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Poniendo el foco en facilitar a la comunidad las herramientas dispensables y acordes a los tiempos que demanda la salud pública, el municipio de Rawson avanzará en breve en reuniones con distintos proveedores para gestionar la llegada del equipamiento a utilizar en el hospital subzonal “Santa Teresita”.

El nosocomio carece de algunos elementos necesarios para la atención del paciente, lo cual obliga a las autoridades a acelerar los tiempos para evitar el traslado a otras ciudades de los vecinos capitalinos, o de aquellos que requieran pronta atención.

El intendente local, Damián Biss, recibió este lunes a las autoridades del centro asistencial y a integrantes de la cooperadora que administra sus recursos. Los referentes de la sanidad capitalina destacaron la disposición y la apertura al diálogo del mandatario municipal, que permitió el intercambio fluido de información y la posibilidad de potenciales acuerdos.

Después de la reunión, la presidente de la Cooperativa del Hospital, Natalia García, manifestó su preocupación por el equipo de rayos que “necesita imperiosamente” el nosocomio. “El aparato actual es viejo, cada 15 días hay que hacer mantenimiento, y eso obliga a derivar pacientes a Trelew o a clínicas privadas; es un problema porque como centro asistencial no podemos ofrecer la atención”, señaló.

En la misma línea, describió que “hay posibilidad de financiación para el municipio para que se pueda comprar, evitando un desembolso de 2,7 millones de pesos, que en la situación económica actual es poco factible”.

García evaluó que “entre todos, incluido el intendente y el director del Hospital, Cristian Setevich, queremos dar soluciones para que el equipo sea efectivo”. Por ello, “ya hay proveedores que manifestaron predisposición para venir desde Bahía Blanca a reunirse con el intendente, por eso estamos tratando de acordar el día. De seguro, próximamente tendremos noticias favorables”.

Avanzado algunos acuerdos, paso siguiente “iremos por el ecógrafo, el tomógrafo”, entre otros. “Y como cooperadora también nos ocuparemos de la parte edilicia”, concluyó.

El ministro de salud del Chubut, Adrián Pizzi, reconoció que en la última licitación los proveedores de medicamentos e insumos hospitalarios cotizaron al doble del precio de mercado y además por la mitad de los elementos. Ante la situación se buscó la compra directa, lo cual tampoco dio resultado.

Pizzi aclaró que el problema no es solo de Chubut y así lo pudo constatar en diálogo con otros colegas suyos del resto del país que están muy preocupados por esta situación ya que los insumos están dolarizados y nadie arriesga.

De paso cuestionó al gobierno nacional que le quitó jerarquía institucional a salud sacándole la categoría de ministerio, lo que representó que delegara en las provincias temas tan importantes como las diálisis.

Además se produjeran faltantes de vacunas y, en general, una desprotección del interior.

Pizzi y sus colegas de las provincias no macristas dan por sentado que el 10 de diciembre asumirá Alberto Fernández la presidencia.

El ministro de la cartera sanitaria definió a los tres meses que quedan por delante como “una eternidad” en materia de salud por el deterioro ostensible que se irá profundizando.

En este terreno aclaró que están buscando con otros ministros generar una red de cobertura para ayudar al próximo gobierno que asumirá con números en rojo en material sanitaria.

Advirtió que esto se traduce en el resurgimiento de enfermedades que se daban por desterradas como la sífilis y otros males que vienen acompañados de un contexto socio económico malo.

YPF decidió adecuar los contratos en dólares vigentes con sus proveedores de manera «temporaria» para cumplir con el congelamiento de los precios de venta de crudo y combustibles, y al mismo tiempo mantener el abastecimiento sin exponerse al riesgo de un desacople financiero.

La petroleraapunta a limitar la volatilidad cambiaria en los contratos que generan en el corto plazo ganancias y pérdidas de oportunidad no razonables para inversiones de largo plazo. Para ello, y mientras permanezcan estas restricciones, la compañía adecuará los contratos de bienes y servicios en función del nuevo escenario generado por el congelamiento de precios.

