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La causa judicial por el asesinato de Rafael Nahuel, perpetrado a finales de noviembre por integrantes del Grupo Albatros de Prefectura en Bariloche sigue su curso.

Esta semana se conoció el resultado de las pericias que determinaron que la víctima no tenía rastros de pólvora en sus manos, lo cual desbarata el intento del gobierno de colocarlo en el lugar de agresor o partícipe de un intercambio de disparos.

Ahora también se determinó, según documentación a la que tuvo acceso el sitio de noticias Infobae y que fue incorporada al expediente, que cinco de los ocho prefectos que ingresaron aquel día al predio mapuche dispararon al menos 114 veces sus ametralladoras MP5 y pistolas Beretta, todas de calibre 9 milímetros.

Así lo indicaron las pericias llevadas a cabo por el Centro Atómico Bariloche sobre las manos de los efectivos. Los más comprometidos son dos agentes, cuyos nombres no trascendieron, que dispararon entre 30 y 40 veces.

El estudio comenzó hace un mes y se propone analizar 20 armas de prefectos que participaron del operativo en Villa Mascardi y el objetivo es descubrir la identidad de la persona que efectuó los disparos por la espalda que acabaron con la vida de Rafael Nahuel.

Según informó Infobae en su nota, las pericias también dieron como resultado el hallazgo de rastros de pólvora en las manos de Lautaro González y Fausto Jones Huala, quienes estaban junto a Rafael Nahuel en el lugar.

El juez deberá determinar si esas partículas, mínimas en comparación con las que se hallaron en las manos de los prefectos, se deben a que efectivamente dispararon armas o si pudieron haberse contaminado al estar en contacto con el orificio de bala del joven asesinado. Fueron ellos justamente las dos personas que lo trasladaron luego de que fuera herido.

El otro indicio a favor de los jóvenes es que no se encontraron en el lugar ni casquillos, ni armas, ni rastros de disparos que no sean los efectuados por los efectivos de Prefectura.

El juez Villanueva aguardará la conclusión de las pericias para decidir los próximos pasos procesales.

Fuente: Infonews.com

Las muestras realizadas con cintas de carbono en las manos de Nahuel, en los integrantes del grupo Albatros de Prefectura que intervinieron en el operativo, y dos mapuches detenidos en esa oportunidad, fueron peritadas en el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (CAB), que esta semana elevó su informe al juzgado federal local.

Desde el juzgado informaron que el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó que los resultados sean analizados en Salta por peritos de Gendarmería, lo que se espera se realice antes del 9 de abril, cuando prestarán declaración testimonial 15 integrantes de Prefectura que no participaron del procedimiento en el que fue baleado Nahuel.

Desde la querella informaron que en la muestra de más de 4.000 partículas tomadas de las manos de Nahuel no había ninguna presencia de bario, plomo y antimonio, elementos constitutivos de la pólvora, lo que descarta que haya disparado armas de fuego, como señalaron algunas versiones.

A su vez Matías Schraer, abogado de Fausto Jones Huala y Lautaro González, detenidos el mismo día cuando bajaron a Nahuel gravemente herido para que sea atendido, reconoció que en muestras similares en los jóvenes mapuches se encontró una ínfima presencia de plomo, pero negó que sea indicio de disparos con armas de fuego.

“En cuatro mil partículas tomadas en las manos de Fausto apenas 1 tiene presencia de plomo, en tanto en 3.600 de Lautaro también, pero en su mano izquierda, lo que resulta muy llamativo porque él es diestro”, afirmó Schraer.

El abogado agregó que ese resultado “es habitual” de residuos del trabajo con algunas herramientas y máquinas, como amoladoras, y también de la manipulación de baterías y motores.

Indicó que el Centro Atómico entregó un informe “puramente técnico”, que debe ser analizado por peritos balísticos, lo que harán especialistas de Gendarmería en Salta.

Villanueva también ordenó pericias de presencia de pólvora en los ocho integrantes del grupo Albatros que participaron del operativo en el que murió Nahuel, los que aún no fueron citados a comparecer en el juzgado.

La madre de Facundo Jones Huala, hizo circular un comunicado en el día de hoy con una denuncia por malos tratos propinados al lonko en detención.

“A través de este medio denunciamos un nuevo atropello y una total falta de respeto por parte del servicio penitenciario hacia el Lonko Facundo Jones Huala, debido a que, en el día de la fecha, han inundado con líquidos cloacales el lugar en donde el Lonko realiza su nguillipun (ceremonia) todos los días”.

Para la comunidad mapuche, que acompaña a Jones Huala “esta situación sobrepasa todos los límites de tolerancia que hemos tenido ante las continuas faltas de respeto hacia nuestra cultura por lo que se realizaran las acciones judiciales correspondientes y de seguir esta situación – advierten – el Lonko analiza llevar adelante algún otro tipo de acción de protesta”.

El comunicado de la denuncia, finaliza indicando premeditación sobre los hechos. “Es evidente que estos hechos son premeditados y son una total provocación hacia nuestra autoridad, quien es evidente que es un prisionero político perseguido por Argentina y Chile”. “Basta de atropellos hacia el Lonko Facundo Jones Huala!!!”, piden.

