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Prisión preventiva

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A pedido de los representantes de la Fiscalía, Ezequiel Forti y Guillermo Moré, el juez Jorge Criado dispuso la prisión preventiva de los cinco imputados, en la audiencia de apertura de la investigación. Dos varones cumplirán la medida en comisaría, en tanto que las dos mujeres adultas y una menor, permanecerán en arresto domiciliario por falta de lugares de detención apropiados para mujeres. Se les imputa provisoriamente, homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, a uno de los varones en calidad de autor y al resto de los imputados como partícipes.

El hecho ocurrió en una vivienda del Barrio Sudelco, el domingo a la madrugada. Se realizaba una reunión de la que participaban al menos nueve personas. En ese contexto se produjo una discusión de algunos de los presentes con Brian Raúl Sánchez por un conflicto suscitado tiempo atrás. Una de las mujeres le arrojó una botella a Sánchez, impactándolo en el pecho. Se incrementó el nivel de agresión, sumándose a la discusión los cinco imputados. Uno de ellos portaba un arma blanca.

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalia, obrando en conjunto y coordinadamente agredieron a Brian Raúl Sánchez y a un amigo de este arrojándoles piedras, cuando ambos se retiraban de la morada. Sánchez no tuvo posibilidades de defenderse debido a la superioridad numérica de sus agresores y el aumento de su poder ofensivo. La agresión que se inició en el interior de la vivienda, continuó en la vía pública ya que tanto la víctima como su amigo intentaron huir sin oponer por calle Desalojo de 37. En el trayecto Sánchez fue apuñalado y no pudo continuar la marcha.

Medida de coerción

El funcionario Guillermo Moré solicitó el dictado de la prisión preventiva de los cinco imputados por peligro de fuga y de entorpecimiento procesal por un plazo de sesenta días. Para fundarlo habló de la gravedad del hecho, de la conducta desplegada por los imputados durante el mismo y con posterioridad para procurar su impunidad. El fiscal Forti se refirió al resultado de las ruedas de reconocimiento realizadas instantes previos a la audiencia, en las que ambos imputados varones fueron reconocidos por los testigos.

La defensora pública Valeria Ponce realizó una valoración distinta de los sucesos. Cuestionó las agravantes del homicidio escogidas por los acusadores, se refirió a las conductas de sus defendidos y resaltó que no hay elementos para considerar que exista riesgo de fuga, ni prueba que puedan entorpecer. También participó de la audiencia la Asesoría de familia. Miguel Contreras habló de los derechos de la menor imputada y de su especial situación de acuerdo a la normativa vigente.

Finalmente el juez Jorge Criado interpretó que hay sobrados elementos para esta etapa que vinculen a los imputados con el crimen de Sánchez. También entendió contundentes los elementos llevados por la Fiscalía para fundar los riesgos procesales y dispuso la prisión preventiva por el plazo solicitado. Aclaró que diferencia la situación de las imputadas porque no hay lugares de detención para mujeres en la zona, sino que el centro más cercano se encuentra en Trelew y considera que el traslado allí, en esta etapa del proceso sería desmesurado.

En cuanto a la menor de edad, decidió su internación en el Hogar de Adolescentes o bien en el Cose. Esta definición fue modificada luego de que la Asesoría informara las condiciones de ambos centros y requiriera el arresto domiciliario tal como se dispuso para las mayores de edad.

Tres de los cuatro detenidos por el crimen del ex secretario de Cristina y Néstor Kirchner, Fabián Gutiérrez, ocurrido hace 14 días en El Calafate, fueron procesados hoy con prisión preventiva, acusados del delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa”, confirmó hoy a la prensa el juez penal de esa ciudad santacruceña Carlos Narvarte.

La decisión del magistrado recayó sobre los acusados Facundo Zaeta (19), Facundo Gómez (20) y Pedro Monzón (18), quienes continuarán en prisión, mientras que dictó la falta de mérito para el cuarto imputado, Agustín Zaeta (23), sobre quien dispuso una medida cautelar para que no pueda abandonar la ciudad sin previa autorización y deberá presentarse ante el juzgado cada 15 días.

En una conferencia de prensa que comenzó minutos antes de las 17, el juez Narvarte explicó que resolvió “la autoría y la coautoría” del asesinato de Gutiérrez, ya que “en principio sería facundo Zaeta (el autor), pero todos en alguna medida han colaborado para la consumación de este homicidio”.

