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Un fallo prohibió operar vuelos nocturnos. El Gobierno apeló. Qué dice Alberto Fernández. Qué quieren los gremios.

Hasta el momento, sólo en lo que va del año, las tres aerolíneas «low cost» que operan en el país transportaron dos millones de pasajeros. ¿Se los quitaron a Aerolíneas Argentinas? Todo indica que no: tanto en julio como en agosto, Aerolíneas superó por primera vez el récord de más de 900.000 pasajeros trasportados por mes,en vuelos de cabotaje.

Para cuando termine el año, habrán volado dentro de la Argentina casi cuatro millones más de pasajeros que cuatro años atrás. El total de pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales, superará el récord de 30 millones.

Tanto Macri como su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich se refieren a este fenómeno como la «revolución de los aviones». ¿Si Alberto Fernández resulta elegido presidente, su política será la que piden los gremios aeronáuticos, sin aerolíneas «low cost» y con Aerolíneas/Austral como actores excluyentes del mercado? Parte de respuesta está en la pulseada políticaque hay en estos días en torno al aeropuerto de El Palomar.

La Cámara Federal de San Martín tiene en sus manos la decisión de una causa que implica algo más que la legítima preocupación vecinalpor el «derecho al descanso», o, en términos más generales, por las consecuencias del funcionamiento de un aeropuerto comercial dentro de una «región densamente poblada».

Esos son los términos según los cuales la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, ordenó que a partir del próximo lunes 23 dejen de funcionar los vuelos nocturnosen el aeropuerto de El Palomar. Pero todo indica que detrás de esa causa hay además una pulseada política, y que la cámara de apelaciones bonaerense pasó a ser el árbitro de la disputa.

En El Palomar operan dos de las tres aerolíneas «low cost», Flybondi y JetSmart, las cuales junto con Norwegianllegaron a la Argentina de la mano Macri y Dietrich. Los ejecutivos de las dos líneas aéreas ya explicaron que si se les limita el horario de operaciones, directamente deja de tener sentido el negocio en sí, el cual consiste en tener a sus aviones volando la mayor parte del día. «Nosotros operamos desde las seis de la mañana hasta pasada la medianoche», dijo el gerente general de JetSmart, Gonzalo Pérez Corral. «Esta medida pone en riesgo la sustentabilidad de las operaciones», agregó Sebastián Pereira, CEO de Flybondi.

Fue por ese motivo que, días atrás, Dietrich planteó, con tono de intimación, que si la Justicia persiste en sostener la decisión de cancelar el horario nocturno de este aeropuerto, «hay un serio riesgo» de que deje de operar por completo. El razonamiento es que si para las «low cost» no es negocio dejar sus aviones en tierra entre las 10 de la noche y las siete de la mañana, entonces se tendrán que mudar. Y las 800 personas que hoy trabajan en el aeropuerto, de las cuales (según fuentes del Gobierno nacional) al menos un 80% viven en esa misma localidad o localidad vecinas, perderían sus fuentes de trabajo. Lo mismo ocurriría para taxis, remises y otros proveedores de bienes y servicios.

Desde que el Gobierno sugirió en 2017 que habilitaría a El Palomar como aeropuerto comercial, hubo vecinos o entidades vecinales que se opusieron. Una de las primeras voces en contra provino del colegio Emaús, que en su predio de seis hectáreas de El Palomar imparte educación primaria y secundaria. «Les contamos cómo sería la actividad del aeropuerto y dejaron de objetarnos», dijeron esta semana fuentes del ministerio de Transportes.

Otra de las objeciones fue un recurso de amparo contra la decisión oficial que presentó el abogado Lucas Marisi, titular de un «colectivo» que bautizó«Stop Flybondi»ante la jueza Forns. En marzo de 2018 la jueza,integrante del foro Justicia Legítima(es Revisora de Cuentas suplente de la entidad) se excusó de seguir entendiendo en la causa, alegando «violencia moral» por parte de Marisi, por declaraciones que el joven abogado había hecho en su contra en el canal Crónica TV.

