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El mandatario reiteró que la operación debe concretarse antes del 15 de septiembre. Su administración sostiene que la red social constituye una posible amenaza a la seguridad nacional, ante la posibilidad de que comparta información de sus usuarios con Bytedance, la empresa china de la que es parte

El presidente estadounidense, Donald Trump rechazó este jueves extender la fecha límite para la venta de las operaciones en el país de Tik Tok -la red social propiedad de la empresa china Bytedance- al reafirmar que tiene hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Caso contrario, deberá cesarlas por completo.

“No, no voy a extender la fecha límite, no. Es el 15 de septiembre, no habrá ninguna extensión de la fecha límite de TikTok”, aseveró Trump en un breve contacto con la prensa antes de subir al avión presidencial para viajar al estado de Michigan, clave para las elecciones de noviembre y donde realizó un mitin.

“Lo de TikTok está evolucionando, veremos qué pasa. O cierran o lo venderán. Así que, o cerraremos TikTok en este país por razones de seguridad o será vendido”, expresó.

En reiteradas ocasiones, el presidente ha asegurado que TikTok supone una “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Su administración ha expresado preocupación sobre la posibilidad de que la información sobre los usuarios pueda transmitirse al régimen chino.

En la misma línea se han pronunciado distintos legisladores estadounidenses. El 6 de agosto, el Senado aprobó un proyecto de ley que prohíbe la aplicación en los teléfonos de empleados del gobierno.

“TikTok representa un gran riesgo de seguridad y no tiene cabida en los dispositivos del gobierno”, tuiteó el servicio de prensa del senador republicano Josh Hawley, coautor del texto. El otro promotor de la iniciativa fue el demócrata Richard Blumenthal, lo que ilustra el apoyo bipartidario de que gozó, algo inusual en un país extremadamente polarizado.

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, donde se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades.

El Ministerio de Asunto Exteriores de China se opone a la venta forzada de TikTok, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La empresa también ha mostrado su desacuerdo. De hecho, a finales de agosto presentó un recurso legal contra el decreto del presidente que prohíbe las operaciones de no concretarse su venta. Tik Tok argumentó que la administración no les dio una oportunidad justa para defenderse de las acusaciones.

También se menciona que la empresa tomó medidas extraordinarias para abordar las preocupaciones el gobierno de Estados Unidos, y en ese sentido almacenó los datos de usuarios estadounidenses fuera de China, en Estados Unidos y Singapur.

Sin embargo, la presentación no la protege de tener que realizar la operación. Y empresas como Oracle, Microsoft y Wallmart ya hayan expresado interés para adquirir las operaciones. No obstante, el 31 de agosto la venta agregó un nuevo obstáculo luego de que China anunciara por primera vez desde 2008 la necesidad de obtener una licencia del régimen para exportar tecnología.

Dentro de los ítems en el listado están los productos que ofrezcan recomendación personalizada basada en análisis de datos, algo que impacta directamente en Tik Tok, considerando que su algoritmo ofrece sugerencias al usuario basada en la información que recopila sobre su uso y comportamiento.

Al respecto, la agencia de noticias oficial Xinhua de China citó a un asesor comercial del gobierno diciendo que ByteDance debería estudiar la nueva lista de exportación y considerar “seria y cautelosamente” si debería o no detener sus negociaciones de ventas.

Un día después, la empresa dijo que había tomado nota de la regulación de exportación y en este sentido aclaró que “la empresa cumplirá estrictamente” con las leyes, según publicó CNBC.

ByteDance no es la única empresa que el gobierno de Estados Unido ha considerado que representa un riesgo para la seguridad de su país. WeChat, la aplicación de mensajería de Tencent, enfrenta la misma prohibición que la aplicación TikTok, por motivos de seguridad nacional. Con este mismo argumento, la administración de Trump limitó el despliegue de 5G por parte de la empresa china Huawei.

Y también ha alertado a otros gobiernos en el mundo a que se abstengan a emplear este tipo de tecnología por considerar que podría derivar en ciberespionaje por parte del gobierno chino.

El oficialismo avanzó hoy en el Senado con la discusión de la reforma del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, con la intención de llevar al recinto la iniciativa la semana próxima, tras un último plenario de comisiones en el que la oposición ratificó su rechazo y una nueva tanda de expositores se expresó a favor y en contra del proyecto.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, quien conduce el debate, anunció esta tarde -tras cinco horas de exposiciones- un cuarto intermedio hasta mañana a las 16 y reafirmó que hasta entonces se podrán acercar propuestas para unificar en el proyecto y avanzar así en la firma del dictamen.

