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Luego de la repercusión de lo investigado hasta el momento en la causa “ñoquis calientes”, el procurador general Jorge Miquelarena sumó a esta experiencia lo ocurrido en las causas “Embrujo” y “Revelación”. Así se refirió a los organismos de control existentes en el Estado y a las fallas de los “estamentos intermedios”. También a las advertencias que en el año 2018 le realizó al gobernador Mariano Arcioni. 

¿Lo investigado en el marco de esta causa, que se ha denominado “ñoquis calientes”, ¿lo consideran un hecho aislado o lo ven como una práctica que podría repetirse o tener ecos en otras áreas de la administración pública?

Cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de pruebas son bastante más sólidas.

Por lo demás, uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos “ñoquis”. Lo cierto es que, para eso, hay determinados organismos que tienen que hacer auditorias, que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está ni facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios “por las dudas” que existan “ñoquis”. Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir.

¿Desde su experiencia desde 2008 como procurador general, ve que es necesario, quizá, aplicar nuevos mecanismos de control, y que los que están no están funcionando como deberían?

Es una buena pregunta. En el año 2018, a partir de las causas que se conocieron como Embrujo y Revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni, con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber, con preocupación, muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de contralor. No en los organismos de contralor de rango o de jerarquía constitucional, como puede ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción: veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las jefaturas de compra.

¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de estado, allá por el 2004 al 2008, ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y en que, de algún modo, se puede llegar a sospechar que la cosa viene “armada”, como se puede decir en la jerga. Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública: y, si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron, con que los presupuestos están, con que el llamado está, con que la apertura se hizo. Desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero de algún modo se olfatea que la cosa puede venir armada de antemano.

¿Qué advertimos nosotros, ahora, con todas estas cuestiones? Que están fallando, y mucho, los organismos intermedios. Las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación, ya sea de insumos de bienes o de personal que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. Por eso es que, como decía, en el año 2018 le envié un oficio al gobernador con copia al contador general de la provincia, advirtiéndole y recordando de algún modo cuáles son las misiones y funciones de estas personas que tienen que velar por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública. Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de compra y de administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió, también, que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Evidentemente, mucho caso no hicieron, ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son la verdad, sorprendentes.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la investigación por posible fraude al Estado de parte de la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. “Pasaron tres años y nos volvemos a encontrar con prácticas que honestamente creímos descartadas. Lamentablemente la cosa sigue igual”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “pensamos en nuestra ingenuidad que después de Embrujo y Revelación muchas prácticas iban a cambiar por la repercusión que tuvieron estas causas en la Provincia”.

“Sin embargo pasaron tres años y nos volvemos a encontrar con prácticas que honestamente creímos descartadas. Lamentablemente la cosa sigue igual”, dijo en diálogo con Radio Chubut.

Asimismo, aclaró que “sorprendió y llamó la atención la presencia de Torres Otarola en el despacho del Ministerio de Familia. En otro momento podría haber sido detenida, por estar entorpeciendo la investigación, pero hasta ahora la ex ministra no ha demostrado esa actitud”.

“Los jefes de compra de cada departamento juegan roles muy importantes y muchas veces no se pone el ojo en ese sector. Me parece que por ahí se debe comenzar”, indicó.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “Torres Otarola hasta ahora no se mostró reticente a la investigación”.

El exgobernador de Chubut y exintendente de Comodoro Rivadavia, Martín Buzzi, se refirió al derrame de los hidrocarburos que se produjo el 26 de diciembre de 2007 en la zona de Caleta Córdova, por el cual la empresa Antares Naviera tuvo que pagar la suma de 5 millones de dólares. El destino de estos fondos aún no se ha podido certificar.

“Lo que toca es explicar a dónde se hizo la inversión, el acuerdo se hizo en el marco del Juzgado Federal, con la jueza Eva Parcio. Se propiciaron acuerdos entre los vecinos y Antares Naviera, algunas familias hicieron acuerdos por daños civiles”, sostuvo Martín Buzzi.

