Tag

Rafael Correa

Browsing

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena por «cohecho» contra el expresidente Rafael Correa. De esta manera quedó inhabilitado para presentarse a la presidencia o ocupar cualquier cargo político en las próximas elecciones. El exmandatario lo informó en las redes sociales. «Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer», escribió el líder ecuatoriano en Twitter.

La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral le rechazó la inscripción a su candidatura a la vicepresidencia para las elecciones de febrero de 2021 en la fórmula con Andrés Arauz. El ente electoral le exige a Correa, quien reside en Bélgica, que registre su postulación en persona.

El expresidente de Ecuador y actual candidato a la vicepresidencia del país, Rafael Correa, denunció que exigencia de “aceptación personalísima” de la candidatura “perjudica a los migrantes y pone en riesgo a los ecuatorianos”.

En una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter, Correa expresó que “Atamaint miente. Aceptación personalísima de candidaturas nacionales es contraria a Ley y Constitución, perjudica a migrantes y pone en riesgo a ecuatorianos. ¿Cree que sus titiriteros actuales la defenderán en el futuro por esta nueva sinvergüencería?”.

“Esta señora tendrá que enfrentar a la justicia por esta nueva sinvergüencería. ¿Qué pasa con los candidatos de Galápagos a un puesto nacional? ¿Los migrantes? ¿Una persona con Covid-19? Nos está robando a todos el derecho de participación”, agregó el exmandatario.

Tales pronunciamientos responden a las declaraciones emitidas este viernes por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador, Diana Atamaint, relativas a que la aceptación de las precandidaturas es «personal, personalísima y quien no cumpla el requisito no podrá inscribir su candidatura».

Atamaint se refirió a la posibilidad de que Correa presente su precandidatura a través de un poder notarial, diciendo que el CNE dará cumplimiento «irrestricto del reglamento y la ley, y es para todos», defendiendo que las precandidaturas deben ser aceptadas de forma personal en las oficinas de la institución.

La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, denominada Código de la Democracia, promulgada como ley sin número en fecha 27 de abril de 2009, establece en su artículo número 100 que las candidaturas a presidente y vicepresidente se realizan por la máxima autoridad del partido político que auspicie la postulación.

Por su parte, el Reglamento General a la Ley de Elecciones, puesto en vigor la Resolución número 1 del tribunal Supremo Electoral ecuatoriano, de fecha 20 de marzo de 2000, en su artículo 48, párrafo cuarto, regula que para la presentación de candidaturas no es necesaria la presencia de los candidatos.

Asimismo, el Reglamento Para la Inscripción y Calificación de Candidaturas de Elección Popular, emitido por resolución número 021-PLE-CNE-2020 del CNE, específicamente para las elecciones generales de 2021, establece en su artículo 6 que las candidaturas se presentarán por la máxima autoridad del partido político que auspicie la postulación, dando la posibilidad, aunque no la obligación, de que el candidato esté presente físicamente.

El movimiento Centro Democrático de Ecuador designó este sábado de forma oficial al expresidente Rafael Correa (2007-2017) como candidato a vicepresidente y a Andrés Arauz para la presidencia, con miras a los comicios del 7 de febrero próximo.

La designación se realizó tras el desarrollo de un proceso de «democracia interna» o «primarias» del movimiento, que se celebró hoy de forma virtual y con una participación representativa del grupo político, reseñaron medios locales.

«Andrés Arauz y Rafael Correa fueron ratificados en las elecciones primarias de Centro Democrático, que es parte de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), como el Binomio Presidencial», remarcó el movimiento político en un comunicado.

El exmandatario, imputado por causas por corrupción en el país, emitió hoy en Facebook un video que grabó en Bruselas, donde reside actualmente, para agradecer la nominación, y afirmó que para ayudar a Ecuador está dispuesto a «servir el café o como vicepresidente».

Dio por hecho que dentro del país «van a tratar de impedir» su participación en la contienda electoral en base que fue condenado en una causa conocida como «caso sobornos», impedimento que a su entender no es válido ya que el fallo no es firme, sino que queda el recurso de casación.

«Harán lo imposible para tratar de eliminarme como candidato a vicepresidente porque saben que serán derrotados», insistió, e hizo un llamado a la alianza UNES a «estar más unidos que nunca, independientemente de lo que pase; más unidos por la esperanza».