Dieciocho meses más tarde de aquella decisión, en la semana que siguió al triunfo en las PASO de Alberto Fernández, la jueza Forns dio lugar a un nuevo pedido de Marisi y ordenó que las operaciones en el aeropuerto cesen todos los días, de 22 a 7 de la mañana. En sus considerandos mencionó el «derecho al descanso» de los vecinos, planteado por el denunciante, así como la noción de que El Palomar es una zona «densamente poblada». Un criterio que, de mantenerse, podría ser aplicado a futuro en aeropuertos geográficamente insertos en sus respectivas ciudades, como son Aeroparque o incluso Córdoba.

Pero la cuestión de fondo es otra y se refiere a la continuidad de las «low cost» frente al posible triunfo del Frente de Todos en las elecciones de octubre. El candidato Fernández ya mostró sus reparos cuando dijo en declaraciones a Radio Mitre: «Tengo que mirar el caso Flybondi, de los viajes low cost. Han desvalijado a Aerolíneas», informó El Clarín.

Respaldado por el dictamen del Tribunal de Cuentas, que terminó por descartar las denuncias mediáticas de un funcionario-operador de Cambiemos en Chubut, Juan Pablo Luque cerró una semana altamente positiva para su objetivo de convertirse en el próximo intendente de Comodoro Rivadavia.

Antes de conocerse el esperado dictamen, Luque había logrado cerrar el acuerdo con su rival en las PASO para conformar la lista de candidatos que finalmente el peronismo llevará al Concejo Deliberante el 27 de octubre.

Gaspar contra Romero

Hasta José Gaspar cuestionó la estrategia mediática de la candidata a intendente de Juntos por el Cambio, Ana Romero. El concejal de la UCR disparó sobre Romero por haber utilizado las endebles denuncias del secretario nacional de Interior, Fernando Alvarez de Celis, para poner en duda la legalidad de algunos procedimientos seguidos luego del temporal que castigó a Comodoro entre el 29 de marzo y el 8 de abril de 2017.

La reacción de Gaspar ocurrió el jueves, en la última sesión del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Gaspar fue candidato a intendente de Cambiemos en 2015 y resaltó que el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) no cuestionó absolutamente nada de lo actuado a la hora de aprobar el ejercicio de ese fatídico año para los habitantes de Comodoro. Todos recuerdan que cuando el agua caía sin parar en el gobierno nacional buscaban en el mapa dónde quedaba la ciudad afectada y en Provincia algunos pícaros delincuentes aprovechaban la ocasión para hacer negocios particulares. Se llevaron hasta la comida para los perros.

El TCM está conformado por un peronista, Miguel Hernández; un dasnevista ex radical, Carlos Relly; y un radical-macrista, Gastón Acevedo, justamente candidato a viceintendente de Romero en Juntos por el Cambio.

Casi el 50 por ciento

La semana empezó bien para el actual viceintendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, quien fue el precandidato más votado en las PASO del 11 de agosto. Segundo quedó su rival directo en la interna, el concejal Guillermo Almirón. Juntos alcanzaron casi 50 mil votos (48%).

Les quedaba pendiente un trámite nada fácil pero decisivo para consolidar el frente y evitar fuga de votos: definir la lista de candidatos a concejales.

Para ello tenían que compatibilizar lo que expresa la Carta Orgánica partidaria, las regulaciones del sistema D’Hont y el cupo femenino -que ya no es de una mujer cada tres varones sino de uno y una-.

Las negociaciones comenzaron apenas concluyeron las PASO y recién se fumó la pipa de la paz el pasado fin de semana.

Encabezarán la lista el actual concejal y ex delegado de Anses, Maximiliano Sampaoli, y la periodista Natalia Cecilia Guerreiro -sobrina del intendente Carlos Linares- quien en la interna fue en la lista adversaria del candidato preferido del tío pero seguramente será concejal y un aporte joven a la bancada del PJ.