«No se trata de una pesificación», aseguraron desde la compañía, sino «tomar un tipo de cambio distinto al momento de cancelar el contrato» en función de lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 662 que fijó un dólar de $45,19 para asegurar el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días.

Esa medida es revisada por el Palacio de Hacienda en función del reclamo de los gobernadores de las provincias petroleras afectados por la baja de retenciones y las propias petroleras, que ofrecieron opciones actualmente en estudio en la Secretaría de Energía.

Estas medidas de la empresa «son de carácter extraordinario, revisables ante cualquier iniciativa oficial que implique una adecuación de los precios de los combustibles, que tiene como única finalidad mantener operaciones financieramente sostenibles y, a través de un esfuerzo compartido, un trato equitativo entre toda la cadena de abastecimiento», así lo informó El Chubut.

En marzo de este año la Nación autorizó a Chubut a emitir un bono para pagar a proveedores. La deuda se remontaba en algunos casos a 2015. «Se hizo algo con algunas constructoras», dijo Villagra como integrante de la Fech. Provincia impulsaría una ley para reconocer intereses sólo de este año. «La deuda está totalmente licuada» sostienen quienes le vendieron al Estado.

En el último año y medio las cámaras de comercio enroladas en la Federación Empresaria de Chubut (Fech), vienen planteando la necesidad de regularizar la deuda que mantiene el Estado provincial con sus proveedores. Sobre todo teniendo en cuenta la afectación enorme para las pymes de la provincia.

Cuando en marzo de este año la Nación autorizó a Chubut a emitir un bono para pagar la deuda a sus proveedores, se intentó establecer un mecanismo para ir regularizando la situación. Pero «todavía no se ha hecho casi nada; se ha hecho con algunas constructoras», dijo ayer en el programa Radio Activa de FM EL CHUBUT, Rubén Villagra como presidente de la Cicech.

El propio Villagra mantuvo esta semana una charla informal con el ministro de Economía, Luis Tarrío, quien le manifestó que en uno o dos meses podría ponerse al día con los proveedores. «O sea que lo que tendríamos que haber recibido en febrero del 2018 lo estamos recibiendo casi en septiembre-octubre del 2019», dijo el presidente de la Cicech.

Además, alertó que ese pago sería «sin el reconocimiento de los intereses, que sí están comprometidos de palabra del Gobernador a la FECh. Creo que esta semana o la que viene vamos a plantear una nueva ley para reconocimiento de estos intereses», dijo Villagra.

Toda esa situación «le hace muy mal al comercio, porque si cobráramos casi todos los comercios chicos que tienen una deuda con la Provincia, se volcaría enseguida al consumo», destacó.

«LA DEUDA SE LICUO»

A esta altura, la deuda del Estado provincial con los proveedores «está totalmente licuada», dijo Villagra en FM EL CHUBUT. Y en caso de conseguir el pago de algunos intereses «es un pequeño reconocimiento después de muchas negociaciones, porque es el reconocimiento de febrero de 2018 a la fecha, pero hay que recordar que la deuda era del 2015, 2016 y 2017 y algunas de ellas no tenían intereses», apuntó el presidente de la Cicech.

Por lo tanto, planteó que la pérdida «es tremenda» y «por eso es que uno a veces se pone a ver si sigue vendiéndole al Estado provincial o al Estado en general, porque así como está hoy la provincia, que parece que no hay dinero para eso, no sé si van a volver a pagar en término las cuentas de lo que consumen diariamente».

Por el momento, más allá de la deuda, en lo que es pago a proveedores en la actualidad «lo están haciendo a los 60 o 70 días, pero si hoy no pueden pagar los sueldos, vamos a ver qué sucede dentro de 15 o 20 días», concluyó Villagra.

El Chubut

Así lo expresó el presidente de la entidad, Miguel Oscar Larrauri en la reunión que mantuvo con el mandatario provincial y en la que se abordaron diversas líneas de trabajo vinculadas a las problemáticas de los comerciantes de la ciudad.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se reunió este miércoles con integrantes de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson, para dialogar sobre las problemáticas y abordar varias líneas de trabajo para el desarrollo del sector.