«Hasta la victoria siempre, compatriotas», se despidió Correa.

El diario quiteño El Comercio puntualizó que Arauz, de 35 años, ocupó diferentes cargos durante el Gobierno de Correa, quien lo nombró su delegado ante el Consejo Nacional de Valores y ante el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero.

También estuvo al frente del Servicio de Contratación Pública, fue ministro Coordinador de Talento Humano y registra un paso por la Cartera de Cultura.

Correa había aceptado la precandidatura el pasado 18 de agosto, pero su postulación abrió un debate por supuestas inhabilidades.

«La primera es que los aspirantes elegidos en primarias deben aceptar y proclamar la precandidatura, de forma presencial e indelegable, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE)», dice el periódico.

En el caso de Correa, «deberá ser en la Dirección de Organizaciones Políticas, en Quito. Sin embargo, el exmandatario tiene una orden de prisión preventiva, por el caso del secuestro de Fernando Balda en Bogotá, en el 2012. Si regresara al país, sería inmediatamente arrestado», agregó.

El Comercio recordó que «también tiene una sentencia condenatoria por cohecho, en el caso Sobornos, que está actualmente en casación, es decir, en la última revisión de forma sobre cómo fue promulgada la sentencia y no del delito como tal».

Fuente: Telam

El expresidente de Ecuador Rafael Correa se presentará como candidato a la Vicepresidencia junto al economista y exministro de su Gobierno, Andrés Arauz, en las elecciones de febrero próximo, según informó este lunes en Twitter el líder de uno de los partidos de su coalición UNES, Jimmy Jairala.

Jairala, titular de Centro Democrático, adelantó que la fórmula presidencial será presentada formalmente este martes y explicó: «Esta plataforma ha priorizado la necesidad de acometer en los graves problemas económicos del país».

Hasta hoy no estaba claro si el exmandatario se presentaría como parte de la fórmula presidencial opositora, porque una reciente reforma de las reglas electorales establece que los candidatos elegidos por sus fuerzas políticas en las elecciones primarias deben aceptar sus candidaturas de manera presencial en el país.

También lo anunció este lunes el asesor de comunicaciones del exmandatario, Amauri Chamorro, en un mensaje por Twitter. «El binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales del 2021 en Ecuador tendrá a Andrés Arauz como (candidato a) presidente y a Mashi Rafael (Correa) como vicepresidente», escribió.

Correa, quien tras terminar su mandato en 2017 se mudó con su familia a Bélgica, país del que es oriunda su esposa, fue condenado en segunda instancia en julio pasado a una pena de ocho años de cárcel por un caso de corrupción durante sus gobiernos.

El exmandatario siempre ha alegado ser blanco de una persecución política del gobernante Lenín Moreno, su exaliado y exvicepresidente. Además, ha denunciado los intentos de proscripción de su partido Fuerza Compromiso Social, que fue suspendido por el Consejo Nacional Electoral pero luego un juez del Tribunal Contencioso Electoral dejó sin efecto esa medida .

Fuerza Compromiso Social participó en las últimas elecciones seccionales de 2019, con los candidatos respaldados por Correa y logró la Prefectura (Gobernación) de Pichincha (cuya capital es Quito).

Arauz, quien recientemente se incorporó también al Grupo de Puebla, ocupó varios cargos del gabinete económico de Correa, además de haber sido su ministro de Cultura y director del Banco Central durante parte de su mandato.

Con el binomio del frente UNES -una coalición de dos partidos y varios movimientos sociales que sumó al correísmo luego de la ruptura con el actual presidente Lenín Moreno y el actual oficialismo-, ya suman 11 las candidaturas para la Presidencia en las elecciones de febrero próximo.

Con la derecha dividida, tras el derrumbe de popularidad del gobierno de Moreno, con una oposición también fragmentada y con el país sumido en una crisis económica y sanitaria por la pandemia, el correísmo se presenta como la principal minoría del país con una intención de voto del 31,4 por ciento, según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), publicado a principio de mes.

Rafael Correa sufrió un revés en la causa donde enfrente cargo por corrupción. La Corte Nacional de Ecuador negó su pedido de apelación y ratificaron la condena de 8 años de prisión.

