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La Justicia procesó sin prisión preventiva y embargó por un millón de pesos a cuatro jefes militares por presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa de una empresa para la búsqueda del submarino ARA San Juan. Se trata de la preadjudicación a una firma española que no cumplía los requisitos.

La decisión había recaído sobre Pablo Longhi, responsable de la Unidad de Contrataciones de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico del Ministerio de Defensa y los vocales de la Comisión Evaluadora Héctor Horisberger, Marcelo Dip y Rogelio García Bastitta, según la resolución.

Todos quedaron procesados por supuesto “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” con embargos de un millón de pesos por haber recomendado una empresa que, se determinó luego, no cumplía los requisitos legales.

En la causa se investigan supuestas irregularidades en el proceso de contratación directa de una empresa para buscar el ARA San Juan y se inició por denuncia de un grupo de familiares de los tripulantes del submarino que estaba desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017 y encontrado un año después.

“Se encuentra acreditado, que en su carácter de evaluadores designados en el proceso de compra 340/1-0004- CDI18, Héctor Raúl Horisberger, Marcelo Gustavo Dip y Rogelio Alfredo García Bastitta, bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi, recomendaron el 1° de junio de 2018, la adjudicación del renglón N°2 en favor de la firma IGEOTEST GEOSCIENCES S, omitiendo las cláusulas particulares fijadas para el proceso de mención, que a su vez contenían, dentro de su marco legal, las disposiciones previstas en el decreto delegado 1023/01 y el decreto 1030/16”, sostuvo el juez en el procesamiento.

La contratación a la cual se hace referencia en la resolución “tuvo por objeto la prestación del servicio de búsqueda submarina por medio de batimetría multihaz, sonografía, magnotometría e imágenes visuales a fin de localizar e identificar al submarino ARA San Juan”.

“Como consecuencia de la omisión perpetrada por Horisberger, Dip y García Bastitta (bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi), se recomendó la contratación de una empresa que, en rigor de verdad, se trataba de dos personas jurídicas distintas, de acuerdo a la dictaminado por la Oficina Nacional de Contrataciones el día 28 de junio del corriente año”, agregó.

Además, “a partir de lo informado por ese organismo y el expediente administrativo interno, pudo delimitarse que a la contratación directa se presentó la compañía IGEOTEST GEOSCIENCES SL, con número de identificación B17511940. Sin embargo, la declaración jurada de intereses incorporada a la oferta, se encontraba a nombre de CONTROL Y PROSPECCIONES IGEOTEST SL, con la identificación B17511940”.

Fuente: Télam