Tag

prision

Browsing

Tras la denuncia efectuada por la madre de la nena -y posterior trabajo efectuado en coordinación entre el Ministerio Público Fiscal, la comisaría de la mujer y la asesoría de menores- se produjo la detención de una persona imputada por abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años, por lo que este lunes se desarrolló a través de videoconferencia la respectiva audiencia de control de detención con la participación de las partes. En ella, la jueza resolvió la prisión preventiva del abusador por el término de tres meses.

El hecho que se le imputa al detenido es el cometido en perjuicio de una menor de 14 años quien es hija de la esposa del sindicado y con quien convive. Según relató la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra los abusos habrían comenzado cuando la pequeña tenía 8 años en oportunidades en que se encontraba a solas con ella. Por esas circunstancias la víctima se fue a vivir con su padre biológico atemorizada sin poder contar su padecimiento a ninguna persona.

Posteriormente la menor volvió al hogar materno con 12 años conviviendo con el abusador, su progenitora y dos hermanas pequeñas. Desde ese momento nuevamente el imputado comenzó a abusar de ella aprovechando esa situación de convivencia y cada oportunidad en que las niñas menores dormían y la madre se encontraba trabajando. El hombre mantenía amenazada a su víctima manifestándole que si contaba a alguien lo que pasaba él le haría algo malo a sus hermanas pequeñas. Destacó la doctora Gamarra que el último hecho de abuso sexual ocurrió el día 1ro. de mayo del corriente año.

Como elementos de cargo presentados la fiscalía enumeró las denuncias radicadas la pericia ginecológica, el informe victimológico del servicio de asistencia a la víctima del delito y el informe de policía científica basado en una inspección ocular, planimetría y fotografías.

Calificación y solicitudes

La calificación legal provisoria es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma, en la modalidad de delito continuado, artículos 119 tercer párrafo y cuarto párrafo inciso f y 55 contrario sensu del código penal, todo ello enmarcado en la ley de violencia de género número 26845. Solicitó la apertura de la investigación por el plazo de seis meses fijado por las normas, quedando a cargo el fiscal Marcos Nápoli junto a la propia funcionaria Julieta Gamarra.

Argumentó además sobre la materialidad del hecho y la autoría que se desprende de la denuncia penal que ha sido radicada por la progenitora de la cuál surge claramente quien abusó sexualmente de la menor. Expuso sobre el peligro de fuga al hablar en referencia a la gravedad del hecho y la expectativa de pena que va de un mínimo de ocho años a un máximo de 20 años de prisión y solicitó la prisión preventiva. Todos los argumentos fueron refrendados por el asesor de menores participante en la audiencia, Pablo Rey.

Posición defensiva

Para la defensa que fue ejercida por Javier Allende no hubo oposición ni al relato del hecho ni a la calificación penal y remarcó que el imputado no tiene antecedentes condenatorios ni existen indicios que pueda querer fugarse o haya intentado hacerlo con arraigo en el lugar y tratarse de una persona de trabajo. Agregó que tampoco se puede ver que pondrá en peligro la investigación y refirió a la emergencia carcelaria vigente hasta junio de este año con falta de lugares para detenidos y profundizar sobre las condiciones de detención para finalizar pidiendo el arresto domiciliario.

Resolución

En su resolución la Jueza María Tolomei consideró que la detención del imputado es legal y determinó la apertura de investigación por los plazos legales y la calificación fiscal. Expresó que la denuncia es muy reciente y el Ministerio Público Fiscal tiene elementos suficientes para acreditar y verificar la materialidad del hecho y la probabilidad de autoría coincidiendo con la fiscalía respecto al peligro procesal de fuga, a la vez que las manifestaciones de la defensa no logran neutralizar el riesgo mencionado con la medida domiciliaria propuesta. Tuvo en cuenta también lo mencionado por la doctora Gamarra respecto de la situación actual en el marco de la pandemia ya que el imputado es una persona de 34 años que no está considerada de riesgo y debe considerarse el caso concreto que hoy se investiga y da cuenta de la peligrosidad de los delitos endilgados. En consecuencia, resolvió la prisión preventiva del abusador por el término de tres meses.

Supo ser de los más cercanos al exgobernador Mario Das Neves. Tiene dos condenas por corrupción y está a un paso de ir a prisión, pero apeló una de las sentencias y pide que le devuelvan el dinero y los bienes decomisados, valuados en 80 millones.