Renunciamientos y posibles mudanzas

Mientras el actual secretario municipal de Economía Germán Issa Pfister se bajó de la lista, debieron resignar espacio dos mujeres del peronismo «oficial»: la titular del comité de asociados del banco Credicoop, Liliana Carnevale, y la diputada provincial Viviana Elizabeth Navarro, quien al ir en el octavo lugar podría quedarse afuera del nuevo Concejo.

De todos modos, tendría asegurado un lugar como secretaria de Desarrollo Humano si gana Luque en reemplazo de Carlos Marcelo Rey, quien es primer candidato al TCM.

Finalmente, el sector de Almirón incluyó cinco candidatos a concejales en la boleta del PJ, y tres de ellos tienen todas las posibilidades de ser parte del nuevo cuerpo. Además de la citada Natalia Guerreiro, están en lugares destacados la vecinalista Aurelia Alejandra Robledo y el corredor de autos Marcos Abel Panquilto.

En tanto, el ex diputado provincial Gustavo Adolfo Reyes quedó en un puesto expectante (9°), con posibilidades de asumir si Navarro y alguien más se muda a algún cargo en el Poder Ejecutivo -ya se habla del propio Sampaoli como secretario de Gobierno-.

En el último lugar de la lista aparece Valeria Vanesa Jaramillo, ya con más dificultades de ingresar al Concejo si no se producen imponderables.

Romero tiene que ceder

En el cuartel central del macrismo comodorense confían en que más allá de que Romero no pueda ser la primera mujer intendenta de la ciudad petrolera, sí logren mantener la actual representación parlamentaria local, hasta con la posibilidad de sumar un concejal más a los tres que hoy tiene.

Para ello se basan en el porcentaje de votos que obtuvo Cambiemos en las generales de 2015, que fue casi idéntico al que cosechó en las recientes PASO, aún con el peso muerto que significa llevar en el principal lugar de la boleta a Mauricio Macri y Miguel Pichetto.

Si bien por lo bajo la mayoría opina que lo ideal sería que en los cuartos oscuros no estén los nombres de los presidenciables, lo cierto es que si bien desde Nación no hay aportes concretos para la campaña que vayan más allá de las vacuas denuncias de Alvarez de Celis que ya ni cuentan con el respaldo del vocal Acevedo, hay aportantes de peso detrás de Romero que «descubrieron» la política con Macri y se niegan a lo evidente, creyendo en las chances del balotaje milagroso.

Se trata de los mismos que se congregaron en la Plaza San Martín el sábado 24 de agosto, cuando el Presidente se emocionaba hasta las lágrimas en la Casa Rosada mientras codeaba a su esposa para que no le quitara el primer plano.

En Comodoro los que movilizaron esa tarde fueron poco más de un centenar. No son muchos, pero parecen tener una importante influencia en la abogada macrista que en las PASO consiguió 18 mil votos (17,5%).

La propia Romero iría al Concejo porque así lo establece la Carta Orgánica Municipal, junto con el actual delegado del Enacom, Tomás Buffa; Graciela Betiana Saffirio y el otrora buzzista ex comisario Néstor Blas Buttazzi.

Se quedaría en la puerta la dirigente rural Digna Hernando de Blanco, quien fuera concejal entre 1999-2003, cuando integró la boleta que llevaba como candidato a intendente a Néstor Di Pierro.

¿Buzzi sin Cocha?

En este contexto, no hay que perder de vista que, aunque no lo parezca, actualmente hay tres bloques en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. El tercero en cuestión hoy es Chubut Somos Todos que al terminar tercero en 2015 posibilitó que tuvieran bancas Ricardo Gaitán y Norma del Valle Contreras.

Hoy el primero es secretario de Gobierno de Linares y la abogada figura en el cuarto lugar de la lista de Martín Buzzi, quien a pesar de que seguramente no conseguirá su aspiración de pegarse en la boleta a Alberto Fernández, insistirá con su candidatura solo con la meta de convertirse en concejal.