Fuente: Red 43.

El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, quien a fines de febrero tuvo a su cargo el juicio donde se resolvió la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, confirmó –según publica el diario Río Negro- que la defensa del referente mapuche apeló el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.

De ese modo, el expediente irá esta semana desde esa ciudad rionegrina a Buenos Aires.

Sin embargo, sea cual fuere la decisión de la Corte, la última palabra la tiene el presidente Mauricio Macri, según dispone la ley que regula la cooperación internacional en materia penal.

Así lo manifestó el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco.

Al presidir el viernes en Bariloche una reunión del Comando Unificado Patagónico de Seguridad, el funcionario nacional indicó que la extradición de Jones Huala “ahora está en la Corte Suprema, se ha hecho un avance importante con la resolución del juez Gustavo Villanueva, ahora queda la Corte y el presidente de la Nación, que es la última instancia para cerrar este proceso”.

Jones Huala, oriundo de Bariloche, está acusado en Chile del incendio de una vivienda del fundo Pisu Pisué, en 2013 en una zona rural cercana de Valdivia.

Gozaba de un régimen de salidas transitorias de la prisión preventiva que le habían dictado en ese país hasta que un día no volvió a dormir a la prisión.

El resto de los acusados fue juzgado y absuelto, salvo una mujer condenada a prisión en suspenso.

Hace nueve meses que el referente mapuche, que lidera en Chubut una comunidad en Cushamen, esté detenido en la penitenciaría federal de Esquel.

MAS GENDARMES

El secretario de Seguridad dialogó con el periodismo tras el encuentro del viernes en el Escuadrón 34 de Gendarmería en Bariloche, en el que participaron los ministros de Seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut, junto a los titulares de las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Aeroportuaria y Policía Federal).

Hay que recordar que en esa reunión se anunció que el Estado nacional enviará a la Patagonia un refuerzo de 800 gendarmes para reprimir “posibles conflictos”.

Cuatrocientos estarán destinados a un puesto móvil en Comodoro Rivadavia y otros 400 en Neuquén.

El secretario de Seguridad sostuvo que con ese refuerzo de efectivos se busca “agilizar el desplazamiento del personal ante posibles situaciones de conflicto”, ya que “hasta ahora, los efectivos eran trasladados de localidades más lejanas, lo que demandaba miles de kilómetros a recorrer y una lógica demora en la intervención”.

Asimismo, Burzaco descartó que la reunión del Comando Unificado Patagónico haya focalizado en el denominado “conflicto mapuche” aunque admitió que se habló en la mesa de discusión.

“Si bien se tocó el tema RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), no me gusta generalizar todo el tema mapuche porque la verdad es que no es un problema mapuche, es un problema con un grupo de gente violenta”, afirmó Burzaco quien recalcó que el encuentro priorizó en coordinar tareas conjuntas entre fuerzas federales y provinciales ante delitos complejos.

En cuanto a la causa mapuche, el secretario admitió que en la reunión se realizó un análisis de la actuación de las fuerzas de seguridad durante el juicio por la extradición de de Jones Huala.

Respecto a la causa judicial que se sigue por la ocupación de una comunidad mapuche en tierras de Villa Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado Rafael Nahuel (22), de un disparo en la espalda que se atribuye que fue ejecutado integrantes de Prefectura Naval, el funcionario nacional dijo que se debe “esperar que la Justicia determine”. El Patagónico.

La medida fue anunciada ayer en el marco de la reunión del Comando Unificado Patagónico que se realizó en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, en Bariloche.

Participaron del encuentro los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales: Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Gendarmería Nacional, además de los ministros de seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut y autoridades de las policías provinciales.

Tras la reunión, Burzaco reconoció que uno de los temas abordados, aunque no el principal, estuvo relacionado con los ataques protagonizados por la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en las provincias patagónicas.

“Seguiremos trabajando para evitar nuevos episodios de manos de un grupo de gente violenta”, dijo el funcionario nacional.

Burzaco anunció la instalación de dos puestos móviles, con 400 efectivos de Gendarmería Nacional cada uno, que estarán ubicados en Comodoro Rivadavia -para dar cobertura a la Patagonia atlántica- y en Neuquén, para garantizar las intervenciones en la zona andina.

El objetivo de la medida es “agilizar el desplazamiento del personal ante posibles situaciones de conflicto”, ya que “hasta ahora, los efectivos eran trasladados de localidades más lejanas, lo que demandaba miles de kilómetros a recorrer”.

En un breve diálogo con la prensa tras el encuentro, Burzaco explicó que el objetivo del encuentro fue “establecer un equipo de trabajo unificado, evitar esfuerzos dispersos y trabajar de manera coordinada entre las distintas fuerzas federales y las provinciales.

Este viernes en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche, el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco lleva a cabo un encuentro del “Comando Unificado de la Patagonia” creado para atender los conflictos por la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El comando reúne a las cuatro fuerzas federales de Neuquén, Chubut y Río Negro, y autoridades patagónicas con la idea de generar encuentros mensuales.