Oscar Roberto Alarcón, “Chito” como se lo conoce, fue uno de los más íntimos colaboradores de Mario Das Neves. Con dos condenas en su contra vinculadas a corrupción en el ámbito gubernamental, presentó un escrito donde pide que le devuelvan cerca de 80 millones de pesos en bienes y propiedades.

Con el patrocinio del conocido abogado Néstor Fabián Gabalachis, el exdirector de Ceremonial y Protocolo del gobierno provincial apeló su condena a cuatro años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito en perjuicio a la administración pública y pide que le revoquen la multa por el 100 por ciento del valor de los bienes.

En el juicio donde Alarcón fue condenado, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chubut, Walter Kobak, valuó los bienes en $ 52.993.770. A valor actual, con la suba del dólar y la inflación, las propiedades tienen un estimado cercano a los 80 millones de pesos.

La sentencia se revisará este martes a las 11 ante los jueces Alejandro Defranco, Roberto Barrios y Martín Montenovo.

Otras causas

Sobre Alarcón pesa otra condena vinculada a la corrupción. Tiene una sentencia a dos años y ocho meses de prisión en la causa conocida como “doble sueldo”, por la cual percibió entre 2015 y 2018 los haberes como empleado de la Municipalidad de Trevelin y también como responsable de ceremonial de provincia. Se lo condenó por fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público y esa la condena ya está ratificada en segunda instancia.

Alarcón trabajó junto a Das Neves desde 1999 y desde su cargo en Ceremonial se transformó casi en la mano derecha de su gestión. Entre 2003 y 2018 el patrimonio de Alarcón trepó a 50 millones de pesos, solamente percibiendo sus sueldos de funcionario público. Su último recibo lo cobró en 2018 y era por 25.714 pesos. Los números no cerraban por ningún lado.

Las propiedades que adquirió Alarcón siendo funcionario son variadas. Cuatro terrenos en Playa Unión, sobre la segunda bajada a trescientos metros del mar; un edificio de locales comerciales en Rawson; y una casa en el barrio Gregorio Mayo.

En las escrituras de las propiedades, al momento de adquirirlas, hicieron constar valores que no llegaban al 5% del real. Según el fiscal Alex Williams «Alarcón declara que pagó 500 mil pesos por el edificio y los cuatro terrenos, cuando el valor comercial era en ese momento de 10 millones de pesos”.

Después de vender, la heredera apoderada, Bárbara Tocho, compró un complejo de cabañas en Las Golondrinas. Los investigadores sospechan que el precio de venta fue fraguado por uno menor, y mantienen una investigación sobre ella y su pareja.

Su imagen despidiendo a Das Neves tuvo amplia repercusión en redes sociales. Con la banda de mando del gobernador en sus manos y lágrimas en los ojos tras organizar su velatorio y posterior traslado, Alarcón afirmó:

“Ahora tenemos que trabajar, yo fui leal a Mario Das Neves, yo le voy a ser leal a Mariano Arcioni y lo voy a acompañar en todo para sacar adelante a la provincia. Son tiempos difíciles”, dijo.

Hoy su presente es difícil. En caso de ratificarse las dos condenas, Alarcón deberá pasar seis años “a la sombra”.

Una audiencia de revisión de prisión al cumplirse los seis meses de prisión preventiva de Ángel Molina impuestos oportunamente tuvo lugar mediante el sistema de videoconferencia. El mencionado está detenido desde el 7 de noviembre de 2010 y el día posterior tuvo lugar la audiencia de control de detención donde se le imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra.

En aquel momento el Juez Sergio Piñeda determinó la prisión preventiva por seis meses no existiendo oposición desde la defensa ni a la medida de coerción ni a los planteos de fiscalía representada por la funcionaria Julieta Gamarra. Justamente la doctora Gamarra en el día de ayer presentó la acusación correspondiente por lo que se cuenta con un sustento mayor a la teoría fiscal sobre el caso.

Refirió la funcionaria a nuevos elementos de cargo como son entrevistas a testigos presenciales y personal policial actuante, pericia balística y sobre mecánica del hecho, el informe mental del imputado que lo ubica dentro de la normalidad jurídica y solicitó la mantención de la prisión preventiva de Molina hasta la audiencia preliminar. También informó que se interiorizó sobre la situación de alojamiento del imputado en la alcaidía donde pudo constatar a través de las autoridades que se halla adecuadamente contenido y resguardado respecto a la pandemia, sin ser una persona de riesgo que se encuentra en un pabellón donde no existe hacinamiento.

