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Se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone crear la figura de “homicidio vial” para establecer penas más duras a aquellas personas que asesinen a otra u otras fruto de una corrida o unas picadas callejera ilegal.

El proyecto de ley establece entre 8 y 25 años de prisión para el homicida. Además, propone privarlo de la libertad desde el minuto cero de la investigación e inhabilitar su licencia de conducir de por vida.

Por iniciativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el proyecto se llama “Ley Tahiel”, en alusión al niño de seis años que murió el 13 de septiembre en Laferrere tras ser atropellado por un auto cuyo conductor estaba corriendo una picada.

“Cuando murió Tahiel me puse a revisar la legislación y me pregunté cómo no está previsto en el Código Penal el delito de matar corriendo una picada. Se aplica el homicidio culposo y, algo que empieza con la acción voluntaria de participar en una carrera ilegal se equipara a una conducta involuntaria, como si fuera un accidente. Algunos jueces apelan a la figura del homicidio con dolo eventual, pero después también es difícil probarlo”, explicó el director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Si el proyecto de ley se aprueba, los asesinos al volante serán castigados como si fuera un homicidio intencionado. «Esta ley va a darle una herramienta a los jueces para que puedan hacer justicia sin tener que recurrir a la figura del homicidio con dolo eventual”, sostuvo Martínez Carignano.

Hoy por hoy, correr picadas tiene una pena de seis meses a tres años con inhabilitación a conducir por el doble de tiempo que la condena, según el artículo 193 bis del Código Penal.

La madre de Tahiel, presente en el Congreso para la presentación de este proyecto, reclamó que “se haga ley” y pidió “justicia por el asesinato” de su hijo “y para todas las víctimas”.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, manifestó que “hay que castigar a los que participen en picadas, de una vez por todas, a quien utiliza un medio que es para transportar y lo usa para matar”.

Aislamientos estrictos pero localizados e intermitentes, rastreo de contactos, pruebas PCR para vigilancia en lugar de diagnóstico -sumado a la responsabilidad individual-, son algunas de las iniciativas que especialistas proponen para lograr bajar los más de 11 mil nuevos casos y más de 220 muertes reportadas a diario con las que Argentina llega a los seis meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

El 20 de marzo de este año, con 158 casos de coronavirus confirmados, el Gobierno dictaminó el ASPO para todo el país hasta el 31 de marzo; después de esta fecha la medida comenzó a flexibilizarse tanto por actividades como por jurisdicciones, dando lugar al concepto de Fases (1, 2, 3, 4 y 5) según el nivel de apertura.

«El aislamiento temprano y el haber aprovechado ese tiempo para fortalecer el sistema de salud que se encontraba muy deteriorado fueron dos aciertos clave de la estrategia sanitaria argentina», indicó hoy a Télam el químico e investigador del Conicet Roberto Etchenique.

Medio año después de esta decisión, Argentina tiene alrededor de 274 muertos por coronavirus por millón de habitantes, una cifra inferior al resto de muchos países de América Latina como Perú (942 muertos por millón), Brasil (634), Chile (634), México (559) y Ecuador (623), entre otros.

También se encuentra lejos, hasta el momento, de países como España (650 muertos por millón), Reino Unido (614) y Estados Unidos (610).

«Argentina se encuentra bien en relación a muchos países de la región, pero vamos mal y podemos llegar a terminar peor si no se toman medidas urgentes para disminuir la circulación viral», señaló por su parte el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga.

Y añadió que «cuando uno mira las estadísticas de los países donde los casos han comenzado a bajar como en Europa, incluso en Chile y Colombia que hicieron medidas drásticas de aislamiento hace poco, más de la mitad de las muertes se dieron después del pico de casos».

Quiroga indicó que «si ese comportamiento se traslada, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires, que ronda los 926 muertos por millón de habitantes, si uno pensara que está atravesando su pico de casos terminaría con más de 1.800 muertos por millón de habitantes, y esto la pondría en el top cinco de las ciudades más golpeadas de todo el planeta».

El especialista aseguró que «en tanto no se tomen medidas urgentes, nuestra estimación es que en el país tendremos 16 mil fallecidos antes de fin de mes, y entre 25 y 30 mil para fines de octubre».

Al hacer un análisis compuesto de cantidad de casos, fallecidos y capacidad y ocupación de cuidados intensivos, Quiroga sostuvo que «hoy las jurisdicciones más complicadas son Jujuy, Río Negro, Salta, Mendoza, La Rioja, Neuquén, Tucumán y Santa Fe, un poco más abajo está Córdoba, mientras que Entre Ríos aplicó un aislamiento más estricto hace unas semana y bajó los casos, lo que demuestra que todavía se está a tiempo».