El ex intendente y ex gobernador no hizo un buen papel en las PASO, ya que solo alcanzó 8899 votos (8,5%), con lo cual si no pierde votos podría ser la tercera fuerza con bancas en el órgano legislativo.

Hace cuatro años, el dasnevismo fue tercero con el 10% de los votos y Buzzi ahora podría sumar algo de los puñados de Marcial Paz y Martín Galíndez, más algún desencantado de Almirón.

Eso sí, la campaña propiamente dicha esta vez el candidato local de Mariano Arcioni debería hacerla sin su compañero de fórmula. Cuentan que se quedaron sin fondos para solventar al ex capitán campeón de Gimnasia, Gabriel Cocha, para quien tenían una partida de 380 mil pesos mensuales, informó El Extremo Sur De La Patagonia.

El candidato a diputado nacional por Juntos Somos el Cambio Chubut, Ignacio Torres, continúa sumando apoyo de dirigentes nacionales, en el marco de la campaña electoral.

Tras recibir el acompañamiento del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), de la mano del presidente del partido a nivel nacional, Juan Pablo Carrique, en esta ocasión se reunió con el diputado nacional y presidente del interbloque de Cambiemos en el Congreso, Mario Negri, quien respaldó de manera contundente la figura del dirigente, de cara a octubre.

“Torres es un joven dirigente comprometido con su provincia y con todo el país”, destacó el legislador radical, que también junto al diputado nacional Gustavo Menna participó del encuentro, llevado a cabo en las oficinas del Congreso de la Nación.

Asimismo, Negri llamó a definir “qué país queremos construir” en los comicios del mes de octubre, y le deseó al dirigente chubutense “todo el éxito para las elecciones generales”.

Por su parte, Torres puso en relieve “el doble acompañamiento que nuestro espacio ha venido recibiendo, no sólo por el crecimiento registrado en el último tiempo, sino también por el apoyo que nos brindan continuamente dirigentes partidarios y muchas figuras que consideramos como referentes de la política nacional impulsada por el Presidente Mauricio Macri”.

Además, el candidato planteó que “cada día sumamos más personas que quieren colaborar con nuestro espacio, tanto del ámbito político como también vecinos que quieren que a los chubutenses les vaya bien y, en definitiva, buscan que el país no vuelva al pasado. Es algo que nos llena de orgullo, pero también nos obliga a redoblar los esfuerzos en las semanas de campaña que quedan, que vaticinamos serán promisorios para nuestra coalición, por lo que ya las estamos encarando con mucha energía”.

El candidato a diputado nacional por Juntos Somos el Cambio Chubut, Ignacio Torres, analizó la situación provincial en diálogo con TN Central, donde advirtió que “tenemos una provincia con el primer stock ovino y el mayor nivel de capturas de pesca, pero hoy estamos ‘rascando la olla’ para pagar sueldos”.

El dirigente responsabilizó a las autoridades provinciales al explicar que «esto no es producto de una crisis macroeconómica o de la coyuntura electoral, tiene que ver con una decisión irresponsable, porque días antes de las elecciones, el Gobierno Provincial firmó aumentos que sabían no podían afrontar, por eso estamos como estamos”.

Asimismo, Torres planteó que “uno a veces escucha hablar a dirigentes que han tenido roles muy importantes en el Ejecutivo Nacional, como meros espectadores de la realidad que no se hacen cargo absolutamente de nada, eso es lo que hoy está pasando en nuestra provincia, que es una de las más ricas de todo el país» y precisó que “llevamos ocho semanas sin clases, pero hay que entender que la crisis no es económica, sino profundamente institucional. Y, lamentablemente, los principales perjudicados son los chicos que no pueden ir a la escuela, lo que genera asimetrías académicas en relación a otras provincias”.

También, precisó el candidato, «hubo aumentos a docentes de más del 40 por ciento, de hecho con asimetrías muy grandes dentro de los propios sectores, lo que generó un déficit que se duplicó en el primer semestre de este año donde, realmente, es muy difícil poder ordenar nuevamente las cuentas».

