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La medida fue anunciada ayer en el marco de la reunión del Comando Unificado Patagónico que se realizó en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, en Bariloche.

Participaron del encuentro los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales: Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Gendarmería Nacional, además de los ministros de seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut y autoridades de las policías provinciales.

Tras la reunión, Burzaco reconoció que uno de los temas abordados, aunque no el principal, estuvo relacionado con los ataques protagonizados por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en las provincias patagónicas.

“Seguiremos trabajando para evitar nuevos episodios de manos de un grupo de gente violenta”, dijo el funcionario nacional.

Burzaco anunció la instalación de dos puestos móviles, con 400 efectivos de Gendarmería Nacional cada uno, que estarán ubicados en Comodoro Rivadavia -para dar cobertura a la Patagonia atlántica- y en Neuquén, para garantizar las intervenciones en la zona andina.

El objetivo de la medida es “agilizar el desplazamiento del personal ante posibles situaciones de conflicto”, ya que “hasta ahora, los efectivos eran trasladados de localidades más lejanas, lo que demandaba miles de kilómetros a recorrer”.

En un breve diálogo con la prensa tras el encuentro, Burzaco explicó que el objetivo del encuentro fue “establecer un equipo de trabajo unificado, evitar esfuerzos dispersos y trabajar de manera coordinada entre las distintas fuerzas federales y las provinciales.

Este viernes en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche, el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco lleva a cabo un encuentro del “Comando Unificado de la Patagonia” creado para atender los conflictos por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El comando reúne a las cuatro fuerzas federales de Neuquén, Chubut y Río Negro, y autoridades patagónicas con la idea de generar encuentros mensuales.

A la reunión asistió el Secretario de Seguridad del Chubut, Federico Massoni , junto a altos jefes policiales.

Según los registros de Nación, se habrían perpetrado 94 atentados adjudicados a la RAM, de los cuales el 70% fueron en Chubut.

Mientras la Corte Suprema argentina debe resolver si confirma la extradición de Jones Huala, que es requerido en el sur de Chile por el incendio de 2013 en el fundo Pisú Pisué, los mapuches mantendrán sus protestas a ambos lados de la cordillera.

El activista indígena está detenido desde junio del año pasado en Esquel y desde entonces en varios ataques incendiarios a empresas forestales por el lado chileno se han hallado panfletos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, organización hermana de Resistencia Ancestral Mapuche, RAM) y de Órganos de Resistencia Territorial que piden la liberación del referente.

Ese mismo mes, fue la última vez que representantes de los Estados de Chile y de la Argentina se reunieron para abordar la violencia mapuche.

En Buenos Aires, el subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para intercambiar información sobre un supuesto contrabando de armas entre grupos indígenas a través de pasos fronterizos ilegales.

Por ese caso detuvieron en varios lugares de Chile a ocho comuneros, en una acción que fue llamada Operación Huracán.

Pero resultó un montaje que arrastró a un escándalo a Carabineros, la policía chilena.

El nuevo gobierno de Sebastián Piñera hereda no solo la extradición de Huala, sino también ese enredo policial.

El mandatario entrante propuso para la Araucanía una especie de Plan Marshall y dio seis meses de plazo a un ministro y a un intendente para que lo elaboren.

Debe tener tres ejes: fortalecer el Estado de Derecho, proveer de inteligencia policial a la zona y combatir el drama económico y social de la región más pobre de Chile.

Los mismos seis meses calculan -tanto la defensa de Huala como el fiscal que lo acusa- que le tomará a la Corte Suprema argentina definir sobre la extradición.

A diferencia de Michelle Bachelet, que evitó referirse a terrorismo para tocar el asunto mapuche, el jefe de gobierno entrante dijo esta semana que su convencimiento es que en la Araucanía sí hay terrorismo.

«No tenemos las mejores expectativas, pues lamentablemente se ha transformado en una política de Estado de todos los gobiernos de turno aplicar la discriminación y violencia hacia los mapuches», dijo a LA NACION Juan Carlos Reinao, jefe de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches.

Aunque no quiso referirse a la extradición de Huala, por ser un proceso en curso, Reinao sí manifestó que en el mundo mapuche se perdió la confianza en el sistema judicial chileno desde los montajes de la Operación Huracán.

Y acusó al gobierno de Chile de «coordinar con sus pares trasandinos una política represiva» contra los mapuches.

Llegar a junio sin definir la extradición del lonko es para organizaciones como la CAM agudizar un conflicto que puede abordarse antes desde la política.

El movimiento de defensa de Huala está activo en la Araucanía y es posible que, de concederse su salida a Chile, las protestas se intensifiquen, porque el Ministerio Público chileno ya advirtió que pedirá un proceso con el acusado en prisión preventiva.

El fiscal adjunto de la región chilena de Los Ríos, Sergio Fuentes Paredes, adelantó que solicitarán «la prisión preventiva» de Facundo Jones Huala, porque “no se garantiza la comparecencia» del investigado en la causa por un supuesto ataque incendiario a una vivienda.

Fuentes Paredes afirmó este jueves que luego de que el lunes el juez federal Gustavo Villanueva concediera la extradición a Chile del lonko mapuche, quien permanece detenido en Esquel, «vamos a pedir la prisión preventiva porque evidentemente no se garantiza la comparecencia de Jones Huala».

El fiscal explicó que en principio, en Chile, se pedía una «pena de 12 años pero como la extradición se produce solo por dos delitos, y no por los cuatro que se había solicitado, la pena será inferior» y podría «oscilar entre cuatro y ocho años».

