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Cierra las puertas la empresa CIDAL. Fue el primer fabricante de preservativos de látex en Argentina. Pero no sólo fabricaron los preservativos Camaléon y ahora vendían los Exotix, además, son los creadores de las bombitas de agua Bombucha y de los globos Ronda. Y hasta fabricaron las bombachas Pizpireta.

La firma, fundada en 1953, anunció el despido inmediato de sus más de 60 empleados.

Cidal (Compañía Industrial de Artículos de Látex) está en San Luis. Venía operando con dificultades porque su principal insumo, el latex, es 100% importado. Así es que ante la fuerte devaluación sus costos de producción se triplicaron, a la par que las ventas mostraban alarmantes cifras de caída.

Ahora, sus más de 60 empleados están tomando el establecimiento productivo ubicado en la provincia puntana y reclaman el pago de salarios adeudados además de las correspondientes indemnizaciones.

Lo cierto es que la compañía de capitales nacionales y que ya cumplió 66 años tuvo un lugar de preponderancia en el sector de las bombitas de agua, globos y preservativos. Primero, logró gran repercusión con su marca Bombuchas que se instaló en el imaginario argentino de las fiestas de carnaval. Pero también fue la primera empresa de Argentina y Latinoamérica en producir preservativos utilizando látex como materia prima. En este segmento, incursionó con las marcas Exotic y Camaleón y llegó a exportar a países limítrofes.

Según se desprende de los registros oficiales, desde hace más de un año no concreta los aportes correspondientes a sus empleados. Además, a la fecha, cuenta con una deuda bancaria de apenas $100.000, que está en situación 2 (con atrasos en los pagos). Antes, en septiembre de 2017, comenzó a mostrar dificultades para pagar sus deudas bancarias que en ese momento, el BCRA ubicó en categoría 5 Irrecuperable (implica un atraso de más de 365 días).

Sus últimos balances tampoco son muy alentadores. En el ejercicio anual concluido en abril de 2018 (último conocido), con ingresos de $64,4 millones tuvo que afrontar una pérdida después de impuestos de $7,7 millones. Un año antes, con ingresos de $53,7 millones, el resultado negativo fue de poco más de $3,8 millones y finalmente en abril de 2016 con ventas por $26 millones, llegó a perder $4 millones.

En este contexto, los empleados decidieron medidas de fuerza y ocuparon las instalaciones productivas. Desde la empresa detallaron que no están en condiciones de reactivar la producción porque por el momento no cuentan siquiera con materia prima. Y busca negociar con el gremio los pasos a seguir, publica Ámbito Financiero.

La Justicia Comercial decretó finalmente la quiebra de la cadena de electrodomésticos Lucaioli y Saturno Hogar. Ahora sus más de 500 ex empleados esperan cobrar, al menos, una parte de los salarios e indemnizaciones adeudadas por la fallida.

El año pasado la empresa presentó la convocatoria de acreedores. En ese momento tenía más de 30 locales distribuidos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

De acuerdo con el INDEC en junio pasado las ventas de electrodomésticos cayeron en la comparación interanual y a precios corrientes un 14%.

En aquel momento la compañía contaba con deudas bancarias por más de $150 millones a las que no podía hacer frente en lo inmediato. Con la convocatoria de acreedores abierta buscó refinanciar pasivos, pero al poco tiempo la situación volvió a complicarse y en abril de este año, finalmente, cerró inesperadamente todas sus sucursales.

A partir de ahí la incertidumbre fue total para sus empleados pero por más que se barajó un sinfín de posibilidades, como que podía armarse una cooperativa, todo derivó en la quiebra.

Según detallan desde el sector, la empresa había iniciado un fuerte proceso de expansión años atrás, lo que explica en parte su alto nivel de endeudamiento. Pero la caída de las ventas complicó el panorama. La apertura del concurso de acreedores llegó además en un pésimo momento porque la demanda estuvo lejos de recuperarse y además se desató una profunda crisis económica derivada de la devaluación del peso.

A partir de ahora lo que resta es que se liquiden los activos de la empresa y que lo obtenido se reparta entre los acreedores, entre los cuales se incluye a los ex empleados, bancos y proveedores.

La constructora brasileña Odebrecht solicitó acogerse al capítulo 15 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Esto implica extender a ese país la protección judicial para evitar embargos, en base al pedido de quiebra que tramita en Brasil desde junio pasado.

La compañía que se hizo famosa por haber admitido en 2016 el pago de sobornos a funcionarios de 12 países, entre los que se encontraba la Argentina, presentó el lunes la solicitud de protección por bancarrota en los tribunales de Nueva York.

Según los analistas, ésta sería la mayor quiebra de una compañía en Latinoamérica.

Odebrecht S.A., holding del Grupo Odebrecht, aclaró ayer a través de un comunicado que la medida de protección judicial ante la justicia de Nueva York consiste en un pedido de extensión, en territorio norteamericano, de la protección otorgada a la empresa por el proceso de recuperación judicial que se encuentra en curso en Brasil.

Esto significa que no es la adhesión al tradicional Capítulo 11 de la ley de quiebras de EE.UU., sino al capítulo 15 para “preservar activos en el exterior, evitando embargos por parte de los acreedores a medida que se desenvuelve el proceso principal de recuperación judicial en el país de origen de la empresa”, explica el comunicado.

Si el procedimiento iniciado en Brasil es reconocido en el tribunal de Nueva York, Odebrecht podría disfrutar de los beneficios de las leyes de bancarrota de los Estados Unidos que prevé, entre otros aspectos, la protección contra la incautación de activos en el país.