El defensor Lisandro Benítez se opuso al pedido fiscal al indicar que no existen dichos elementos nuevos y negó que el arma secuestrada cuatro meses después a Molina fuera el correspondiente al homicida si bien coincide el calibre y la posición del disparo induce a pensar que no fue un resultado querido la muerte de la víctima Sergio Chapingo, sugiriendo que existía una preterintencionalidad. Pidió que se morigere la medida de prisión por un arresto domiciliario incluyendo argumentos relacionados con el covid 19.

El Juez Sergio Piñeda resolvió conforme lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y determinó la prisión preventiva de Angel Molina hasta la audiencia preliminar al considerar que sigue vigente el peligro de fuga por la gravedad del hecho ocurrido a plena luz del día con un arma de fuego y en un barrio con mucha gente circulando, además de la pena en expectativa que alcanzaría los 10 años y seis meses. Para el Juez no se modificó la situación y se reforzó la teoría fiscal con la presentación de la acusación.

El hecho en el cuál está acusado Angel Molina fue el ocurrido el 12 de julio de 2019 cuando aproximadamente a las 15,30 en inmediaciones del barrio Don Bosco de Trelew el mencionado sabiendo lo que hacía y conociendo el poder vulnerante del arma 9 mm que portaba con la clara intención de poner fin a la vida de Sergio Chapingo le efectuó al menos dos disparos ingresando uno de ellos a la altura de la cadera de la víctima con orificio de entrada y salida lo que provocó una hemorragia interna que derivó al día siguiente el deceso del agredido. También se le imputó la ilegalidad de portación de arma de guerra dado que el día 7 de noviembre de 2019 y en virtud que Molina estaba con pedido de captura desde el mes de julio se diligenció un allanamiento y cuando se ingresó a un domicilio sito en Juan Evans fue hallado el imputado siendo detenido y se secuestraron dos armas de fuego: una 9 mm y una carabina de uso civil calibre 22.

Tras numerosos incumplimientos de prohibición de acercamiento el imputado Miguel Alejandro Quiñelaf deberá cumplir treinta días de prisión preventiva en el marco de una audiencia de control de detención que se realizó por el sistema de video conferencia.

El juez Nieto Di Biase resolvió otorgar la prisión preventiva a Miguel Alejandro Quiñelaf por el plazo de treinta días por considerar que existe peligro de entorpecer el proceso judicial. Además dispuso la apertura de investigación por el plazo de seis meses. El Ministerio Público Fiscal, en este hecho de violencia de género estuvo representado por el Fiscal jefe de Rawson, Fernando Rivarola, quien fundamento el pedido de prisión preventiva por el plazo de treinta días, aportando antecedentes y hechos que dan cuenta que el imputado violó en varias oportunidades la prohibición de acercamiento. Ademas el fiscal jefe en consonancia con pautas establecidas por el Procurador General, Jorge Miquelarena, indicó que se aplicará el protocolo de violencia contra la mujer aprobado días atrás.

Varios hechos y antecedentes

A partir de denuncias radicadas por situaciones de Violencia de Género, tanto en sede penal como en el Juzgado de Familia, en el marco del expediente Nro. 42/2020 la Sra. Jueza subrogante Dra. Apaza, dispuso “Prohibir por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días el acercamiento del Sr. Miguel Alejandro Quiñelaf a los lugares de actividades habituales, estudio, trabajo y cualquier otro donde la M S M se encuentre. En segundo lugar “hacer saber al Miguel Alejandro Quiñelaf que deberá abstenerse de todo acto que implique hostigar, intimidar, amenazas, dañar o poner en peligro la vida de la M S M de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Asimismo y por denuncia, desde el Juzgado de Familia, con fecha 20/02/2020, se dispuso “ordenar al Miguel Angel Quiñelaf la prohibición de acercamiento por el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días, a los lugares donde desarrolle actividad la C M R (madre de su expareja) y ordenar al denunciado que cese en los de perturbación o intimidación, en forma directa o indirecta contra la denunciante, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial (art. 239 del C.P.)”.

Posteriormente y en virtud de nuevas denuncias, el día 05/04/2020, desde el juzgado de familia se requirió a la Comisaría de la Mujer que “garantice el estricto cumplimiento de la medida de prohibición de acercamiento del Miguel Alejandro Quiñelaf respecto de la MSM, debiéndose fijar una consigna o efectuar varios rondines diarios en caso de constatarse en lo sucesivo el incumplimiento de la misma”. Y con fecha 26/02/2020 se dispuso “hágase saber a la Comisaría de la Mujer que deberá arbitrar los medios para colocar el dispositivo electrónico conocido como tobillera al Quiñelaf (art. 11 de la ley XV Nro. 12) a fin de reforzar el control y garantizar la efectividad de la medida dispuesta.