En el mismo sentido, se hizo eco de la situación de los estatales y sostuvo que “se pueden discutir las formas pero el reclamo es legítimo, pero la realidad es que hay un grado de irresponsabilidad tal por parte de las autoridades, que hoy lleva a una decisión acertada del Gobierno Nacional para enviar un adelanto de Coparticipación y también del Fondo de Incentivo Docente, para poder paliar momentáneamente esta situación».

La crisis, recalcó Torres, “hoy afecta al comercio, pero todavía es mayor el conflicto: tenemos pueblos del Interior que están aislados energéticamente y hoy se han quedado sin luz y sin agua. Una postal surrealista».

Finalmente, Torres expuso que «tenemos una provincia con virtudes naturales muy importantes, y pensar que hoy estamos como estamos, realmente es inconcebible: sobre todo, con el sufrimiento y la crisis social que se percibe. Hipotecaron el futuro de todos los chubutenses, porque esos chicos que no tuvieron sesenta días de clase no las van a recuperar más. Así como muchos tienden a demonizar a los docentes,  la realidad es que sus hijos tampoco están yendo a clases. Hace poco, el Gobernador les pidió un gesto de grandeza para que terminen con el paro, cuando en realidad en ningún momento se manifestó o pidió perdón por haber estafado a tanta gente y haberle prometido algo que no se podía cumplir».

La Sala IV del Tribunal declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados ante la Corte por el ex vicepresidente y los otros condenados.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de Amado Boudou y el resto de los condenados en el caso Ciccone, cuya sentencia, firmada por la justicia en agosto del año pasado, ya había sido confirmada por el mismo tribunal. La medida implica una ratificación del fallo, y sólo le deja a los sentenciados la última rendija de acudir al máximo tribunal «en queja» para intentar revertir su suerte.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, declararon inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Boudou, su socio José María Nuñez Carmona, el ex dueño de la imprenta Nicolás Tadeo Ciccone, el ex jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP Rafael Resnick Brenner y el asesor de Boudou en Economía, César Guido Forcieri, contra la confirmación de la sentencia en su contra que la Sala IV firmó el 17 de julio pasado.

En esa resolución, la Casación respaldó la condena de 5 años y 10 meses a Amado Boudou –como autor-; 5 años y 6 meses a José María Núñez Carmona como partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, al igual que a Alejandro Paul Vandenbroele; 4 años y 6 meses a Nicolás Tadeo Ciccone como autor del delito de cohecho activo; y a Rafael Resnick Brenner y a César Guido Forcieri como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

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Con esta decisión, el ex vicepresidente dejará de estar con prisión preventiva para comenzar a cumplir la condena dictada en el Caso Ciccone.

El Fiscal General ante la Casación, Javier De Luca, había dictaminado a favor de aceptar los recursos.

Por el contrario, las partes querellantes –Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera- solicitaron se rechacen todas las apelaciones.

La Sala IV entendió que estaba debidamente acreditada la maniobra juzgada referida a que Ciccone entregó su empresa “Ciccone Calcográfica” al grupo liderado por Amado Boudou tras comprometerse a volver operativa a la citada empresa para que pudiera contratar con el Estado Nacional y así obtener jugosos réditos económicos. Amado Boudou -como se hallaba impedido de efectuar negociaciones en beneficio propio y en perjuicio de los intereses de La Nación- se valió de su amigo personal, José María Núñez Carmona -quien dirigía la actuación de Alejandro Paul Vandenbroele- utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas que dificultaban rastrear a los verdaderos titulares del negocio y entender el verdadero alcance del acuerdo ilegal.

Una vez en control de la firma, el grupo liderado por el ex vicepresidente de La Nación manipuló en provecho personal, por lo menos, tres organismos del Estado: la Casa de Moneda, la AFIP. y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a los efectos de que beneficiaran indebidamente a “Ciccone Calcográfica”. En este tramo de la maniobra participaron Resnick Brenner y César Guido Forcieri quienes plasmaron la voluntad de Amado Boudou.

