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Presupuesto

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El proyecto de Presupuesto Nacional 2019 que el Gobierno presentó en el Congreso contempla una reducción de las nuevas jubilaciones y prensiones contributivas y no contributivas del sistema previsional nacional, para quienes residen en la región Patagónica.

En la actualidad se aplica un diferencial por el cual los montos que rigen para el resto del país se multiplican por 1,4 para los habitantes de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

La iniciativa oficial apunta a bajar ese coeficiente a 1,20 para los haberes que “no superen dos veces el haber mínimo”.

Pensiones

Por otro lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que cobran quienes cumplieron 65 años pero no cuentan con los 30 de aportes para jubilarse, “será incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”.

Esa medida forma parte del proyecto de Presupuesto Nacional para 2019 que el Gobierno presentó en el Congreso, y apunta a modificar el artículo 16 de la Ley 27.260, que instituyó el alcance de la pensión.

El artículo en cuestión estipula que el goce de esta pensión “es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Los aportes y contribuciones que las leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y serán computados como tiempo de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio previsional de carácter contributivo”.

Ahora -a través del Presupuesto para el año entrante- la Casa Rosada apunta a modificar ese texto por el siguiente: “El goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia”.

La PUAM -vigente desde mediados de 2016- es una prestación mensual que equivale al 80% del haber mínimo y actualmente es de 6.909 pesos.

Para acceder a su cobro, se requiere tener 65 años como mínimo (igual edad para varones y mujeres), y ser argentino natural, por opción o naturalizado (en este último caso, con una residencia legal mínima de diez años) o ser extranjero con residencia legal mínima de 20 años.

A marzo de este año, este beneficio era percibido por 78.119 personas, según datos oficiales.

 

 

El diario de La Pampa

Ante los planteos emitidos por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) sobre la carencia de alimentos en las escuelas, sumado a las condiciones en que acuden los chicos desde sus casas, la diputada Estela Hernández (FpV) resaltó que presentó un proyecto en la Legislatura para declarar la emergencia alimentaria que implicaría un 1% del presupuesto provincial.

“El proyecto más que para atacar es para colaborar. Cuando detectamos estas situaciones que son lógicas porque hay personas que con sus ingresos podían llegar a fin de mes y mantener a su familia con una dieta equilibrada, hoy no pueden por los tarifazos, salarios desvalorizados y toda la crisis que nos ataca”, remarcó la diputada.

Y sostuvo que “esto afecta sectores que antes no se veía. Antes era en sectores muy vulnerables, y hoy se han incorporado sectores medios que en otro momento podían hacer frente a la situación pero hoy ya no pueden por los motivos mencionados o porque se quedaron sin trabajo”.

El proyecto “apunta a colaborar para paliar la situación y que los chicos puedan comer. Sería crear un fondo especial dentro de un programa de emergencia alimentaria. Declaramos diferentes emergencias y creo que la alimentaria es número uno. El programa dice que se destina el 1% del presupuesto provincial para la emergencia, es decir, para poder comprar mayor cantidad de alimentos para que los niños puedan tener una dieta equilibrada”.

“Paralelamente se crearía un consejo consultivo integrado por 6 miembros, del Ministerio de Salud porque es importante controla la talla y peso, dos legisladores y la defensoría del pueblo. Es decir que estén todos los actores controlando este fondo que sería del 1% del presupuesto total”, resaltó. Y sostuvo que “se destinaría un porcentaje a los municipios para que repartan el fondo”.

La diputada destacó que “se están abriendo merenderos y muchos lugares donde el municipio hacen lo que pueden, pero también el presupuesto destinado no les alcanza y de esos lugares tiene que haber un control. En el afán de querer ayudar, la gente hace lo que puede y hay que buscar que haya unión entre los diferentes actores”.

“Estamos hablando de chicos que no comen y no es un dato menor. También presento un proyecto para incrementar el monto de las tarjetas sociales porque el último decreto de actualizacioness de 2017 y es de $650 y para una familia muy poco le alcanza por lo que se busca regular con los datos del INDEC”, concluyó.

 

 

ADN Sur