Sobre los errores y aprendizajes de estos meses, tanto Etchenique como Quiroga mencionaron el concepto de «pico»: «Muchos hablaban -y todavía hablan- de pico como algo natural o biológico y lo que vimos es que lo que llamamos ‘pico’, que es un punto a partir del cual los casos empiezan a descender, es una consecuencia de las medidas de Gobierno y el comportamiento social. El pico no ‘llega’, lo hacemos nosotros», sostuvo Quiroga.

Etchenique indicó, además, que «el principal error fue haber querido achatar la curva en lugar de eliminarla; es decir se apostó a espaciar los muertos en el tiempo en lugar de reducirlos; con esto se evitan los muertos por el colapso sanitario pero no por Covid-19».

El investigador detectó al menos dos problemas en esta estrategia: el primero es que sólo servía si la vacuna llegaba rápido «y como eso no pasó hoy estamos contando los muertos de a miles»; el segundo es que «el sistema de salud no puede ampliarse hasta el infinito, el personal de salud se enferma y los pacientes crecen en forma exponencial».

Estrategias

Por su parte, el sociólogo e investigador del Conicet Daniel Feierstein señaló que «un tema grave hoy es que se ha generado una dinámica en los comportamientos sociales que tiende a desalentar a aquel que se sigue cuidando y alentar el descuido». «Entonces, más allá de las decisiones oficiales se genera una dificultad para poder contener la escalada de casos», añadió.

En este escenario, Feierstein destacó las propuestas de la Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos Covid-19 (IRDH) -un colectivo conformado por referentes de derechos humanos, investigadores y científicos- que el jueves pasado presentó una carta pública dirigida al presidente Alberto Fernández.

«Lo interesante de la propuesta es que frente a este ASPO desgastado se plantea generar aislamientos estrictos, localizados por jurisdicciones e intermitentes (ASPI) con fechas claras de cierres y de esta manera irse anticipando a los contagios y evitar el colapso de los sistema de salud locales», describió el sociólogo.

Esta idea de ASPI también fue refrendada en una carta del Comité de Expertos que asesora el Gobierno difundida ayer y por especialistas de la organización internacional Endcoronavirus.

«Utilización de inteligencia artificial para zonas verdes y amarillas (con pocos casos o controlados) y lock-down (cierres totales) por tiempos acotados de no más de 21 días para las zonas rojas (con mayor crecimiento de casos) son algunas de las propuestas que seguimos sosteniendo», indicó el representante en Argentina de Endcoronavirus, Zacarías Bustos.

Finalmente, otro punto de coincidencia entre los entrevistados es la necesidad de diagnosticar por cuadro clínico (síntomas) en lugares con un alto porcentaje de positividad (confirmaciones sobre pruebas realizadas) sin hacer las pruebas de PCR (como se hace con los convivientes de casos confirmados) y utilizar las pruebas PCR «para hacer vigilancia epidemiológica y detectar brotes, por ejemplo en personal de salud o instituciones cerradas o lugares con pocos casos».

«Además, la clave está en el aislamiento desde el momento en que aparecen síntomas y no esperar el resultado de la prueba», describió Bustos.

Y concluyó: «Las vacunas están avanzando, igual falta mucho para que esto se termine, pero con el compromiso de cada persona de usar barbijo, mantener distancia, etc. y las medidas gubernamentales adecuadas podemos ir haciendo que se vaya apagando».

Respecto de las consideraciones a la hora de evaluar y tratar a una persona con una discapacidad con sospecha o confirmación de Covid-19, el organismo recordó que “las personas con discapacidad pueden tener las mismas enfermedades que el resto de la población, pero puede haber diferencias en la forma de comunicar sus síntomas o sensaciones”.

A través de un comunicado publicado en su página web, la Agencia Nacional de Discapacidad recomendó “considerar la posibilidad de internación domiciliaria antes de la necesidad de internación en un centro hospitalario”, y señalo que “las personas con discapacidad pueden necesitar apoyos que faciliten su aseo, alimentación u otros aspectos de su vida durante la internación. No deben estar dentro de los grupos de riesgo”.

El organismo enfantizó que “las personas de apoyo quedarán internadas para facilitarle la contención y la comunicación a través de métodos alternativos y aumentativos, y otras cuestiones que pueda requerir” y que “idealmente el apoyo debe ser la misma persona durante todo el proceso de internación/atención”.

