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Probation

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La decisión del cuerpo colegiado integrado por Adrián Barrios, Luis Luchelli y Alejandro Defranco se dio en horas de la tarde, tras un cuarto intermedio en una audiencia que se extendió durante la mañana hasta cerca de las 14, donde pudo escucharse las argumentaciones de los defensores que impugnaban lo resuelto por los Jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez, en tanto los fiscales y las querellas solicitaban la confirmación de lo actuado.

Los defensores Damian Dantonio representando a Jorge Aníbal Godoy y Juan Carlos Ramón, Matías Cimadevilla defensor de Christian Gisande y Fabián Gabalachis asesor legal de Natalia y Giuliana Mc Leod y Sandro Figueroa manifestaron los agravios por el rechazo de la suspensión de juicio a prueba tildando esa decisión del tribunal de enjuiciamiento como arbitraria a la vez de manifestar que no se ajusta a derecho.

Indicaron las dudas en cuanto a las posibles penas y dijeron que sus defendidos tenían todos los requisitos que se solicita para la imposición del instituto. Por el contrario los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams enfatizaron en que se trata de una decisión fundamentada y razonada. Aludieron a las convenciones internacionales a las cuales adhiere nuestro país al asegurar que este grupo hizo mucho daño a la comunidad y su proceder atenta contra el sistema democrático y afecta a los que menos tienen. Refirieron al aludido artículo 26 que habla sobre la condición de las penas expresando que por el tenor de los delitos las mismas no serán de ejecución condicional sino de cumplimiento efectivo. En algún tramo de la alocución el fiscal Williams dijo que comprende la posición de los defensores al no compartir lo resuelto por los Jueces, pero la sentencia no tiene fisuras, esta fundamentada y es altamente razonada.

Del mismo modo se expresaron los querellantes representantes de la Fiscalía de Estado Javier Tampone, de iniciativa ciudadana Eduardo Hualpa y el doctor Hansen de la oficina anticorrupción, quienes hicieron aportes adhiriendo y reforzando lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal.

Los votos de Luis Luchelli, Adrián Barrios y Alejandro Defranco dados a conocer en la sala ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew, no hicieron más que confirmar en forma unánime la sentencia dada el 5 de abril pasado por los doctores Soñis, Rolón y Pérez. Entre las argumentaciones comunicadas aluden a la adecuada posición asumida por el Ministerio Público Fiscal, resaltando la importancia que debe darse a delitos como defraudaciones al Estado donde los afectados son todos los ciudadanos.

Reafirmaron las normas vigentes tanto en los organismos internacionales, como previstas en la Constitución, confirmando cada uno a su turno la sentencia emitida oportunamente que rechaza la posibilidad de aplicar el instituto de la suspensión de juicio a prueba.

Así las cosas la causa denominada “embrujo” seguirá su curso y Diego Correa, Diego Luters, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, deberán afrontar el juicio oral y público acusados de diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y usurpación de título público.

Un mes y medio después de que el Tribunal de Enjuiciamiento resolviera por unanimidad rechazar los pedidos de probation para seis imputados de la causa “Embrujo”, se realizará la audiencia para que los fiscales y las defensas argumenten ante los jueces de la Cámara Penal de Trelew los motivos a favor y en contra de la suspensión del juicio a prueba.

La necesidad de agilizar los procesos que esbozó el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, en la sesión especial en Legislatura sobre el balance 2018 del Poder Judicial, no tuvo su correlato en la decisión de los integrantes de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que convocó a una audiencia que se realizará 45 días después de la decisión de los magistrados que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento de la causa Embrujo.

El 5 de abril de 2019, los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez rechazaron las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Jorge Godoy y Christian Gisande.

La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Luis Luchelli y Adrián Barrios convocaron a una audiencia para el 20 de mayo, 45 días después de la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento.

Con esta demora, el juicio por la causa Embrujo, en la que está imputado Diego Correa, Diego Luthers, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, llamativamente no comenzaría antes de las elecciones generales del 9 de junio.

En la audiencia del 20 de mayo, los fiscales y las defensas argumentarán ante los jueces Defranco, Barrios y Luchelli, los motivos por los cuales debería o no aplicarse la suspensión del juicio a prueba de seis de los doce imputados.

Luego de esa audiencia, los integrantes de la Cámara Penal de Trelew volverán a tomarse un tiempo para dictaminar sobre la cuestión de fondo planteada.