La noticia fue informada por medios locales donde también relataron que se confirmaron las condenas de otros exfuncionarios: Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Jorge Glas, Laura Terán, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez y María de los Ángeles Duarte.

El expresidente fue acusado por un delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País y, en abril de este año, el tribunal dictaminó su intervención en una red de corrupción bajo su Gobierno.

Rafael Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. Actualmente se encuentra exiliado en Bélgica, país de nacimiento de su esposa Anne Malherbe Gosseline.

La fiscalía a cargo del caso acusó al exmandatario de liderar una “estructura jerárquica” con el fin de obtener fondos de empresas contratistas del Estado por más de 7,5 millones de dólares para financiar campañas electorales dando a cambio la adjudicación contratos de obras de infraestructura.

La reacción de Rafael Correa ante este revés judicial

Tras conocerse la noticia, el expresidente de Ecuador utilizó su cuenta de Twitter para responder ante este revés judicial: “Aunque es difícil de creer, era de esperarse. “Caso” y “sentencia” más ridículos no puede haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí. #LosCorruptosSiempreFueronEllos”, expresó.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa sufrió un duro revés al mediodía de este martes 7 de abril del 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo halló culpable de cohecho, por recibir aportes indebidos a través de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado durante su gobierno, entre 2012 y 2016. Los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez lo sentenciaron a 8 años de cárcel.

La resolución de los jueces de la Corte, quienes condenaron también al exvicepresidente Jorge Glas y a otras 18 personas, es un fallo de primera instancia (deberá ser ratificado por un Tribunal superior en segunda instancia -en caso de que alguna de las partes apele- y en casación -última instancia judicial, donde se revisa el debido proceso-).

Sin embargo, la sentencia del Tribunal ha sido considerada por la Fiscalía General del Estado como un paso más en la lucha contra la corrupción, tras impulsar la investigación del caso denominado Sobornos 2012-2016 y presentar pruebas, que -según los jueces- demuestran que el expresidente Rafael Correa conocía del delito, que ha afectado al Estado.

¿Qué significa para Correa una condena por cohecho?

Una sentencia por cohecho impactaría directamente en la vida de cualquier persona en Ecuador, más aún en la de un político. La Constitución de Montecristi, elaborada en el 2008 por una mayoría correísta y validada en las urnas, precisa en su artículo 233 que en el delito de cohecho “la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas”.

Imprescriptible significa que la condena que impongan los jueces no caducará. En el caso Sobornos 2012-2016 el Tribunal de la Corte ha sentenciado a Rafael Correa a ocho años de cárcel. Si la pena es ratificada en las siguientes instancias de la Corte, el exmandatario deberá cumplirla cuando regrese al país: ocho años en un centro de rehabilitación social antes de poder volver a caminar por las calles de Ecuador.

Pero no es lo único. El futuro político de Correa habrá terminado, al menos en Ecuador. La Constitución de Montecristi también puntualiza en su artículo 113 que hay personas que nunca podrán ser candidatos en una elección popular: “Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado”.

En Ecuador hay candidaturas de elección popular para las siguientes dignidades: vocalía de junta parroquial, concejalía, alcaldía, prefectura, Asamblea, Parlamento Andino, Vicepresidencia y Presidencia de la República. Correa, con una sentencia de cohecho y después de cumplir condena, no podría candidatizarse ni para dirigir una junta parroquial.

La Fiscalía habla de una estructura de corrupción

Entre las pruebas de cohecho presentadas por la Fiscalía General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016 hay una serie de contratos suscritos a través de cartas de invitación y convenios de pago, “figuras utilizadas para no seguir los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública”.

En la investigación de la Fiscalía, además de Rafael Correa, constan como acusados el exvicepresidente Jorge Glas; exministros como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte; exasambleístas como Christian Viteri y Viviana Bonilla. Este martes 7 de abril del 2020, ellos fueron condenados a 8 años de cárcel por cohecho.

La investigación de la Fiscalía determinó la existencia de una estructura de corrupción integrada por empleados estatales que facilitaron (a través de cruce de facturas y dinero en efectivo) el beneficio a empresarios de contratos con el Estado.