Junto al mandatario provincial, participaron del encuentro los ministros de Turismo, Néstor García; de la Producción, Hernán Alonso; el secretario de Pesca, Adrián Awstin; el subsecretario de Industria, Leandro Cavaco; el de Desarrollo Agropecuario y de Valor Agregado, Pablo Muñoz y también distintos comerciantes de la ciudad capital.

En este marco, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Miguel Oscar Larrauri, expresó que “como institución estamos muy contentos de que el Gobernador nos visite”, y agregó que “es la primera vez que un Gobernador en funciones y en democracia viene a la Cámara”.

Larrauri detalló que los comerciantes pudieron platear sus inquietudes y afirmó que “fue un ida y vuelta productivo y seguramente nos volveremos a juntar para poder salir adelante”.

“El Gobernador hizo hincapié en que ya está pagando las deudas atrasadas con los proveedores” contó Larrauri, y agregó que el Gobierno “ha tenido actitudes importantes hacia el sector y que nos tenga en cuenta es más que positivo”, concluyó.

“Es la primera vez y tiene mérito”

Por su parte, Ulises Velázquez, comerciante de la zona, detalló que “en el encuentro se trataron varios temas, como las deudas que se mantienen con comerciantes, líneas de crédito para apoyar a los comerciantes que están en problemas por la situación económica y sobre políticas sanitarias, entre otros temas”.

Con respecto a la visita del Gobernador, Velázquez manifestó que “la charla fue muy buena, se vio una buena voluntad del Gobierno para resolver las situaciones de los comerciantes, y agregó que “para nosotros significa que nos da atención personalizada, que se ocupa y preocupa. Es la primera vez y tiene mérito”.

El funcionario del Ministerio de Economía del Chubut, aseguró que “mediante resolución 2019/40 de la Secretaria de Hacienda de Ministerio de Economía de la Nación fue aprobada la emisión de los TICADEP”.

El subsecretario de Coordinación Financiera, Luis Tarrío, confirmó que este lunes se logró la aprobación de títulos públicos para pagar deudas a proveedores anteriores a febrero de 2018.

En este marco, Tarrío explicó que “en el día de hoy mediante resolución 2019/40 de la Secretaria de Hacienda de Ministerio de Economía de la Nación nos fue aprobada la emisión de los TICADEP (Títulos de Cancelación de Deuda Pública Provincial), que estaban autorizados a emitir por la Ley VII 82 de Chubut para la cancelación de deudas con proveedores anteriores a febrero de 2018”.

“La demora se debió a que recién ahora estamos en condiciones de cumplir con los requisitos de la ley de responsabilidad fiscal en cuanto a los índices que son de exigencia”, precisó el funcionario.

A su vez, Tarrío detalló que “en consecuencia se viene desarrollando un trabajo interno de relevamiento final de todas las acreencias que tienen los proveedores y todos aquellos que estén en orden y aprobados por contaduría, los títulos les van a ser entregados a finales de la semana próxima”.

A través del Ministerio de Economía se giraron fondos para la cancelación de deudas que ya asciende a más de 55 millones de pesos.

El Gobierno de la provincia del Chubut avanza con el plan de regularización y cancelación de deudas con proveedores del Estado mediante el cual se confirmó un nuevo depósito que eleva la cifra de deuda saldada a más de 55 millones de pesos.

El subsecretario de Coordinación Financiera del Chubut, Luis Tarrío, describió que “vamos destinando partidas entre 6 y 10 millones por semana”. Y agregó: “Hemos logrado cancelar saldos diversos, de vieja data,  alrededor de 230 proveedores de toda la provincia”.

El Subsecretario de Economía confirmó que el Gobierno provincial canceló deudas por 50 millones de pesos.

El subsecretario de Coordinación Financiera del Chubut, Luis Tarrío, informó que hasta la fecha se concretó el pago de 50 millones de pesos a proveedores del Estado.

