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Desde las 17 hs del viernes, retirados de la Policía se movilizaron en distintas localidades de Chubut, reclamando por sus salarios.

Esquel no fue la excepción y durante la tarde se pudo observar un gran número de personas haciendo visible su reclamo mediante un «bocinazo» por las calles de la ciudad.

«Toda la provincia se ha movilizado desde las 17 hs», detalla Alberto Jaramillo, quien agrega que «la necesidad está en todos lados y el reclamo es genuino».

«Lo único que pedimos es que se paguen los salarios adeudados, porque se hace insostenible la economía».

 

 

Un grupo de manifestantes que se acercó al Congreso para protestar contra la modalidad virtual parlamentaria y la reforma judicial intentó entrar al recinto tras forzar la puerta sobre la Avenida Rivadavia.

En un momento de la manifestación, unas 20 personas se acercó hasta la puerta y empezó empujarla para ingresar al Congreso. En medio de los empujones había quedado el diputado nacional Héctor «Toty» Flores, quien finalmente logró ingresar.

Luego de algunos minutos de tensión, alguien abrió la puerta desde adentro y salió personal de seguridad, que logró tranquilizar los ánimos.

Muchos de los manifestantes que hablaron con el canal América TV dijeron estar en contra de las medidas del Gobierno nacional, la reforma judicial y otros reclamos diversos.

Si bien la labor parlamentaria comenzó a las 11:40, la sesión se postergó tres veces. La oposición reclama un debate presencial.

La sesión convocada para este martes es para sancionar la Ley de Emergencia Turística -que ya tuvo luz verde del Senado- y un proyecto sobre la pesca ilegal en Malvinas, dos temas poco conflictivos.

Sin embargo, la pelea se generó por la continuidad del funcionamiento remoto. ​​El protocolo virtual venció semanas atrás y Juntos por el Cambio se niega a ratificar su continuidad si no hay un compromiso de que la Reforma Judicial no se debatirá bajo esa modalidad.

Docentes de Chubut, acompañados de representantes de organizaciones políticas y sociales realizaron desde las 7 de la mañana, un corte en el Obelisco, como parte de la lucha que se viene desarrollando en esa provincia por parte de trabajadores estatales..

La delegada docente Noemí Barra explicó que: «la situación en la provincia es insostenible y docentes y estatales estamos sin cobrar hace meses y cada vez cuesta más vivir. Es la quinta semana votamos en asambleas continuar con el plan de lucha contra el ajuste de (el gobernador Mariano) Arcioni y el PJ que siguieron las recetas de (Mauricio) Macri y el FMI».

Asimismo, manifestó que están en Buenos Aires «para visibilizar nuestra situación, ya que necesitamos un plan de lucha nacional que comience con un paro de 36 horas para imponer una salida a la crisis en favor del pueblo trabajador».

Nathalia Gonzalez Seligra, del SUTEBA Matanza, que acompaña a los docentes chubutenses, dijo que «el gobierno de Macri reconoció que la deuda con el FMI y los especuladores es impagable. Están saqueando al país y a la clase trabajadora, por responsabilidad de los dirigentes sindicales».

Entre quiénes protagonizan este corte solidario están algunos de los referentes más destacados del Frente de Izquierda Unidad, como Myriam Bregman o Claudio Dellecarbonara.

 

En el marco de un paro convocado por el sindicato Ademys (CABA), docentes de diversas agrupaciones de izquierda están presentes en este corte. Entre las mismas se encuentran La Marrón -integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas/PTS-, Tribuna Docente (PO), entre otros.

“Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no pueden ejercer derecho a huelga, ni retención de tareas, ni actos de presencia en oficina sin prestación efectiva de funciones, ni mantener reuniones o asambleas en horarios de funciones”, resaltó en negritas en el documento el procurador general, Jorge Miquelarena, luego de conocerse las medidas que algunos funcionarios adoptaron tras no cobrar los salarios del mes de junio y ante la situación que ahora los vuelve a movilizar en reclamo del salario de julio.

“La consecuencia es la pérdida del salario” advierte el documento que sorprendió a algunos funcionarios judiciales.

Miquelarena en el documento de circulación interna deja en claro que los funcionarios ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, categoría que comprende a ministros y subsecretarios de Estado.

“Como funcionarios integran el servicio integral de Justicia, que resulta esencial en la organización de la Provincia (artículo 5 de la Constitución Nacional). No pueden ser reemplazados, ni suplidos por otros agentes, dado que tienen una manera calificada de designación y remoción, así como un cúmulo de garantías, responsabilidades y funciones indelegables e irrenunciables. Tienen el deber de prestar funciones, salvo las situaciones previstas reglamentariamente. No pueden hacer retención de funciones o tareas sin incurrir en incumplimiento funcional pasible de sanción”, sentencia el procurador.

GARANTIAS

Desde la Procuración se deja en claro que las guardias mínimas deben garantizarse. “Si bien el servicio de Justicia se ve necesariamente resentido por la ausencia de los empleados que adhieren a las medidas de fuerza decretadas por el gremio que los nuclea, todos los funcionarios y fiscal deben continuar con el cumplimiento de sus funciones propias en la medida de sus posibilidades” explica.

Esto sería en referencia a una situación que se habría dado en la circunscripción judicial de Esquel en la que algunos funcionarios realizaron paro de actividades y no habrían concurrido al lugar de trabajo.

Miquelarena cita un antiguo precedente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que denegó la autorización a funcionarios y empleados del Poder Judicial para afiliarse a un sindicato cuyos estatutos preveían la posibilidad de realizar medidas de fuerza.

Incluso les recordó a los funcionarios y fiscales que pueden ejercer sus derechos como agentes asalariados del Estado, a través de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia del Chubut, y cita el inciso “K” del artículo 2 del estatuto en el que sostiene “realizar todos los actos y gestiones que fueren necesarios para el mejor cumplimiento de los fines estatutarios, no pudiendo adoptar medida alguna que imponga a los asociados dejar de cumplir en forma normal y corriente con las funciones propias de sus cargos judiciales o alguna otra que pueda afectar o alterar la normal con otros poderes del estado provincial”.

La movilización a fines del mes pasado de un grupo importante de funcionarios del Ministerio Público Fiscal junto a un grupo de jueces a una asamblea con trabajadores del SiTraJuch, parece haber dejado un mensaje al Ejecutivo provincial y la Procuración no tardó en recordar la jurisprudencia en materia de derecho a huelga para sus funcionarios.