir en contra de los sectores populares”.

“Independientemente de cuestiones partidarias, necesitamos mostrar esa unidad. Queremos crecer y después pagar”, enfatizó y afirmó que el Gobierno quiere “ser claro con las prioridades fijadas”.

Cafiero insistió en que la gestión del Frente de Todos busca tomar medidas “en beneficio de los que menos tienen”.

“Son decisiones que se toman hoy y que se pagan en años. Tenemos que ser muy responsables”, analizó y criticó al gobierno de Mauricio Macri porque “llenó de deuda” al país.

El presidente Mauricio Macri evalúa la posibilidad de que en el futuro inmediato se recorten los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social a sólo un año y que se fomente de esta manera la salida laboral obligatoria para aquellos beneficiarios de planes, según informa Infobae.

Primero, el mandatario analizó el tema con el candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Y luego, la misma idea se trasladó a un encuentro del gabinete junto con Marcos Peña. Pichetto y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, son los principales promotores de esta propuesta, que difiere de la mirada que tiene Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social.

Según indicaron fuentes de la Casa Rosada al mismo medio, la propuesta de Macri alcanzaría a los planes Hacemos Futuro y Salario Social, que reciben 450.000 personas y cobran $8.000, y que viven en la línea de la pobreza. De esta forma, busca dar una respuesta a aquellos que cuestionan al Gobierno por el esquema clientelar sustentado desde hace muchos años en la Argentina.

A qué planes sociales no involucraría la medida

“No estará contemplado bajo ningún punto de vista una limitación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que seguirá tal como está”, aclararon en el Gobierno.

Al menos en una primera etapa, tampoco está previsto que haya un recorte de los planes del Ministerio de Trabajo, que son de capacitación o acción de empleo y que lo recibieron en el año último un total de 559.783 personas. Estos programas son muy variados y apuntan a capacitación e inserción laboral que no se modificará. Los beneficiarios de ayuda social por discapacidad tampoco se verán afectados.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continuará con los recortes de producción por nueve meses más hasta marzo de 2020. La decisión se tomó en la 176 reunión ministerial que se realizó en Viena, pero ya contaba con el visto bueno de Rusia, el aliado más fuerte del grupo.

El martes se reunieron con los representantes de los países aliados a la coalición y sellaron la decisión que se tomó el lunes.

Para algunas consultoras del mercado, la producción de petróleo no convencional en Estados Unidos continuará creciendo hasta 2030. Hasta entonces, es probable que desde el grupo de la OPEP y sus aliados continúen orquestando estrategias para controlar el precio del hidrocarburo.

El ministro de petróleo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, confirmó que su país está comprometido a hacer recortes más profundos que los que le corresponden para los próximos nueve meses. Se estima que Arabia Saudita mantendrá su producción por debajo de los 10 MMbpd.

Aún no confirmaron cual va a ser el objetivo mensual que deberá acatar cada uno de los países que conforman el grupo, pero se estima que será similar a la última estrategia.

Diario Rio Negro

Science, una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, advirtió sobre impacto del ajuste del gobierno de Cambiemos en el Conicet y los institutos de investigación. Afirma que el acuerdo con el FMI tiene una consecuencia “dramática” en la ciencia.

“Científicos de laboratorios de toda Argentina ayer permanecieron en sus casas, sumándose así a una huelga nacional contra la última tanda de medidas de austeridad tomadas por el gobierno”, informó la revista Science en una nota que releva el tremendo impacto del ajuste en el Conicet y los institutos de investigación.

El artículo da cuenta de los recortes en todos los aspectos del sistema científico nacional: la reducción del ingreso de nuevos investigadores, el achicamiento de los salarios, la cancelación de presupuestos para congresos —lo que incluye, por ejemplo, hasta los viáticos para que las autoridades participantes puedan llegar al encuentro—, la imposibilidad de renovar insumos básicos en laboratorios y hasta el pase a retiro de vehículos porque, sencillamente, no están contemplados recursos para mandarlos a arreglar. Por todo eso, recuerda Science, en 21 días los científicos se movilizarán en torno a un “Cabildo Abierto” nacional.

