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La carrera por una vacuna contra el coronavirus no muestra signos de desaceleración a medida que las posibles vacunas de más compañías avanza sus ensayos clínicos, cada vez más cerca de determinar cuál se considerará segura y efectiva.

Una de estas candidatas es desarrollada por la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer, que anunció el sábado junto a su socio alemán BioNTech que propusieron expandir los ensayos clínicos de Fase 3 para incluir 44.000 participantes y poblaciones de pacientes más diversas, incluidas personas de hasta 16 años.

Eso es superior al plan inicial de 30.000 participantes, un punto de referencia que planean cumplir la próxima semana, según un comunicado de prensa.

La diversidad importa: La propuesta, que necesitaría la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, permitiría a las empresas recopilar más datos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna candidata al tiempo que diversifica el grupo de participantes.

«Creo que deberíamos esforzarnos por tener la población más diversa posible», dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla el domingo en «Face the Nation» de CBS, y enfatizó la importancia de tener un grupo diverso de voluntarios dado el mayor impacto que ha tenido el covid-19 en las comunidades de color.

«Pero ahora mismo no estamos mal. De hecho, tenemos una población en la que a nivel mundial solo el 60% son caucásicos, el 40%, aproximadamente, minorías”, dijo.

El gobierno de Daniel Ortega anunció este lunes que promoverá una reforma legal para establecer la cadena perpetua como pena máxima para los delitos más graves, que la legislación actual castiga con una pena no mayor de 30 años de prisión.

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, explicó a medios oficialistas que la propuesta busca aumentar “severamente” la condena de las personas que cometen “crímenes de odio, crueles, aberrantes inhumanos, humillantes y degradantes” por perturbaciones mentales o culturales.

“Nuestro comandante Daniel Ortega está proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a todo aquel que cometa estos delitos”, anunció Murillo.

José Pallais, abogado y exdiputado opositor, dijo a la AFP que Nicaragua contempla la pena máxima de 30 años de prisión desde hace más de un siglo y teme que la iniciativa se convierta en otro instrumento de “venganza política” del gobierno contra sus detractores.

Murillo argumentó, sin embargo, que la iniciativa responde a una solicitud de la ciudadanía, tras el asesinado atroz de dos niñas de 10 y 12 años ocurrido el pasado sábado en la comunidad Lisawe, en la región del Caribe norte.

La madre de las niñas dijo a la prensa que una de las niñas fue degollada y presentaba signos de violación, y que la otra fue asesinada de varios machetazos.

La policía arrestó el domingo al presunto autor del crimen.

Ese mismo día, en otra localidad campesina del Caribe norte, una banda delictiva asesinó a un matrimonio y luego le prendió fuego a la vivienda.

Según la policía, Nicaragua tiene una tasa baja de homicidios de ocho muertos por cada 100.000 habitantes, pero la sensación de inseguridad de la ciudadanía aumentó entre enero y julio de este año, según una encuesta de Cid-Gallup.

Unos 22.567 reos comunes fueron liberados en los últimos meses de las cárceles, bajo un flexible régimen de “convivencia familiar”, de acuerdo con datos del Ministerio de Gobernación.

Las excarcelaciones se realizaron por disposición del gobierno, en el marco en su mayoría de fechas festivas, sin que ofrecieran mayores explicaciones.

 

Banco de Desarrollo de América Latina propuso la estructuración de un fondo para el financiamiento de proyectos de infraestructura de integración y digital, con el apoyo de los 19 países accionistas del organismo y para apuntalar la recuperación de las economías de la región en la pospandemia, a través de casi medio millar de proyectos ya identificados.

La reactivación y el futuro del contrato social en las Américas será uno de los temas centrales de la 24ta. Conferencia CAF que se realizará desde mañana y hasta el viernes con más de 30 líderes como el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, entre otros.

En ese contexto de la conferencia, el Banco de Desarrollo planteó que «la reactivación económica de la región requiere fuentes de financiación que sobrepasan las capacidades actuales, por ello además de otorgar una cifra récord de US$ 16.000 millones este año, propone la estructuración de un fondo para el financiamiento de proyectos de infraestructura de integración y digital.

El alcance de este fondo estructurado y administrado por CAF será el de emitir deuda en los mercados internacionales de capital, garantizada por un grupo de países desarrollados, y que esos recursos se inviertan en los países accionistas de la multilateral a través de préstamos que apoyen su recuperación económica.

Ya se tienen identificados 490 proyectos de calidad en 11 subsectores y alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático, aseguró el organismo multilateral.

La 24ta. Conferencia Anual CAF se realizará de manera virtual desde mañana y durante tres jornadas, sobre los temas de reactivación económica, salud, cambio climático, transformación digital y elecciones en la agenda regional.