No obstante las medidas dispuestas y vigentes, el día 19 de febrero de 2020, siendo aproximadamente las 1700 horas, Miguel Alejandro Quiñelaf, se hace presente en el domicilio de calle Julio A. Roca Nro. 639, lugar donde se hallaba su expareja MSM, ingresa al interior de la vivienda sin autorización y sorprende a la nombrada en el interior del baño, tomando el teléfono su teléfono celular, a partir de lo cual se produce un forcejeo entre ambos, interviniendo asimismo su madre, quien también vive en dicho lugar, logrando recuperar el celular, luego de lo cual Quiñelaf se retiró. Más tarde, siendo las 1730 horas, Quiñelaf, desde su teléfono, le envía a su expareja un total de seis audios, en los cuales le manifiesta amenazas, anunciándole que “la va a cagar a tiros a ella y a la persona con la que esté”. En dicho momento MSM se hallaba en el domicilio de sus hermanos en el Barrio Gregorio Mayo, y siendo las 1820 horas, aproximadamente, Quiñelaf se hace presente en dicho lugar y no obstante la resistencia ofrecida por MSM y su hermana, lograr ingresar a la vivienda llevándose consigo a su hijo de cinco años de edad.

Consecutivamente y siendo las 0420 horas aproximadamente, Quiñelaf en violación de la prohibición de acercamiento dictada, vuelve a apersonarse en el mismo domicilio, exigiéndole que lo deje ingresar, para ver a sus hijos, no accede a su pedido, y efectúa llamado al personal policial, ante lo cual Quiñelaf le manifestó “ ya te voy a agarrar a vos y te la voy a dar… conmigo no se jode, te voy a cagar a palos….si la querés violenta, la vas a tener, vos y tu hija no van a quedar sanas, no me importa llevarme a 2 o 3 milicos”, mientras empujaba la puerta para poder ingresar, luego de lo cual se retiró antes que llegara el móvil policial.

El día 20 de abril de 2020, siendo aproximadamente las 0830 horas, Miguel Alejandro Quiñelaf, se hace presente en el domicilio de calle Tehuelches Nro. 1472, lugar donde se hallaba su expareja MSM, y comenzó a arrojar piedras contra el parabrisas del vehículo de propiedad de aquella, VW Senda, patente AGL 449, provocando rotura del mismo y asimismo abolladura en la puerta del lado del acompañante, a la cuál le aplicó una o más patadas. Ello no obstante las medidas de prohibición de acercamiento vigentes y tener colocada una tobillera electrónica.

Con fecha 04 de mayo de 2020, en distintos horarios de la Madrugada, entre las 0410 a 0430 horas, Quiñelaf, violando la prohibición de acercamiento vigente y no obstante tener colocada pulsera electrónica para contralor, vuelve al domicilio del barrio parque Gregorio Mayo, calle Tehuelches 1472, lugar donde habita su expareja MSM, en donde un una de las oportunidades ingresa por la fuerza al interior de la vivienda manteniendo una discusión con la nombrada. Posteriormente procede a romper la pulsera electrónica, y luego de separada de su cuerpo la deja tirada en las inmediaciones del club deportivo Germinal, más precisamente en el predio perteneciente a Ex –Mulcosur, lugar donde es hallada y secuestrada por personal policial. A continuación pasadas las 0430 horas, es aprehendido el Quiñelaf, en inmediaciones del correo de Rawson.

Por otra parte, la presencia de Quiñelaf en el domicilio de la víctima, los días 20/04/202 y en la fecha 4/05/2020, lo ha sido en violación de las normas vigentes tanto a nivel Nacional como Provincial (DECNU), que imponen el aislamiento social preventivo y obligatorio para todas las personas que se hallan en nuestro territorio, en virtud de la pandemia del virus.

Calificación legal provisoria

Por todos los antecedentes y hechos referidos el fiscal Fernando Rivarola encuadró la calificó legal en “violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia, amenazas en concurso real con violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia, desobediencia en concurso real con amenazas, desobediencia en concurso real con daño, desobediencia en concurso real con Violación de Domicilio y daño, violación art. 205.