Desde Fiscalía aseguraron que es “prácticamente imposible” que el juicio oral y público comience antes de las elecciones generales.

 

 

El Chubut

Omar Rodríguez, Fiscal en la causa El Embrujo, se refirió al rechazo del tribunal al beneficio de la probation solicitada por las defensas para los imputados.

“La posición de la fiscalía fue siempre la oposición del otorgamiento de la probation por varias razones, el tribunal de juicio comunicó la decisión y resolvió que los doce imputados deberán ser juzgados en un juicio oral y público”, aseveró Rodríguez.

Esa decisión se basó en tres argumentos “una es la teoría del caso porque funcionó con la asociación ilícita, la otra con una pretensión punitiva y también el compromiso que asumió el estado argentino de combatir la corrupción, creemos que la probation estaría en contra de este propósito de sancionar esta conducta”, repasó el fiscal.

Rodríguez aclaró que esta decisión va a ser apelada y que tiene un plazo de cinco días “lo van a presentar ante la cámara de impugnación de Trelew y lo resolverá la cámara. Como las partes están pidiendo la suspensión del juicio, no se puede iniciar hasta que quede firme esa situación”.

Caso Gatica

En torno a la situación de Gatica, Rodríguez expresó que “la justicia federal se pronunció en tres oportunidades y lo rechazaron, porque el caso ya está avanzado, por otro lado las partes ya habían consentido que sea la justicia ordinaria la que juzgue el caso”.

Intento de traslado de la causa a la justicia federal

“Creo que lo perseguían era una cuestión estratégica porque no hemos accedido a ningún tipo de juicio abreviado o la probation, quizás la estrategia sea llevarla a la justicia federal para que sea más benévola. Nosotros estamos convencidos de que estos actos tienen que ser juzgados, la sociedad tiene que saber lo que pasó y podamos explicar cómo funcionó este grupo dentro de una estructura de poder”, comentó Rodríguez.

Evidencias

“Tenemos muchísima vivencia entre documentos recogidos en soporte papel en los distintos domicilios, como también en los expedientes que hemos recolectado en las oficinas del Estado, pero también tenemos muchos testimonios e información de los teléfonos“, se refirió a las evidencias.

Rodríguez apuntó a la relevancia del teléfono “es muchísimo más rico, en cuanto a la evidencia, el teléfono analizado en sí mismo que las escuchas telefónicas. Hay 26 mil contactos, entre mediados de 2016 hasta marzo de 2018”.

Ruta del dinero

Al ser consultado por la identificación de la ruta del dinero, el fiscal ofreció importantes detalles “llegamos hasta un punto donde logramos ubicar la mayoría de los bienes que fue producto del robo o la apropiación indebida de fondos del Estado que los fueron convirtiendo en bienes inmuebles o muebles. Diego Correa tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos, el resto un poco menos, toda la organización funcionaba bajo la dirección y en pos de Correa”.

En ese sentido, acotó “Correa, antes de asumir como secretario, ya tenía movimientos dinerarios. Ahí empieza a trabajar con la empresa Dualcore, en donde figuraba su mujer como titular y una amiga íntima de ella, iban agarrando obras de manera irregular e ilícita, a partir de ahí empieza a generar ingresos mal habidos y los incrementa cuando llega al gobierno de Das Neves”.

Sobreprecios en la refacción de escuelas

El fiscal Omar Rodríguez fue asignado para investigar la denuncia respecto a los sobreprecios en la refacción de escuelas. “Esta semana el procurador general me asignó trabajar en el caso, vamos a empezar con las primeras medidas para establecer si existe un acto delictivo y posteriormente identificar el autor del delito. Son delitos complejos porque no se ve la conducta delictiva a simple vista, sino que hay que rascar para llegar hasta donde realmente nos muestren un hecho delictivo“, culminó.

 

lacienpuntouno

El Tribunal resolvió este viernes uno de los planteos de fondo de las defensas en la Causa Embrujo.

Los doctores Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón entendieron -en forma unánime– lo mismo que la fiscalía y las querellas.

Más allá de sus roles, sus responsabilidades y las implicancias jurídicas, las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos “Tato” Ramón, Cristian Guisande y Jorge Godoy deben formar parte del debate oral y público junto a los otros seis imputados que tiene el proceso.