En este caso fueron investigadas Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras del Palacio de Carondelet, quienes manejaron los pagos en efectivo y la lista de las empresas y funcionarios involucrados. Ellas permanecieron detenidas desde el 4 de mayo hasta el 6 de noviembre del 2019. Ofrecieron su colaboración a la Fiscalía en las investigaciones.

Pamela Martínez trabajó al servicio de Rafael Correa. De hecho, fue asesora 1 del “despacho presidencial” en Carondelet, por un salario de USD 5 009 mensuales. Terán, según la nómina de personal de Carondelet, fue asesora 5 y 4 de la “Subsecretaría general del despacho presidencial”, también en los años de la llamada ‘revolución ciudadana. Este 7 de abril, por su colaboración en la investigación, el Tribunal las condenó a 38 meses y a 19 meses de cárcel, respectivamente.

Fuente: El Comercio

El caso contra el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas podría extenderse hasta finales de 2020 y se centra en supuestos millonarios sobornos que habrían recibido las personas mencionadas, entre las que además del exmandatario resaltan el ex vicepresidente  Glas, el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

La Fiscalía acusa al exmandatario de dirigir su partido político, Alianza País, como una organización criminal, debido a que, presuntamente, habría canalizado grandes sumas de dinero en pagos de empresas privadas para financiar ilegalmente su campaña electoral.

La audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho dentro del caso «Sobornos 2012-2016» comenzó formalmente este 10 de febrero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y en sus primeros 90 minutos participaron con sus alegatos de apertura la fiscal general Diana Salazar; el procurador Íñigo Salvador y los abogados de cinco procesados: Bolívar Sánchez, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y Laura Terán.

La Fiscalía anunció que probará que existió una organización criminal encabezada por el entonces presidente, en la que operaron empleados gubernamentales de diferentes jerarquías, una acusación que el expresidente ha negado reiteradas veces.

Rafael Correa: esta es una «acusación cantinflesca»

Correa ha reiterado que quieren bloquearle sus posibilidades electorales, que es víctima de «persecución política» y que la serie de indagaciones judiciales en su contra demuestran la «desesperación» de sus opositores.

«Para que haya corrupción es obvio que alguien debió enriquecerse. No somos nosotros los que tenemos las cuentas ‘offshore’, empresas en paraísos fiscales, es el Gobierno encubierto por fiscal, el resto de autoridades de Estado, la prensa», respondió con ataque el expresidente en un video publicado el pasado 5 de febrero.

El exmandatario ha calificado el proceso en su contra como una «gran payasada» y de «acusación cantinflesca» pues a su juicio no hay bases jurídicas para juzgarlo.

«¿Creen que Moreno que fue vicepresidente no se iba a dar cuenta de (la existencia de) una organización criminal liderada por el propio presidente de la República?», increpó a sus seguidores en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Los abogados del exmandatario plantearon un recurso de recusación porque consideran que los jueces que llevan adelante el juicio no son competentes y consideraron por lo tanto que la audiencia debería ser suspendida.

El principal defensor legal de Correa, Fausto Jarrín, indicó a los medios que ejercería «todos los derechos» como «por ejemplo dudar de la imparcialidad de un tribunal».

El avance de los procesos definirán si Correa puede ser o no candidato a legislador 

Por su parte, Correa no puede aspirar a una nueva reelección por una enmienda aprobada en el referendo de febrero de 2018 que fija límites de plazos presidenciales, pero sí podría postularse para legislador en las elecciones nacionales de febrero de 2021, lo que le daría fuero parlamentario para no ser enjuiciado. Pero si existe una sentencia ejecutoriada antes del 20 de noviembre, el expresidente no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular.

El analista Santiago Basabe, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dice que Correa cuenta aún con mucha aceptación en los ecuatorianos: «Diez años no son poco. Hay mucha gente que le guarda respaldo (…) La gente ya está diciendo: ‘con Correa estábamos mejor'».

Aunque el expresidente viajó a Bélgica poco después de dejar el poder, su influencia sigue latente en la esfera política ecuatoriana. Correa, que critica duramente al actual presidente Lenín Moreno, su exaliado y ex vicepresidente a quien acusa de haber traicionado los postulados del movimiento Alianza País, repite con insistencia que «recuperaremos la patria».