En la última audiencia de esta tarde, una quincena de expositores, entre jueces, fiscales y abogados convocados por las bancadas mayoritarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se expresó a favor y en contra del texto y, en algunos casos, con propuestas de modificaciones y correcciones.

Desde la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio envió una carta al presidente Alberto Fernández para pedir el retiro del proyecto, al considerar que su discusión «no es oportuna» en medio de la pandemia de coronavirus, un día después de la movilización social en la que también se rechazó la iniciativa.

El primero de los expositores de hoy, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, dijo que el proyecto busca «terminar con la acumulación de poder en pocas manos» y consideró que «no es inconstitucional» y que en todo caso el DNU que firmó Mauricio Macri suspendiendo la implementación del Código Procesal Penal «fue inconstitucional».

Lucila Larrandart. exjueza de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, declaró que no vio «un nivel de arbitrariedad y falta de justicia como hoy», en alusión a los tribunales de Comodoro Py, y elogió el consejo consultivo creado por el Presidente.

La exmagistrada declaró además que «hay que lograr que la Justicia cumpla su función y que no sea utilizada para lawfare: en vez de los tanques, la guerra jurídica», enfatizó.

El exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal 3 Miguel Caminos evaluó que «este proyecto denota una urgencia inusitada», cuestionó que «se deje de lado la participación de sectores académicos» y criticó «el aumento desmedido de jueces» que propone, «sobre todo en CABA en relación con su población».

El Procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, quien participó de la videoconferencia previa aclaración de que estaba cumpliendo aislamiento estricto por coronavirus positivo, consideró que «hay que ir cuanto antes al sistema acusatorio» y advirtió que el actual proyecto «nos lleva en sentido contrario».

El Defensor del Ministerio Público de la Defensa, Carlos Seijas, coincidió con quienes sostienen que se crea «una innecesaria cantidad de juzgados» y enfatizó que «hay un despropósito de personal y nadie va a aceptar traspaso a la ciudad», en alusión al traslado de competencias al Poder Judicial de CABA.

El juez de cámara del tribunal 18 de la capital Ricardo Rojas planteó objeciones a la iniciativa en cuanto a la creación de cargos y al sistema de subrogancias, al entender que «habrá 23 jueces federales subrogantes que no van a tener la misma garantía y protección constitucional para funcionar».

Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de CABA, calificó como «inoportuna» la discusión de la normativa en este momento y consideró que si se aprueba «sin consensos carecerá de legitimidad y será la reforma de un gobierno para que después venga otro gobierno que alcance la mayoría necesaria e imponga su propia reforma».

«No podemos hacer leyes por cuestiones personales, tenemos que ir más allá. Lo que nos debería preocupar es cómo se eligen los jueces y cómo se remueven los malos jueces», añadió.

Ernesto Marcer, abogado y profesor de la UBA, destacó que el mayor problema que enfrenta la justicia federal es que «hay innumerables conflictos de competencia».

Consideró que «ese es el propósito del proyecto que busca resolver y eso es loable y valioso», y añadió que no encuentra «ninguna objeción a la unificación desde el punto de vista constitucional».

Para Héctor Chayer, coordinador del programa del macrismo Justicia 2020, es «inconstitucional» el sistema de subrogancias propuesto y consideró que la creación de 23 juzgados federales más «es innecesario y no tiene ningún fundamento empírico».

El fuerte rechazo de todo el arco político opositor le interesó poco; en cambio el repudio público de ministras del gobierno provincial y de diputadas del oficialismo le hicieron saber que su puesto peligra de verdad. El fiscal jefe Santiago Terán empezó a buscar una salida lo más decorosa posible a su cargo.

La licencia que solicitó el viernes fue el primer paso para descomprimir. Terán necesita llegar a abril de 2021, cuando estará en condiciones de jubilarse. Salvo que lo destituyan antes.

Este lunes, la comisión especial del Jurado de Enjuiciamiento fijará la fecha de su primera reunión. Tienen 30 días corridos para solicitar la apertura del jury. Sería muy raro que no lo hagan.

Terán cosechó un amplio repudio tanto de funcionarias y referentes del más amplio espectro político como de los colegios de Abogados de Cutral Co y de otras jurisdicciones de la provincia de Neuquén.

El fiscal provocó una ola de rechazo por sus cuestionables declaraciones al instar a las mujeres víctimas de violencia de género a armarse en defensa propia.