“Hasta el día de hoy estaremos redondeando el pago de 50 millones de pesos, de esos proveedores que eran hasta un millón y vamos cancelando a favor de empresas que trabajaban para el Estado”, remarcó Tarrío.

El funcionario agregó que “hemos cancelado deudas del 2016 porque esas órdenes, si no se pagaban durante el 2018 caducaban y era un prejuicio más grande porque había que reiniciar los reclamos”.

Presupuesto

Tarrío se refirió también al trabajo para la “reconducción del presupuesto 2017 con agregados de 2018, con autorizaciones y ampliación que tuvimos desde Legislatura. En estos días hacemos la carga inicial, estamos demorados con imputaciones y asignación de partidas, porque la carga es una tarea lenta y requiere de mucha atención de las personas que la hacen”.

Tarrío manifestó que “vamos a seguir trabajando con el presupuesto reconducido a medida que pasan los días y seguramente meses ya que el presupuesto enviado a Legislatura ya no tiene peso en sí mismo para que sea aprobado y cargado. A medida que pasa el tiempo, es mucho más difícil cargarlo por eso nos manejaremos con el reconducido con los ajustes realizados en 2018”.

El Diputado se refirió al cumplimiento del Ejecutivo provincial a pesar de “maniobras de entorpecimiento en la Legislatura”.

El diputado de Chubut Somos Todos, Alejandro Albaini, destacó que el pago a los proveedores ya está en marcha y que se han cancelado obligaciones por 50 millones de pesos, a la fecha.

El Diputado aclaró que “la Provincia ha pagado 50 millones de pesos, correspondientes a la deuda consolidada que tiene el departamento de Hacienda del Chubut”. Al mismo tiempo, Albaini criticó lo que consideró “maniobras de entorpecimiento y palos en la rueda”.

“Nos reunimos con las cámaras empresarias, con diputados y todos estaban de acuerdo, pero nuevamente en un trabajo en conjunto del FpV y Cambiemos, lo que se hizo fue agregar un artículo que no permitía readecuar partidas, impedía readecuar partidas para el pago a los proveedores”, sostuvo.

Albaini agregó que “independientemente de eso, el cumplimiento es posible en el marco del ordenamiento de cuentas que está llevando adelante la Provincia y los pagos que se pueden realizar a quienes tienen su deuda consolidada”.

“Estamos asistiendo a un momento de campaña donde permanentemente los diputados tanto del Frente para la Victoria como de Cambiemos es evidente que están votando en contra de los chubutenses. Más allá de eso, el Gobierno está haciendo frente a sus compromisos”, concluyó.

La jueza de garantías Mirta Moreno resolvió abrir la investigación por nuevos hechos y además imputar a más personas en la causa que investiga la adquisición irregular de elementos y alimentos que en principio iban a ser destinados a la emergencia climática que vivió la ciudad de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año pasado.

Los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams realizaron la descripción de cinco hechos que consideran ilegales y que involucra a ex funcionarios provinciales y a proveedores del Estado. En algunos casos los elementos adquiridos por el gobierno de entonces nunca llegaron a destino. En otros casos se pagaron sobreprecios a cambio de retorno de dinero que los proveedores entregaron en mano a algunos de los funcionarios involucrados.

Se trata de la adquisición de leña, colchones, frazadas, pañales, alimentos secos, fardos de pasto, pañales y agua mineral, entre otros. Los imputados por estos hechos son los ex funcionarios Alberto Gilardino, Vanina Barale, Marcelo Suárez, Diego Correa, Diego Lutter, Leticia Huichaqueo. Por parte de los proveedores, los nuevos imputados son Marta Franco, Cecilia Sadava, Bruno Taurelli, Estanislao Giniguerra y Guillermo Williams.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Blanquería que nunca llegó

El primero de los hechos se refiere a la provisión de colchones, mantas y toallas efectuadas por “Blanquería Matices” de Marta Franco, una de las nuevas imputadas en la investigación. La compra fue por casi 3 millones de pesos y los elementos adquiridos nunca llegaron a destino. Desde el Ministerio de la Familia de iniciaba el trámite para la adquisición que era refrendado desde la privada del ex gobernador Mario Das Neves, además del Ministerio de Coordinación de Gabinete que conducía Gilardino para que se agilicen los pagos.

