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El juez federal Sebastian Casanello dictó el procesamiento al ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Luis Maria Blaquier, en el marco de una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de ese Fondo.

Blaquier está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015.

De acuerdo con el fiscal Franco Picardi, el ex funcionario macrista quedó imputado por no informar sobre su vínculo anterior con las empresas beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haber optado por la posibilidad de abstenerse de participar de las mismas.

La causa está en manos del juez Casanello, quien indagó a Blaquier semanas atrás. El magistrado ahora lo procesó.

Según los investigadores, Blaquier habría puesto en evidencia un particular interés por beneficiar a estas empresas dado que, las habría preferido por sobre otras que habrían ofrecido mejor tasa de interés.

Fuentes judiciales deslizaron que otro de los datos del expediente es que Blaquier habría tenido una sociedad llamada Fontinalis Partners junto con Ralph Booth, accionista del 9% del Grupo Clarín, quien había nombrado como director en esa firma al ex funcionario y luego, al hermano de Blaquier.

Desde el comienzo de la investigación, el fiscal Picardi había sostenido que “en su carácter de subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, se interesó en la adquisición de ON (obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda corporativa) de Arcor y Cablevisión, con miras a la obtención de un beneficio de un tercero, incumpliendo los deberes que le eran impuestos en su carácter de funcionario público”.

“Los estrechos vínculos de Blaquier con el resto de las personas integrantes del comité de inversiones del FGS y con las empresas emisoras de las ON en cuestión, la presencia de irregularidades en el trámite de aprobación para la suscripción de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables en el mercado que las ofrecidas por Arcos y Cablevisión, las bajas calificaciones de riesgo otorgadas a las ON de las empresas por parte de la agencia de calificación Moody’s, y el beneficio que la inversión por parte del FGS les reportó a las empresas, abona la hipótesis delictiva aquí planteada”, describió Picardi en su imputación.

La Cámara Federal ratificó hoy el procesamiento exfuncionarios kirchneristas como Julio De Vido y José López, y amplió la acusación contra los empresarios involucrados ahora por el pago de sobornos para conseguir la construcción de plantas potabilizadoras de AySA, que forman el llamado caso Odebrecht.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi también ampliaron los procesamiento de los extitulares de AySA, Carlos Ben y Oscar Biancuzzo, acusados ahora de haber participado en el delito de cohecho para direccionar la licitación que terminó por beneficiar al consorcio que lideraba Odebrecht.

La decisión de la Cámara Federal dejó firme, además, el procesamiento de Jorge «Corcho» Rodríguez, también acusado de cohecho. El empresario había sido procesado por el juez Sebastian Casanello como parte del entramado que beneficio a la empresa brasileña con contratos con AySA.

Los empresarios Aldo Roggio, Osvaldo «Tito» Biagini y Carlos Wagner, todos personajes clave para la obra pública, también fueron incluidos como acusados por este nuevo delito del cohecho. La Cámara Federal rechazó, además, un pedido realizado por Roggio para transferir en favor de sus hijos las acciones de su empresa, ya que la Justicia había dispuesto un embargo, así lo reseña La Nación.

La Cámara Federal porteña avaló la inclusión de cinco casos de cohecho pasivo dictada por el juez Bonadio el 23 de abril pasado.

La Cámara Federal porteña confirmó hoy una ampliación del procesamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner por otros cinco casos de cohecho pasivo en la causa por los cuadernos de la corrupción.

La decisión abarcó además al ex director de Energías Renovables del ex Ministerio de Planificación Federal, Fabián Ezequiel García Ramón, y a los empresarios Gerardo Ferreyra, Jorge Neyra y César de Goycoechea, entre otros, según la resolución a la que accedió Télam.

La sala I del Tribunal de Apelaciones fijó además en cincuenta millones de pesos el embargo a la actual precandidata a vicepresidenta, quien está procesada con prisión preventiva en el caso.

El juez federal Claudio Bonadio amplió el 23 de abril pasado el procesamiento dictado y agregó cinco casos de cohecho pasivo como coautora en la acusación a senadora nacional.

Se investiga el proceso de compra de 60 camionetas realizado por el exministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. También confirmaron el procesamiento de Guido Guidi en calidad de partícipe necesario.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia- ratificó la resolución que había dispuesto procesamientos en la causa en donde se investiga el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en relación con la “Licitación Pública 13/11 Segundo Llamado” del Ministerio de Agricultura de la Nación para la compra de 60 camionetas y de la cual resultó adjudicataria la empresa Guido Guidi SA.

La decisión confirmó los procesamientos como coautores de negociaciones incompatibles (art. 265 del C.P.) de los entonces ministro de Agricultura Norberto G. Yauhar; subsecretario de Agricultura Familiar Guillermo D. Martini; integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas María Florencia Stefanetti -a la vez directora de Compras y Contrataciones-, José E. Fernández y Pablo E. Montolivo, y también los embargos dictados a su respecto por 15.000.000 pesos.

Asimismo, confirmó el procesamiento de Guido Guidi en calidad de partícipe necesario y su embargo por 11.000.000 pesos.

 

ADNSur

El ex titular de la AFIP fue procesado por disposición de la Cámara Federal porteña. Es en el marco de las investigaciones relacionadas a las empresas de Lázaro Báez.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por “encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público”.

Según el fallo, el procesamiento se enmarca en las investigaciones vinculadas a las empresas del detenido Lázaro Báez.

El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Angel Toninelli, según la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens a la que accedió Télam.

“El suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Dirección General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras”, recordaron los camaristas.

El Tribunal confirmó los procesamientos dictados en el caso por el juez federal Sebastián Casanello, el magistrado que detuvo y envió a juicio a Báez y a sus cuatro hijos por presunto lavado de dinero.

“Existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido a esta altura de las actuaciones, la existencia del hecho investigado y la responsabilidad endilgada a los imputados”, concluyeron los camaristas al confirmar los procesamientos.

Las fiscalizaciones a empresas que facturaban para las firmas de Lázaro Báez mostraban un “avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa, cuyo beneficiario era presuntamente en forma directa o indirecta, dependiendo del caso, la empresa Austral Construcciones S.A., cuyo accionista mayoritario (95 %) es Lázaro Antonio Báez”.

“Las irregularidades detectadas en esas firmas y vínculos con Austral Construcciones S.A., que surgieron con el devenir de las fiscalizaciones referidas, habrían derivado en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca -mediante las disposiciones AFIP n° 299/12, dictada por Ricardo Echegaray y n° 285/12 SGRH- (obrantes a fs, 214/227 y 246/51), provocando reubicaciones de cargos”, añadió la resolución judicial.

Las fiscalizaciones pasaron a la nueva División Fiscalización 5, dependiente de Mar del Plata, “lo que provocó que perdieran el curso que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de Austral Construcciones S.A., de parte de las firmas antes referidas”.

Además, “en ese contexto y luego de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, concretamente el 1° de noviembre de 2012, Ángel Rubén Toninelli realizó un viaje en un vuelo privado que compartió con su hijo y con Martín Báez, desde el aeropuerto de San Fernando hasta la ciudad de Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de la firma Austral Construcciones SA”.

La aeronave usada “resultó ser propiedad de la firma Top Air S.A., que en su mayoría pertenece a ACSA y era regularmente utilizada por Lázaro Antonio Báez”, concluyeron los jueces.

 

Diario Popular