🔴🎥❌ FUERTE RECHAZO AL FISCAL NEUQUINO POR SUS DICHOS A LA CONDUCTORA DE C5N LUCILA TRUJILLO

🔴🎥❌ FUERTE RECHAZO AL FISCAL NEUQUINO POR SUS DICHOS A LA CONDUCTORA DE C5N LUCILA TRUJILLOPeriodistas y personalidades de la política rechazaron los dichos violentos del fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, durante una entrevista con la conductora Lucila Trujillo.🎥 C5N#CholilaOnline

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Jueves, 6 de agosto de 2020

Uno de los documentos de repudio fue emitido por un grupo de “mujeres de la sociedad neuquina”, quienes calificaron de “irresponsables” los dichos de Terán.

Las mujeres expresaron el “más enérgico rechazo” a lo manifestado por Terán. Indicaron que el funcionario judicial desconoce las convenciones internacionales, la Constitución nacional y la provincial. Por lo que consideran “inadmisible” que, un funcionario judicial aduzca esos argumentos. Además, consideraron imperiosa la obligatoriedad para que todos y todas asistan a las capacitaciones de la Ley Micaela. Aquí es “donde queda clara la necesidad de un fuerte cambio cultural deconstruyendo el modelo patriarcal”, manifestaron.

LAS FRASES QUE LO COMPROMETEN

Así fue el cruce de Terán con la periodista Lucila Trujillo:

“Contéstame por sí o por no… vos tenés que decidir: tu vida o la vida de él, elegí, vas al cementerio o lo matas”.

“Te pido que seas sincera con vos misma… lo matas o te mata”. “Pero elegí, es muy cortita, vos me presionas a mí de una manera absolutamente fuera de lugar”.

“Ustedes son muy toritos para gritarle a cualquiera… conmigo no te la vas a hacer de torita”.

El fiscal general José Gerez afirmó que Terán “ejerció directamente violencia psicológica y violencia institucional contra la periodista”.

El modo de dirigirse e interactuar “fue violento y misógino”.

Rechazo rotundo hacia el fiscal neuquino por su agresión a una periodista de C5N , donde mantuvo una entrevista en referencia a las víctimas de violencia de género explicando  «Cuando un sujeto esta dispuesto a matar a una mujer no hay medida de seguridad que alcance. La única forma que le queda a la mujer para pararle es meterle un tiro en la cabeza», indicó el fiscal al ser consultado en el canal televisivo.

El comentario llamó la atención de la comunicadora y su compañero de conducción Julián Guarino, quienes comenzaron a indagar sobre las ideas del funcionario judicial.

La polémica con Terán se remonta a sus declaraciones previas a una radio FM de Cutral Có, donde expuso su postura tras el hallazgo el viernes pasado del cuerpo sin vida de María Marta Toledo en un canal de riego de la localidad de Centenario, por el que permanece detenido Rodolfo Fabián Lucini, amigo de la familia.

“Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo”, había dicho el letrado.

“Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo», manifestó el fiscal y señaló que “muchos van a decir que soy apologista de la violencia y todo lo contrario, yo soy apologista de la defensa propia».

Antes estos dichos, Lucila Trujillo intentó hacerle algunas preguntas al fiscal pero éste le respondió con términos agresivos y elevando el tono.

«¿Usted está casada? imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la única opción que tenes es un arma, ¿la usas?», indicó .

Ante la negativa de la periodista a responder, Terán subió continuó en esa línea hasta el final de la entrevista. «Gritás como loca, y sos de esas personas que se victimiza; conmigo no te vas a hacer la torita», fue una de sus frases.

🔴🎥❌ FUERTE RECHAZO AL FISCAL NEUQUINO POR SUS DICHOS A LA CONDUCTORA DE C5N LUCILA TRUJILLOPeriodistas y…

Publicado por Cholila Online Portal de Noticias Digital en Jueves, 6 de agosto de 2020

Trujillo, por su parte, le recordó su rol de fiscal y que el tono y sus dichos no concuerdan con la forma de tratar a las mujeres, en especial si alguna víctima de violencia de género concurre a su fiscalía.

Horas más tarde, la conductora agradeció en Twitter el apoyo recibido por parte de un centenar de usuarios de esa red social y el rechazo rotundo hacia el fiscal neuquino por su agresión.Donde se encontraban colegas y dirigentes políticos

 

El Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud de la aerolínea Latam para que se autorice el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), luego de ratificar la vigencia del decreto presidencial 487/20 que prohibió los despidos realizados por la compañía, por lo que las 1.715 cesantías «tienen efecto legal nulo», se informó oficialmente.