En este sentido, señaló que “se llegó a un acuerdo por 5 millones de dólares, fue firmado por la jueza Eva Parcio; eso se iba a invertir en obras para reparar los daños, hicimos una cisterna grande en Caleta. Una obra grande, la Vecinal, la Comisaría”.

“Dejamos licitadas dos obras más, la remodelación del paseo costero, la Comisaría, el Periférico, la Vecinal, quedaron pendientes obras en la Vecinal. Cambió la gestión y eso quedó en manos de la gestión siguiente”, dijo en diálogo con La Cien Punto Uno, en referencia a Mario Das Neves y Mariano Arcioni.

Asimismo, aclaró que “se propiciaron acuerdos entre los vecinos y Antares Naviera, algunas familias hicieron acuerdos por daños civiles. La determinación por los valores económicos se puede estar discutiendo por años”.

“Los juicios pueden terminar de 10 a 15 años, con apelaciones, la propia comunidad de Caleta Córdova buscaba resolver los requerimientos de manera rápida”, indicó.

“Lo que toca es explicar a dónde se hizo la inversión, el acuerdo se hizo en el marco del Juzgado Federal, por Parcio”, destacó.

Finalmente, Buzzi concluyó que “el Decreto dice que se iba a utilizar esa plata para hacer obras donde hubo derrames. Se hicieron muchas cosas de manera simultánea, avanzamos con el acuerdo del asfaltado completo del camino que une Caleta con el 8”.

Miquelarena

En tanto, el Procurador General de Chubut dio detalles de la denuncia penal y la demanda civil que generó la Provincia sobre el destino de 5 millones de dólares para reparar los daños de un derrame de petróleo en 2007.

El 26 de diciembre del 2007 hubo un derrame muy importante que afectó la zona de Caleta Córdova y la demanda reclamó adoptar las medidas de remediacion y a abonar las indemnizaciones correspondientes.

En 2014 se firmó un acuerdo entre el Gobierno Provincial y la firma Naviera Antares por la suma de 5 millones de dólares a cambio del desestimiento de las demandas penales y civiles.

El dinero habría ingresado al Estado con destino específico a la remediación, sin embargo se desconoce el final del mismo y esto intentará dilucidar ahora la investigación a cargo del fiscal Omar Rodríguez.

Miquelarena habló en La Cien Punto Uno sobre el tema, indicando que «no se sabe si el dinero ingresó, creo que sí, pero hay que verificarlo; lo que estoy seguro es que no fue destinado a donde debía ser destinado».

«Estamos hablando de un daño muy importante, generó un impacto tremendo en la zona, la indemnización de 5 millones de dólares tenía que estar destinada al daño que se generó», añadió.

Según Miquelarena, la denuncia penal y la demanda civil que generó la Provincia a través de la Fiscalía de Estado, perseguían el cobro de una reparación muy superior a los 5 millones de dólares.

El Procurador General afirmó que los vecinos permanentemente han estado reclamando. Respecto a la investigación, dijo que «no hay una apertura formal, hay una investigación preliminar, por eso hay limitaciones de las medidas».

Julio Conte Grand sostiene que su subordinado, involucrado en el caso D’Alessio, abusó de su autoridad traficando informes personales que se usaban para extorsiones.

Procesado en varios expedientes por el abuso de su cargo para rastrear información confidencial en organismos públicos que luego era utilizada por el falso abogado Marcelo D’Alessio y sus cómplices para sus supuestas extorsiones, el fiscal de Mercedes Juan Inacio Bidone recibió ahora otro golpe: el Procurador General bonaerense Julio Conte-Grand presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento su acusación contra él. Mientras avanza ese proceso, Bidone se encuentra de licencia forzosa en la fiscalía.