En ese contexto el fiscal aclaró que «esto significa que podría no ir preso» tras la culminación del proceso legal. También dijo que los tiempos «se pueden alargar» debido a que «es probable que se produzca una apelación a la extradición».

Hasta el momento, en la causa del supuesto ataque incendiario, fueron absueltos otros imputados, excepto una mujer, condenada como encubridora a 61 días de prisión.

Las imputaciones habían alcanzado a seis personas detenidas en la casa de Millaray Huichalaf, la única condenada, aunque a una pena de dos meses, muy inferior al tiempo que pasó en prisión preventiva.

El supuesto ataque por el que fueron juzgados se produjo en el marco de acciones contra compañías madereras e hidroeléctricas realizadas en el sur chileno en 2013 en memoria de Matías Catrileo, un joven mapuche asesinado en 2008 durante el desalojo violento de una ocupación de tierras.

Por el pedido de extradición, Facundo Jones Huala ya había sido sometido en la Argentina a otro juicio, anulado en 2016 por el juez federal Guido Otranto.

Fuente: Télam

Ocurrió este miércoles alrededor de las 4 de la madrugada, frente a la estación de servicio Petrobras a la vera de la ruta 259.

En ese lugar había un acoplado estacionado, un testigo vio que un auto alta gama bajó de la ruta y estacionó junto a este y en instantes aparecieron las llamas en uno de los neumáticos.

Al llegar la policía advirtió que habían dejado un panfleto que no hace directamente alusión a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) reclamando la libertad de Jones Huala.

El rápido accionar de los bomberos limitó el daño a un par de neumáticos, evitando que las llamas se propaguen al resto de la estructura.

El fiscal chileno Sergio Fuentes Paredes, que pidió la extradición de Facundo Jones Huala, aseguró que el dirigente podría enfrentar 10 años de cárcel.

Este lunes, el juez federal Gustavo Villanueva decidió extraditar al líder mapuche, aunque apelará a una instancia superior.

Sin embargo, una vez que se concrete la extradición, Jones Huala enfrentará dos cargos ante la Justicia chilena.

«Se le imputan los delitos de tenencia de arma de fuego e incendio», aseguró el fiscal.

En un primer momento, sobre el dirigente también pesaban las acusaciones por tenencia de proyectil y violación de la ley de extranjería chilena, por cruzar por pasos no permitidos.

«Una vez en Chile, pediremos la prisión preventiva, porque de otra forma nos arriesgaríamos a que no se presente al juicio, tal como hizo la otra vez», informó Fuentes Paredes.

En ese sentido, dijo que solicitarán una pena de entre «cinco y 10 años».

Si el juez fallara contra Jones Huala, deberá cumplir la sentencia en la cárcel.

Las imputaciones alcanzaron a seis personas detenidas en la casa de Millaray Huichalaf, la única condenada.

El supuesto ataque por el que fueron juzgados se produjo en el marco de acciones contra compañías madereras e hidroeléctricas realizadas en el sur chileno en 2013 en memoria de Matías Catrileo, un joven mapuche asesinado en 2008 durante el desalojo violento de una ocupación de tierras.

El fiscal Guillermo Lista confirmó que hay 15 personas detenidas debido a los disturbios producidos en la vía pública en horas de la tarde, tras los incidentes en el Juzgado Federal donde se aguardaba la sentencia sobre la extradición a Chile de Facundo Jones Huala.

Se trata de siete mujeres, ocho hombres y un joven de 14 años que está demorado aunque, según informó Lista, ya se dispuso su entrega a la Dirección de Promoción Familiar.

“Teníamos información de que había detenciones. Nos pusimos en contacto con el jefe de la Regional quien aseguró que estas personas fueron sorprendidas en fragancia arrojando objetos contundentes”, señaló Lista.

Aseguró que generaron daños en dos bancos (Galicia, en la esquina de Moreno y Quaglia, y Credicoop, en Gallardo y Villegas) y varios vehículos que estaban estacionados. También recalcó que “en 24 horas se resuelve la detención”.

Según detalla el diario de Río Negro la mayoría de los jóvenes fueron detenidos en Rolando al 400 por unos 30 efectivos de la Policía de Río Negro.

Todavía no se sabe si la causa la llevará adelante la justicia provincial o federal.

Se trata de la ruta que conduce al Complejo Hidroeléctrico Futaleufú. Las cubiertas obstaculizaban el tránsito y fueron retiradas inmediatamente

Esta mañana se observaron varias cubiertas en la ruta 34 a metros del acceso al Complejo Hidroeléctrico Futaleufú.

Además sobre la calzada se observan leyendas con simbolos e inscripciones que dicen ” RAM, LEY 24767 Art 8 Art 10″

La ley 24767 es la de Extradición y en el articulado que mencionan las inscripciones,  indica:

ARTICULO 8. – Si después de obtenida por el Gobierno Argentino la extradición de un extranjero, le fuese éste requerido por otro estado, a causa de otro delito, no se concederá la extradición si hubiere lugar a ello, sino previo consentimiento del Gobierno del país que lo hubiese entregado.

ARTICULO 10. – Cuando dos o más naciones solicitasen la extradición de un mismo individuo por delito distinto, se acordará a aquella en cuyo territorio se hubiese cometido el delito mayor, y si éstos fueren iguales, a la que lo hubiere solicitado primeramente.

Fuente: eqsnotas.com