La firma también aclaró en el mismo comunicado que Odebrecht Ingeniería & Construcción en EE.UU. “no se encuentra abarcada por el mencionado proceso de recuperación y por lo tanto no forma parte del mismo”.

La empresa debe hacer frente a la reestructuración de pasivos por alrededor de u$s25.000 millones, según la información circulante.

En junio la constructora se declaró en bancarrota en Brasil después de verse implicada en una investigación por corrupción, en la que la compañía admitió haber pagado u$s788 millones en sobornos para conseguir contratos durante 2016. En diciembre de ese mismo año, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y Angola, así lo reseña Ámbito.

El índice medido por la banca JP.Morgan subía 146 unidades, hasta 1.961 puntos básicos, el mayor nivel desde noviembre de 2008. Ocurre frente a una creciente incertidumbre financiera y política disparada por el resultado en las elecciones primarias.

El riesgo país argentino se disparó nuevamente este martes y alcanzó un nuevo máximo en casi 11 años, lo que produjo un generalizado desarme de posiciones por parte de inversores temerosos, frente a una creciente incertidumbre financiera y política disparada por el resultado en las elecciones primarias.

En este contexto, las ventas fueron generalizadas entre los bonos y las acciones,al tiempo que seguió la huída al dólar con una amplia inyección de fondos por parte del Banco Central (BCRA).

Los bonos se hundían hasta más de 14%y las puntas vendedoras auguraban mayores pérdidas casi de inmediato.

El dólar mayorista saltó más de 2%, a $56,30. El BCRA acumuló ventas por 302 millones de dólares de sus reservas.

«El mercado está desbordado y todo es vendedor. Cae la deuda y la bolsa, lo que presiona al tipo de cambio y no alcanza el esfuerzo del banco central con la inyección de dólares. El descrédito está en aumento y se refleja en un nuevo salto del riesgo país»,dijo un agente financiero de la banca privada extranjera.

La amplia ventaja que obtuvo Alberto Fernández en las elecciones primarias del 11 de agosto llevó a un derrumbe generalizado del mercado financiero por el temor a que bajo su posible mandato se retome una fuerte intervención del Estado en la economía, como sucedió en la gestión de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidenta en esta fórmula opositora.

La inflación mensual será superior al 3% en agosto, dijo este martes el presidente Mauricio Macri -quien busca la reelección-, debido al derrumbe de la moneda local que sufrió el país después del resultado adverso al Gobierno en las primarias.

El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires perdía un 4%, a 24.800,06 unidades, liderado por la caída en acciones energéticas y financieras. Estos niveles son similares a los de agosto pasado, mientras que hay papeles que han retrocedido a precios semejantes a los de la crisis argentina del 2002, aseguró el diario Ámbito.

A sólo 48 horas del cierre del plazo para lograr un acuerdo con sus acreedores para renegociar una deuda de $4.500 millones, el destino del correo privado OCA -y sus 6.500 empleados- sigue siendo una gran incógnita.

La urgencia pasa por llegar al jueves 21 con el visto bueno de los tres grandes acreedores en el marco del concurso preventivo en que se encuentra la compañía. “Con el gremio de camioneros ya logramos un acuerdo. Con otro acreedor internacional, también. Sólo falta la AFIP”, explica a Ámbito Financiero Patricio Farcuh, presidente de OCA.

Pero este no es un detalle menor, ya que el 80% de la deuda concursada es con el organismo de recaudación que comanda Leandro Cuccioli. Esto le da un poder trascendental para definir el futuro de la empresa, en el cual la quiebra aparece como una amenaza muy concreta.

El Artículo 32

“La AFIP está obligada por la Ley a otorgar el 32. Si no lo hace, manda a OCA a la quiebra”, añadió Farcuh. Se refiere al Artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario que autoriza al jefe de la AFIP a otorgar planes especiales de regularización de deudas para empresas en situación de crisis, como el caso de OCA. Pero Cuccioli se niega a otorgar esa facilidad y exige que toda la deuda se pague en sólo 12 cuotas. En cambio, acceder al Artículo 32 le permitiría a la empresa contar con 96 meses para pagar la deuda impositiva y 48 meses para la parte de seguridad social, incluyendo aportes.

Además, si esto se aprobara se destrabaría un embargo sobre $1.000 millones que los accionistas de OCA pretenden destinar a un plan de puesta en valor de la compañía, que permitiría el ingreso de nuevos inversores y la preservación de las fuentes de trabajo. Los proyectos incluyen un relanzamiento del negocio de distribución de paquetes, buscar sinergias en comercio electrónico e incursionar en el segmento fintech. Además, le permitiría cobrar acreencias contra el Estado por unos $500 millones que se usarían también para comenzar a cancelar pasivos.

Como la AFIP se viene negando a estos pedidos, Farcuh asesorado por sus abogados, presentó un recurso de amparo ante el juzgado de Lomas de Zamora donde se tramita el concurso. Pidió que se mantenga el statu quo hasta tanto la AFIP se expida definitivamente y justifique su decisión.

Así, se aseguró que el jueves aunque venza el plazo para acordar con los acreedores, la empresa no quede automáticamente en situación de quiebra –según publica Ámbito-.

“Es evidente que la solución sólo puede llegar por la vía política. El Gobierno está empecinado en que a OCA le vaya mal. Tiene la posibilidad de salvar a la empresa con sólo apretar un botón, pero no lo hace. No tiene en cuenta que hay casi 10.000 empleos, entre directos e indirectos, que están en riesgo. Si se lo piensa en la cantidad de familias que representa, son casi tantas como la población de Tandil donde nació el Presidente Macri”, plantea Farcuh.

El Comodorense