Tanto las personas con discapacidad como las personas de apoyo, deberán mantener los protocolos vigentes en los centros de salud y tomarán los recaudos necesarios

El apoyo, tomará contacto estrecho con los y las profesionales de la salud para informar acerca de la medicación que toma, comorbilidades y posibles reacciones ante situaciones límite.

Las personas con discapacidad deben recibir información accesible y dar consentimiento al igual que el resto de la población, excepto en situaciones de riesgo grave para la integridad, cuando se le comunicará a la persona de apoyo.

El organismo advirtió que “si se atiende a una persona sorda y no hay intérpretes en Lengua de Señas Argentina (LSA) en la institución, garantizar que el apoyo interprete o utilizar dispositivos para realizar video llamadas con quien pueda hacerlo”.

Un proyecto de ley presentado en el Senado donde proponen la “inmediata” matriculación de los casi 5 mil médicos y enfermeros graduados en todo el país, para así fortalecer el sistema sanitario ante la pandemia de coronavirus.

La iniciativa del senador Rodríguez Saá propone «que se aceleren los trámites» para que los recibidos sumarse a la lucha contra la pandemia.

Adolfo Rodríguez Saá  consideró que “es imprescindible que se aceleren los trámites para que los médicos puedan ejercer su profesión y salvar vidas”.

Según estimó el legislador peronista, hay aproximadamente 5 mil jóvenes, de entre 24 y 30 años, recién recibidos de carreras relacionadas a la Salud que “por cuestiones burocráticas no están matriculados y no pueden ejercer la profesión para asistir en este momento de gran necesidad”.

Según establece el proyecto donde proponen, se trataría de una medida de carácter “excepcional”, ya que la agilización del trámite tendría “vigencia mientras dure la Emergencia Sanitaria”.

El objetivo es que los profesionales de la salud graduados se incorporen a “la primera línea de batalla contra el COVID- 19”.

La iniciativa donde proponen habilitar el ejercicio profesional comprende que la credencial correspondiente será “emitida en forma digital” y para “acelerar la matriculación se propone que los trámites se realicen a distancia, mediante la correspondiente documentación incluido el título original legalizado”.

El texto presentado señala que es “imprescindible la matriculación para que los graduados en las Facultades de Medicina puedan ejercer como médicos en cualquier lugar del territorio Nacional, independientemente de que el recién egresado realice posteriormente o no un entrenamiento de posgrado”.

La diputada provincial Mónica Saso (PJ) presentó un proyecto de ley que pretende la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda de Chubut.

La propuesta es impulsada por “la necesidad de poder analizar y controlar la evolución de la deuda realizar un seguimiento, control y monitoreo de la misma, revisar todos los procedimientos administrativos y legales relacionados con su adquisición”, planteó la legisladora.

Si se aprueba el proyecto, la comisión estará integrada por nueve legisladores propuestos por los bloques parlamentarios y respetando la proporción de las representaciones políticas. Estos integrantes desempeñarán sus funciones durante dos años y podrán ser reelegidos.

Además, anualmente se designará un presidente, un vicepresidente y un secretario. Sin embargo, los dos primeros cargos no podrán recaer sobre legisladores que pertenezcan al bloque que representa al partido de Gobierno.

La comisión dictará su reglamento de funcionamiento para cumplir los objetivos fijados en la presente Ley y supletoriamente se aplicará el reglamento de la Legislatura. El reglamento interno será aprobado por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión, en caso de empate el presidente tendrá doble voto.

El proyecto también determina que el quórum para sesionar será el establecido para el caso de las comisiones extraordinarias en el artículo 650 del reglamento orgánico de la Legislatura Provincial. La comisión, obtenido el quórum, tomará las decisiones por mayoría absoluta de sus miembros.

ACCIONES

La comisión tendrá las facultades de requerir informes, expedientes, documentos y todo otro elemento, que pueda aportar datos, información o material de interés para cumplir con los objetivos; solicitar la comparecencia de funcionarios o empleados públicos del Ejecutivo provincial, de entes descentralizados y autárquicos, y empresas del Estado provincial; cursar invitaciones a asistir a la comisión a personas físicas y jurídicas relacionadas con las operaciones de endeudamiento de la ciudad; realizar consultas técnicas a especialistas; y proponer la modificación o sustitución de normas e impulsar su adhesión por parte de los diputados a fin de su tratamiento parlamentario.

En este sentido, la propuesta que presentó Saso implica que el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut deberá concurrir trimestralmente o cuando la comisión lo requiera para informar el estado de la deuda pública de la provincia.