“Desde que llegó al poder en 2015, la administración del presidente Mauricio Macri recortó los esfuerzos de sus predecesores para hacer que crezca la comunidad científica. En el último impulso, el Conicet, anunció el 5 de abril que este año tiene solamente 450 puestos de nuevos investigadores para los 2600 aspirantes, lo que deja una cantidad récord de investigadores formados sin trabajo. El gobierno anterior había proyectado que estarían disponibles alrededor de 1400 nuevos puestos”, repasa el artículo firmado por Lindzi Wessel. El texto detalla también que esos pocos que lograron ingresar al sistema tendrán salarios que a duras penas llegarán a cubrir la mitad de lo que cobraban sus colegas en 2015, porque los salarios no son incrementados de manera que ganen a la inflación.

El artículo de Science da cuenta de otro ejemplo concreto de cómo se busca destruir a la ciencia argentina: el 12 de abril, releva, 140 directores de institutos del Conicet debieron pagar de su propio bolsillo los pasajes para una reunión de urgencia en Córdoba, “en algunos casos a pesar de las llamadas de autoridades de Conicet que desalentaban la participación, de acuerdo con dos participantes que pidieron permanecer en el anonimato”. Otro de los participantes, el antropólogo Rolando González-José, uno de los responsables del Centro Científico Tecnológico de Patagonia (CENPAT), contó a la revista que, sin embargo, la concurrencia fue importante: “la cantidad de directores que hubo fue una evidencia importante de la crisis que estamos enfrentando”. De esa reunión, resultó un Manifiesto de directoras y directores de centros e institutos del Conicet, pero “el grupo todavía espera una respuesta del gobierno”.

Los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, indica la revista, tienen un impacto “dramático” en la ciencia. “La inversión en investigación y desarrollo fue solamente del 0,26 por ciento del producto bruto interno en 2018, en lugar del 0,53 por ciento que había tenido tres años antes. Muchos institutos Conicet cortaron en necesidades tan básicas como servicios de limpieza y seguridad, además de en operaciones de investigación. El Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas de La Plata, por ejemplo, ya no puede proveer a sus laboratorios de recursos críticos como nitrógeno líquido y tanques de oxígeno. En CENPAT, las camionetas de investigación en campo que tengan problemas mecánicos deben sencillamente ser retiradas del servicio; no hay dinero para mantenimiento. (…) ‘Pensás cien veces antes de empezar un experimento y rezos para que no falle’, dice Juan Pablo Jaworski, un virólogo del Conicet, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria”.

La fuga de cerebros entre los jóvenes investigadores se acelera, dijo a la revista el titular del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, Alberto Kornblihtt. El investigador “recientemente vio que dos investigadores principales jóvenes dejaron su instituto para encontrar laboratorios afuera, luego de un año de luchar y no ver posibilidad de mejora. ‘No podemos simplemente decir no tenéis lugar en este país, Andate afuera’, dice. ‘Debemos detener la fuga de cerebros y mantener el sistema vivo’”.

Las protestas del sector continuarán, advierte el artículo, porque los directores de institutos están planeando actividades para el 22 de mayo, cuando se realizará un “cabildo abierto, una forma de protesta estructurada alrededor del debate público”. El antropólogo González-José señaló que, a pesar de la resistencia, no es optimista: “la resistencia se está volviendo más fuerte porque los problemas están empeorando”.

 

 

 

Fuente: Página 12

En el 2018 el Gobierno Nacional dejó sin ejecutar fondos destinados a jardines de infantes, formación tecnológica y educación digital, entre otras áreas del sistema educativo. El presupuesto 2019 para el sector prevé aún menos fondos.

Los últimos datos que ofreció el Gobierno Nacional sobre 2018 no ayudan a creer en la promesa del Presidente Mauricio Macri de que construirá miles de jardines de infantes. El programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes del Ministerio de Educación tenía, al cierre del año pasado, una ejecución del 70,17 por ciento. Ese porcentaje es sobre un total que ya había sufrido un recorte (pasó de 6 mil millones a 2,9 mil millones).

Para 2019, hay una reducción nominal sobre las partidas a 2,5 mil millones. Esto se suma a otros programas con subejecución, como el de Infraestructura y equipamiento, o el de Innovación de Desarrollo de Formación Tecnológica, que para la misma fecha tenía una ejecución del 69,82 por ciento. El Plan Nacional de Educación Digital sufrió, para este año, un recorte del 58 por ciento.

Se trata de los últimos datos disponibles sobre la ejecución del presupuesto educativo, fechados el 24 de diciembre pasado. En la web de presupuesto abierto del Gobierno Nacional no figuran actualmente datos posteriores y solo está disponible la ejecución de 2019. La subejecución de partidas educativas implica, en los hechos, un recorte sobre el dinero destinado a esa área. Se trata de una política que acompaña al PRO desde sus primeras épocas como gobierno porteño.