“Era lo que esperábamos, no desmereciendo el trabajo de los defensores, pero siempre tuvimos el convencimiento de que en este caso no estaban dados los presupuestos para acceder a la suspensión del juicio a prueba”, afirmó uno de los fiscales de la causa, Alex Williams.

“Teníamos plena confianza de que los fundamentos que acercamos eran suficientes para descartar la aplicación del instituto, el Tribunal hizo suyos los lineamientos de la Fiscalía porque es lo que correspondía”, remarcó.

“Los que somos titulares de la acción penal somos el Ministerio Público Fiscal y en ese sentido nuestro dictamen era vinculante, más allá del esfuerzo de los defensores que trataron de llevar la cuestión a presupuestos que claramente estaban por fuera de lo que el caso contiene”, analizó.

Sobre las dos instancias de apelación, antes de lo que podría ser el debate con el total de los imputados, Williams aclaró que “en realidad tenemos que esperar la primera resolución, la de la Cámara y con altísima probabilidad del doble conforme, que es lo que nosotros esperamos que suceda también”.

“Tenemos el convencimiento y el aplomo de que los fundamentos que le vamos a acercar a la Cámara también serán suficientes para el rechazo, damos por descontado que lo van a impugnar”, aseguró.

“Nuestras expectativas son que en un tiempo no muy lejano podamos realizar el juicio con fluidez y con la producción de la prueba”, dijo sobre la reanudación del juicio, que podría ser a fines de mes o principios de mayo.

“Es medio aventurado establecer una fecha con precisión porque depende de la agenda de la Cámara, a partir de la notificación de esta resolución habrán diez días hábiles para que los defensores presenten la impugnación y a partir de ahí quedará en manos de la Cámara, podría llevar una semana o un mes”, explicó Williams.

También destacó la ratificación de las prisiones para Federico Gatica y Diego Luthers: “hicieron uso del derecho de revisión, pero las doctoras González y Moreno ratificaron la necesidad de que lleguen detenidos al juicio”.

Bronca de la gente

“El Tribunal entendió lo que nosotros venimos diciendo hace meses, las probation no son un instituto que correspondan para este tipo de causas. Las causas de corrupción necesitan investigarse a fondo, esclarecerse, y si hay pruebas suficientes, accionar sobre los responsables”, aseveró por su parte el abogado Eduardo Hualpa, letrado de la querellante Iniciativa Ciudadana contra la Corrupción.

“No se puede utilizar este mecanismo que está destinado para congestionar los tribunales, para que se ocupen de las causas más importantes, porque esta causa es de las más importantes”, sostuvo.

“Entendemos que la ciudadanía reclama que se investiguen estos hechos a fondo y hay normas que garantizar este derecho para la averiguación de la verdad. No es un capricho nuestro, sólo basta recorrer las calles para darse cuenta la bronca que tiene la gente contra la corrupción y qué hacemos nosotros como comunidad para que esto deje de ser así”, señaló.

“Los tribunales tienen una parte de la tarea, deben investigar con energía y a fondo todos estos hechos”, pregonó el letrado.

 

 

 

 

Radio 3

Se suspendió el juicio por el caso llamado “El Embrujo”. Antes de realizarlo, se deberán resolver los pedidos de probation.

Los jueces Marcela Pérez, Alejandro Soñis y Ricardo Rolón, después de un cuarto intermedio hasta las 15 horas, decidieron suspender el debate hasta que se resuelvan los pedidos de probation (suspensión de juicio a prueba) que solicitaron 6 de los imputados que no son funcionarios públicos.

Este miércoles a las 9 horas será la audiencia con el juez Sergio Piñeda para decidir el pedido previo.

La causa se reiniciará cuando se sepa quiénes serán beneficiados con las probation que habían sido solicitadas este martes en la primera audiencia.

Red 43

Este jueves se realizará en Rawson una nueva audiencia en el marco de la Causa Revelación en la que el Ministerio Público Fiscal solicitará la extensión de los plazos de investigación, para terminar de elaborar la acusación formal.

Asimismo, se informó que quedarán en libertad los imputados en la causa, ex funcionarios y empresarios, que se encuentran actualmente con prisión preventiva domiciliaria ya que se cumple el plazo de 8 meses dictaminado en su momento por la Justicia.