Por eso, dijo que decidió procesar a Zaeta, Gómez y Monzón por el delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa” -es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso el robo-, cuya pena en expectativa es la de prisión perpetua.

En cuanto a Agustín Zaeta, el magistrado señaló que “no había elementos que indicaran que estuvo en el lugar del hecho”, por lo que dictó la falta de mérito y será liberado en las próximas horas.

Sin embargo, dispuso una medida cautelar por la cual “no puede salir de la ciudad sin previa autorización” del juez del caso “y deberá presentarse cada 15 días en el juzgado durante dos meses”.

Consultado sobre el móvil del crimen, el juez Narvarte manifestó que es “económico”, ya que los imputados “buscaban dinero y sabían que esta persona (Gutiérrez) lo tenía, por la cual empezaron a gestar la idea”.

Asimismo, y de acuerdo a las pruebas recolectadas, estableció que Facundo Zaeta ingresó primero a la casa del empresario, “por la relación que tenían” y que posteriormente entraron a la vivienda Gómez y Monzón.

“La víctima logra reconocer a uno de los imputados y por eso deciden todos terminar la vida de Gutiérrez para lograr su impunidad”, dijo el magistrado y agregó: “Está muy claro en la autopsia, hay una heteroagresión, por la cual fueron varias personas las que lo agredieron en distintas partes del cuerpo, hasta que uno le causa la muerte”.

Por su parte, el juez Narvarte expresó que “faltan muchas pruebas que incorporar” y “mucho trabajo”, y que una de las medidas que tiene pensada llevar a cabo “a partir del lunes” es un careo entre los imputados, mientras aguarda el resultado de las “pericias telefónicas”.

También adelantó que va “a convocar a las partes” para conocer si quieren “realizar algún peritaje más en el cuerpo” de la víctima, y en el caso de no surja ningún pedido, poder realizar la entrega “a los familiares”.

Si bien aclaró que “faltan detalles”, aseguró creer “que se ha esclarecido la causa casi en un noventa por ciento”.

El empresario Gutiérrez fue hallado enterrado y envuelto en una sábana el sábado 4 de julio en los fondos de una casa de la calle Cañadón Seco, del barrio Aeropuerto Viejo, de El Calafate, luego de permanecer desaparecido desde el jueves anterior.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió por “asfixia mecánica” y que había recibido golpes en la cabeza y en el cuerpo y tres puntazos en la zona del cuello.

Tras numerosos incumplimientos de prohibición de acercamiento el imputado Miguel Alejandro Quiñelaf deberá cumplir treinta días de prisión preventiva en el marco de una audiencia de control de detención que se realizó por video conferencia.

El juez Nieto Di Biase resolvió otorgar la prisión preventiva a Miguel Alejandro Quiñelaf por el pazo de treinta días por considerar que existe peligro de entorpecer el proceso. Además dispuso la apertura de investigación por el plazo de seis meses. El Ministerio Público Fiscal en este hecho de violencia de género estuvo representado por el Fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, quien fundamento el pedido de prisión preventiva por el plazo de treinta días, aportando antecedentes que dan cuenta que el imputado violó en varias oportunidades la prohibición de acercamiento. Rivarola, en consonancia con pautas establecidas por el Procurador General, Jorge Miquelarena, indicó que se aplicará el protocolo de violencia contra la mujer aprobado dias atras.

Varios hechos y antecedentes

A partir de denuncias radicadas por situaciones de Violencia de Género, tanto en sede penal como en el Juzgado de Familia, en el marco del expediente Nro. 42/2020 la Sra. Jueza subrogante Dra. Apaza, dispuso “Prohibir por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días el acercamiento del Sr. Miguel Alejandro Quiñelaf a los lugares de actividades habituales, estudio, trabajo y cualquier otro donde la Sra. M S M se encuentre. En segundo lugar “hacer saber al Sr. Miguel Alejandro Quiñelaf que deberá abstenerse de todo acto que implique hostigar, intimidar, amenazas, dañar o poner en peligro la vida de la Sra. M S M de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.  Asimismo y por denuncia, desde el Juzgado de Familia, con fecha 20/02/2020, se dispuso “ordenar al Sr. Miguel Angel Quiñela la prohibición de acercamiento por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días, a los lugares donde desarrolle actividad la Sra. C M R (madre de su expareja) y ordenar al denunciado que cese en los de perturbación o intimidación, en forma directa o indirecta contra la denunciante, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial (art. 239 del C.P.)”.