La firma fue financiera y jurídicamente obtenida en forma ilegítima y pudo contratar irregularmente con el Estado Nacional.

En la causa se señaló que el circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Vandenbroele, Boudou, Núñez Carmona-, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos. También se encargaron trabajos partidarios: la calcográfica imprimió boletas para el Frente para la Victoria, informó El Clarín.

El candidato a diputado nacional por Juntos Somos el Cambio Chubut responsabilizó al Ejecutivo por la situación que atraviesa la provincia asegurando que «privilegió ganar las elecciones haciendo promesas imposibles de cumplir».

El candidato a diputado nacional por Juntos Somos el Cambio Chubut, Ignacio Torres, saludó a los maestros en su día y remarcó la importancia de “no ser indiferentes ante un reclamo legítimo y cuyos responsables todavía no han podido solucionar”.

Sostuvo que “hoy deberíamos estar celebrando el Día del Maestro de la manera en que los chubutenses nos merecemos: con los chicos en las aulas. Pero, lamentablemente, la historia es otra y estamos viviendo una situación que no puede pasar desapercibida”.

Torres planteó que “el Gobierno provincial privilegió ganar las elecciones haciendo promesas imposibles de cumplir, y no podemos ser indiferentes ante esta situación. Tenemos un Presidente que siempre priorizó el diálogo con las provincias y con todos sus gobernadores, sin reparar en las banderas políticas y partidarias”.

Sin embargo, recalcó que “hemos quedado aislados en un conflicto cuya razón de ser no es otra que la corrupción, la ambición y los malos manejos de autoridades que no han sabido administrar sus recursos, que en definitiva son los de todos los chubutenses”.

Y fue contundente al sostener que “hasta acá nos ha traído todo este descalabro, por eso estamos avanzando en gestiones para que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior de la Nación puedan acompañar a la provincia de Chubut, colaborando para solucionar un conflicto como tantas otras veces lo ha hecho el Gobierno. Hoy quiero decirle a los docentes que no bajen los brazos, y a todos los chubutenses, pedirles que no se dejen vencer por el miedo y la resignación”.

Para finalizar, remarcó, que “la educación es una herramienta poderosa y la base de todas las transformaciones sociales: abre puertas, nos permite desarrollarnos y tener oportunidades. No dejemos que unos pocos definan qué futuro nos merecemos, no seamos indiferentes”, informó Diario La Portada.

El candidato a diputado Nacional por Cambiemos, Ignacio Torres se reifiró a la posibilidad de poder contar con el adelanto de fondos para dar una solución a la emergencia económica.

El candidato a diputado Nacional por Cambiemos, Ignacio Torres expresó por FM del Mar la posibilidad de poder contar con el adelanto de fondos para dar una solución a la emergencia económica que transita la provincia, al no poder afrontar los salarios y obligaciones sociales” desde la cartera de Educación se va a realizar un adelanto para lo que queda del año” con el compromiso de definir un plan de acción que será destinado con el FONID (Fondo de Incentivo Docente) “sujeto a esto también va a haber un adelanto de coparticipación por parte de la cartera del Interior que está negociando, espero que haya una responsabilidad en el manejo de los recursos que son de todos y obviamente que no se siga dañando a la ciudadanía”.

Torres mencionó que mantuvo  conversaciones con dirigentes nacionales sobre el envío de fondos para dar un oxígeno a la crisis provincial “pude hablar con el ministro de Educación, Finocchiaro y con el ministro Frigerio, para el adelantamiento financiero que se relizará sujeto a un plan de acción previo y responsable para que a mediano plazo se pueda resolver un problema que es mucho más profundo, porque tampoco se trata de tapar el sol con la mano y seguir atando con alambre”. El problema es realmente es mucho más profundo, remarcó y “me parece que amerita la responsabilidad, aunque estemos en un año electoral, trabajar de lleno para sacar la provincia adelante”, informó Radio Del Mar.