En el último dato del Ministerio de Educación nacional, el programa Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles figura como monto final 2048 millones de pesos. Un 70,17 por ciento del total del dinero que estaba disponible, que ascendía a 2920 millones de pesos.

No obstante, ese presupuesto había sufrido previamente un recorte: el monto original en 2018 para jardines, según lo votado por el Congreso, era de 6063 millones de pesos. Si se hace el cálculo sobre ese monto original, lo que realmente se gastó es aún menor: un 33,8 por ciento. Para este año, lo que está presupuestado es 2528 millones de pesos, lo que representa un recorte nominal respecto del monto ya recortado de 2018 de otros 392 millones, luego de un año con una inflación del 47,6 por ciento.

En la campaña 2015, Macri había hecho una promesa sobre los jardines: “Yo me comprometo a construir los tres mil jardines de infantes que faltan”, dijo. Luego cambió este compromiso electoral por diez mil salas. Tampoco lo cumplió: desde el Ministerio de Educación sostuvieron ante el sitio Chequeado que a fines de 2018 había llegado a 1384 salas. A esto se suman denuncias de cierres de salas, como la que hizo la comunidad educativa del jardín del Hospital Ramos Mejía.

Página 12 informó sobre una denuncia penal presentada por la presidenta de la asociación civil Bajo la Lupa, Margarita Stolbizer, por presunta administración fraudulenta de fondos en la construcción de esas aulas. La dirigente focalizó en cinco licitaciones, de las cuales cuatro las ganaron las mismas dos empresas por cerca de 1400 millones de pesos. En el informe, señaló que el dinero se pagó pero las aulas no se habían construido.

La denuncia se basó en un pedido de informes que hizo al Ministerio de Educación nacional, en el cual le requirió que se detallara cuántas aulas se construyeron. En el caso de las licitaciones que denunció Stolbizer, con obras en Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, detallaron que de las 23 obras que tenían que hacer, empezaron 19 y no terminaron ninguna. Lo mismo había ocurrido con otras 43 obras en Chubut, Neuquén y Río Negro: comenzaron 38 y no las terminaron. Para Tierra del Fuego y Santa Cruz, iniciaron otras nueve obras. De nuevo, ninguna terminada, al igual que otras nueve en La Pampa. Cuando hizo su denuncia, en junio del año pasado, Stolbizer advirtió que el plazo de la obra era de seis meses y había pasado el triple de tiempo.

Al igual que con los jardines, con la innovación tecnológica la subejecución fue alta. El Ministerio de Educación tenía disponibles 5808 millones de pesos, de los que gastó 4055 millones, que representan un 69,82 por ciento del total. El presupuesto para 2019 es de 4420 millones, un recorte sobre lo que estaba disponible el año pasado de 1388 millones, que representa una caída nominal del 23,9 ciento. En tanto, el Plan Nacional de Educación Digital cayó de 3400 millones presupuestados el año pasado a 1427 millones para 2019, un ajuste del 58 por ciento.

Otra partida que sigue el camino del recorte es la de “Infraestructura y equipamiento”. Comenzó el año pasado con un presupuesto de 9290 millones de pesos, pero sufrió un recorte a 3403 millones. De ese monto, se ejecutaron 2849 millones, que representan el 83,7 por ciento del total posterior al recorte. Pero, nuevamente, si se compara con el monto que figuraba en el presupuesto, en verdad se utilizó el 30,6 por ciento de los recursos originales. Para 2019, al igual que en los otros casos, hay un monto aún inferior presupuestado: 2614 millones de pesos. Y todavía resta ver cuánto de ese dinero realmente será ejecutado este año. Lo que confirman las tendencias es que el ajuste en educación llegó para quedarse.

El Comodorense

El número dos del organismo, David Lipton, presentó anteayer en Tokio un informe con las recomendaciones del Fondo para los distintos países sobre los sistemas jubilatorios. A la Argentina le plantea expresamente disminuir el ingreso inicial de los jubilados.

El Fondo Monetario Internacional vuelve a la carga con la reforma del sistema previsional. Después de la modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, la eliminación de las moratorias para crear una pensión por vejez equivalente al 80 por ciento de la mínima, incrementar la edad de retiro para las mujeres más vulnerables y habilitar la venta de los activos del FGS de la Anses para financiar el déficit, llega el turno del ajuste en el cálculo de la jubilación inicial.