El fiscal fue procesado por el juez Alejo Ramos Padilla y también por su colega Luis Rodríguez en Comodoro Py. Según se estableció en esos expedientes,abusando de su cargo Bidone obtenía información sobre personas que no estaban vinculadas con investigaciones de su fiscalía-fundamentalmente informes migratorios y de llamadas telefónicas- para servirse de ella con fines espúreos.

Según aseguran en la procuración bonaerense, cuando esas maniobras irregulares se hicieron públicas, el fiscal que había investigado el triple crimen de la efedrinaintentó eliminar los rastros, incorporando los informes ilegales a un legajo fiscal que iba a remitir a la Justicia Federal por un tema de competencia.» Sin la pronta intervención de la Procuración, lo habría conseguido», dicen en La Plata.

Camino a las elecciones

En el orden local, su conducta es investigada por la fiscalía de delitos complejos de San Martín. En ese distrito, el 26 de marzo de 2019 la fiscal Verónica Pérez requirió el juicio político de Bidone, «por existir elementos suficientes e indicios vehementes de que perpetró el delito de abuso de autoridad, reiterado en por lo menos dos oportunidades», teniendo como víctimas a los empresarios Gabriel Traficante y Pedro Etchebest.

La Procuración provincial remitió ese requerimiento al Tribunal de Enjuiciamiento, que inició las actuaciones SJ 496/19 y solicitó que Bidone fuera apartado preventivamente de su cargo.

El 9 de abril, Conte Grand presentó otra denuncia ante ese jurado, en el mismo sentido pero bajo la óptica de la responsabilidad política, e incluyendo lo que había surgido de un procedimiento disciplinario interno. Esta denuncia dio lugar a la formación de otro proceso (SJ 500/19) que se acumuló a la acusación anterior.

El 6 de junio, la fiscal Pérez resolvió ampliar el requerimiento de juicio político con dos nuevos hechos de supuesto abuso de autoridad, contra el empresario de medios Santiago Sautel y el fiscal general de Moreno-General Rodríguez Lucas Marcelo Oyhanarte.

Un mes después, el 18 de julio, la Procuración General presentó una nueva denuncia contra Bidone ante el Jurado, incluyendo los hechos de los que fueron víctimas Sautel y Oyhanarte y los procesamientos dictados contra el fiscal en los tribunales federales. Eso alumbró otro expediente en el tribunal de enjuiciamiento, el SJ 517/19, que se acumuló a los anteriores.

Hace tres semanas, el 26 de septiembre, el Jurado de Enjuiciamiento declaró que los hechos agregados a las causas contra el fiscal Juan Ignacio Bidone integraban su competencia y corrió traslado a la Procuración General y a la Comisión Bicameral, para que lo acusaran o solicitaran el archivo de las actuaciones.

El jueves pasado,el procurador general Julio Conte-Grand presentó su acusación.

El Jurado está presidido por el actual titular de la Corte Bonaerense Eduardo Julio Pettigiani, y lo integran los legisladores María Elena Torresi (Cambiemos), Ángel Manuel Mosca (Cambiemos), Julio Marcelo Dileo (Cambiemos), Maximiliano Abad (Cambiemos), Ricardo Lissalde (Frente Renovador). Los legisladoes suplentes son Rocío Soledad Antinori (Cambiemos), Gabriela Demaría (PJ Unidad y Renovación) e Ismael Santiago Passaglia (Cambiemos).

Mientras el juicio político en su contra avanza, las causas penales contra Bidone se escindieron por cuestiones de competencia. Lo investigado respecto de los hechos que tuvieron como víctimas a Pedro Etchebest y Gabriel Traficante fue remitido a la Justicia Federal. Los hechos contra Santiago Sautel y Lucas Oyhanarte siguen siendo investigados por la fiscal Verónica Pérez, informó El Clarín.