 

Audiencias de control de la prisión preventiva y ampliación por el homicidio de Alexis Cueva

En la fecha se concretó en la forma de videoconferencia dos audiencias una de control de la prisión preventiva que pesa sobre los imputados Leonardo Bustamante y Renzo Muñoz ; y otra de ampliación del plazo de investigación, en relación al homicidio de Alexis Cueva acontecido el pasado 23 de noviembre de 2019. La representante de fiscalía requirió se continúe con la prisión preventiva que vienen cumpliendo ambos imputados y se amplíe el plazo de investigación. Por su parte la defensa de Muñoz pidió su libertad y como alternativa su arresto domiciliario; en tanto que la de Bustamante su arresto domiciliario.

Presidió la primer audiencia de prórroga del plazo de investigación los jueces Jorge Odorisio y Martín Cosmaro; en tanto que la segunda de control de la preventiva Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Camila Banfi, fiscal general; la defensa de Muñoz fue ejercida por Carolina Cruz y Elizabeth Yapura; en tanto que la de Bustamante por Cristina Sadino.

En la primera audiencia la fiscalía pidió se prorrogara el período de investigación por 4 meses, ya que aún restaban concluir tres pericias que no se pudieron concluir por el Protocolo del Covid-19. Una pericia de ADN, una documentológica y la última la pericia a los celulares secuestrados. La defensora de Bustamante se opuso a la prórroga sosteniendo que ya estaba el tiempo para acusar; al igual que las defensoras de Muñoz. Los jueces Odorisio y Cosmaro otorgaron la ampliación del plazo de investigación del caso por el término de 4 meses.

Luego de esta audiencia se hizo la de revisión de la prisión preventiva de los imputados Bustamante y Muñoz ante la jueza natural de la causa Raquel Tassello. La fiscalía solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre ambos imputados, en tanto que las defensa de Bustamante postuló su arresto domiciliario, basado en recomendaciones de la Corte Interamericana sobre personas privadas de libertad que son vulnerables al Covid-19. La defensa de Muñoz pidió su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario. Finalmente la jueza tuvo en cuenta los peligros procesales que aún persisten en el caso y no hizo lugar a lo que proponían las defensas, disponiendo la continuidad de la prisión preventiva de ambos imputados por dos meses.

El hecho investigado:

El homicidio de Alexis Cueva acontece el pasado 23 de noviembre de 2019, entre las 18 y las 22,30 hs aproximadamente, momento en que Renzo Fernando Muñoz, Leonardo David Bustamante y un testigo, se encontraban reunidos en la casa de éste último, sita en Los Nogales al 800 de esta ciudad, cuando llegó la víctima Alexis Esteban Cueva, quien se quedó con ellos compartiendo unas bebidas.

En un momento dado, cerca de las 22.30 del mismo día, se retiran del lugar Muñoz, Bustamante y Cueva a bordo del vehículo Fiat Punto, propiedad de Leonardo Bustamante, y por motivos que a la fecha se desconocen, entre las 22.30 hs. del 23 de noviembre de 2019 y las 13 hs. del 28 de noviembre de 2019, Muñoz y Bustamante dieron muerte a Cueva, acometiéndolo mediante el uso de un arma blanca, asestándole siete puntazos en el cuello, los que provocaron la muerte de Alexis Cueva.

Posteriormente a ello, ambos imputados trasladaron el cuerpo de Cueva en el vehículo señalado, arrojando el mismo en inmediaciones de Arroyo La Mata, ubicado en el camino Juan Domingo Perón, altura de la puerta 4 que da ingreso al Autódromo General San Martin de esta ciudad. Lugar donde finalmente fue hallado el día 28 de noviembre, en virtud de los rastrillajes efectuados por la policía provincial, los cuales se llevaron a cabo debido a la investigación iniciada por la denuncia de desaparición de persona realizada por la madre de la víctima, el día 25 de noviembre de 2019.

A partir de lo decidido por el Juez Gustavo Castro en una audiencia realizada el 24 de este mes cuando resolvió rechazar la morigeración de la medida de coerción que lleva adelante el imputado por tentativa de homicidio Bruno Edgardo Oscar Romero, la defensa que ejerce Laura Fernández pidió revisar la decisión del magistrado en el marco del artículo 236 del código procesal penal y pidió cesar la medida de coerción amparándose en la situación de pandemia. Cabe destacar que la audiencia fue por sistema de videoconferencia con la negativa a participar del propio imputado.