En la misma jornada unos 15 empresarios presentarán el pedido para acceder a la Probation (suspensión de juicio a prueba) a la que ya han accedido otros imputados (Ignacio Salaverry, Esteban Torraca, Patricio Musante y Oscar Peña).

Para acceder a este instituto los empresarios deberán ofrecer una reparación del daño económico a través de la ejecución de obras. Desde el Ministerio Público fiscal se ya se había anticipado que este sería el camino que permitiría a la sociedad recuperar parte del dinero afectado.

Radio 3

El fiscal Iturrioz dijo que tanto él como Bastida, tenían “un rol menor al de quienes están imputados como organizaciones de la asociación ilícita. Eran valijeros”, indicó.

El fiscal Héctor Iturrioz informó que el empresario de Comodoro Federico Piccione quedó en libertad este martes y que deberá cumplir “pautas mínimas de conducta”. Explicó que, de la misma forma que el empresario Pablo Bastida -quien esperará en libertad el juicio oral- “el rol que tenían era por mucho menor al de quienes están imputados como organizaciones de la asociación ilícita”, en el marco de la causa Revelación. Ambos “eran valijeros”, recordó el fiscal.

“Hoy se resolvió otorgarle la libertad a Federico Piccione con pautas mínimas de conducta: presentarse una vez por semana ante la comisaría Tercera, el mantenimiento de la prohibición de contacto por cualquier medio con imputados y testigos y la prohibición de salir del país”, detalló Iturrioz en una rueda de prensa de la que participó ADNSUR.

“Entiendo que fue lo mismo que pasó ayer con (el empresario de Trelew Pablo) Bastida. El rol que tenían era por mucho menor a quienes están imputados como organizadores de la asociación ilícita. Eran valijeros. La prueba de sus delitos fue fácil de colectar”, resumió Iturrioz.

Dijo además que la pena mínima, en caso de ser hallados culpables, “será de tres años, y si no tienen ancedentes penales, a los 8 meses tienen que recuprar su libertad”.

“En cumplimiento de las mandas internacionales pedimos la libertad” de Piccione, quien “venía cumpliemdo arresto domiciliario y siempre cumplió con todo”, agregó.

Por la causa Revelación sólo siguen detenidos exfuncionarios: Diego Correa, Diego Lüters, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Alejandro Pagani y Víctor Cisterna; algunos de ellos con prisión deomiciliaria.

Audiencias de las probation

Ante la consulta de ADNSUR, Iturrioz confirmó que el próximo 21 será la audiencia para tratar la suspensión de juicio a prueba para imputados. “Hay 9 peticiones a tratar y puede ampliarse” el número. “Se escucharán las ofertas en la audiencia; algunas se escuchaorn informalmente en el Ministerio Público Fiscal y eran sumamente estrechas”, contó el fiscal.

Consideró que “la concesión del Instituto podría comenzar a cumplirse” y respecto de si ayuda el contexto para dar nuevas probation, explicó: “se dan y el empresario no sabe si va a poder cumplirlas o no pero es la situación en la que nos encontramos. En cada circunscripción se trata distinto”.

ADN Sur

Se viene una «ola» de pedidos de probation en la causa que investiga los retornos de la obra pública. Hay casos avanzados entre los abogados de los empresarios y los fiscales. Todas las obras ofrecidas rondan entre los $ 3 millones y los $ 5 millones. En los borradores hay arreglos de escuelas, obras para actividades deportivas y sociales y centros para discapacitados.

Una fuente de la Justicia confirmó a EL CHUBUT que «el 90% de los empresarios están pidiendo la probation». Los imputados del club de la obra pública ya hicieron diversos ofrecimientos para acogerse a la suspensión de juicio a prueba.

«Están haciendo ofrecimientos de reparación, algunas fueron desestimadas porque tenían inversiones muy chicas», confió a este Diario un funcionario judicial que dio a conocer los pormenores de la causa Revelación.

El abogado penalista Emilio Galende que patrocina al empresario Juan Carlos Villegas habría trasladado una propuesta a los fiscales de la causa «Revelación» orientada a la construcción un centro para discapacitados en la ciudad de Puerto Madryn. De acuerdo a las dimensiones, la obra rondaría entre los 4 y los 5 millones de pesos.

También circularon ofertas para realizar mejoramientos en establecimientos educativos y la construcción de proyectos vinculados a actividades deportivas y sociales.