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La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich pidió este sábado que el Gobierno sancione a César Milani tras la aparición de un video en el que el ex jefe del Ejército le reclama al presidente Alberto Fernández​ «recuperar el poder» para evitar que «la derecha» vuelva «con más odio».

«Ministro (de Defensa, Agustín) Rossi​: debería usted sancionar al general (César) Milani por declarar: ‘Si no recuperamos el poder, van a volver con más odio’. Los militares en la Argentina no ‘recuperan el poder'», publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.

El lunes pasado, un día antes de que Alberto Fernández asumiera la Presidencia, Milani fue condecorado por una agrupación política. Allí brindó un encendido discurso en el que le envió un mensaje al nuevo mandatario al que le pidió que, además de asumir el Gobierno, recupere «el poder».

El diputado madrynense del Frente Para la Victoria, José Grazzini, se sumará al equipo ministerial del gobernador Mariano Arcioni y al ser de otro sector partidario al del oficialismo provincial, envió una nota al presidente del PJ, Ricardo Mutio, solicitando autorización para asumir mañana lunes como titular de la cartera de Gobierno.

La gran duda ahora es conocer qué ocurriría en el caso que el partido no autorice al todavía titular de la Legislatura a sumarse al equipo de Gobierno.

La participación de referentes afiliados del Partido Justicialista en otros sectores generó hace un mes la activación de una cláusula que derivó en un pedido de desafiliación masiva en la Justicia Federal, que fue rechazada.

En el Congreso del PJ que se realizó en diciembre de 2018 en Comodoro Rivadavia quedó en forma explícita que a partir del 15 de enero de 2019 cualquier dirigente del PJ que participe en una contienda electoral por otro espacio sería automáticamente desafiliado.

En este contexto y después del pedido de desafiliación masiva que puso en marcha Mutio -entre los que se encontraban Ricardo Sastre, Adrián Maderna, Gustavo Sastre y Martín Buzzi- Grazzini aseguró que ya tenía lista la nota formal solicitando autorización para sumarse al equipo de Arcioni a partir de este lunes, donde compartirá gabinete con otra afiliada peronista: Cecilia Torres Otarola, quien quedará a cargo de Familia.

Al haber roto todos los nexos con el presidente de su propio bloque de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, el nexo de Arcioni con la Legislatura durante el último tiempo fue el vicepresidente primero de la misma, Grazzini, situación que le valió una recompensa al madrynense: ser ministro de Gobierno.

El bloque de diputados del Frente de Todos formalizará este martes la designación de Máximo Kirchner como presidente de una sola bancada desde el próximo 10 de diciembre, que tendrá más de 120 legisladores y se convertirá en la primera minoría, superando a Juntos por el Cambio.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, confirmó que se reunirán todos los diputados que integrarán el Frente de Todos y allí se «decidirá elegir a Máximo Kirchner como nuestro presidente del bloque y a Sergio Massa como presidente de la Cámara» .

El Frente de Todos está conformado por el bloque del Frente para la Victoria, Red por Argentina, Frente Renovador, Unidad Justicialista, y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

En declaraciones a FM Futurock, Rossi destacó el consenso «construido entre todos los sub-bloques que integran el Frente de Todos» y puso de relieve que la elección de Máximo Kirchner como titular del bloque y Sergio Massa de la cámara baja «refleja el equilibro dentro de la coalición».

Al ser consultado si creía que llegarán al piso de 129 diputados necesarios para habilitar la sesión, Rossi señaló: «Vamos estar cerca del quórum, pero en Diputados vamos a tener enfrente a una bancada fuerte», en referencia a Juntos por el Cambio.

En ese sentido, el legislador dijo que «si bien la estrategia parlamentaria es conseguir el quórum propio, es necesario que en cada ley se pueda lograr consenso entre las dos fuerzas mayoritarias» .

Sobre los proyectos que se tratarán después del 10 de diciembre, Rossi dijo que el presidente electo, Alberto Fernández, «está preparando con su equipo un paquete de leyes fundacionales para tratar en sesiones extraordinarias».

Para Rossi, además de incluir en el temario el proyecto de presupuesto 2020, también se deberían incorporar los proyectos sancionados en Diputados como la ley de alquileres, de góndolas, y el aumento de los recursos para dotar de nuevo equipamiento a las Fuerzas Armadas, que deben ser debatidos en el Senado.

El sistema contemplado en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, quedó transformado a partir de hoy en una nueva dependencia, con estatus de Agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo, según lo dispuso el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

«Transcurridos más de 15 años de vigencia de la Ley N° 25.764 (que implementó ese programa) y, en especial, la experiencia recogida en los últimos años, se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente», señaló el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la medida, publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial.

Además del cambio de estatus del Programa, la noma -que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de los ministros- deja al mismo tiempo abierta la posibilidad de que denunciantes de hechos de corrupción puedan ser incluidos en el alcance de medidas protectivas, al señalar que su alcance puede ser ampliado a «delitos vinculados a la delincuencia organizada o de violencia institucional».

Si bien el nuevo ente, al que se le dio rango de Agencia Nacional, actuará dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, el DNU 795/2019 establece que se trata de «un ente autárquico dotado de autonomía funcional» que, a la vez, contará con un Consejo Consultivo del que participarán representantes de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Procuración General de la Nación y del Ministerio de Seguridad.

En orden de favorecer a sus socios políticos, el gobierno de Mauricio Macri no dudó en modificar el régimen para funcionarios jerárquicos del Estado otorgándoles mediante el decreto 788/19 estabilidad por cinco años. De esta manera, los cargos políticos que nombraron permanecerán en su cargo como mínimo un año más, ya bajo la gestión del Frente de Todos. El decreto dispone que si no se cumple la norma, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, lo que implicaría sumas de varios millones de pesos.

A contrapelo del discurso que los llevó a despedir y precarizar miles de empleados públicos, Marcos Peña, y Dante Sica, jefe de Gabinete y ministro de Trabajo, respectivamente, decidieron contribuir a los bolsillos de sus funcionarios (directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores) no sólo con un aumento de salario a partir del 2020, sino con una estabilidad que implicaría que cuando el nuevo gobierno quiera designar a sus propios funcionarios deba despedir a los de Cambiemos.

El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández caracterizó la nueva norma como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”. La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), por su parte, rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido “pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”.

El convenio fue firmado con el gremio UPCN antes de las últimas elecciones generales aduciendo que brinda estabilidad a los trabajadores. Sin embargo, la presunta “estabilidad” es para ATE una excusa, ya que de ser el tema central habrían comenzado por las categorías inferiores y no por las superiores. Luciano Fernández, secretario general de ATE Capital lo describió como que “ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos, todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años”.

El secretario general del gremio de los abogados (AGAE) Rubén Ramos decidió “judicializar” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

Asimismo Ramos definió esta nueva normativa como “un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.

Ramos ahondó en la actitud del actual oficialismo nacional al preguntarse si “¿existe algún límite moral en un proceso de transición de entrega del poder? ¿Es éticamente aceptable que un gobierno disponga esas medidas de fondo a muy escaso tiempo de su finalización? El límite debe ser la prudencia, que hoy no abunda”.

Dentro de una prudente lógica, cabe esperar que el gobierno entrante no pague cifras multimillonarias para nombrar sus funcionarios y que para ello previamente derogue el decreto homologado por el presidente Macri el martes último.