La fiscal general Carolina Marín solicitó la confirmación de lo decidido por Castro dado que se ajustaba a derecho y de acuerdo a los hechos imputados, cuya causa ya fue elevada a juicio oral y público que ha debido postergarse debido a la situación existente, además de reiterar que se mantienen los peligros procesales fundados debidamente en la resolución y no existen riesgos para Romero en relación al covid 19 encontrándose actualmente adecuadamente contenido en tal sentido.

Así lo entendieron los Jueces revisores Fabio Monti y César Zaratiegui quienes ratificaron lo dispuesto por Gustavo Castro. Para Monti la medida se encuentra amparada por la Ley XV número 4 que menciona los tiempos máximos de prisión preventiva y no existen hechos nuevos que impacten o conmuevan los riesgos procesales que persisten.

En tanto Zaratiegui reafirmó la posición de su colega agregando que existen resoluciones respecto a la situación de los detenidos frente a la pandemia que además está expuesta en el escrito de Castro cuando menciona lo determinado por la Jueza María Tolomei en cuanto a la contención y el trato adecuado que debe existir para con los alojados en centros de detención, además que no hay antecedentes de casos en ninguna dependencia de esta ciudad. Por lo tanto, el abogado Bruno Oscar Romero deberá continuar esperando el juicio en prisión preventiva.

El hecho por el cuál se encuentra acusado remite al 16 de abril de 2019 cuando siendo aproximadamente las 20:15 horas, Edgardo Oscar Bruno Romero munido de un arma de fuego tipo pistola semiautomática completamente limada sin número de serie ni marca, con supresor de sonido adosado al caño del arma de fabricación casera calibre 45, se hizo presente en el domicilio sito en Avenida Hipólito Irigoyen 1015 de esta ciudad de Trelew, ingresó al mismo, se dirigió hacia el fondo del predio, en el que se encuentra el taller de tapicería de Horacio Pavés y conociendo el poder vulnerante del arma que portaba, gritando «te voy a matar hijo de puta» le realizó al menos 2 disparos de arma de fuego, alcanzando uno de ellos a la víctima en la región dorsal baja derecha de la espalda, momento éste en que Pavés se gira hacia Romero, se trenza en lucha con el mismo y para resguardar su integridad, con el destornillador que estaba utilizando en el arreglo de una silla se defiende, dándole con el mismo en la cara a su agresor, mientras forcejeaba con éste a fin de evitar que continuara con su ataque y lograra darle muerte.

Romero no logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad dado que la víctima ante gritos de auxilio advirtió a una transeúnte ocasional, la que de manera inmediata dio aviso a los empleados de la carnicería lindera a la tapicería, y provocó la reacción de dos empleados, quienes se hicieron presentes en el predio, siendo uno de ellos quien le saca de la mano a Romero el arma de fuego y llama de inmediato a la policía y a la ambulancia, dado que tanto víctima como victimario se hallaban heridos y fueron trasladados ambos al hospital zonal de la ciudad de Trelew.

La calificación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en calidad de autor, en el marco de los artículos 79, 41 bis, 42,45, 54 y 189 bis inciso segundo, párrafo cuarto del código penal y artículo 4 inciso 3 b) del decreto 395/75 y la pretensión punitiva alcanza a los siete años de prisión de ejecución efectiva.

A través del sistema de videoconferencia con participación de las pares y por exigencia del artículo 235 del Código Procesal Penal, se revisó la prisión preventiva de René Caullán, acusado de abuso sexual y violencia a su expareja en un episodio ocurrido en septiembre de 2018 en Paso de Indios.

La medida coercitiva contra el acusado se encuentra vigente desde el 5 de octubre de 2018, y pasados 6 meses de la última vez en que se debatió, cuando se pasó a la etapa de juicio oral por pedido de la funcionaria de Fiscalía Julieta Gamarra y decisión del juez de Garantías, Fabio Monti, informó un parte de prensa oficial de la Fiscalía trelewense.

El hecho

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Enrique Kaltenmeier, quien relató el hecho por el cual se halla imputado René Caullán ocurrido en Paso de Indios, entre el 20 de septiembre de 2018 por la tarde y la madrugada de 21 de septiembre de 2018, cuando el imputado interceptó a su expareja, una adolescente de 16 años a esa fecha, mientras la joven volvía de la escuela. Mediante amenazas, Caullán primero la obligó a ir a un descampado en las afueras de la localidad donde la insultó y golpeó reiteradamente. Luego la llevó por la fuerza a la casa de un amigo donde continuó golpeándola, y en una habitación de esa casa, Caullán abusó de ella, amenazándola con un cuchillo que tenía en su poder desde un principio. También allí le rompió el teléfono celular a su joven víctima. Tras ello, nuevamente obligó a la jovencita a ir esta vez a su casa, continuando su privación de libertad y amenazándola. Las agresiones físicas continuaron allí, y en una habitación esta vez de su vivienda, Caullán nuevamente abusó de la adolescente, quien solo pudo escapar a la madrugada cuando su agresor se quedó dormido. Estos hechos constituyen los delitos de privación ilegítima de la libertad, agravada por cometerse con violencia y amenazas; abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma; lesiones leves agravadas por el vínculo y por cometerse en el marco de violencia de género; y daño. El Código Penal prevé una pena que va de 8 a 29 años de prisión, y la Fiscalía solicitó en su acusación 18 años.