La cartera laboral que encabeza el ministro Claudio Moroni sostuvo que «el PPC solicitado por la empresa fue rechazado», y confirmó que adoptó la decisión luego de que Latam ratificara la intención de cesantear al personal.

El Dictamen 3214.ES había considerado pertinente el análisis del pedido empresario de aplicación de la figura del PPC «de forma previa a darle curso», pero de manera paralela informó a sindicalistas y empresarios respecto de «la vigencia del decreto 329/20 y su prórroga en el 487/20, que prohibió despedir».

En una audiencia presencial realizada hoy en la cartera laboral, en la que participaron funcionarios, gremialistas y directivos de Latam Argentina, las partes ratificaron sus respectivas e históricas posturas y «no hubo solución consensuada».

Trabajo aseguró que la compañía ratificó «la intención de disolver la totalidad de los 1.715 vínculos laborales a partir del cese de sus operaciones locales», lo que fue rechazado por los sindicatos y, sobre la base de las disposiciones oficiales vigentes, Moroni sostuvo que «las cesantías tienen efecto legal nulo», por lo que desestimó el PPC y puntualizó que «se mantienen las relaciones laborales».

Un documento de los cinco sindicatos agrupados en «Gremios Aeronáuticos Unidos» (pilotos de líneas aéreas, técnicos, personal aeronáutico, tripulantes de cabina y superior), respaldó la decisión y sostuvo que la medida evitó «un atropello más en desmedro de los más de 1.700 empleados despojados de sus tareas».

«Ministerio de Trabajo impidió que Latam continuase violando la legislación laboral y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobados por el Congreso, comportándose no como una empresa sino como un Estado dentro del Estado, luego de su intempestiva e injustificada decisión», puntualizó el documento.

Los sindicatos de la actividad calificaron como «intempestiva e injustificada» la determinación de la firma chilena de abandonar las operaciones en el país por tiempo indeterminado y de cesantear a la totalidad de los trabajadores.

Las organizaciones sindicales habían realizado de forma oportuna presentaciones ante la cartera laboral para rechazar el PPC requerido por la compañía.

Ministerio de Trabajo ratificó de esa forma «la obligación legal de Latam Argentina de abonar el 100 por ciento de los salarios adeudados de abril, mayo y junio y el medio aguinaldo, y le prohibió realizar despidos según los decretos correspondientes.

«En momentos tan críticos y llenos de angustia para los trabajadores de Latam Argentina, las organizaciones sindicales continuarán la lucha, como siempre, por el pleno respeto de los derechos laborales y salariales y la continuidad de las fuentes laborales», concluyeron los cinco sindicatos de la actividad.

El comunicado fue firmado por Pablo Biro (APLA), Ricardo Cirielli (APTA), Edgardo Llano (APA), Rubén Fernández (UPSA) y Natalia Fenchuk (Atcpea).

«Vemos una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina», dijo el ministro sobre la contrapropuesta conjunta del Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, rechazó esta tarde la contrapropuesta que realizaron tres grupos de bonistas y aseguró que “la mayoría» de los acreedores «va a aceptar la oferta» formulada por el país.

«Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina», dijo el ministro tras recibir la contrapropuesta conjunta elaborada por el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio.

En un comunicado de prensa, Guzmán expresó: “no vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo».

«Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores», finalizó el ministro.

El Gobierno por medio de su Cancillería consignó que durante este mes se llevaron adelante ejercicios militares en las islas con el «buque patrullero HMS Forth, la Compañía de infantería británica A y la aeronave A400M, junto a los Typhoons de la 1435 Flight de la RAF», que «forman parte del despliegue de ocupación ilegal del Reino Unido».

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, aseguró que esa actividad «viola todas las recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y por los acuerdos de los países con costas en el Atlántico Sur».

«Argentina reitera el llamado al Reino Unido a no realizar acciones militares en la región y a retomar las negociaciones diplomáticas por la soberanía en las islas en las condiciones que establece la resolución 2065 de la ONU», indicó Filmus.

A través de un comunicado, la Cancillería enfatizó que Argentina «rechaza en los términos más contundentes la realización de estas maniobras navales, aéreas y militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido».

Esos ejercicios «constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países».

En ese sentido, el Gobierno reafirmó que «seguirá manteniendo su rechazo a la presencia militar británica en el Atlántico Sur, bregando por el apoyo internacional, que ya se ha manifestado en numerosos esquemas regionales, bajo la premisa de que esa presencia es contraria a la política de la región de apego a la búsqueda de una solución pacífica para la disputa de soberanía».