Un documento publicado esta semana por el FMI recomienda a la Argentina reducir la tasa de sustitución: la relación entre el haber inicial y el salario promedio previo al retiro. Refugiada detrás de la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema, la propuesta del staff del Fondo implica reducir el ingreso que reciben los nuevos jubilados. La misma sugerencia corre para Brasil, donde el flamante gobierno ya se comprometió a una reforma que, entre otras transformaciones, incremente la edad jubilatoria y dé lugar a las AFJP. Las autoridades del FMI proponen además que los trabajadores activos “se preparen para el futuro ahorrando más y extendiendo sus vidas laborales”. En línea con esos preceptos el gobierno promociona los seguros de vida y retiro (ver aparte).

“Para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas de pensiones a lo largo de los últimos años. Las reformas apuntan en gran parte a contener el crecimiento en el número de jubilados, modificando los parámetros clave del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder, reduciendo el tamaño de las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios”, explican los técnicos del FMI al relanzar las habituales recomendaciones del organismo en materia previsional.

Los autores del documento titulado “El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece” consideran, sin embargo, que los cambios no fueron suficientes. Por eso, explican, se necesitan “reformas adicionales”. Las sugerencias no son generalidades sino que tienen destinatarios puntuales que se precisan entre paréntesis. A la Argentina y Brasil les corresponde “reducir la tasa de sustitución”.

La sugerencia del Fondo no es novedosa. El ajuste de las jubilaciones iniciales formó parte del listado de propuestas desarrollado en su primer informe del Artículo IV realizado después de una década. Para enfrentar las dificultades financieras exacerbadas por las políticas del gobierno, el documento publicado en noviembre de 2016 proponía: 1) modificar la movilidad jubilatoria, 2) incrementar la edad de jubilación de las mujeres, 3) separar presupuestaria y administrativamente la seguridad social de la asistencia social, 4) incrementar la participación laboral y 5) reducir la tasa de sustitución. Consumados los primeros dos puntos con graves consecuencias para la capacidad de compra de los jubilados y mayores niveles de exclusión entre los adultos mayores, el organismo retoma sus propuestas. Dos años atrás aconsejaba reducir la tasa de sustitución promedio del 72 por ciento al 60 por ciento, una quita de más de 10 puntos. ¿Cómo? Una posibilidad es reducir el coeficiente de la determinación del haber que multiplica cada año de aportes (hoy es 1,5).

“La recomendación de reducir la tasa de reemplazo muestra que el FMI no solo pretende ajustar la cobertura del sistema, sino que también busca que los nuevos jubilados tengan un menor haber”, advertía entonces un informe del ITE de la Fundación Germán Abdala, donde señalaba que “la instrumentación de una iniciativa en este sentido tampoco parece estar exenta de riesgos de mayor litigiosidad”.

El nuevo documento del FMI es lo que se denomina una Staff Discussion Note. La investigación fue elaborada por los técnicos David Amaglobeli, Hua Chai, Era Dabla-Norris, Kamil Dybczak, Mauricio Soto y Alexander Tieman. Como sucede con la mayoría de las publicaciones del organismo, la portada incluye una “renuncia de responsabilidad” donde indica que las visiones expresadas en el documento no necesariamente representan al FMI. No es el caso. La presentación en sociedad del documento anteayer en Tokio estuvo a cargo de David Lipton, subdirector gerente del FMI y hombre fuerte en la estructura de poder como representante de Estados Unidos. “¿Cuál es nuestra recomendación? Instamos a los países a pensar bien los sistemas de pensiones y las redes de protección social más efectivos, y después poner en marcha las reformas necesarias”, comentó el número dos del organismo que encabeza la francesa Christine Lagarde.

“Odio sonar como el FMI en este punto, pero hay países cuyos generosos sistemas públicos de pensiones pueden llevar a las finanzas públicas a una difícil situación. Deben considerar pasos como limitar las jubilaciones tempranas que reduciría las vulnerabilidades de largo plazo”, expresó Lipton. Sin hacer referencias específicas, el documento reclama, siempre en pos de la sustentabilidad, “reducir la generosidad de los sistemas públicos”. El mecanismo para lograrlo es que los trabajadores activos “se preparen para el futuro ahorrando más y extendiendo sus vidas laborales”.

Página 12