El fiscal que será sometido a un jury de enjuiciamiento por la detención de Bortagaray cuando tenía fueros lamentó que esta situación repercuta en forma directa en la causa que investiga los retornos de la obra pública. Advirtió que solicitará al Procurador General ser apartado de «Revelación».

El Consejo de la Magistratura aprobó el jury de enjuiciamiento contra el fiscal Héctor Iturrioz, pero no así contra el fiscal Marcos Nápoli y el juez de Garantías Sergio Piñeda, que autorizó la detención del entonces ministro de Familia, Martín Bortagaray, estando protegido por los fueros que le otorga el artículo 248 de la Constitución Provincial.

«Yo creo que va a impactar en la causa Revelación esta situación, tuve gran parte de injerencia en la investigación y en la gestación de la acusación», afirmó Iturrioz en diálogo con diario EL CHUBUT.

El fiscal intentará que la afectación a la causa Revelación «sea lo menor posible», por eso abrió la puerta sobre una posible salida: «Le voy a pedir al fiscal Rodríguez o al Procurador General que me corran».

Según pudo conocer EL CHUBUT, la salida de Iturrioz ya estaba acordada desde hace tiempo, principalmente por el tiempo que le demanda la causa de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia.

«Los defensores lo primero que van a decir es que los está acusando un fiscal investigado», aseveró Iturrioz a EL CHUBUT, y agregó que los abogados de los imputados «buscarán ensuciar la cancha, como ya lo han hecho».

Lamentó esta situación «porque fue mucho tiempo de trabajo» y explicó que cualquier fiscal que tome la acusación «puede elevarla a juicio porque está detallada en extremo. La prueba es contundente».

«EL JURY NO TIENE FUNDAMENTOS JURIDICOS

Iturrioz se mostró sorprendido por la aprobación con 7 votos a favor y 6 en contra el jury de enjuiciamiento que comenzará el año que viene.

«No entiendo todavía lo que pasó. Si hay algo que no tiene esto es fundamento jurídico», remarcó el fiscal comodorense.
En la misma dirección, indicó que «no le encuentro explicación al hecho de porque yo sí y el resto no, porque estábamos en paridad de condiciones».

El fiscal destacó los argumentos de Panizzi, a los que consideró «claros» y que dieron en blanco: «Dijo que no entendía las conclusiones de Torrijos, porque los fiscales acusan, no tienen la facultad de ordenar una detención, que eso recae sobre el juez».

Catalogó como «una locura» el jury y citó como ejemplo que en el dictamen de Luis Torrijos «el juez Piñeda ya quedaba afuera de todo».

Sin intender la aprobación del jury de enjuiciamiento, Iturrioz recordó que con el fiscal Nápoli «trabajábamos iguales, firmábamos iguales, por eso no entiendo porqué uno sí y el otro no. Será porque Marcos (Nápoli) pidió perdón y yo no».

«TORRIJOS PARTICIPA ACTIVAMENTE EN CHUSOTO»

«Torrijos cuando asume en el Consejo de la Magistratura jura por Mario Das Neves, era obvio que no iba a ser objetivo. Es integrante activo de Chubut Somos Todos», arremetió Iturrioz.

El fiscal adelantó a EL CHUBUT que «voy a plantear la recusación de Torrijos más adelante por la falta de imparcialidad», aunque aclaró que recién tendrá acción cuando se expida el Tribunal de Enjuiciamiento. «Por ahora no puedo hacer nada», finalizó.

Lo expresó el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, ante la necesidad de establecer reglas claras para el decomiso de los bienes obtenidos mediante actos de corrupción contra la administración pública y la competencia provincial.

La necesidad de establecer reglas claras para el decomiso de los bienes obtenidos mediante actos de corrupción contra la administración pública y la competencia provincial, respecto a la investigación de otros delitos como el denominado “lavado de dinero”, quedaron plenamente plasmados en la resolución mediante la cual, el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena le otorga un estatus permanente a la Unidad Fiscal Especializada en la investigación del delito de corrupción contra el Estado que actualmente investiga causas que son de dominio público y que tiene a exfuncionarios y empresarios involucrados.