Posteriormente y en virtud de nuevas denuncias, el día 05/04/2020, desde el juzgado de familia se requirió a la Comisaría de la Mujer que “garantice el estricto cumplimiento de la medida de prohibición de acercamiento del Sr. Miguel Alejandro Quiñelaf respecto de la Sra. M S M, debiéndose fijar una consigna o efectuar varios rondines diarios en caso de constatarse en lo sucesivo el incumplimiento de la misma”. Y con fecha 26/02/2020 se dispuso “hágase saber a la Comisaría de la Mujer que deberá arbitrar los medios para colocar el dispositivo electrónico conocido como tobillera al Sr. Quiñelaf (art. 11 de la ley XV Nro. 12) a fin de reforzar el control y garantizar la efectividad de la medida dispuesta.

No obstante las medidas dispuestas y vigentes, el día 19 de febrero de 2020, siendo aproximadamente las 1700 horas, Miguel Alejandro Quiñelaf, se hace presente en el domicilio de calle Julio A. Roca Nro. 639, lugar donde se hallaba su expareja Sra. M S M, ingresa al interior de la vivienda sin autorización y sorprende a la nombrada en el interior del baño, tomando el teléfono su teléfono celular, a partir de lo cual se produce un forcejeo entre ambos, interviniendo asimismo su madre, quien también vive en dicho lugar, logrando recuperar el celular, luego de lo cual Quiñelaf se retiró. Más tarde, siendo las 1730 horas, Quiñelaf, desde su teléfono, le envía a su expareja  un total de seis audios, en los cuales le manifiesta amenazas, anunciándole que “la va a cagar a tiros a ella y a la persona con la que esté”. En dicho momento MSM se hallaba en el domicilio de sus hermanos en el Barrio Gregorio Mayo, y siendo las 1820 horas, aproximadamente, Quiñelaf se hace presente en dicho lugar y no obstante la resistencia ofrecida por MSM y su hermana, lograr ingresar a la vivienda llevándose consigo a su hijo  de cinco años de edad.

Consecutivamente y siendo las 0420 horas aproximadamente, Quiñelaf en violación de la prohibición de acercamiento dictada, vuelve a apersonarse en el mismo domicilio, exigiéndole que lo deje ingresar, para ver a sus hijos, no accede a su pedido, y efectúa llamado al personal policial, ante lo cual Quiñelaf le manifestó “ ya te voy a agarrar a vos y te la voy a dar… conmigo no se jode, te voy a cagar a palos….si la querés violenta, la vas a tener, vos y tu hija no van a quedar sanas, no me importa llevarme a 2 o 3 milicos”, mientras empujaba la puerta para poder ingresar, luego de lo cual se retiró antes que llegara el móvil policial.

El día 20 de abril de 2020, siendo aproximadamente las 0830 horas, Miguel Alejandro Quiñelaf, se hace presente en el domicilio de calle Tehuelches Nro. 1472, lugar donde se hallaba su expareja María Soledad Mesa, y comenzó a arrojar piedras contra el parabrisas del vehículo de propiedad de aquella, VW Senda, patente AGL 449, provocando rotura del mismo y asimismo abolladura en la puerta del lado del acompañante, a la cuál le aplicó una o más patadas. Ello no obstante las medidas de prohibición de acercamiento vigentes y tener colocada una tobillera electrónica.

Con fecha 04 de mayo de 2020, en distintos horarios de la Madrugada, entre las 0410 a 0430 horas, Quiñelaf, violando la prohibición de acercamiento vigente y no obstante tener colocada pulsera electrónica para contralor, vuelve al domicilio del barrio parque Gregorio Mayo, calle Tehuelches 1472, lugar donde habita su expareja M S M, en donde un una de las oportunidades ingresa por la fuerza al interior de la vivienda manteniendo una discusión con la nombrada. Posteriormente procede a romper la pulsera electrónica, y luego de separada de su cuerpo la deja tirada en las inmediaciones del club deportivo Germinal, más precisamente en el predio perteneciente a Ex –Mulcosur, lugar donde es hallada y secuestrada por personal policial. A continuación pasadas las 0430 horas, es aprehendido el sr Quiñelaf, en inmediaciones del correo de Rawson.