El segundo de los hechos involucra a Bruno Taurelli en carácter de proveedor de leña, fardos de pasto, verdura, artículos de limpieza, papas, cebada por parte de “La agrícola S.R.L”. El pago total por parte del Estado fue de 3.141.000 pesos “sin que exista correspondencia entre el pago y la mercadería entregada”, tal como indicaron los fiscales. En algunos casos los expedientes no se pagaron merced al secuestro oportuno de los mismos que realizaron los fiscales. Se sospecha que se utilizaron facturas falsas y que el sobreprecio de la mercadería orillaba el 200%.

Los retornos

La fiscalía tiene datos que los funcionarios cobraron 250.000 pesos de retorno y que fueron entregados personalmente en la casa de Diego Correa. Los elementos en muchos casos no ingresaron nunca en los depósitos del Gobierno y en este sentido se considera clave el papel que cumplía la funcionaria Viviana Barale. Luter, desde la secretaría privada de la Unidad Gobernador anotaba minuciosamente las compras y los pagos, y también los retornos, además de mantener fluidos contactos con los proveedores.

Otro de los casos investigados es el de la provisión de colchones, frazadas, sábanas, mantas polares y toallas que realizó Estanislao Giniguerra de “Mall Don Bosco”. En este caso se cree que se vendieron y se cobró por 1.800 colchones y se entregaron solo 17, y sobre 430 sábanas se entregaron 134. El “retorno” del que se hacían los funcionarios se cree que fue de 1.200.000 pesos. La venta fue de $6.814.530. A través de escuchas telefónicas, los fiscales comprobaron la existencia de los retornos.

También está imputado como proveedor Guillermo Williams de “Thor S.R.L.” vendedor de colchones que nunca llegaron a destino. También en este caso los fiscales abortaron algunos pagos irregulares tras el secuestro de expedientes, a principios de la investigación, a mediados del año pasado. El titular de la cuarta empresa fue imputado por facturar más de 2 millones por la venta de colchones, que nunca se habrían entregado. “En realidad la venta nunca se realizó”, dijeron los fiscales.

Agua mineral con sobreprecio

Uno de los casos emblemáticos es el de la adquisición de 1.500 botellas de agua mineral. El kiosco “Emanuel” de Trelew no hizo más que revender las botellas que habían sido adquiridos a la distribuidora “Friosur” de Trelew. Lo hicieron a un sobrecosto del 200% cuando en realidad bien pudieron ser adquiridos a “Friosur” que también era proveedor del Estado. Los fiscales aseguraron que el kiosco “Emanuel” ni siquiera “tenía la capacidad de almacenar en su local la cantidad de botellas que luego le vendió a la Provincia”. En este caso la imputada es Cecilia Sadava.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Las imputaciones

Los ex funcionarios provinciales están imputados del delito de “defraudación con administración fraudulenta, en carácter de coautores en la modalidad de delito continuado. Los proveedores Sadava, Giniguerra, Williams, Taurelli y Franco, están imputados del delito de “defraudación y administración fraudulenta en carácter de partícipes primarios”.

Los defensores Fabián Gabalachis, Emilia Galende, Omar López, Miguel Moyano, Javier Romero y Lisandro Benítez no se opusieron a la apertura de investigación. López realizó algunas observaciones técnicas a la descripción de los hechos y la jueza Moreno profundizó en el mismo sentido, a la vez que le pidió a los fiscales que en caso de prosperar el proceso y llegar a la instancia de la acusación, todas esas observaciones sean salvadas por los investigadores.

Los querellantes que representan a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción, adhirieron a la investigación realizada por los fiscales y prometieron presentar los respectivos escritos con algunas ampliaciones.