«La persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas Malvinas están atravesando por el proceso de negociación recomendado por la ONU», añadió el gobierno por medio de la Cancillería.

La presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los estados de todas las demás regiones a que «respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar».

Arcioni anticipó este viernes que proyecta el tope salarial para empleados estatales de Chubut tomando como referencia “el sueldo de 200 mil pesos del gobernador”. La Asociación de Magistrados rechazó las manifestaciones del mandatario y aseguró que la remuneración que percibe “el funcionariado judicial se corresponde con la función esencial que cumplen”.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut expresó este viernes su rechazo a las declaraciones del gobernador Mariano Arcioni respecto de un proyecto de Ley de Tope Salarial para los agentes públicos provinciales. Según anunció esta mañana el mandatario desde Rawson, la iniciativa establecería como límite máximo el equivalente al sueldo del titular del ejecutivo provincial. “Nadie puede ganar más que el Gobernador”, señaló.

En un comunicado difundido esta noche, la Asociación calificó a la medida como “unilateral y demagógica”. E indicó que se trata de un proyecto “carente de impacto relevante en las cuentas públicas en tanto representaría un recorte ínfimo en la masa salarial del Estado”.

En cuanto a los magistrados y funcionarios judiciales, sostienen que el tope salarial “además de confiscatorio, atentaría contra las garantías de intangibilidad y de igualdad”.

Aseguran en el texto que la remuneración de “la magistratura y del funcionariado judicial se corresponde con la función esencial que cumplen, las responsabilidades que implican sus cargos y la total restricción legal, a diferencia de otros funcionarios públicos, de sumar cualquier tipo de actividad rentable, con la única excepción de la docencia universitaria”.

Finalmente, exhortan al Poder Ejecutivo Provincial “a que promueva un diálogo político sensato, convocando a los demás Poderes del Estado y a los sectores gremiales –activos y pasivos-, económicos y sociales involucrados, a fin de diseñar de manera conjunta un plan para superar la actual situación de emergencia. Sólo acciones consensuadas, que puedan incluir compromisos solidarios, serán capaces de garantizar la paz social en este contexto económico cada día más deteriorado y complejo”.

Gremio estatal se opuso a desdoblamiento del aguinaldo y propuso más impuestos al agro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el pago en cuotas del medio aguinaldo de junio y aseguró que «es preciso aumentar los impuestos a las exportaciones agropecuarias y a los bancos privados para evitar esa medida, porque plata hay, pero es preciso quitársela a quienes la tienen».

El secretario adjunto nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo hoy en un documento su objeción a la segmentación del pago del sueldo anual complementario (SAC) y se pronunció por políticas de redistribución de la riqueza y mayores impuestos a las exportaciones de los complejos agropecuarios.

«Es evidente los problemas que comienzan a demostrar los gobiernos para sostener el pago de los salarios a los estatales. El dinero para los haberes públicos y privados existe, pero hay que buscarlo donde está y sacárselo a quienes lo tienen, como los sectores agroexportadores, que son los que más divisas generan, y la banca privada, que concentra más del 73 por ciento de la liquidez ampliada», puntualizó el dirigente sindical estatal rionegrino.

Para el dirigente nacional, la pandemia de coronavirus ya está siendo superada en los países asiáticos y europeos, por lo que otra vez «se abrirá el mercado externo de granos»; dijo que los bancos privados acumularon «fabulosas rentabilidades» en los últimos años y opinó que «no puede ser que existan sectores que continúen especulando con el hambre y la pobreza» general.

«Los productores de trigo y maíz aportan un 12 por ciento de retenciones. La soja tiene un esquema de segmentación por el que se tributa según el volumen de cosecha. El gravamen sobre los Ingresos Brutos de los bancos es recaudado a través de un funcionamiento aplicado por los Estados provinciales», aseguró.

Aguiar sostuvo que es preciso actualizar los valores de las retenciones al campo y que en mayo último las empresas agroexportadoras liquidaron unos 1.945 millones de dólares y, en lo que va del año, 6.963 millones de esa moneda, pero «los productores conservan en silo bolsas alrededor de 20 millones de toneladas de soja, 3,5 de trigo y casi 6 millones de toneladas de maíz», puntualizó.

Por último, el sindicalista afirmó que «el Estado debe recuperar y aumentar sus ingresos a partir de un sistema de recaudación impositiva progresivo, al que más deberían aportar quienes mayor capacidad tengan» en la Argentina, concluyó el secretario adjunto del gremio que lidera Hugo Godoy.