Por otra parte, la presencia de Quiñelaf en el domicilio de la víctima, los días 20/04/202 y en la fecha 4/05/2020, lo ha sido en violación de las normas vigentes tanto a nivel Nacional como Provincial (DECNU), que imponen el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas que se hallan en nuestro territorio, en virtud de la pandemia del virus.

Calificación legal provisoria

Por todos los antecedentes y hechos referidos el fiscal Fernando Rivarola encuadró la calificó legal en “violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia, amenazas en concurso real con violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia, desobediencia en concurso real con amenazas, desobediencia en concurso real  con daño, desobediencia en concurso real con Violación de Domicilio y daño, violación art. 205.

Producido por el Area de Comunicación Institucional de la Procuracion General sede rawson.

Hoy se concretó por videoconferencia la audiencia de ampliación del plazo de investigación y revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Marcos Gallardo por un hecho acontecido el pasado 30 de noviembre de 2019. La fiscal solicitó se autorice la ampliación del plazo de investigación por tres meses y se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por igual término. Por su parte el defensor ofreció prueba y el imputado voluntariamente accedió a declarar, negando su participación en el hecho.

Presidió el acto como juez subrogante Martín Cosmaro; en representación del Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa de gallardo fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.

El ilícito investigado acontece el pasado 30 de noviembre de 2.019, siendo las 22.10 hs aproximadamente, en ocasión en que Gisel Pérez y Carlos Llanos se encontraban en el exterior del edificio 75, sector 8 , del Barrio 30 de octubre, de esta ciudad a bordo del rodado de propiedad de Pérez. Arribó al lugar Marcos Luis Gallardo a bordo de otro rodado, frenó frente al de las víctimas , se bajó del mismo con un arma de fuego y con claras intenciones de darles muerte tanto a Pérez como a Llanos realizó al menos cuatro disparos hacia la humanidad de ambas víctimas lesionando en primer término a Pérez en el flanco izquierdo, lesionando su tórax y brazo izquierdo para luego dar la y ya del lado derecho, del lado del acompañante efectuó al menos dos disparos contra la humanidad de Llanos lesionando su brazo derecho y la ingle . Luego del ataque armado Gallardo emprendió la huida a bordo de su vehículo.

Posteriormente al hecho ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional, donde fueron asistidos. Como consecuencia del ataque armado Gisel Pérez permaneció internada en terapia intensiva con un cuadro de gravedad ya que el proyectil que se extrajo afecto órganos internos según el parte informado por el profesional que la asistió; en tanto a Llanos se le extrajeron dos plomos desnudos calibre a determinar. Ambos tuvieron evolución favorable por la rápida intervención del nosocomio local con secuelas que deberán evaluarse por el médico forense. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, dos hechos; en concurso con portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en calidad de autor para Gallardo.

La fiscal Banfi solicitó al juez se autorice la ampliación del plazo de investigación por tres meses, en virtud de las medidas de prueba que aún restan concretar; y también que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por igual termino en base a la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte el imputado accedió a declarar negando su participación en el hecho y asegurando que no estaba en su voluntad no someterse al proceso. Seguidamente el defensor ofreció prueba y se opuso a la continuidad de la medida de coerción que pesa sobre su pupilo ya que a su entender “no existe peligro de fuga en el caso”. Solicitando su “libertad con presentaciones semanales ante la autoridad judicial y subsidiariamente su arresto domiciliario”. Por último no se opuso a la ampliación del plazo de investigación.

Finalmente el juez penal resolvió autorizar la ampliación del plazo de investigación por tres meses y asimismo mantener la prisión preventiva del imputado por igual término.

Se revisó la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda quien está detenido desde el 19 de junio de 2018 por el homicidio de Fabián Cayunao, en una audiencia efectuada por videoconferencia, donde los jueces penales César Zaratiegui y Sergio Piñeda dispusieron la continuidad de la medida de coerción hasta la realización del juicio oral y público.