El encuentro es convocado por CAF, el Diálogo Interamericano y la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar los efectos y las oportunidades que la pandemia de coronavirus presenta para mejorar el bienestar de la población y la competitividad de la región, entre otros temas.

Así se abordarán La recuperación económica post Covid-19 y el futuro del contrato social en las Américas; Éxitos y fracasos: nuestros sistemas de salud bajo presión; una conversación sobre el coronavirus, el cambio climático y el medio ambiente, oportunidades y riesgos de la transformación digital en la región, y Política en tiempos de pandemia: el impacto en la democracia y el estado de derecho en América Latina.

EE.UU.  propone «inducir un cambio» en China en plena escalada diplomática. «Las naciones libres del mundo debemos inducir un cambio en el comportamiento del Partido Comunista de China (PCC) de maneras más creativas y asertivas», dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, propuso este jueves «inducir un cambio» en el Partido Comunista chino «de maneras más creativas y asertivas», en un duro discurso que elevó aún más la tensión bilateral, tras semanas de sanciones, represalías, denuncias, advertencias y arrestos que hacen temer una escalada con consecuencias imposibles de prever.

«Las naciones libres del mundo debemos inducir un cambio en el comportamiento del Partido Comunista de China (PCC) de maneras más creativas y asertivas, porque las acciones de Beijing amenazan a nuestro pueblo y nuestra prosperidad», sugirió Pompeo en un discurso en la biblioteca del Presidente Richard Nixon, en California, según la agencia de noticias EFE.

Parafraseando a Nixon, el presidente que reconoció a la China comunista, Pompeo retomó el argumento de que Estados Unidos puede «inducir al cambio» a China desde una relación bilateral y no con una política de aislamiento, pero deformó su sentido original y lo utilizó como premisa para repasar todos los puntos de discordia que elevaron la tensión entre las dos potencias en los últimos tiempos.

Pompeo destacó la persecución y violaciones a los derechos humanos contra la minoría musulmana uigur en la provincia de Xinjiang -denunciada por las principales organizaciones humanitarias del mundo-, la reciente aprobación de una ley de seguridad nacional que limita dramáticamente las libertades en Hong Kong y, el tema por excelencia en la actualidad, el presunto ocultamiento de los inicios de la pandemia de coronavirus a fines del año pasado. EE.UU.

«Aquí estamos hoy con barbijos y vigilando el conteo de muertes de la pandemia porque el PCC no cumplió las promesas al resto del mundo», se quejó el jefe de la diplomacia del país más golpeado en el mundo por el coronavirus, con más de 4 millones de contagiados y más de 143.800 fallecidos.

La escalada actual con China no es una novedad para el Gobierno de Donald Trump.

Desde su asunción, el presidente eligió a la potencia como un rival y en su primer año en la Casa Blanca inició una guerra arancelaria que durante más de 18 meses tuvo en vilo a todo el mundo y golpeó con fuerza al comercio internacional.

Además, encabezó una campaña global para limitar el ingreso de Huawei y su tecnología de 5G en las economías de sus aliados, principalmente Europa, por considerar que se trataba de un riesgo para su seguridad nacional.

En los últimos meses, en un año electoral y con números de la pandemia y la economía cada vez más preocupantes, el Gobierno estadounidense profundizó la confrontación con China.

Impuso varias series de sanciones a funcionarios y empresas chinas por violaciones a los derechos humanos, presuntos hackeos y la represión en Hong Kong, rechazó explícitamente por primera vez todos los reclamos territoriales de Beijing sobre el disputado Mar de la China Meridional -por donde pasa el 30% del comercio internacional- y esta semana le ordenó al Gobierno de Xi Jinping cerrar su consulado en Houston por un presunto caso de hackeo.

Tras denunciar que China intentaba robar información valiosa sobre el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19, el Gobierno estadounidense imputó a dos ciudadanos chinos por presunto hackeo, luego ordenó el cierre del consulado y hoy, finalmente, anunció la detención de tres chinos y denunció que un cuarto estaría escondido en el consulado de San Francisco.

Tras cada medida, China prometió represalias y las fue anunciando con un discurso duro, pero menos belicoso que el de Washington, que parece ser el más interesado de los dos en seguir alimentando esta escalada.

Esta mañana el vocero de la Cancillería china, Wang Wenbin, acusó al Gobierno de EE.UU. de violar «las normas básicas del derecho internacional» al dar la orden de cerrar el consulado de Houston, en el estado de Texas.

Además, desestimó las acusaciones estadounidenses de espionaje y robo de propiedad intelectual y advirtió que habrá represalias.