En la audiencia se reiteraron los motivos por los cuales Caullán continúa con prisión, en razón de la existencia de razones para tener por cierto que el hecho existió como se acusa, y que él es el autor responsable; así como la vigencia del peligro de fuga, por las características gravísimas de los hechos y la alta pena que le puede ser impuesta.

A su turno, la Defensa que fue ejercida por Sergio Rey solicitó el arresto domiciliario de Caullán, como en ocasiones anteriores considerando las condiciones personales y culturales del imputado (oriundo de Paso de Indios), así como la emergencia sanitaria y la necesidad de reducir la población carcelaria.

Los jueces César Zaratiegui y Sergio Piñeda entendieron por unanimidad que no habían variado las razones dadas por el doctor Monti en su oportunidad para mantener la prisión preventiva de Caullán, por la gravedad de los hechos y la pena que prevé el Código Penal, sosteniendo la prisión preventiva hasta el juicio oral. Este juicio oral fue programado por la Oficina Judicial local para desarrollarse a partir del 23 de junio próximo

La Cámara Federal de Casación recomendó a los tribunales federales y nacionales que de ella dependen que otorguen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a los presos en prisión preventiva por delitos no violentos, condenados a penas de menos de 3 años, que estén en condiciones de tener salidas transitorias, mujeres embarazadas o en los grupos de riesgo a raíz del COVID-19.

La decisión es una acordada firmada por la presidenta de la Cámara de Casación Angela Ledesma, los jueces Gustavo Hornos, Alejandro Slokar, Ana María Figueroa (según su voto), Guillermo J. Yacobucci, Eduardo Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci (en disidencia) y Javier Carbajo.

El tribunal recomendó que se adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo en beneficio de las personas en prisión preventiva por delitos no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo. O cuando la prisión preventiva superó los plazos legales.

También recomendó dar prisión domiciliaria a las personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena, a las personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión, a los que estén por ingresar en el régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, a mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas y a personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores o personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del Covid-19.

La recomendación abarca a personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH, informó La Nación. Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados antes de disponer que los envíen a su casa.

Los jueces encomendaron analizar «con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves». También recomendaron a las autoridades penitenciarias el estricto cumplimiento de los protocolos y normas vigentes en materia sanitaria ante la detección de síntomas compatibles con Covid-19 de modo de aislar a los presos dentro del penal y atenderlos.

La medida no es una obligación para los jueces inferiores, pero es una invitación a los abogados defensores a que articulen sus pedidos de libertad domiciliaria. En los considerandos de la acordada se señala que se pretende «aliviar la situación de hacinamiento carcelario con el fin de disminuir los factores de riesgo y facilitar la atención sanitaria ante casos de Covid-19» y, por otro, responder al entorno de aquellos internos que están dentro de alguno de los grupos de vulnerabilidad frente a la pandemia.

«Corresponde aclarar que las medidas recomendadas se motivan exclusivamente en la pandemia Covid-19, motivo por el cual, una vez superada la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, los casos deberán ser sometidos a un nuevo examen», aclararon los jueces. Casación dijo que, sin perjuicio de estas recomendaciones, «los jueces deberán asegurar, en cada caso concreto, el debido proceso legal».

El ex futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, volvió a reír y esta vez con más ganas. Ayer dejó la cárcel y, aunque no recuperó la libertad, su situación mejoró notablemente. Un juez de Paraguay le otorgó la prisión domiciliaria por utilizar un pasaporte adulterado y deberá seguir su proceso en un lujoso hotel de Asunción.

Ronaldinho había cumplido un mes en la cárcel este lunes 6 . Allí estuvo alojado en el cuartel Agrupación Especializada de la Policía Nacional, e Asunción. Además de él, su hermano Roberto de Assis Moreira, también recibirá la misma sanción. Los dos se exponen a una pena de cinco años de cárcel por el hecho de querer entrar al país con pasaportes falsificados.