El fiscal general Enrique Kaltenmeier recordó el hecho ocurrido en la madrugada del 18 de junio de 2018 en el barrio Constitución, cuando el detenido golpeó violentamente a Fabián Cayunao y luego lo ejecutó efectuando dos disparos con una pistola calibre 9 mm., uno en la cabeza y otro en el tórax. Tras matar a Cayunao, el imputado arrastró el cuerpo de la víctima desde el departamento por la escalera hacia el frente del monoblock y lo dejó tirado en la vereda para posteriormente prender fuego el auto que pertenecía al agredido.

Después regresó al departamento, baldeó y limpió con agua pisos, paredes y muebles de la vivienda, además de los espacios comunes que son pasillos y escaleras. Antes que se allanara su casa arrojó por la ventana el arma homicida, un celular de su víctima y la llave de su auto entre otros elementos.

En la audiencia, el doctor Kaltenmeier señaló que no había variado ninguna de las razones por las cuales el doctor Fabio Monti valoró como fundamentos de la prisión preventiva de Ojeda el 22 de octubre de 2019, fecha en que se revisó por última vez y se elevó la causa a juicio oral y público.

Por su parte, el defensor Lisandro Benítez pidió el arresto domiciliario de Ojeda al considerar que lleva casi dos años detenido y que en el marco de la cuarentena con controles policiales y una presencia más fuerte de la fuerza que en condiciones normales era posible evitar los peligros procesales morigerando de esta manera la prisión preventiva.

Los Jueces Zaratiegui y Piñeda entendieron que lo expresado por el defensor no era un argumento suficiente y al no haber variado los elementos analizados en octubre la prisión preventiva de Luis Alberto Ojeda debe continuar en principio hasta el próximo 6 de mayo, fecha fijada para el inicio del juicio oral y público. No obstante, esa fecha puede verse afectada por la situación sanitaria que se atraviesa.

La Justicia del país latinoamericano decretó la medida contra el célebre exfutbolista y su hermano Roberto, quienes fueron detenidos el 6 de marzo.

La estrella del fútbol brasileño fue detenida junto con su hermano por ingresar en Paraguay usando unos pasaportes falsificados. Según explicó la magistrada Clara Ruiz Díaz, quien decretó la prisión preventiva para el exfutbolista, se trata de «un hecho punible grave, porque atentó contra los intereses de la República, contra el Estado paraguayo».

De acuerdo con la magistrada, se optó por esta medida porque «hay peligro de fuga y obstrucción», ya que Ronaldinho «no tiene arraigo» en este país latinoamericano. La Policía dió con los pasaportes falsificados tras efectuar un registro de la habitación del hotel donde se hospedaban los hermanos después de que se conociera que utilizaron pasaportes falsificados para entrar en Paraguay.
Ronaldinho y su hermano Roberto salieron de Sao Paulo usando sus documentos brasileños, pero ingresaron en el aeropuerto internacional de Asunción usando documentos ilícitos, informó el fiscal Federico Delfino, a cargo de la causa contra la exestrella del FC Barcelona y su hermano. Estos, a su vez, declararon ante las autoridades e informaron de que fue el empresario Wilmondes Sous Lira el que les proporcionó los documentos falsificados. Sous Lira también fue detenido por la Policía.

Cuando la fama no te salva: la detención de Ronaldinho en Paraguay

Lo definieron los jueces este jueves pasado el mediodía. La audiencia de cesura de pena, en tanto, fue fijada para el jueves que viene.

 Los jueces finalmente resolvieron que Oscar «Chito» Alarcón -declarado culpable por enriquecimiento ilícito- quede en prisión preventiva, tal como habían solicitado los fiscales. La audiencia de cesura de pena, en tanto, fue fijada para el jueves que viene.

En fallo dividido, los jueces Mirta Moreno y Sergio Piñeda resolvieron la prisión preventiva para Alarcón por el riesgo de fuga, según pudo saber ADNSUR. El juez Marcelo Nieto Di Biase, en cambio, había propuesto la libertad y prohibición de salir del país.

Tal como estaba previsto, este mediodía se llevó a cabo en la oficina judicial de Rawson, la lectura del veredicto en la causa contra Oscar “Chito” Alarcón. Los jueces Marcelo Nieto Di Biase, Mirta Moreno y Sergio Piñeda hallaron  al ex funcionario culpable por el delito de enriquecimiento ilícito.