La resolución, con fecha 4 de abril y bajo el número 032, establece la creación  de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP), a la cual se le asignarán la investigación de  delitos contra la administración pública que la afecten a la administración y revistan una complejidad diferencial que requiere una atención particularizada.

Además, hechos complejos que requieran del análisis de volúmenes significativos de documentos y registros, muchas veces en poder de la propia administración que es quien debe suministrarlos, hechos que involucren la presunción de legitimidad y de legalidad con la que cuentan los actos administrativos, razón por la cual se debe desvirtuar dicha presunción para su dilucidación, hechos que impliquen un grado de afectación patrimonial significado e importante para el erario.

Y también  casos que tengan imputados múltiples, de alta jerarquía y responsabilidad de gobierno, circunstancia de la que habitualmente se deriva mayor cantidad de planteos e incidencias procesales a lo largo de la investigación y del proceso, casos de delincuencia organizada o transnacional y en los que se verifiquen pautas fijadas por el artículo 357 del Código Procesal Penal del Chubut.

Además, en los considerandos que justifican su resolución, el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena expresa que “se hace necesario mantener en funcionamiento esta estructura dentro del Ministerio Público Fiscal que permita hacer frente a la sofisticación creciente de los actos de corrupción y la consecuente complejidad de su investigación, persecución y procesamiento”.

Y agrega: “ello permitirá continuar enfrentando fenómenos tan graves como el lavado de activos provenientes de delitos de competencia provincial que lo precedan y la corrupción de mejor manera, con una dedicación más preferente y consecuentemente con mejores resultados, entregando una fuerte señal a la sociedad de igualdad ante la ley por perseguir rigurosamente a cualquier persona, independientemente de su cargo o posición en la sociedad”.

Y deja en claro que “esta Unidad Fiscal Especializada pondrá énfasis en el recupero de los activos provenientes de la corrupción, ya sea por la vía del decomiso, la entrega voluntaria o mediante la aplicación de la legislación sobre extinción de dominio que pueda sancionarse.

Tras reivindicar el trabajo que vienen realizando los fiscales y los colaboradores en las diferentes especialidades en las causas que se investigan actualmente por supuestos pagos de retornos en la obra publicas y otros hechos de corrupción, la resolución establece que la unidad será conformada por un Fiscal Jefe, Fiscales Generales, abogados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, investigadores del Ministerio Público Fiscal, Contadores Públicos, Licenciados en Sistemas e Informática, demás profesionales y técnicos con incumbencias afines, integrantes de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios dependiente de la Procuración General que puedan ser afectados de manera temporal o definitiva y empleados administrativos de apoyo. Tendrá momentáneamente sede en Trelew pero su lugar definitivo será Rawson cuando se obtengan instalaciones adecuadas.

Lo aseguró el Procurador General de la Provincia de Chubut, Jorge Miquelarena. “Espero que se pueda llegar al juicio oral en estas causas y a una sentencia condenatoria”, remarcó.

El Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena lamentó que “en los últimos tiempos se hayan ido a cubrir otros cargos varios fiscales muy valiosos” y expresó su deseo que “esos cargos puedan cubrirse lo antes posible.  Además, aseguró que la Unidad Fiscal Especializada (la UFE que investiga delitos contra la administración Pública) creada el año pasado para investigar causas de corrupción en el Estado “llegó para quedarse” y valoró “el trabajo titánico que realizan quienes la integran. “Espero que se pueda llegar al juicio oral en estas causas y a una sentencia condenatoria”, expresó.

El jefe de los fiscales de la provincia realizó estas declaraciones en una entrevista realizada en Canal 7 de Rawson, donde también se refirió a la reciente destitución del fiscal de Sarmiento Herminio González Meneses explicando los mecanismos que se utilizan paras tomar estas decisiones.