Luego de un lunes que comenzó en el Palacio Nacional junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y terminó muy tarde en una cena con los empresarios más poderosos del país en la coqueta Estancia Los Morales, del barrio de Polanco, Alberto Fernández disfrutará de unas horas de ocio antes de su charla magistral para estudiantes e invitados especiales en el antiguo colegio de San Ildefonso. Sin embargo, el presidente electo se reservó una hora para un encuentro sorpresa que se llevará a cabo esta tarde y que sin dudas traerá polémica: el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Llegado en la mañana del martes a México, Correa se aloja en el hotel Camino Real, el mismo en el que se hospedan Fernández y su comitiva. Tiene a su vez previsto dar una charla en el Museo de la Ciudad, ubicado en el centro histórico, bajo un título desafiante a tono con su postura combativa: América Latina en disputa. El encuentro con Correa, confirmado a LA NACION por dos fuentes inobjetables fue organizado, otra vez, por Marco Henriquez Ominami: el dirigente chileno que motoriza el Grupo de Puebla de gobernantes y dirigentes progresistas del continente, del que tanto Fernández como López Obrador también forman parte.

Duro detractor del presidente Lenin Moreno, a quien acusa de haberlo traicionado luego de haber recibido su bendición para llegar al poder, Correa -que gobernó Ecuador desde 2007 hasta 2017- vive en Bélgica pero participa activamente de la vida política de su país. Moreno lo ha acusado de fomentar las violentas protestas por la suba del combustible, que provocaron ocho muertos y centenares de heridos, antes de que la medida fuera revocada.

El explícito apoyo de Correa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien reconoció estar «ayudando» a modo de consultor, podría ser un incómodo lastre para Fernández. Si bien el futuro presidente de la Argentina, se manifiesta en favor de la postura «moderada» y de no intervención encabezada por López Obrador, ha mantenido una distancia prudente de lo que queda del eje bolivariano, hoy representado por Maduro y Cuba.

De excelente y antiguo vínculo con Cristina Kirchner, Correa es también parte del grupo de Puebla que coordina Ominami, aunque desde posiciones más radicalizadas. Sin ocultar sus deseos de volver al poder, se reunirá hoy con Fernández, quien ha dado señales hacia el «diálogo» y la «moderación», tanto en su política interna como en la relación con los Estados Unidos y otros poderosas potencias.

La jueza nacional Daniella Camacho está a cargo de una causa titulada «Sobornos 2012-2016» y afirmó que la detención será «legal, constitucional y convencional». El ex mandatario ecuatoriano vive en Bélgica desde julio de 2017

La justicia ecuatoriana ordenó este jueves prisión preventiva para el ex presidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.

La jueza nacional Daniella Camacho pidió esa medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será «legal, constitucional y convencional» y por tanto «no arbitraria».

Salazar investiga una trama denominada «Sobornos 2012-2016» (antes «Arroz verde»), en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos ex colaboradores del Ejecutivo de Correa (2007-2017), a los que también aplicó la misma medida cautelar este jueves.

La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el ex gobernante hasta 2017.

En el caso del ex presidente, Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.

Y recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.

Hasta la fecha, Correa, que tiene más de una docena de expedientes abiertos no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador, y se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.

En la misma sesión, Camacho aplicó la misma medida cautelar para el ex vicepresidente Jorge Glas, que fue segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el actual mandatario ecuatoriano.

Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht, aunque ha recurrido la sentencia y el próximo 11 de septiembre se abrirá el proceso.

Otros vinculados en el caso «Sobornos 2012-2016» son el ex secretario del Agua Walter Solís, y el que fuera secretario de la Administración Vinicio Alvarado, además del antiguo asesor ministerial Yamil Massuh.

A todos ellos aplicó la prisión preventiva, en tanto que la jueza seguía la sesión sobre otros 17 presuntos implicados para los que la Fiscalía solicitó la prohibición de salida del país, la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, entre otras medidas.

El caso se inició a raíz de la publicación por dos medios digitales locales de una supuesta trama de corrupción acuñada «Arroz Verde» y que analizó la presunta financiación irregular del movimiento político AP cuando era liderado por Correa y que involucraba a varias empresas nacionales e internacionales, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.