«Estas acusaciones son maliciosas y su único objetivo es difamar a China. El cierre del consulado es una medida completamente injustificada y China se reserva el derecho a tomar represalias», advirtió Wang, citado por el canal de noticias CNN.

Desde California, Pompeo ratificó la decisión de cerrar el consulado en Houston y lo enmarcó en la política directriz del EE.UU.y de la campaña electoral de Trump: Estados Unidos (EE.UU.) primero.

«El pueblo estadounidense no va a permitir que nuestro trabajo económico, nuestro talento sea robado por el Partido Comunista Chino», aseguró el secretario de Estado.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestaron hoy la voluntad del gobierno nacional de avanzar para el futuro de Vicentin con un esquema de empresa mixta, similar al de YPF, una vez que se haya llevado a cabo su expropiación.

En ese sentido, el Presidente aseguró que el Gobierno está «intentando rescatar una empresa que está al borde de la quiebra», algo que es necesario hacerlo mediante una expropiación «por una cuestión de transparencia» y que «el objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar, como corresponde».

«Yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen ‘no tenemos cómo salvarla’, que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente», afirmó Fernández en diálogo con Radio 10.

Al respecto, el Presidente sostuvo que el mercado agroexportador «es muy importante» y que «por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra de Vicentin o con el pase de Vicentin a manos privadas y capitales extranjeros».

«Yo advertí -agregó- que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le haría mal tener una empresa testigo como es YPF en el mercado de hidrocarburos, una empresa testigo no supone la intervención sobre otras empresas».

Asimismo, dijo no creer que haya que «dictar normas para regular más allá de lo que ya existe en el mercado granario», pero que sí el Estado puede tener «una empresa que de algún modo promueva el desarrollo del sector».

«El único instrumento que advierto para rescatar Vicentin es la expropiación, porque el Estado no tiene otro elemento, porque por ley los bancos públicos no pueden capitalizar deuda y porque YPF Agro no es una sociedad anónima, es una unidad de negocios que depende de YPF que es una empresa cuyo objetivo es la explotación básicamente de hidrocarburos y el vínculo de YPF y la agricultura tiene que ver con productos que YPF tiene para la fertilización del campo pero no la explotación agrícola y mucho menos la exportación de cereales», afirmó el Presidente.

«Intento rescatarla porque allí hay 2.600 productores agrícolas estafados, porque hay 2.000 personas que trabajan, porque la ciudad de Avellaneda vive de Vicentin, porque es un operador muy importante en el mundo cerealero y en la exportación de cereales de Argentina y porque ese mercado es estratégico para el desarrollo económico argentino y en ese contexto tiene mucho sentido que el Estado tenga una empresa testigo», cerró el Presidente.

Los adelantos de Matias Kulfas

Sobre le futuro de la empresa, Kulfas dijo que la participación de los actuales acreedores comerciales -como Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), a quien la empresa debe US$ 90 millones- como parte de la empresa y tener participación en un directorio «es una posibilidad muy clara y nos interesa muchísimo».

«Estamos hablando de un esquema como el que funciona en YPF, que es una empresa mixta, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio con representantes del Estado nacional y las provincias petroleras», afirmó Kulfas en una entrevista publicada hoy en La Capital.

Y agregó: «El modelo YPF funciona muy bien y tiene mucho para dar. Ese es el modelo pensado para esta empresa mixta. Y hay sectores que se mostraron interesados en participar».

Por su parte, los accionistas de la compañía emitieron hoy una solicitada que calificó de «injusta, arbitraria e ilegal» la intervención ya que «inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa».

«La intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática», aseguraron los accionistas.

La Comisión Europea (CE) llamó este miércoles a empresas y ciudadanos de la Unión Europea (UE) a que se preparen para una salida sin acuerdo del Reino Unido del bloque comunitario.

«A ocho semanas de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre de 2019, la Comisión ha reiterado hoy, en su sexta comunicación sobre la preparación del Brexit, su llamamiento a todas las partes interesadas en la Estrategia Europa 27 a fin de que se preparen para un escenario de retirada sin acuerdo», señala un comunicado.

La nota, reproducida parcialmente por el portal ruso de noticias Sputnik, indica que «en vista de la persistente incertidumbre en el Reino Unido con respecto a la ratificación del acuerdo de retirada y de la situación política interna general, un Brexit sin acuerdo el 1 de noviembre de 2019 sigue siendo una posibilidad, aunque indeseada».

El texto explica que, como la posibilidad de un «Brexit duro», aún existe «la Comisión anima encarecidamente a todas las partes interesadas a aprovechar el tiempo adicional facilitado por la prórroga del artículo 50 para cerciorarse de que han adoptado todas las medidas necesarias para preparar la retirada del Reino Unido de la UE». Así lo informó Télam.