A instancias del fiscal general Fernando Rivarola y al no existir oposición de la defensora Leyla Manyauik, el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase dispuso la prisión preventiva por el término de dos meses contra dos jóvenes de Rawson que entre el lunes y el martes pasado produjeron una seguidilla de hechos que de ser probados podría enviarlos a prisión ya que los delitos que les endilga el Ministerio Público Fiscal tienen previstas penas de cumplimiento efectivo.

Se trata de N.M. Viera y M. Díaz, ambos con domicilio en la capital provincial, que por el sistema de videoconferencia en la tarde de este viernes fueron sometidos a una audiencia de control de detención y de apertura de la investigación la que, desde Trelew, dirigió el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase.

Defendidos ambos por la abogada Leyla Manyauik, el Ministerio Público Fiscal que dirige la investigación estuvo representado por el fiscal general Fernando Rivarola y la funcionaria de fiscalía Silvana Lagarrigue.

Un menor, amenazas, daños y disparos

El primero de los tres hechos investigados se produjo el lunes pasado cuando bajo amenazas con un arma, ambos individuos junto a un tercero que conducía un Fiat Uno o similar, hicieron subir por la fuerza a un menor de 16 años de edad para luego dejarlo a varias cuadras del lugar, además de sustraerle el teléfono celular y 800 pesos. También al menor lo golpearon en el rostro al momento de exigirle que dé a conocer la clave para el uso del aparato.

Al día siguiente cerca de las 2 de la madrugada, se dirigieron a un complejo de departamentos de la calle Ricardo Morel de Rawson. Se movilizaban en un vehículo Ford Focus al que dejaron estacionado en las inmediaciones para ingresar por la fuerza a dos departamentos, amenazar a sus ocupantes y en actitud intimidatoria con un arma de fuego, preguntar por el propietario de un WW Senda de color rojo que se hallaba estacionado en el lugar. Al no poder dar con éste, se alejaron, pero antes destruyeron los vidrios del vehículo.

Horas después M.M. Viera llegó en un taxi a un domicilio de la calle Benito Fernández. Allí disparó un arma de fuego en varias oportunidades contra el frente de la casa de un vecino del lugar, para luego huir en el mismo vehículo.

Allanamientos

Las tareas de pesquisas realizadas por personal de la División Investigación permitió reunir datos y fundamentos para que el juez Nieto Di Biase ordenara tres allanamientos y ordenara la detención de Viera y Díaz. Los sujetos entregaron el teléfono celular robado al menor de edad. También un arma que resultó ser réplica de la usada en las intimidaciones y los disparos que Viera efectuó en el tercero de los hechos investigado.

Para el fiscal general Rivarola existe una “resolución delictiva y una fuerte motivación de ambos con fuente en actividades ilícitas” y que pudieron haber tenido graves consecuencias. En sus fundamentos para pedirle al juez Nieto Di Biase la prisión preventiva para ambos, destacó también “la seguidilla de hechos cometidos, ser una de las víctimas altamente vulnerable por su condición de menor de edad, haber violado dos domicilios para hallar al propietario del vehículo de color rojo, además de haber amenazado y atentado contra la seguridad de las personas”.

Variedad de delitos

Los delitos que se les imputan a ambos son los de violación de domicilio, daño, amenaza y abuso de armas, robo en poblado y en banda. Las penas estimadas en caso de ser hallados culpables son de entre 5 y 20 años, por lo que existe el riesgo de fuga de no haber resuelto el juez la prisión preventiva. Además se teme por el posible entorpecimiento de la investigación de permanecer en libertad durante el proceso. Para Rivarola esta actitud ya ha quedado evidenciada cuando uno de los individuos entregó una réplica del arma usada intentando engañar a los investigadores. Además en este sentido el jefe de los fiscales de Rawson argumentó que es factible de que testigos de los hecho puedan ser amenazados, igualmente las víctimas y la necesidad de realizar ruedas de reconocimiento de personas.

La defensora de ambos individuos no se opuso a la prisión preventiva por el plazo de dos meses y además estuvo de acuerdo con la apertura de la investigación.

Tras el fallo, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams mostraron satisfacción y adelantaron que en la audiencia de cesura de pena del jueves pedirán prisión efectiva para los casos más comprometidos. Para Diego Correa van a solicitar una pena mayor a los 10 años.

Rodríguez aseguró que los jueces “explicaron acabadamente cómo funcionó este grupo”.