El ministro de Producción, Dante Sica, habló de un monto de $5.000, aunque aclaró que aguardarán el índice de inflación de agosto. Las Pymes piden un trato diferenciado. Buscan aliviar tensiones.

Lo anticipó la CGT y lo confirmó el Gobierno. El ministro de Producción Dante Sicacomunicó que el Ejecutivo avanza en una resolución para que los trabajadores del sector privado reciban un bono similar al que ya recibieron los estatales en agosto.

“Empezamos a conversar ayer (por el lunes) la posibilidad de establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la administración estatal. Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de 5 mil pesos; trabajamos sobre eso», aseguró Sica en declaraciones a La Red.

El ministro de Producción y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, habían recibido el reclamo en persona de parte de Héctor Daer(Sanidad), Carlos Acuña(SOESGyPE), Antonio Caló (UOM),José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA).

Los gremialistas, que ya venían conversado con Sica la posibilidad del bono, pusieron sobre la mesa el monto. El ministro de Producción pidió que se tuviera en consideración la situación de las Pymes. “La idea es no asfixiar a nadie”, sostuvo el ministro.

Sica destacó que esperarán la publicación del índice de inflación -que se conocerá este jueves- para terminar de definir el monto. En su Cartera destacaron que una opción sería concretar el pago en 2 tramos. Sin embargo, todo está sujeto a las conversaciones que el ministro emprenderá con los empresarios antes de volver a reunirse con la CGT. Hasta el momento, solo es seguro que el bono no tendrá carácter remunerativo.

El tema ya se abordó -y con preocupación- en la reunión del consejo directivo de la Unión Industrial Argentina. Fuentes empresarias le manifestaron a Clarín que conceptualmente están de acuerdo con la decisión, pero pidieron que su implementación sea voluntaria y no obligatoria. “El problemas es que las pequeñas y medianas empresas no están en condiciones de afrontar una bono», dijeron. En horas de la tarde, el vice de la UIA fue más duro. «Muchas empresas no pudieron afrontar el bono anterior (de 2018)», dijoDaniel Funes de Rioja

Desde la CAME reconocieron que ya hubo contactos con el Ejecutivo. “No hay nada cerrado. Se está dialogando y todos comprenden la situación de las Pymes”, dijeron desde la entidad que dirige Gerardo Díaz Beltrán.

Un rato después, el presidente de la cámara le bajó el pulgar a la posibilidad de que las pequeñas empresas afronten un bono. “La mayoría de las pymes vivimos del consumo interno y lo necesitamos, pero no podríamos afrontar un bono. Desde la CAME trabajaremos en propuestas y alternativas como siempre lo hicimos”, sentenció Díaz Beltrán vía Twitter.

Dirigentes de esa entidad se diferenciaron de la UIA y explicaron que no reclaman que el bono sea voluntario sino “una compensación de aportes”. “Se trabaja en propuestas de diferenciación”, explicaron. De esa manera, el Estado absorbería una porción importante de lo que correspondería a las Pymes al cancelar el pago de aportes patronales, de otros impuestos o de saldos a favor según el tamaño de las empresas: micro, medianas o grandes. 

El Gobierno tiene a mano el antecedente de noviembre pasado, cuando Mauricio Macri firmó un DNU en el que obligaba a los privados al pago de $5 mil pesos, a pagar en 2 tramos espacios. En diciembre (con el salario de noviembre) y en febrero (con el pago de los haberes de enero). En aquella oportunidad, las Pymes obtuvieron el «tratamiento diferenciado» que ahora reclaman. 

Sin embargo, aquel decreto habilitaba a los gremios y a los empresarios a inscribir esas partidas a cuenta de futuros aumentos, según las negociaciones paritarias de cada sector. Ahora, ese detalle no está claro; aunque desde la actual administración afirman que será la última actualización del año.