Los abogados de Ronaldinho y su hermano presentaron garantías por un valor de 1,6 millones de dólares . El juez Amarilla aceptó la cantidad ofrecida y dispuso la salida de la cárcel de uno de los famosos ídolos del fútbol.

El nuevo lugar donde estará Ronaldinho en prisión se trata del Hotel Palmaroga, de estilo colonial, de casi 120 años de historia, que está recientemente remodelado e inaugurado. Pertenece al grupo español Barcelona y dispone de 107 habitaciones con equipamiento de primera categoría, 30 de ellas situadas en la parte histórica del edificio y 77 en las siete plantas de nueva construcción.

Según el sitio web de Palmaroga, una habitación estándar tiene un costo entre 80 y 90 dólares la noche. El espacio elegido por el crack brasileño tiene un valor un poco más alto: alojarse en esa habitación sale 380 dólares por día .

Palmaroga Hotel está ubicado sobre la emblemática calle Palma, en pleno casco antiguo de Asunción. «Los invitamos a vivir una experiencia única, en un hotel que combina en su justa medida lo antiguo con lo moderno, el confort con la tecnología, teniendo como marco el casco antiguo de la ciudad, además de la tradición y una historia tan única y rica que nos hace sentir el orgullo de ser auténticamente paraguayos», detalla el hotel en su sitio sobre las comodidades que ofrece a sus huéspedes.

La pesadilla de Ronaldinho empezó el 4 de marzo cuando quiso ingresar a la capital paraguaya con un pasaporte falsificado. Llegaba con el objetivo de participar en distintas actividades dirigida a ayudar a chicos que se encuentran desamparados, presentar un libro e inaugurar un casino.

El tribunal integrado por los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón resolvió por unanimidad este martes al mediodía hacer lugar al pedido de la defensa de uno de los detenidos en la causa “El Embrujo” para continuar cumpliendo su condena en prisión domiciliaria.

Se trata de Sandro Figueroa, condenado a 3 años y cuatro meses de prisión, quien se encontraba cumpliendo la pena en la Comisaría Primera de Puerto Madryn y ahora deberá continuar su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en la casa de su hermana en Trelew.

La audiencia se realizó mediante sistema de videoconferencia a través del sistema WebEx, fue coordinado por la Oficina Judicial de Rawson y a excepción del detenido, que lo hizo desde la comisaría ubicada en Puerto Madryn, tanto los magistrados como el fiscal y el defensor lo hicieron desde sus domicilios.

El abogado particular Fabián Gabalachis sostuvo su pedido en que Figueroa lleva cumpliendo una medida de prisión preventiva desde hace más de dos años, y que a fines de mayo próximo operará la posibilidad de que acceda a la libertad condicional, debido al tiempo de cumplimiento de la pena impuesta por el tribunal. En forma independiente a eso recordó que está vigente de resolución un pedido de revisión de la pena cuya sentencia aún no ha sido comunicada y que podría beneficiar la situación de su defendido.

Por otra parte, hizo referencia a la resolución del juez coordinador de la ejecución de la pena en cuanto a que en el marco de la pandemia de coronavirus se dispusieron medidas restrictivas en cuanto a salidas transitorias y visitas de familiares en los lugares de detención, amén de la preocupación general por la situación sanitaria.

El fiscal Omar Rodríguez, por su parte, rechazó los planteos del defensor particular de Figueroa por entender que lo dispuesto por el Poder Judicial no implicaba un empeoramiento de su situación procesal sino una medida de protección y que de modificarse el status sanitario en la provincia, podría volver a gozar de las salidas transitorias e incluso recuperar las que no hubiera podido utilizar.

Decisión unánime

Tras escuchar a las partes, los jueces cumplieron con un cuarto intermedio y finalmente resolvieron, de manera unánime, hacer lugar al pedido de la defensa. El Dr. Alejandro Soñis, presidente del tribunal, explicó que los argumentos para dicha decisión no se basan en la cuestión sanitaria, sino en que por el tiempo transcurrido en prisión preventiva y por la proximidad a la fecha en la cual gozaría de la libertad condicional, el peligro procesal de fuga habría quedado reducido al mínimo.

Aún así, reiteraron al condenado que el cumplimiento de la medida de prisión domiciliaria es estricto y debe cumplirse en el interior de la vivienda que ocupará junto a su hermana en Trelew, informó Diario Jornada.