Reconoció que hubo bienes adquiridos por Correa que quedaron fuera de la imputación de enriquecimiento ilícito ya que los compró cuando no era funcionario público. “Tenemos que analizar cuáles son los bienes que quedaron dentro para decomisarlos; los otros veremos su situación jurídica”. Los bienes decomisados serán administrados por el Superior Tribunal de Justicia “Una vez que se ordene el decomiso, irán a un destino específico que decidirá el Poder Judicial”.

Por su parte, Williams destacó que no conoce antecedentes en la Argentina de condenas por lavado de activos provenientes del erario. “Estamos muy satisfechos porque el veredicto abarca a todas las hipótesis de investigación que trajimos al juicio, salvo cuestiones menores no centrales”.

Respecto del delito de lavado de dinero, advirtió que “desde el punto de vista institucional, el fallo es muy importante para el Poder Judicial. El dinero espurio del erario fue investigado por la misma Justicia provincial, con esta condena”.

Según el parte de prensa de Fiscalía, la investigación de El Embrujo se inició a fines de 2017 en medio de duras restricciones presupuestarias para el Poder Judicial no obstante reclamos y gestiones. El fiscal dijo que “el veredicto debe marcar un punto de inflexión. La falta de recursos fue una dificultad para la investigación. La temática de la corrupción ya está instalada y bienvenido que exista una oficina especializada”, dijo en relación a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

“Los recursos fueron muy escasos y a pesar de esas dificultades se logró una condena. Los recursos humanos están y los recursos materiales han sido nulos. Hay que mejorar lo material y ampliar el recurso humano. Si la expectativa de la gente va a depender sólo de dos personas, no vamos a tener los resultados que demandan”.

En cuanto a las penas que se debatirán el jueves a las 8, “a la luz de lo que pasó en el debate, la expectativa de pena que vamos a pedir va a ser superior a los mínimos que fijamos. Pediremos penas de efectivo cumplimiento porque no son todos los delitos iguales, tienen particularidades y además todos los delitos son defraudaciones al Estado”.

Jorge Miquelarena, procurador general, dijo que “estamos satisfechos pero no alegres porque no le causa eso a nadie que se condene a una persona a prisión. No me causa alegría sobre todo cuando se trata de gente que uno conoce”.

Dijo que el fallo del Tribunal “meritua muy bien cada cuestión. Hicieron un límite temporal desde diciembre de 2015”.

Subrayó que los jueces Alejandro Soñís, Marcela Pérez y Ricardo Rolón “tuvieron una tarea digna de elogios y sin escatimar esfuerzo, viniendo cada uno de su jurisdicción para el debate más importante de la historia judicial de la provincia en corrupción”.

El procurador adelantó que para debatir las pena “vamos a analizar los tipos penales por los cuales se atribuyó responsabilidad a cada uno; no es lo mismo un concurso real o ideal”. También se revisarán los agravantes. Por ejemplo, para el contador Federico Gatica, se eliminaron ambos.

Miquelarena también deslizó que “sin dudas hay que fortalecer” la Unidad Anticorrupción. “Nos manejamos como pudimos, con lo que pudimos y por eso resalto el terrible trabajo de horas hombre de fiscales y colaboradores. Pero debe ir acompañado necesariamente de tecnología, espacios y medios de movilidad adecuados”.

“Esta Unidad nació para quedarse. Pero lamentablemente si hacemos un chequeo de las causas que ya tienen apertura y las que están por tener, se da cuenta que tendrá que continuar, lamentablemente para todos”.

El procurador también consideró “inédita” la condena por lavado de dinero proveniente de la corrupción. “Conozco pocos fallos por lavado pero por dinero del narcotráfico o el tráfico de armas. Es el primer precedente del país de este tipo”.

El cantante de cumbia Rubén Darío «El Pepo» Castiñeiras seguirá detenido y deberá ser trasladado a una unidad penitenciaria por decisión de la justicia bonaerense, que confirmó la prisión preventiva.

Según informaron fuentes judiciales, la decisión fue adoptada ayer por el juez de garantías 2 de Dolores, subrogado por el magistrado Cristian Gasquet, tras el pedido de la fiscal Verónica Raggio, titular de la UFI N° 1 de Dolores.

Gasquet basó su resolución en los resultados de las pericias que indicaron que la noche del accidente el cantante estaba bajo la influencia de drogas,así lo reseña Télam.