Preocupación por las deudas

En cuando al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal dijo estar conforme con su funcionamiento. “Claro que siempre hay cosas para mejorar eso lo tengo bien claro. Y también querría tener los gastos que necesitamos para un correcto funcionamiento. Tenemos deudas, sobre todo con proveedores y esto nos genera una importante preocupación”.

“También tenemos que cubrir los cargos vacantes algo muy importante para nosotros. Pero tengo que confesar que nos cuesta conseguir fiscales. Y además muchos se nos van. Concursan para otros cargos, como jueces. Lamentablemente es así. Entienden que la carga laboral es distinta, lo mismo que la exigencia. Y uno los tiene que comprender”.

Bailar con la más fea

Miquelarena calificó la función del fiscal como “muy desgastante. En el proceso penal que tenemos, el fiscal lleva la mayor carga. Por eso se nos han ido fiscales muy valiosos en todas las ciudades de la provincia. Y ahora estamos tratando de reemplazando. Confieso que la tarea de un fiscal es ardua y complicada, pero es muy linda. Reconozco que “nos tocó bailar con la más fea pero es un trabajo gratificante cuando uno puede darle una solución a las víctimas del delito”.

En cuanto a la creación de la oficina contra los delitos contra el Estado, el jefe de los fiscales expresó que “tomamos esa decisión cuando aparecieron casos que se conocen como “El Embrujo” y “Revelación” y otros como en Lotería y la compra de las cámaras de seguridad. Eran muy complejos y requerían de mucho trabajo. Y fue así que se fue incorporando más gente como contadores e investigadores”.

Trabajo “titánico”

“Quiero destacar el trabajo que están haciendo en ese área. Es extraordinario. Miles y miles de mensajes, mails, escuchas telefónicas, pruebas documentales. Es titánico lo que están haciendo. Por eso espero que se llegue a un debate oral y a una sentencia condenatoria”.

Finalmente, Miquelarena dijo que “aunque uno desea que los hechos de corrupción contra el Estado no se repitan lamentablemente sabemos que no es así. Por eso digo que esta oficina llegó para quedarse porque además le da tranquilidad a los ciudadanos de qué quien cometa ese tipo de delitos deberá rendir cuentas ante la justicia”.

Meneses  y el Consejo de la Magistratura

“Cuando se elige a un magistrado su estabilidad queda supeditada a que pase los tres primeros años de gestión con éxito, es decir realizando su trabajo como corresponde. Tras este período hay una revisión de parte del Consejo de la Magistratura cuyos miembros evalúan si la labor fue satisfactoria”, explicó.

Y continuó: “El consejo pide informes a los fiscales jefes, colegios de abogados, etcétera y analizan una serie de casos que llevó adelante. En el caso de Meneses, los 14 miembros del Consejo de la Magistratura entendieron que el trabajo del fiscal no había sido satisfactorio y entonces lo envían al Superior Tribunal de Justicia para la realización de un jury”.

Miquelarena explicó que “los cargos que enfrentó Meneses fueron mal desempeño de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho y por las formas y faltas para llevar adelante algunas investigaciones. Por eso lo destituyeron”.

Expresó además que “tengo una tarea poco grata que es la de acusar. Y no sólo con los fiscales. También con jueces y defensores. Pero hace a mi responsabilidad y debo cumplirla. Es poco grata y más aún cuando se trata de un fiscal que forma parte de mi equipo de trabajo”.

En cuanto a Meneses dijo que “solo pierde su condición de fiscal. Puede seguir ejerciendo su función de abogado, en eso no lo afecta para nada. Valoró la rapidez con que se resuelven estos casos y dijo que esto mucho tiene que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura donde están representados todos los sectores. Algo que incluso fue muy destacado por pares a nivel nacional. Esta conformación donde están representados magistrados, colegios de abogados y el pueblo a través de los representantes populares hace que esa institución tenga una visión más amplia”.