A la reunión asistió el Secretario de Seguridad del Chubut, Federico Massoni , junto a altos jefes policiales.

Según los registros de Nación, se habrían perpetrado 94 atentados adjudicados a la RAM, de los cuales el 70% fueron en Chubut.

Mientras la Corte Suprema argentina debe resolver si confirma la extradición de Jones Huala, que es requerido en el sur de Chile por el incendio de 2013 en el fundo Pisú Pisué, los mapuches mantendrán sus protestas a ambos lados de la cordillera.

El activista indígena está detenido desde junio del año pasado en Esquel y desde entonces en varios ataques incendiarios a empresas forestales por el lado chileno se han hallado panfletos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, organización hermana de Resistencia Ancestral Mapuche, RAM) y de Órganos de Resistencia Territorial que piden la liberación del referente.

Ese mismo mes, fue la última vez que representantes de los Estados de Chile y de la Argentina se reunieron para abordar la violencia mapuche.

En Buenos Aires, el subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para intercambiar información sobre un supuesto contrabando de armas entre grupos indígenas a través de pasos fronterizos ilegales.

Por ese caso detuvieron en varios lugares de Chile a ocho comuneros, en una acción que fue llamada Operación Huracán.

Pero resultó un montaje que arrastró a un escándalo a Carabineros, la policía chilena.

El nuevo gobierno de Sebastián Piñera hereda no solo la extradición de Huala, sino también ese enredo policial.

El mandatario entrante propuso para la Araucanía una especie de Plan Marshall y dio seis meses de plazo a un ministro y a un intendente para que lo elaboren.

Debe tener tres ejes: fortalecer el Estado de Derecho, proveer de inteligencia policial a la zona y combatir el drama económico y social de la región más pobre de Chile.

Los mismos seis meses calculan -tanto la defensa de Huala como el fiscal que lo acusa- que le tomará a la Corte Suprema argentina definir sobre la extradición.

A diferencia de Michelle Bachelet, que evitó referirse a terrorismo para tocar el asunto mapuche, el jefe de gobierno entrante dijo esta semana que su convencimiento es que en la Araucanía sí hay terrorismo.

“No tenemos las mejores expectativas, pues lamentablemente se ha transformado en una política de Estado de todos los gobiernos de turno aplicar la discriminación y violencia hacia los mapuches”, dijo a LA NACION Juan Carlos Reinao, jefe de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches.

Aunque no quiso referirse a la extradición de Huala, por ser un proceso en curso, Reinao sí manifestó que en el mundo mapuche se perdió la confianza en el sistema judicial chileno desde los montajes de la Operación Huracán.

Y acusó al gobierno de Chile de “coordinar con sus pares trasandinos una política represiva” contra los mapuches.

Llegar a junio sin definir la extradición del lonko es para organizaciones como la CAM agudizar un conflicto que puede abordarse antes desde la política.

El movimiento de defensa de Huala está activo en la Araucanía y es posible que, de concederse su salida a Chile, las protestas se intensifiquen, porque el Ministerio Público chileno ya advirtió que pedirá un proceso con el acusado en prisión preventiva.

El fiscal adjunto de la región chilena de Los Ríos, Sergio Fuentes Paredes, adelantó que solicitarán “la prisión preventiva” de Facundo Jones Huala, porque “no se garantiza la comparecencia” del investigado en la causa por un supuesto ataque incendiario a una vivienda.

Fuentes Paredes afirmó este jueves que luego de que el lunes el juez federal Gustavo Villanueva concediera la extradición a Chile del lonko mapuche, quien permanece detenido en Esquel, “vamos a pedir la prisión preventiva porque evidentemente no se garantiza la comparecencia de Jones Huala”.

El fiscal explicó que en principio, en Chile, se pedía una “pena de 12 años pero como la extradición se produce solo por dos delitos, y no por los cuatro que se había solicitado, la pena será inferior” y podría “oscilar entre cuatro y ocho años”.

En ese contexto el fiscal aclaró que “esto significa que podría no ir preso” tras la culminación del proceso legal. También dijo que los tiempos “se pueden alargar” debido a que “es probable que se produzca una apelación a la extradición”.

Hasta el momento, en la causa del supuesto ataque incendiario, fueron absueltos otros imputados, excepto una mujer, condenada como encubridora a 61 días de prisión.

Las imputaciones habían alcanzado a seis personas detenidas en la casa de Millaray Huichalaf, la única condenada, aunque a una pena de dos meses, muy inferior al tiempo que pasó en prisión preventiva.

El supuesto ataque por el que fueron juzgados se produjo en el marco de acciones contra compañías madereras e hidroeléctricas realizadas en el sur chileno en 2013 en memoria de Matías Catrileo, un joven mapuche asesinado en 2008 durante el desalojo violento de una ocupación de tierras.

Por el pedido de extradición, Facundo Jones Huala ya había sido sometido en la Argentina a otro juicio, anulado en 2016 por el juez federal Guido Otranto.

Fuente: Télam