Sica y Stanley mantuvieron este mediodía una reunión con Macri en el despacho presidencial para ponerlo al corriente de las negociaciones. Por la tarde, volvieron a encontrarse con el Jefe de Estado y Marcos Peñapara avanzar en los lineamientos de las medidas. 

Además del compromiso de que habrá un bono, los sindicalistas se llevaron de la reunión del lunes en el ministerio de Desarrollo Social el compromiso de la extensión de latarjeta alimentaria para los trabajadores despedidos. No está claro cuántos serían los beneficiarios; la revisión dependerá de los propios sindicatos. El monto rondaría los $2300, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Además, en la misma reunión José Luis Lingeri y Armando Cavalieriredoblaron sus reclamos por las situación que atraviesan las obras sociales de los sindicatos. Por un lado, reclamaron $ 7.500 millones que la Superintendencia de Salud les retiene. Por el otro, redoblaron, sus críticas contra el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que tras las PASO incluyó una droga para el tratamiento de la atrofia muscular espinal que provocó una lluvia de amparos, informó El Clarín.

El diputado José María Grazzini del Frente Para la Victoria solicitó al Poder Ejecutivo que convoque a la conformación del Consejo Económico y Social, un órgano consultivo del Estado Provincial, para que, a partir de una amplia participación de los actores sociales, gremiales, políticos y eclesiásticos, se pueda lograr la paz social que el pueblo de Chubut necesita.

Según recordó Grazzini, «en el año 1988 esta provincia atravesaba una profunda crisis, y se necesitaba diálogo», al igual que ocurre en la actualidad. En su opinión, «el diálogo hoy se puede alcanzar a partir de poner en práctica una herramienta legislativa existente», como la Ley VII Nº 13 (antes Ley Nº 3050) «que fuera elaborada por el conjunto de legisladores justicialistas en aquel año». Reseñó El Chubut.

La norma, en plena vigencia, «plantea dos objetivos, o por lo menos valoriza dos aspectos de la planificación como modo de gobernar», señaló el vicepresidente primero de la Legislatura, actualmente a cargo de la presidencia.

Grazzini hizo mención a palabras extraídas del diario de sesiones de aquel año, en el que el entonces diputado Blas Meza Evans se refería al Artículo 61 de la Constitución Provincial vigente a ese año, que sostenía «la necesidad de efectuar planes generales periódicos con la participación de los distintos sectores de la comunidad económica y social».

«La comunidad moderna tiene en su seno foros económicos y sociales, que deben en alguna medida ser instituidos y conducidos por el poder político. Esta es una de las herramientas que generamos para que esa fuerza de la sociedad moderna sea escuchada, y el Estado, conductor totalizador del conjunto de la comunidad, tenga un organismo de consulta, un lugar de diálogo con todos los sectores y pueda en ese marco tomar decisiones más seguras, más firmes, porque son las decisiones del conjunto de la sociedad», concluyó el legislador.

«En la vida hay que dar pelea, hay que poner, hay que creer. Y yo creo que podemos. Yo sé que podemos, estoy convencido que podemos», dijo hoy presidente Mauricio Macri durante un breve discurso en el CCK, a propósito de la Jornada Nacional del Agro.

El mensaje fue «para el campo» pero también «para todos los argentinos que saben que hay que pelearla», según dijo el mandatario. «Estamos siendo mejores y cada día vamos a ser mejores», dijo Macri.

En tanto, sobre la serie de medidas económicas heterodoxas tomadas luego del resultado de las primarias, el mandatario afirmó: «Son medidas necesarias para la tranquilidad de los argentinos, pero solo se justifican en emergencia».

«Los argentinos tenemos que tener la vida que nos merecemos. Todavía nos falta, pero no perdamos de vista los pasos enormes que dimos juntos. El campo lo sabe bien. En estos años llegamos a mercados gigantes, y triplicamos la exportación de carne», dijo, y afirmó que el campo «seguirá siendo fundamental para la Argentina», informó La Nación.